Sentido Común

2008-10-31T12:23:00.000-07:00

Los difíciles tiempos que vienen

La Crónica. Viernes 31 de octubre de 2008
El desafío para México en los tiempos por venir es verdaderamente global, con una fuerte interacción entre lo económico y lo político y entre lo interno y lo externo. Atañe a la crisis financiera internacional, con su “enorme capacidad de destrucción” (Guillermo Ortiz dixit) en la economía interna; va a provenir también del resultado de las elecciones del martes próximo en Estados Unidos, con el casi seguro triunfo del mulato Barack Obama y la todavía imprevisible posición de su gobierno en muchos asuntos cruciales: el término de la guerra de Irak, disminución de su dependencia del petróleo importado, o, en lo que a nosotros respecta, la migración desde México o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Asimismo, la reacción interna e internacional a las políticas que adopte, en el contexto de la disminución del poder hegemónico de Estados Unidos, los retos que desde varios fortines se le tratan de imponer (China, Rusia, Pakistán, Irán y el Medio Oriente, Venezuela y otros países pequeños en nuestra América), o las instancias “independientes”, en la línea tradicional de Francia frente a EU, del presidente Sarkozy.
Y el gobierno de México va a tener que adoptar una posición definida en la mayoría de esos temas, como parte de la relación bilateral más importante de su política exterior: Estados Unidos, por su pertenencia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el periodo 2009-2010, y por su participación creciente en los asuntos mundiales como integrante del Grupo de los 13, lo que empezará este 15 de noviembre en la cumbre de 20 países convocada de emergencia en Washington por el presidente de Estados Unidos para discutir la crisis financiera internacional.
Aún más, el desafío a nuestro país provendrá también del combate renovado que habrá que seguir dando al crimen organizado y a la inseguridad, y para revertir en definitiva la tendencia destructiva de esos flagelos, así como para generar la certidumbre jurídica que el desarrollo del país requiere con urgencia.
Y para acabarla, están los retos de la situación política interna. La mejor reforma petrolera que fue posible alcanzar ciertamente desactivó esta semana en gran medida, y quizá en definitiva, los desplantes del “presidente legítimo”, quien volvió a desaprovechar la gran oportunidad de dar seriedad y coherencia a su movimiento, pero esto no es para echar las campanas a vuelo. Sí, el presidente Calderón se mostró súper optimista, como si esa reforma fuera la gran solución a todos los problemas del país, pues, dijo, “México volverá a recuperar la posición que merece como verdadera potencia petrolera” y, “con un Pemex más fuerte… contaremos con más recursos para construir más escuelas, más clínicas y hospitales, más caminos, carreteras y puentes, más redes de agua potable y drenaje, más electricidad, más vivienda y más programas sociales para combatir la pobreza”.
¡Cuidado!, quizá no sea tan fácil; no todo son las “reformas estructurales”, pues las que se han logrado hasta ahora en su gobierno, y que con razón encomia, petrolera, fiscal, del ISSSTE, educativa, electoral, de seguridad, con lo valiosas que son, han sido conseguidas “a la mexicana”, con el compromiso posible de las diversas posturas políticas, y con soluciones no totales sino incrementales, para evitar el riesgo de romper la estabilidad, que es uno de los más valiosos activos de nuestro sistema de gobierno.
No será tan fácil porque los retos que enfrentamos son multifacéticos.
Sí, Pemex, como dicen los desplegados y spots de la empresa (¿eran necesarios?), gana en flexibilidad operativa, capacidad de ejecución, autonomía presupuestal, etc, etc, pero el precio de las mezcla mexicana de petróleo a los clientes internacionales alcanzó esta semana la baja cota de 49.66 dólares por barril, cuando al inicio de la negociación de la reforma petrolera estaba en lo doble y un poco antes casi en lo triple. Ante esto, y el descenso de la producción petrolera, que no será revertido tan rápido como se quisiera, a pesar del optimismo de la secretaria Kessel, ¿ya tiene el gobierno federal el plan tributario indispensable para sustituir los ingresos petroleros que montan casi al 40 por ciento de su presupuesto anual, sobre todo ahora que tenemos encima la recesión económica que afectará en fea forma a los contribuyentes?
La devaluación del peso es posible que incremente las presiones inflacionarias, al hacer más caras las importaciones, tan importantes en la integración de la producción nacional, y al estimular las exportaciones, con su impacto en la oferta interna. No piensa así el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, quien afirma: “no estamos viendo un tema de presión inflacionaria para el próximo año, sino un reto de crecimiento”, puesto que, argumenta, los precios de productos como el maíz, trigo y leche (y el petróleo y otras materias primas también, digo yo) han bajado notablemente en últimas fechas, y “en breve se debe comenzar a reflejar la reducción de precios en los consumidores”. Me parece que por lo menos habrá incertidumbre en materia inflacionaria.
Otros indicadores económicos son también preocupantes: la economía mexicana crecerá 2% en 2008, con una generación de empleos estimada al cierre del año en 230 mil, la mayor parte temporales, cuando se requiere al menos un millón de plazas al año. En 2009, con un crecimiento, si bien nos va, de entre 0.5 y 1.5%, la desocupación se agravará, pues según el gobernador de Banxico, Guillermo Ortiz, sólo se crearían 150 mil empleos. Aun así, el secretario Ruiz Mateos afirma que el Gobierno está preparado para recibir a los migrantes mexicanos que regresen de Estados Unidos, “y esperemos que la economía funcione como estamos esperando para tratar de emplear al mayor número posible “. Falta ver.
Como siempre, la crisis y los desafíos traerán oportunidades, y es aquí donde, para encauzar a la sociedad a bien aprovecharlas, van a ser primordiales la agudeza de las políticas gubernamentales y la voluntad de acuerdo entre los diversos partidos políticos y grupos sociales.
Con el nuevo presidente de Estados Unidos, un México unido estaría en mejor posición de presentar de manera firme, pero no provocadora, sus demandas para un acuerdo migratorio beneficioso para ambas partes, una frontera libre de ignominiosos muros, un TLCAN consolidado con la adición de redes de seguridad económica, y una cooperación más efectiva contra el crimen organizado.
Frente a la crisis económica, se abre la coyuntura a un gobierno con un más activo programa de inversión y empleo, austero, no propagandista, que intervenga eficientemente en la economía para evitar los abusos del mercado, promover la cohesión social y para impulsar los esfuerzos colectivos de superación, a fin de que México supere en definitiva el atraso económico y la marginación de muchos mexicanos.
La activa participación de México en los asuntos mundiales da la oportunidad a nuestro país de involucrarse a fondo en el diseño y operación de lo que se llama la “nueva arquitectura económica internacional” que posiblemente sustituya el orden económico establecido en Breton Woods después de la segunda guerra mundial.
En lo político, le permitirá posicionarse mejor en el nuevo equilibrio entre naciones que se va configurando; incluso, una participación plena mexicana en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas abriría a nuestras fuerzas armadas opciones de preparación en técnicas modernas relacionadas con situaciones conflictivas, que serían muy útiles en este turbulento mundo. Habrá que tomar partido, pues ante los hechos reales el país no podrá ser neutral, pero son claras las guías para la acción internacional: paz, libertad, respeto a los derechos humanos, democracia, equidad, tolerancia.
Así que es muy bueno que, sobre todo el gobierno, catalizador de los esfuerzos comunes, mantenga el optimismo y se aleje del derrotismo, pero, por favor, sin construir castillos en el aire y sin que la visión optimista se plasme sólo en spots publicitarios, autocomplacencias o discurso floridos, sino que esté basada en estrategias y acciones consecuentes. Ah, y que en la reorganización del gabinete no reincida en el amiguismo.

Ciudadanía DF
La Crónica. Viernes 24 de octubre de 2008
En medio de la convulsión sobre la reforma petrolera, otros temas también merecen atención. Así como la lucha contra la inseguridad ha dado origen a un movimiento ciudadano que se destaca por haber incitado a la autoridad a una acción más efectiva para combatir con mayor contundencia ese flagelo, en esta ciudad de México grupos diversos de la sociedad civil están dando forma orgánica a sus demandas para que las autoridades capitalinas realicen una administración urbana más de acuerdo con las necesidades de la gente y con la sustentabilidad a largo plazo de nuestro entorno, y dejen a un lado los proyectos megalíticos de absurdo valor urbano, populistas o clientelares.
Así, se ha formado, entre otras, la Red en Defensa de la Ciudad de México, integrada por vecinos de las delegaciones Cuauhtémoc, Iztapalapa, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Tláhuac, que realizó una manifestación en el centro de la ciudad la semana pasada, en contra de los megaproyectos urbanos que planea construir el Gobierno del Distrito Federal, en particular, los llamados Centros Integrales de Reciclaje y Energía (CIRE´s), los “deprimidos” (pasos a desnivel) del Proyecto Integral Paseo de las Palmas en Las Lomas de Chapultepec, propiciados por la delegada panista en Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas; la línea 12 del Metro y el penal de alta seguridad, por construirse también en Tláhuac, así como las “supervías” y el túnel, vialidades de cuota que se pretende construir en el poniente de la ciudad.
No se trata, como alguien pudiera insinuar, de románticos ecologistas que se oponen solamente al derribamiento de árboles causado por las obras, quienes debieran conformarse con las promesas de que se obtendrá el visto bueno al impacto ambiental pues serán plantados siete árboles por cada uno tirado. ¡Qué fácil, ¡¿no?!
No, en realidad se trata de ciudadanos muy preocupados por la totalidad del impacto negativo del “Nuevo Orden Urbano” que propicia la administración de esta ciudad, con la colaboración de miembros de la Asamblea de Representantes del DF y de los jefes delegacionales, algunos de estos últimos atrapados en la corrupción de la política y otros en la penuria presupuestal, pues los grandes proyectos son competencia del gobierno central del DF.
Nuevo Orden Urbano que, como se percibe hasta ahora, está muy alejado de la racionalidad social, económica y ambiental, por lo que afecta negativamente la calidad de vida de los habitantes de la misma, en los diversos estratos sociales y en las diferentes regiones de la ciudad.
Los vecinos de Tláhuac y de Tlalpan hacen hincapié en la irracionalidad de la construcción de cuatro CIRE´s, gigantes plantas industriales para tratamiento de basura, una en cada una de esas delegaciones y las otras en Xochimilco y en el norte de la ciudad, según la opaca información que se proporciona, pues se afectarían comunidades, ejidos o pequeñas propiedades, con grave riesgo de contaminación, en tierras de reserva natural, de vocación agrícola o suelos de conservación y de recarga acuífera tan importantes para el Valle de México, y además en delegaciones tan depredadas que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha exhortado al GDF para que sean declaradas zonas de desastre ecológico y emergencia ambiental. No se ve razón, tampoco, de centralizar el reciclamiento de basura, con incineración de parte de la misma para producir energía, cuando ya ese reciclamiento es realizado en muy diversas plantas industriales, dentro o fuera del valle, que en todo caso habría que reforzar o modernizar. Se quejan también del embate a que se ven sometidas esas tierras por parte de especuladores inmobiliarios.
Por su parte, los vecinos de Las Lomas y de todo el poniente de la ciudad, hasta San Ángel, destacan las soluciones falsas de las obras a los problemas de transporte y tráfico vehicular en la zona, el efecto de traslación de los nudos de tráfico de los cruces en donde se construirán los pasos a desnivel a los siguientes, la atracción de tráfico vehicular de otras partes, la afectación permanente a entradas y salidas de muchas casas y edificios, la pérdida de valor de propiedades, posibles problemas al drenaje y tuberías de agua potable. No son menores la desnaturalización y pérdida de identidad y tradición urbana de las colonias afectadas, la pérdida de perspectiva del paisaje urbano y hasta el problema de adónde llevar la tierra removida, el cascajo y demás desechos de las obras.
Existe la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT), y se ha recurrido a ella, para quejarse de la incoherencia, y hasta falta de ética, de las “manifestaciones de impacto ambiental” que son emitidas, o de las “consultas públicas” tan amañadas, sin mayores efectos.
Y luego está el “moderno” modelo de financiamiento que el GDF adopta para “potenciar el presupuesto de unos 25 mil millones de pesos que se tienen para obras” (Mario Delgado, secretario de Finanzas), que básicamente consiste en contratación de deuda con empresas privadas para financiar obras en diversas modalidades: Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), bursatilizaciones de cuentas por cobrar (los ahora famosos “Derivados”), concesiones, o enajenación de bienes públicos para formar Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAS), como el bautizado “Capital en Crecimiento”. Por supuesto, nada es gratis, y si se hacen ahora obras por encima de los ingresos fiscales del año, fuentes futuras de ingreso del GDF tendrán que amortizar lo que ahora se construye de más, o bien los habitantes del DF contarán con menos bienes públicos, pues ya se habrán enajenado. La crisis financiera actual añadirá complicaciones al esquema.
En muy variadas disposiciones del marco legal del Distrito Federal se garantiza el derecho a la participación de la ciudadanía, tanto en forma individual como colectiva, “en torno a la discusión, análisis, investigación y elaboración de propuestas para la solución de los problemas de interés público y para el intercambio de opiniones sobre los asuntos públicos de la ciudad en general”, como establece el Artículo 22 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Con estas bases, el gobierno de la ciudad reactivó, en marzo de 2007, el Consejo Asesor de Desarrollo Urbano y Vivienda, para tratar de conjuntar la opinión ciudadana en torno a los proyectos urbanos, mismo que fue transformado, el 4 de julio, en un más amplio Consejo Asesor para el Desarrollo Urbano Sustentable de la Ciudad de México (CONDUSE), “organismo que tiene como objetivo actualizar el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal con un enfoque sustentable y así encaminar a la ciudad, con un instrumento de planeación moderno, hacia un Nuevo Orden Urbano que garantice la equidad, la sustentabilidad y la competitividad” (más información en su sitio: www.conduse.df.gob.mx).
A partir del 18 de julio, este Consejo ha venido trabajando con ese propósito, en 25 mesas de trabajo que abarcan la temática urbana de relevancia (el autor de este artículo preside una de ellas), en un ejercicio de planeación participativa en el que intervienen académicos, líderes sociales y vecinales, investigadores, legisladores y servidores públicos, cuyo primer resultado deberá ser un “diagnóstico ciudadano” sobre la problemática urbana actual, que a su vez servirá de base a instituciones académicas nacionales y algunas internacionales para elaborar un proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano Sustentable, que se estima sea sometido a consulta pública de los habitantes del DF el primer semestre del 2009.
El Gobierno del DF anunció a principios de este mes la conmemoración del Bicentenario del inicio de la lucha de Independencia y el Centenario de la Revolución “desde el punto de vista de los movimientos sociales”. Sería bueno que, como importante muestra de esa visión, el GDF atendiera a las razones del movimiento ciudadano que cuestiona válidamente el nuevo orden urbano megalítico que se trata de imponer, y que la “planeación participativa” descrita arriba no vaya a ser, como temen algunos ciudadanos, sólo un intento mediático para dar la impresión de que se toma en cuenta a la gente y al final se impongan otros intereses. Confiamos en que este no vaya a ser el caso.

La crisis. Prospectiva y estrategia económicas
La Crónica. Viernes 17 de octubre de 2008
¿Quién lo duda? La crisis financiera y económica internacional es una de las más graves en la historia moderna. Sin embargo, y aunque todavía no visualizamos cuál será el desenlace y sus consecuencias (ahora la atención se vuelca a la liquidez del crédito bancario y la amenaza de recesión), es un exceso pensar, como algunos neomarxistas heraldos del Apocalipsis, que representa el fin del sistema capitalista, y que incluso el neointervencionismo estatal que se está volviendo a poner en práctica para corregir los excesos privados sería contrario al bien común, pues retrasaría el colapso del sistema.
De todas maneras, es crucial analizar a fondo el futuro económico, pues en México la crisis nos agarró desprevenidos. Y es que la política económica del gobierno federal ha estado siendo reactiva y no prospectiva, como si fuera suficiente escudo el tener equilibrio en las variables macroeconómicas. Así lo reflejan acertadamente las sinceras declaraciones de altos funcionarios, la mejor, por supuesto, la del secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, de que “tomar medidas extraordinarias sería anticiparnos a algo que todavía no pasa”, pero también del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, cuando expresa que “estamos entrando en un periodo mucho más complicado de lo anticipado” (al hablar ante senadores sobre la situación económica del país, el 25 de septiembre), o del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz: “tres semanas atrás no sentíamos ningún contagio a través de los canales financieros, pero el contagio financiero se siente ya” (Conferencia Anual del Instituto Internacional de Finanzas, 12 de octubre).
Esto, cuando se supone que esas tres dependencias, y otras del gobierno federal, deberían de tener los mejores equipos técnicos para analizar puntualmente las perspectivas económicas de México y el mundo, a fin de estar en capacidad de anticipar adecuadamente las posibles medidas para contrarrestar, en lo posible, los efectos indeseables. Cierto es, también, como advirtió el propio Guillermo Ortiz, que “no existe un manual para las crisis”, y “no se puede anticipar con precisión el impacto de las acciones que se adopten”, pero parece que existían señales suficientes para advertir mejor a los sectores productivos y a la población en general que había que estar preparados para los difíciles tiempos por venir.
Sí, en los Criterios generales de política económica 2008 (establecidos en 2007), la Secretaría de Hacienda destacó algunos riesgos que “podrían alterar las (relativamente favorables) trayectorias previstas”, entre ellos “un desempeño menos favorable de la economía de Estados Unidos… si los mercados de bienes raíces no se estabilizan en el resto de 2007… o si se presenta una contracción pronunciada en la disponibilidad de crédito”. También, “de perdurar la volatilidad en los mercados financieros internacionales… o cambios abruptos en los ingresos petroleros”. Sin embargo, al parecer basada solamente la SHCP en una fuente, la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, faltó el análisis más detallado de dichos riesgos; no se alertó suficientemente sobre las altas probabilidades de que alguno de ellos se materializara, tanto así que el Escenario macroeconómico 2008-2013 consideró que “las condiciones crediticias en Estados Unidos para las familias y las empresas se normalizarán a lo largo del próximo año” (2008).
No debe descartarse el influjo que sobre este enfoque ha tenido la crispación política, que provoca el temor de que cualquier análisis objetivo por parte del gobierno acerca de los peligros de la situación económica pueda ser de inmediato aprovechado por la oposición política irresponsable como signo de grave ineficacia gubernamental y, para algunos, causal de inmediata revocación de mandato. De aquí que el optimismo se imponga.
Sin prospectiva no puede haber estrategia; por lo tanto, como el Escenario macroeconómico 2008-2013 resultó demasiado optimista no fue posible prever el impacto de lo que realmente hoy está sucediendo, y el país se vio enfrentado de repente a circunstancias muy difíciles. Por fortuna, la reacción del equipo económico del presidente Calderón no se apegó esta vez al dogma de la austeridad presupuestal, sino que se decidió por el impulso al crecimiento, la inversión y al mercado interno, aun cuando ello se refleje en un moderado déficit gubernamental. Igualmente, se mostró en consonancia con la actual corriente internacional que obliga a la intervención y supervisión del gobierno para corregir decididamente las distorsiones del libre mercado y la especulación ilimitada.
Respecto a esto último, vale comentar algo. Para algunos, ha sido indebida una de las moderadas medidas tomadas por el gobierno mexicano para reencauzar la economía, el uso de las reservas de dólares para limitar la devaluación del peso, pues se considera como si los nueve mil millones de dólares introducidos al mercado desde la semana pasada hubieran sido regalados a los especuladores, en lugar de destinarse a proyectos industriales o sociales, a corregir la pobreza.
No es así; las reservas de divisas se crean precisamente para su uso en estos casos de presiones especulativas contra nuestra moneda, y no, como algunos propugnan, para su utilización en proyectos productivos o sociales, donde quedarían inmovilizadas para usos contingentes, aunque es posible crear reservas específicas para proyectos, como es el caso del fondo del que saldrán los recursos para la nueva refinería que se va a construir como parte del plan anticrisis. Los especuladores, sí, aprovecharon en su beneficio, no ilegalmente pero con abuso de vacíos legales existentes, la posibilidad de trocar miles de millones de pesos de su propiedad por dólares de la reserva del Banco de México, con ganancia cambiaria, por supuesto.
En la parte en que se puede criticar válidamente al gobierno federal es en la renuencia que ha mostrado para controlar las malas prácticas de instituciones financieras y bancarias en nuestro país, que les permiten extraer utilidades extraordinarias de sus clientes y, ahora vemos, también, aceptar riesgosas operaciones especulativas. Incluso, no se establece una regulación tan sencilla para la competencia entre bancos en busca de clientes, pero que resultaría beneficiosa, de que sus campañas de promoción entre el público se refieran a cuál de los bancos ofrece las tasas de interés más bajas o el mejor servicio, y no en sorteos, regalos y otras promociones ajenas por completo a su función financiera.
Igual, el gobierno no se decide, quizá otra vez porque hacerlo sería añadir nueva leña a la hoguera del ya complicado desorden político, lo que amenazaría la estabilidad del país, a cumplir una reiterada necesidad de la economía mexicana: regular y limitar el poder monopólico de las grandes corporaciones industriales, comerciales y de los medios de comunicación, por lo que no es raro comprobar entre cuáles grupos se encuentran las empresas que han usado en su provecho la laxa regulación cambiaria y han ejercido falta de transparencia en la información a sus accionistas sobre los riesgos que ellas toman.
Estos abusos muestran que, por supuesto, no todo es omisión gubernamental. Se habla mucho en los círculos empresariales de la pérdida de competitividad de la economía mexicana, y se le achaca la culpa al gobierno, y a la clase política en general, fundamentalmente por la falta de acuerdo acerca de las “reformas estructurales”. En parte tienen razón, pues no es aceptable que una reforma petrolera posible lleve tantos meses en ser aprobada. Pero en otra parte importante la clase empresarial no tiene razón, como en la especulación cambiaria, cuando no recircula adecuadamente el ingreso para fortalecer la demanda interna, cuando exige manos libres en el mercado de trabajo con la reforma laboral, o cuando no ve que una de las razones más importantes por las cuales nuestra economía es tan improductiva es porque las actividades especulativas o publicitarias dominan.
Sí, de esta crisis un nuevo paradigma de enfoque económico, no de sistema económico, se está imponiendo: gobiernos que de manera transparente, equilibrada, con la máxima eficacia de operación y gasto de recursos, sin corrupción, y con los mejores métodos de prospectiva y estrategia, intervengan en los diversos mercados de la economía para asegurar que éstos funcionen fluidamente en un ambiente de competencia, siempre a favor primordial del bien común de la sociedad.

En plena crisis, México en el Consejo de Seguridad
La Crónica. Viernes 10 de octubre de 2008
En uno de los periodos previsiblemente más complicados, por la crisis económica mundial, México será nuevamente electo miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para el bienio 2009-2010, en la sesión plenaria de la Asamblea General del organismo, el próximo 17 de octubre, cuando se renovarán cinco de los 10 puestos “no permanentes” (de dos años de duración), que, junto con los cinco miembros permanentes, (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia), integran los 15 países del Consejo.
Será la cuarta ocasión en que México forme parte del selecto grupo de países del organismo de Naciones Unidas encargado de velar por la paz y la seguridad mundiales y recomendar métodos de solución pacífica de controversias internacionales. Fue integrante en 1946 y en los periodos 1980-81 y 2002-03.
México es único candidato para el asiento vacante que corresponde a América Latina pues, en abril pasado, los países latinoamericanos apoyaron su candidatura para sustituir a Panamá. El mismo caso se da para Uganda, apoyada en junio por la Unión Africana. El asiento de Asia será disputado por Japón e Irán, y los dos de Europa serán electos de entre Austria, Islandia y Turquía.
No sabemos todavía qué nuevos desafíos políticos traerá a la comunidad internacional la crisis mundial y el aparente fin de un paradigma económico (que no de un sistema económico, cosa muy diferente). La fortaleza de China, que cuenta con las mayores reservas de dólares y oro del mundo y su creciente influencia en zonas conflictivas. La reemergencia de Rusia como nación que quiere ser principal. Lo retos que una potencia debilitada, Estados Unidos, encontrará en diversas partes del mundo.
Así, la integración al Consejo de Seguridad es una gran responsabilidad, a la que México se debe ir acostumbrando cual nación que asume una creciente y activa participación en los asuntos mundiales, dado su creciente peso específico internacional, lo que he defendido repetidamente en estas páginas, a pesar de las sonrisas escépticas de aquellos que ven sobre todo las innegables dificultades por las que atraviesa nuestro país en estos momentos. Incluso insisto en que, como Brasil, Japón y Alemania, México debiera buscar también activamente un lugar permanente en un Consejo de Seguridad renovado que incorpore a nuevas naciones con asientos permanentes y así refleje mejor los nuevos equilibrios mundiales. Ya Francia y Reino Unido estimulan la participación continua de nuestro país en el “Grupo de los 13” que reúne a las ocho naciones hasta hace poco más fuertes del planeta (esas dos, además de Estados Unidos, Japón, Rusia, Alemania, Canadá e Italia) con las cinco “potencias emergentes” (China, Brasil, India, México y Sudáfrica, en ese orden), y con alguna otra, como España.
Pero, ¿de veras estamos en México preparados para ese alto destino si ni siquiera podemos poner orden en nuestro propio mundo interno? Claro, esta es una duda razonable, que tendrá que ser disipada claramente, para lo cual servirá muy bien la participación de México en el Consejo el próximo bienio.
¿Y existe una estrategia con estos propósitos? Bueno, por esfuerzos no paramos. En su visita a la ONU, del 23 al 25 de septiembre, el presidente Calderón participó en unos 15 eventos distintos y pronunció unos 12 discursos, de los que deriva una buena orientación del papel internacional de México, especialmente en sus intervenciones en la propia Asamblea de la ONU, durante una cena con la Foreign Policy Association, en almuerzo con el Economic Club of New York y en encuentro con representantes de la comunidad mexicana.
Así, la actuación de México en el Consejo de Seguridad tendrá como base el interés nacional, buscando “posicionar a México como un país que juegue un papel de liderazgo en los asuntos internacionales que nos lleve a asumir nuestras responsabilidades internacionales”. Habló también el Presidente de adoptar una “visión integral” sobre los flujos migratorios y aquí, parafraseando a Martin Luther King, dijo que tenemos que “construir también nuestro sueño mexicano… que debe ser el que un día México… pueda generar la oportunidad de trabajo o escuela suficientes para que nunca, nunca más tenga que salir por hambre una persona de nuestro territorio a buscar trabajo en Estados Unidos”.
Mencionó el Presidente el “elemento crucial de la política extranjera de México, que es la relación con Estados Unidos”, la promoción de la competitividad de América del Norte y la ampliación del TLCAN (no aludió, sin embargo, al muro fronterizo; quizá no era oportuno, quizá sí). Por otra parte, habló de la crisis financiera internacional y, todavía en ese momento, con el optimismo de la “fortaleza” de la economía interna que “neutralizaba” los negativos efectos de aquélla, posición que los tercos hechos le hicieron cambiar a su plan anticrisis tres semanas después.Dio prioridad el Presidente en Nueva York a la atención al cambio climático, a su propuesta de Fondo Verde, y a la promoción de las energías alternativas. Resaltó “la renovación de las relaciones de México con América Latina”.
Empero, como estaba muy reciente el atentado con granadas en Morelia, el presidente Calderón destacó el combate al terrorismo en su discurso en Naciones Unidas, lo que atrajo los encabezados en los medios mexicanos. Afirmó: “las amenazas a la seguridad global provienen, no sólo de conflictos entre Estados, sino de los desafíos que plantean las actividades de actores no estatales, como son las organizaciones criminales, dedicadas al terrorismo o al narcotráfico”. Así, en lo que hace a “terrorismo”, entró en un delicado terreno con aristas políticas globales, mucho más allá de Morelia, posición que reafirmo adelante cuando dijo: “este combate frontal requiere corresponsabilidad internacional… México reitera su llamado a todas las naciones para buscar nuevas formas de cooperación contra estas amenazas. La erradicación de estos flagelos es un eje rector, tanto de la política de seguridad nacional en México, como de la agenda internacional que impulsamos”.
Bien, pero en ese tema de seguridad, como en otros de la política mundial, el actuar de México implica que hay que ponernos muy realistas en el rejuego constante que se da entre los principios y los duros hechos, y en ocasiones habrá que tomar posiciones que no son fáciles.
El Presidente mencionó que “de ser electo (al Consejo de Seguridad), mi país se compromete a actuar con base en los valores esenciales de la comunidad internacional: la prevención y la solución pacífica de controversias, la prohibición del recurso a la amenaza o al uso de la fuerza, el respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, al derecho internacional y a los derechos humanos”.
Muy bien, pero está claro que una nación con vocación de influencia internacional, aun guiándose por los más altos principios del multilateralismo, necesariamente en ciertos momentos, que abundan en los conflictos internacionales, habrá de aplicar el rasero de los intereses concretos de la nación, de la atención a las relaciones bilaterales con países afines, de situaciones de soberanía versus derechos humanos o anarquía, o de ocasiones en que un mal menor es lo preferible.
Y las ocasiones serán numerosas en el Consejo de Seguridad: como dije, los efectos previsibles de la crisis económica mundial; los nuevos liderazgos de China y sus contrapesos de Rusia y la India; las operaciones de mantenimiento de la paz en lugares conflictivos; el realineamiento de países de América Latina y las nuevas alianzas que algunos de ellos buscan con aquellas naciones; ¿una OEA sin Estados Unidos? La situación conflictiva en el Medio Oriente: Irak, Afganistán, Irán, Israel, Pakistán. Al Qaeda.
Por eso, la opinión pública mexicana debe estar preparada para no dejarse llevar por el romanticismo de las posiciones políticamente correctas cuando a México le toque analizar y decidir sobre las opciones que se presenten dentro del Consejo de Seguridad. Sí, “el multilateralismo es el camino en el Siglo XXI, es la respuesta integral a la globalización”, como dijo el presidente Calderón, pero el mundo real no admite soluciones predeterminadas sino que obliga a un muy cuidadoso análisis de los méritos y desventajas de cada caso. Ese sería un norte vital para México en el Consejo de Seguridad.

Estas crisis que ves
La Crónica. Viernes 3 de octubre de 2008
Algo muy serio está pasando en México: inmolaciones, granadas, lenguas cortadas, decapitados; entambados en ácido; casi 5,000 ejecutados. Y esta es la parte gótica, porque también estamos resistiendo el embate de la descomposición económica externa y del estancamiento productivo interno, todo ello combinado con la proclividad a la discordia política y social. Sumémosle la falta de orientación de los diversos liderazgos y la grilla política desbocada y constataremos la urgencia de la situación.
Pero todavía estamos a tiempo, pues nuestro país tiene muchas fortalezas subyacentes que podrían ser aprovechadas si la sociedad mexicana actúa rápida y eficazmente para revertir esa situación de crisis múltiple que nos invade.
Para ello requerimos, todos, mirar hacia adelante, pues si volvemos la vista atrás corremos el riesgo de convertirnos en estatuas de sal y hacer estériles nuestros esfuerzos. No se trata de olvidar la historia, pues los logros alcanzados son acumulativos y constituyen la base para arrostrar los nuevos desafíos, pero como la vida no se repite, no conviene cargar eternamente con el lastre de los conflictos que dieron origen a las experiencias históricas. Así, el 2 de octubre de 1968, a un gran costo, México ganó la batalla de las ideas y empezó un largo ciclo de transformación pacífica del sistema político, que todavía no acaba y no habría que voltear atrás para hurgar más en la tragedia. Así, el 6 de julio de 2006, de una de las elecciones más divididas que hayamos tenido, se destacó la fortaleza del sistema institucional con que contamos y se dio origen a un movimiento de cuestionamiento social que, si se aleja del fundamentalismo, inconveniente en todo sistema social, podría impulsar fuertemente el equilibrio de fuerzas políticas y la equidad económica y social, sin necesidad de mirar hacia los agravios de atrás.
Mirar hacia delante, sí, pero ¿con qué cristal? ¿El de la complacencia, el de aquí no pasa nada, el de los cambios cosméticos, el de la simulación, el de mantener el monopolio político o económico o el statu quo? Si así fuera, todos nos engañaríamos y las crisis se seguirían reproduciendo, hasta que en un momento dado nuestras fortalezas no resistieran el embate. Todavía estamos a tiempo de mirar hacia adelante con el cristal de un acuerdo fundamental entre todas las fuerzas políticas, económicas y sociales del país, no para lograr un estadio social perfecto, que no existe, pero sí orientado a superar en definitiva los terribles retos actuales.
Esto es mucho más fácil de exponer que de hacer, pues se requerirían muchos cambios de actitudes, de acciones y programas, de compromisos concretos, y aquí la lista es infinita: reforma para la seguridad, reforma petrolera, el presupuesto 2009, mayor eficacia del trabajo de gobierno, menos partidocracia y más ciudadanización para las elecciones del 2009 y 2012. Existe la legislación para detener las ansias futuristas con cargo al presupuesto público de gobernadores y otros funcionarios, pero ¿por qué la ley electoral no para al gobernador que pinta de rojo todo su estado y cuya foto “aparece” en todas partes?
Algo no está funcionando en el equipo de gobierno del presidente Calderón y la magnitud de la crisis económica, de seguridad y de eficacia política impone los cambios, tanto de personajes como de líneas de gobierno para buscar aquellas que, sin ser disruptivas, porque eso sería lo que en estos momentos menos le convendría al país, sean mucho más firmes de lo que estamos viendo ahora. Pero no a punta de spots o de discursos.
Se volvió urgente una reacción enérgica para enfrentar la crisis económica generada en Estados Unidos, en lo cual el gobierno del presidente Calderón tiene una responsabilidad especial. Quizá fue una falla de expresión, pero resultó incomprensible la afirmación del secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, de que “tomar medidas extraordinarias sería anticiparnos a algo que todavía no pasa”, y que las mismas serían adoptadas hasta “ver cuál es el impacto del sistema financiero estadunidense en los bolsillos”. Tuvo que ser desmentido parcialmente (pues en el fondo dijo lo mismo) por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens: “El presidente Calderón nos ha instruido y muy particularmente a mí como secretario de Hacienda, a estar analizando casi minuto a minuto los eventos e ir preparando, en caso de que sea necesario, una serie de medidas contingentes que nos permitan atemperar los efectos de este fenómeno que se está presentando en el exterior”. ¿Tiene Hacienda ya un plan para controlar los excesos de nuestro propio sistema bancario?
El gobierno de Calderón había lanzado, con objetivos anticrisis, el Programa Nacional de Infraestructura y está promoviendo magnos proyectos de inversión portuaria y turística. El problema, como siempre, está no en la concepción sino en la realización. El programa de infraestructura lleva retrasos y se han levantado críticas quizá válidas respecto al impacto negativo sobre el medio ambiente de los grandes proyectos de inversión. Posiblemente no exista la virginidad ecológica, pero sería grave, como ha sucedido, que el afán desarrollista se tradujera en la violación de las leyes ambientales, a costa de otro de los grandes objetivos nacionales.
Como cabecea La Crónica, el presidente Calderón presentó un combo de reformas contra el hampa. Los otros partidos representados en el Congreso tienen también sus propias iniciativas con el mismo propósito. Se impondría ahora atemperar los protagonismos políticos, buscar las coincidencias, sacrificar algunas posiciones, todo con la meta de romper la burbuja criminal que nos invade, garantizar la seguridad común y desterrar las bárbaras prácticas que adoptan los delincuentes. Y una política seria en materia de seguridad obligaría a que el gobierno termine de una buena vez con sus absurdos spots en radio y televisión que buscan convencer a la gente de un “éxito” aquí y otro allá en la lucha contra la delincuencia, pero ignoran el desastroso cuadro completo de inseguridad. ¿No hay mejor manera de reatrapar ¡a un solo plagiario! escapado de un hospital que con numerosos y costosos anuncios en la prensa?
Y debe tomarse en cuenta una tendencia muy clara, que así como se aplica en el asunto de seguridad, es válida en materia económica y en otras: la descentralización del poder político en este país perfila también un nuevo federalismo; una nueva relación entre el gobierno federal y los estados, “a través de la descentralización de atribuciones y recursos a las entidades federativas”, como declararon los integrantes de la Conago en su última reunión en Álamos, Sonora. Aunque inevitable, es un tema complejo, pues aquí también es esencial fortalecer el control ciudadano de cada entidad sobre sus gobiernos electos y sus representantes locales, a fin de denunciar y no tolerar las ínsulas baratarias, las satrapías, los cacicazgos estatales. Y la cuestión implícita, aún pendiente pero que habrá de concretarse también: la descentralización de facultades y recursos de los estados a los municipios. De todas maneras, la Federación debería seguir teniendo atribuciones de compensación solidaria para canalizar recursos adicionales a los estados menos desarrollados, e igual mecanismo para que los estados favorezcan a sus municipios más atrasados.
No hay tiempo qué perder. Las fuerzas políticas demandan un plan anticrisis y enhorabuena que se acuerde, pero ojalá que no caigan en la demagogia y simulación a que nos tienen acostumbrados.

¿El DF, “ciudad de avanzada”?
La Crónica. Viernes 26 de septiembre de 2008
El jefe de gobierno, Marcelo Ebrard presentó el día 17 su segundo informe ante la Asamblea Legislativa con triunfalismo, como si se hubieran cumplido las metas establecidas. Ebrard mismo ha señalado que la ciudad de México “es, y a mucha honra, la ciudad de avanzada del país”. ¡Qué más quisiéramos los habitantes de esta capital, pero no lo es en política pública! Desdichadamente, hace años que esta amada ciudad de México perdió ese liderazgo, esa capacidad de señalar rumbos, y quizá lo más relevante que marca ahora, es cómo no hacer política urbana, los errores de gestión pública que no hay que cometer. En cuanto a cumplir metas, estamos distantes del Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 2007-2012 o del Plan Verde Ciudad de México.
Y no digo que esta ciudad sea fácil de gobernar. A pesar del surgimiento relativamente reciente de la conciencia ciudadana, que se va concretando en múltiples asociaciones vecinales o comunales de defensa urbana, los capitalinos todavía no nos distinguimos, en general, por nuestro civismo y respeto a la ley, lo que hace muy difícil la convivencia y la administración de los asuntos públicos. Tampoco digo que la ciudad no tenga fortalezas; sí, y una de las principales es que existe una base física, de operación, de organización y administrativa que hace que los servicios urbanos funcionen, a pesar de múltiples carencias, problemas y deficiencias. También, la ciudad de México dispone de un importante cúmulo de experiencias, tradiciones y actitudes de vida. Sus habitantes consideran la libertad, la tolerancia y el pluralismo como principios esenciales, y tratan de resolver los problemas que se presentan de la mejor manera posible, con base en esos principios.
Apreciemos esto, pero no dejemos de señalar la amplia brecha que todavía existe entre lo planeado/prometido y lo realizado por la administración pública del DF, lejos del triunfalismo mostrado por corifeos de la ALDF.
Y, peor aún, con la orientación de política urbana que se aplica. Está claro para muchos ciudadanos que el gobierno del DF está basando su política en un concepto “desarrollista” de grandes y costosos proyectos salidos del magín de alguno, sin el acuerdo de los supuestos beneficiarios, que aspiran a una administración detallada para resolver los numerosos problemas concretos que enfrentamos los capitalinos. Grandes obras financiadas privadamente, con amortizaciones de inversiones, y ganancias respectivas, mediante pagos futuros del GDF, ya sea provenientes de los proyectos o de impuestos. Así se pretenden realizar los Centros Integrales de Reciclado y Energía, el Túnel de Santa Fe, la Supervía Poniente, el segundo piso del Periférico Norte, las “Ciudades del Conocimiento”, etc. Este no es un esquema nuevo ni necesariamente descartable (es el mismo caso de los Pidiregas a escala federal), pero hay que tener mucho cuidado en no utilizarlo en exceso, pues se pueden comprometer las finanzas de la ciudad por muchos años. Sobre todo, apegados a las necesidades reales de los habitantes de la ciudad, en una proyección de desarrollo urbano sustentable de largo plazo.
Veamos a ojo de pájaro la brecha negativa de realizaciones públicas. A pesar de que en su segundo informe Ebrard señaló que “la política para recuperar y engrandecer el espacio público es una de mis prioridades”, la invasión de áreas públicas continúa. El Programa de Ordenamiento Ecológico no se ha renovado desde el año 2000. El tiradero del Bordo Poniente llega a su fin de vida útil sin alternativas. La Ley de Residuos Sólidos sigue sin ser aplicada y, en lugar de buscar la solución más ecológicamente avanzada, con base en esa ley, el traslado descentralizado de desechos ya separados “en la fuente” (las propias casas o en lugares especializados cercanos) a las diferentes industrias para su aprovechamiento, el GDF pretende el gigantismo, la invasión de espacios públicos, áreas verdes o de conservación, y duplicar el trabajo que ya realizan empresas establecidas, para construir cuatro elefantiásicos Cires, en Tláhuac, en Tlalpan y en otras dos zonas, cada uno con costo de ocho mil millones de pesos, más de lo presupuestado para los publicitados programas sociales.
Hubo un buen intento de retirar a los ambulantes del Centro Histórico, pero la pésima gestión para llevarlo a cabo está dando al traste con el mismo; las plazas para alojarlos son un fracaso; proliferan los “toreros” y los ambulantes migraron a otras zonas donde ya no quieren salir, el “efecto cucaracha”. Total, que el programa en vez de profundizarse parece ir para atrás. Con cualquier pretexto se siguen invadiendo los parques y jardines y los camellones, ahora nuevamente con los desprestigiados “módulos de seguridad”.
¿Usted nota la reordenación del transporte público, del flujo vehicular, la sustitución de unidades chatarra? Un proyecto útil, el Metro de Tláhuac, vulnera derechos y afecta áreas agrícolas. Se prohíbe la entrada al DF de autos foráneos sin verificación local, pero sigue proliferando la circulación de vehículos altamente contaminantes que sólo dios sabe cómo obtuvieron esa verificación ambiental. En noviembre pasado, Ebrard anunció que su administración introduciría “por primera vez, un tipo de cinta asfáltica con las mismas especificaciones que la mejor de Europa… su duración debe rebasar los cinco años… incluso tenemos un convenio con el gobierno francés”. Bueno, ya no quisiéramos un pavimento francés, sino sólo un buen control de calidad para que en las repavimentaciones realizadas (por cierto, en avenidas donde el pavimento estaba más o menos bien y no en los miles de kilómetros de calles que parecen trincheras), el nuevo piso no quede ondulado, poroso, con coladeras a grandes desniveles.
La ciudad sigue cada vez más pintarrajeada, con letreros por todas partes, espectaculares y “envolventes” de edificios, incluso de dependencias públicas, horribles graffiti y anuncios en cualquier pared y medio de transporte, desde vehículos particulares hasta en el Metrobús, incluidas sus estaciones. Caravanas de vehículos publicitarios que, en una ciudad con tantos problemas de tráfico y de contaminación atmosférica, deberían ser retiradas inmediatamente de circulación.
Este mes, el GDF organizó la “Semana de la Ciencia y la Innovación” y la directora del Instituto de Ciencia y Tecnología, Esther Orozco, declaró que “El GDF se orienta a la innovación en el desarrollo social y empresarial, con el fin de formar grandes investigadores con un nivel de excelencia”. Bien, pero ¿no sería mucho mejor que el GDF se propusiera seriamente aplicar los mayores avances tecnológicos en la gestión urbana donde tanta falta están haciendo? Cómo ahorrar agua y energía; cómo disponer mejor de la basura; reducir la contaminación; optimizar el transporte de personas y carga; reducir la burocracia y la tramitología, etc. ¿No deberían estar los planes de estudio de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México dedicados a la ciencia y la tecnología sobre esos temas?
Desaparece la perspectiva de nuestra ciudad. Recientemente se publicitó el proyecto ganador de la Plaza Bicentenario, la antigua Tlaxcoaque. Bueno, decir Plaza es exagerado, pues ganó más bien el Callejón del Bicentenario: dos grandes tapias de 240 metros de largo y unos 10 de alto, con la iglesia de Tlaxcoaque en medio, unidas en su extremo sur por otra barda de 40 metros de largo. En las tapias se sembrarán enredaderas de diferentes especies, “que formarán dibujos abstractos cuando floreen”. Afuera del callejón habrá “un bosque”. Queda nulificado así otro espacio abierto por obra gubernamental, como se ha perpetrado en Tacubaya, Tacuba, Xochimilco o en tantos lugares.
En seguridad no andamos muy bien que digamos, y no hay necesidad de repetir los juicios recientes de la ciudadanía al respecto. Solamente destacar como el juez Marcelo Ebrard, para presumir oportunistamente la eficacia de su policía, condenó en los medios a presuntos delincuentes de la banda de La Flor, en anticipación al proceso judicial y quizá hasta dando a conocer evidencias confidenciales de la averiguación previa.
Las marchas son privilegiadas en la ciudad. Qué bueno que se garanticen los derechos a la libertad de expresión, manifestación, petición, pero, ¿no debería un gobierno responsable al mismo tiempo garantizar a otros ciudadanos sus derechos de tránsito sin interferencia, a no perder su valioso tiempo, a que no se obstaculicen actividades comerciales o de servicios legalmente establecidas?
Corrupción y malos manejos permean, pero proliferan ideas sui géneris: “vochos” piratas a París, el “Ángel” a Beijing, las clases de náhuatl a funcionarios (¿cómo va su aprovechamiento?); la plantación del “Hijo del Árbol de la Noche Triste”, que, no faltaba más, se llamará “Árbol de la Noche Alegre”, según la Comisión del Bicentenario.

Terremoto, terrorismo y liderazgo
La Crónica. Viernes 19 de septiembre de 2008
Hoy 19 de septiembre se cumplen 23 años del sismo de 1985 y, como cada aniversario, éste es oportunidad de reflexión sobre el impacto que tuvo sobre nuestra comunidad ese terrible fenómeno natural, de graves consecuencias inmediatas y que a lo largo del tiempo cambió la perspectiva de esta ciudad, e incluso del país en su conjunto. Se ha hecho notar muchas veces que el sismo puso de relieve, sobre la marcha, lo mejor de la acción de la gente, de su desprendimiento y su heroísmo, de la iniciativa particular ciudadana para organizar y realizar las labores de rescate de las víctimas. Al mismo tiempo, con el sismo afloró la percepción de la falta de liderazgo de los dirigentes, de cuando un gobierno, en sus diferentes ramas, simplemente deja hacer y deja pasar, en lugar de marcar el rumbo, preocuparse y trabajar arduamente para resolver el problema. Con todo, aquel 19 de septiembre el optimismo y la esperanza ganaron la partida al derrotismo.
Hoy estamos también en una situación convulsa que puede degenerar en una crisis de grandes proporciones, posibilidad que es imperativo combatir con el espíritu que predominó el 19 de septiembre de 1985. El desafío de los violentos que lanzaron las granadas asesinas contra la población civil de Morelia, que dejaron 24 muertos en La Marquesa, que asesinaron a muchos en Mérida y en Creel, que llevan ya 5,500 ejecutados en lo que va del sexenio, tiene que ser enfrentado con decisión por la sociedad en su conjunto, pero bien organizada y dirigida por los líderes que el sistema institucional establece, en una actuación unida de las diferentes fuerzas y grupos políticos que integran el Estado mexicano.
El problema es muy complejo porque al reto de la violencia y el terrorismo se suma la amenaza de una economía internacional que se descompone, con grandes probabilidades de afectar aún más fuertemente el desempeño económico nacional, mediocre ya de por sí. Agréguense la futilidad de la lucha política interna y un gobierno del presidente Calderón que después de su primer año entró a una etapa de pasmo, y comprobaremos que el coctel es bastante inquietante.
Pero creo que, afortunadamente, no llegamos todavía al punto de quiebre. México no es aún un Estado fracasado y las señales de alerta que se multiplican deben despertarnos a todos para revertir la situación. Y es aquí donde el liderazgo de los dirigentes es crucial; en el Ejecutivo Federal, por supuesto, pero no sólo allí, sino en toda la sociedad.
Que el Congreso convoque a una consulta pública nacional para discutir en profundidad estrategias y leyes apropiadas y reforzar el arsenal tecnológico y de inteligencia a fin de desinflar la burbuja criminal que padecemos; para erradicar la impunidad de los criminales y la corrupción de jueces y policías, al mismo tiempo que se contemple la necesaria protección de éstos frente a la fuerza terrible del crimen organizado; para reevaluar las penas; para considerar la legalización de ciertas drogas, y una reforma carcelaria que evite el hacinamiento infernal de reos. En otras materias de importancia nacional, entre ellas cómo enfrentar la crisis económica, un Congreso que adopte las reformas posibles sin que se califique de “mayoriteo” la aprobación de leyes con los mecanismos legislativos establecidos.
Liderazgo en los partidos políticos, para que su lucha se guíe más por la meta del servicio público que por la simulación, el oportunismo y la ambición desmedida de poder (¿no es oportunista la iniciativa de reforma que el PRD en el Senado presentó este miércoles en materia de terrorismo, con “hasta mil 200 días de multa a quien utilice armas químicas, biológicas o nucleares”?) También en los grupos como el de Andrés Manuel López Obrador, que debe dejarse de provocaciones a la estabilidad institucional y concentrarse en ser una oposición verdadera, donde indudablemente tiene la oportunidad de denunciar muchas ilegalidades, sin trampas dialécticas.
Liderazgo con responsabilidad especial de los dirigentes de los grupos empresariales, para romper con la lógica de la acumulación indiscriminada de capital, y propiciar la redistribución del ingreso con mejores salarios, más empleos y mayor estabilidad en el trabajo; para moderar el poder monopólico que adquieren, por ejemplo en la banca o en los medios de comunicación, y reducir los precios de sus bienes o servicios o transmitir programaciones con temáticas más constructivas y que estimulen la educación y capacitación de la gente. Para contener el contratismo rampante alrededor de todas las obras gubernamentales, que las construye a precios demasiado altos o con muy baja calidad o sin contemplación para el respeto a los espacios públicos al medio ambiente. A final de cuentas, si las élites empresariales ejercen estas responsabilidades contribuirán a asegurar la viabilidad del régimen político y económico, en beneficio de todos, y con mayor seguridad para todos.
En el gobierno federal, el presidente Calderón tendría que proyectar un liderazgo más categórico, no de spots televisivos o giras sin fin por la República. Su honestidad personal y su capacidad intelectual son relevantes, pero en el rejuego político a veces parece apegarse en demasía a las posiciones de su propio partido, o peor aún, a sus preferencias personales o de amigos, en lugar de la política de Estado que debía serle consustancial. Su actitud en la ceremonia del Grito en Palacio Nacional fue ilustrativa. Parecía preocupado y distante, aunque todavía no sabía de las granadas de Morelia; como que no estaba convencido de la fiesta allá abajo en el Zócalo. Quizá inspiró lo mismo a sus colaboradores en la Secretaría de Gobernación, a juzgar por la transmisión de la ceremonia por televisión: una pésima producción oficial, que redujo a unos cuantos minutos la cadena nacional, con conductores interesados más en dar clases de historia patria que en relatar la atmósfera de la celebración, con camarógrafos interesados más en enfocar los fuegos artificiales en el cielo (nada fuera del otro mundo, nuestros coheteros ya necesitan también una revitalización), que a la gente en la plancha del Zócalo; el Presidente con su esposa en el balcón de Palacio, pero sin dejar verla pues la tapa con la bandera. En fin, una ceremonia desangelada y fría, que no logra transmitir al telespectador la emoción de la gesta nacional. Muy rápida, para dar lugar después al Grito como fiesta particular de las empresas televisoras.
Liderazgo de gobernadores y presidentes municipales, primeros responsables de la política de seguridad en sus respectivos territorios, que al tiempo que deben poner un cuidado extremo en evitar la corrupción de los cuerpos policiales de sus entidades, en su capacitación, en sus condiciones laborales dignas, tienen el compromiso de manejar con honradez y eficacia los fondos del presupuesto público para impulsar el desarrollo económico y social.
Entonces la unidad nacional a que ha llamado el presidente Calderón ha de darse principalmente en estos aspectos. Altura de miras y desprendimiento de intereses personales, con el espíritu del pueblo en septiembre de 1985. Liderazgo para marcar correctamente el rumbo que nos lleve a superar en definitiva esta doble crisis. Que junto a una política renovada de seguridad se pongan en vigor nuevas iniciativas económicas para contrarrestar decisivamente la recesión, impulsar el crecimiento y para dar empleo y optimismo a la gente.

Ciudadanos contra la partidocracia
La Crónica. Viernes 12 de Septiembre de 2008
Grupos de ciudadanos genuinamente preocupados por la crisis de seguridad que enfrenta la sociedad mexicana actualmente, están proponiendo mecanismos de contraloría ciudadana sobre la manera en la que los gobiernos cumplen sus funciones de prevención y castigo de los delitos y la garantía de seguridad pública. En concreto, los organizadores de la marcha Iluminemos México proponen crear el Instituto Ciudadano para la Prevención Social del Delito y Seguridad Pública, que parece estar en vías de realización.
Y es que el régimen político mexicano se encuentra en una delicada coyuntura. Por un lado, mediante un proceso paulatino y, no hay que dejar de subrayar, pacífico, ha conseguido la apertura del sistema de partido dominante para llegar a una pluralidad de fuerzas políticas en acción, donde diversos partidos luchan y obtienen el mando gubernamental, a nivel federal, estatal o municipal. Por otro lado, se ha logrado también reducir el amplísimo poder que tenía el Presidente de la República (y, en cierta medida, el de los gobernadores de los estados) para establecer un mejor equilibrio con los poderes Legislativo y Judicial y un federalismo ampliado. La conclusión lógica de lo anterior sería que vivimos ahora en una auténtica democracia y una mayor libertad. Pero no es así, desafortunadamente.
Sí, ha habido una redistribución del poder en la cúpula del sistema político: ya no es el PRI el que domina sino que ya ganan elecciones el PAN y el PRD y aun los partidos chicos en alianza con aquellos. El Presidente ya no es la autoridad omnímoda, pues comparte ya el poder con 500 diputados y 128 senadores, además de los gobernadores y los 11 ministros de la Suprema Corte. Hemos llegado más bien a un presidencialismo spotero y trashumante pero, ¿significa esto democracia para la ciudadanía? La verdad no. Ha significado hasta ahora una paralización de la función de gobierno, falta de dirección y rumbo, de gobernabilidad; un derroche de recursos públicos, tanto para la propaganda de figuras políticas como para las actividades electorales. Resultado: se mantiene el alejamiento popular de la toma de decisiones políticas y la brecha en los proyectos oficiales frente a las necesidades y aspiraciones de la gente.
En teoría, el esquema político prevaleciente en nuestro país parece cumplir las reglas básicas de la democracia representativa eficaz: hay elecciones periódicas en las que participa una pluralidad de fuerzas políticas y en las que el pueblo elige libremente a sus representantes para que ejerzan el gobierno. Pero el grave problema reside en la gran brecha que existe, y que no se ha podido llenar, entre los representantes y sus electores. ¿Por qué? Porque el vínculo entre ambos es extremadamente débil, formado por “partidos políticos”, que en teoría se suponen constituidos por el universo de ciudadanos, que se organizan en diferentes grupos de acuerdo con sus preferencias de doctrina política, pero que en realidad son entidades de membresía muy limitada, y de participación aún menor, por lo que quedan dominados por pequeñísimas cúpulas partidarias que manejan a su antojo idearios, estrategias, organización, prerrogativas presupuestarias, candidaturas a puestos de elección popular.
Tradicionalmente en el sistema político mexicano las decisiones han sido demasiado verticales, de arriba hacia abajo, por la falta de vigor participativo y de organización de los grupos sociales que están en la base de la pirámide: vecinos, habitantes de los pueblos, comunidades, organismos intermedios, consumidores, usuarios de los servicios públicos, que demasiadas veces sólo son testigos impotentes que sufren las consecuencias de las malas decisiones de las autoridades.
La sociedad mexicana se ha dado cuenta de esta falla básica en el sistema representativo, y para tratar de subsanarla ha creado de tiempo atrás varias figuras de lo que podemos llamar “el movimiento ciudadano”: organizaciones de la sociedad civil, “no gubernamentales”, institutos ciudadanos, etc., sin lograr todavía fortalecer su participación en la toma de decisiones políticas, pues muchas de las ONG’s enfrentan problemas de financiamiento, organización y falta de mecanismos legales que hagan más eficaz su influencia ante las autoridades. Peor aún, muchas ONG’s sólo sobreviven al amparo del apoyo gubernamental o sirven de membrete a pequeños grupos de interés.
Aparecieron luego los “ombudsman”, los “defensores del pueblo”, que en nuestro país devinieron “comisiones de los derechos humanos”, nacional y estatales, organismos autónomos de financiamiento público encargados de proteger al ciudadano del abuso de las decisiones de autoridades gubernamentales. Salvo actitudes demasiado protagónicas de algunos dirigentes o el control que sobre algunas comisiones estatales ejercen los gobiernos en turno, su tarea es positiva en la defensa de las garantías individuales, pero no pueden resolver por sí mismas el problema de la falta de representatividad ciudadana en el sistema político. Últimamente se ha dado una curiosa tendencia de tratar de incorporar a la Constitución todos los derechos habidos y por haber, confundiéndolos con aspiraciones válidas de toda sociedad, como el de “disfrutar una vida libre de violencia” (derecho incluido en la Constitución local de Sinaloa), el “derecho a la alimentación” o “el acceso a la cultura y el ejercicio de derechos culturales”, con lo que teóricamente las comisiones de derechos humanos podrían intervenir en todo ámbito de las reivindicaciones populares. Creo, sin embargo, que esta tendencia lo que hará es ampliar hasta la nulificación las tareas de las comisiones de derechos humanos.
Fueron creados también los entes “ciudadanizados”, como el Instituto Federal Electoral, que teóricamente estarían integrados por santones ciudadanos sin afiliación partidaria, designados también sin influencia de los partidos, para vigilar y calificar imparcialmente las elecciones (o el acceso a la información pública). Han sido también un avance, no hay duda, pero los avatares recientes del IFE y los IFEs estatales del Edomex, de Jalisco, Campeche, Tlaxcala, así como su tendencia a la elefantiasis burocrática, dan cuenta que el ideal ciudadano está todavía lejos. Empero, todo apunta a que la sociedad continuará buscando que estas figuras de participación ciudadana sirvan para una toma de decisiones más democrática en la gestión de los asuntos públicos, para lo que será necesario perfeccionar su operación y su utilización en forma combinada, sinergética.
Pero me parece que la solución idónea está en transformar el sistema de partidos, en propiciar la afiliación masiva de los ciudadanos a los mismos, con mecanismos de participación activa más efectivos; en hacer la operación de los partidos más democrática y transparente, en reforzar la rendición de cuentas de dirigentes ante sus miembros y de los representantes elegidos ante sus electores, con sanciones adecuadas en caso de incumplimiento.
Y la clave está en hacer que se respete el derecho constitucional de todo ciudadano mexicano a contender independientemente por puestos de elección popular, sin necesidad de ser presentado por un partido político, como lo establece nuestra Constitución en su artículo 35: “Son prerrogativas del ciudadano: (...) II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular (...)”.
El día 2 de este mes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no dio la razón al ex canciller Jorge Castañeda en la demanda que éste había presentado contra el gobierno mexicano porque no le permitió obtener su registro como candidato presidencial independiente en las elecciones del 2006. Aunque la Corte decidió que sí se violó el derecho a la protección judicial del demandante, en el asunto de fondo la Corte consideró que el Estado mexicano “ha fundamentado que el registro de candidatos exclusivamente a partir de partidos políticos responde a necesidades sociales imperiosas basadas en razones históricas, políticas y sociales”.
Por supuesto, respetuosos de la institucionalidad vigente, esta decisión de la CIDH es indiscutible, pero ello no es óbice para que la sociedad mexicana siga buscando por todos los medios legales de nuestro sistema constitucional, a partir de la “necesidad social imperiosa” de una auténtica democracia, que no sea restringido por ninguna ley o código secundarios el derecho consagrado en el Art. 35 de la Constitución para que, sin ninguna limitación, los ciudadanos puedan ser votados a puestos de elección popular. Es imperativo ciudadano acabar con el monopolio de las candidaturas que los partidos políticos han reservado para sí.

La reforma energética posible
La Crónica. Viernes 5 de septiembre de 2008
Este mes de septiembre será definitorio para la reforma a Petróleos Mexicanos y parecieran acomodarse las condiciones políticas para su aprobación mediante un acuerdo negociado entre el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. El “líder moral” de este último, Cuauhtémoc Cárdenas, confía así en que será aprobada una “buena” reforma energética.
Será un acuerdo “a la mexicana”, es decir, mediante un cuidadoso compromiso entre sus diferentes posiciones, incluso con algunas medidas propuestas por el grupo de expertos del Frente Amplio Progresista, pero siempre tendente hacia el centro político. El PRD tendrá una responsabilidad particular, pues deberá maniobrar para neutralizar las movilizaciones y las “sorpresas” que plantea el FAP de Andrés Manuel López Obrador, y quitarle a éste la bandera principal con la cual pretende seguir vivo políticamente, lo cual sólo podrá ser posible si a su vez el PAN deja de insistir en posiciones extremas de participación privada en la industria petrolera y el PRI acepta alguna disminución del poder de la cúpula sindical de Pemex, lo que no necesariamente significa afectar las legítimas prestaciones de los trabajadores de la paraestatal.
En cuanto a la “privatización”, el tema polémico, las propuestas estarían más cerca de lo que parece. La del presidente Calderón y la del PRI aceptan que Pemex contrate con particulares los servicios de refinación, ductos, transporte y almacenamiento de hidrocarburos. La propuesta del FAP no está muy alejada, pues “prevé, naturalmente, que Pemex acuda a la contratación de obras y servicios con particulares”, aunque “establece, desde la Ley Reglamentaria misma, un requisito que tornará imposible comprometer a trasmano participaciones en la propiedad del recurso o en la renta derivada de su extracción”, y también fija que “ningún contrato podrá otorgar porcentajes en los productos y participación en los resultados de las explotaciones... tampoco podrá convenirse el pago en efectivo del equivalente a esos porcentajes o participaciones” (Jorge Eduardo Navarrete, La Jornada, 28 de agosto).
Creo que un acuerdo sería posible con estos elementos y algunas afinaciones adicionales, como que se pueda contratar la refinación por particulares y no así el servicio de transporte de petrolíferos por ductos o su almacenamiento, dadas las implicaciones estratégicas de derecho de vía a través de varios estados y la protección de ductos e instalaciones.
Otro punto clave es la “autonomía de gestión” o presupuestaria de Pemex. El grave problema que se ha creado a través de los años es que una empresa tan grande y compleja enfrenta muchas dificultades y rigidez de operación, establecidas como candados para evitar la corrupción, pero que se han desvirtuado y burocratizado, como pasa en muchas áreas de la administración pública. Ahora bien, la gestión es una función ejecutiva y se introducirían riesgos de falta de dirección y anarquía si se involucrara en ello al Congreso. La rendición de cuentas y el fincamiento de responsabilidades es el arma para controlar la gestión del Ejecutivo.
Dado que “autonomía de gestión” no debe significar separar a Pemex del cumplimiento de objetivos nacionales, me parece que será posible llegar a un buen compromiso con esa meta entre las varias propuestas, para garantizar una administración mucho más eficiente y transparente y, sobre todo, para erradicar en definitiva la posibilidad de malos manejos por parte de sus administradores o trabajadores.
Sí, porque la corrupción, el “contratismo”, el tráfico de influencias, el peculado, son de las fallas más graves en nuestra industria petrolera nacionalizada, y de los más importantes canales por donde se fuga la renta petrolera; hasta el “robo hormiga” en los ductos de Pemex asume proporciones elefantiásicas. Mención aparte merece la indeseable relación de favores metalegales que a través de los años se ha desarrollado entre Pemex y la cúpula del sindicato de sus trabajadores.
Pero se impone una salvedad muy importante: para llegar a ese acuerdo básico, que destrabaría la reforma petrolera, los partidos involucrados en la negociación y la opinión pública en general, deberán tener muy claro que eso será sólo el principio de la solución del complejo problema de dependencia petrolera en el que cayó nuestro país.
En efecto, México contaba con todo para hacer del petróleo una verdadera palanca del desarrollo: abundantes reservas, una compañía estatal fuerte e integrada, un mercado interno y una planta industrial en crecimiento y amplias posibilidades de exportación al mayor mercado del mundo. Sin embargo, Pemex dejó crecer vicios de estrategia y operación y ha fallado decididamente en la administración del recurso petrolero, afectando muy sensiblemente su eficiencia y sus resultados, lo que junto a la corrupción sin límites ha puesto a esa industria en la actual postración, sólo atenuada o disfrazada por los altos precios del petróleo en el mercado mundial.
A nivel de la política petrolera, la lista particular de errores es muy amplia. Para empezar, el gobierno ha usado a Pemex persistentemente a través de los años como fuente de obtención de cuantiosísimos recursos financieros para integrar el presupuesto del gobierno federal, y también de los estados, con lo que bajan a niveles mínimos los fondos que le quedan a la empresa para inversiones en exploración petrolera, en el desarrollo de su estructura industrial y en el mantenimiento de la misma, así como en investigación tecnológica. Como resultado, cerca del 90 por ciento de lo invertido en la industria petrolera se hace bajo la modalidad de contratos de endeudamiento con particulares mediante la figura de proyectos de inversión financiada con impacto diferido en el gasto (Pidiregas).
Así, para darnos una idea del inmenso hoyo impositivo que tiene que llenar Pemex, de enero a julio de 2008, el país obtuvo ingresos del petróleo por 544.7 mil millones de pesos, de los cuales el gobierno federal (y de los estados) se quedó con 328.8 mil millones y Pemex únicamente con 215.9 mil millones de pesos. Por lo tanto, cualquier reforma petrolera exitosa tiene que resolver primero que nada quién va a pagar, y cómo y en qué plazo, los impuestos necesarios para cubrir el 34 por ciento del presupuesto gubernamental.
Otro problema grave de política ha sido el descuido al “valor agregado” nacional; miles de millones de pesos del presupuesto de adquisiciones de Pemex van a engrosar las importaciones y no a alimentar la planta industrial del país, no a la creación directa de empleo en México, no a la investigación tecnológica nacional. El caso más emblemático es la patente negligencia en la administración de Pemex en la construcción de refinerías en México, que obliga actualmente a la importación del 40 por ciento del consumo de gasolinas. Mauricio de María y Campos ha abordado in extenso este tema recientemente en El Financiero, y aboga por que la reforma petrolera incluya imperativamente “la definición de una estrategia de desarrollo de proveedores industriales, de servicios y de tecnologías nacionales, como hacen todas las empresas petroleras exitosas del mundo. En ese contexto —dice también— la utilización y el desarrollo de proveedores nacionales deben estar claramente presentes, sujetos a mecanismos eficaces de transparencia, control y supervisión”.
Pero la reforma petrolera no será una verdadera reforma energética sin un programa nacional de ahorro de energía, que incluya tanto la promoción de las energías sustentables como la eficiencia en el uso de la energía. Dos iniciativas de ley recientes ya contemplan este aspecto en lo particular. Para lo primero, el Partido Verde Ecologista de México ha anunciado que se sumará al compromiso político si se contemplan en éste sus propuestas presentadas en su iniciativa del 13 de agosto sobre una Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables. La laguna de la eficiencia energética ha sido cubierta por el PAN con su iniciativa del 2 de septiembre para crear una Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.
Esta es la reforma energética posible y es urgente que en este mes de septiembre el Congreso llegue a un compromiso político para llevarla adelante, de forma tal que se dé vuelta a la página petrolera y el debate nacional se pueda concentrar en otros temas, la seguridad, el inmediato, pero más trascendente, la reactivación económica y la creación de empleo que son los que pueden colocar al país en la ruta correcta del progreso y de la reconciliación nacional. Así sea.

Qué llevamos a la marcha del sábado
La Crónica. Viernes 29 de agosto de 2008.
Como asistentes a la marcha del sábado 30, llevamos, primero que nada, una convicción, esperemos no demasiado, optimista: la sociedad mexicana, el gran conglomerado que en sus diversos estamentos forma la nación, está diciendo ¡basta! porque no está dispuesta a permitir que en su seno predominen las tendencias destructivas, egoístas o proclives a la corrupción del ser humano y está decidida a hacer valer y poner en práctica todas las medidas de legítima defensa de la integridad del cuerpo social, como un todo, y de la seguridad individual de cada uno de sus integrantes.
Llevamos un llamado a la responsabilidad de todos.
En primer lugar de las personas que ejercen el gobierno, en cuyas acciones y decisiones la sociedad deposita el cuidado de la seguridad común, y el uso institucional de la fuerza para prevenir el crimen y para castigar a los infractores de las normas legalmente establecidas. Las penas tienen que ser eficientes para disuadir o escarmentar a los transgresores, y si el crimen florece, como ahora, con delincuentes que no tienen misericordia de nada, quiere decir que es necesaria una revisión escrupulosa de la fuerza de las penas y corregir la manera descuidada en que son aplicadas en esos casos, para hacerlas verdaderamente afectivas.
Llevamos estas recomendaciones a los encargados de los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, sin que ninguno de ellos pretenda deslindarse del cumplimiento de sus obligaciones con el pretexto de que corresponde a otros su cumplimiento. La coordinación y la colaboración entre todos ellos es una obligación ineludible. Al respecto, vemos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado el 21 de este mes en Palacio Nacional, más que nada una reiteración simbólica de obligaciones legales ya establecidas, de reformas constitucionales ya realizadas y de estrategias contra el crimen y acuerdos de coordinación que debieran haber sido la norma desde hace mucho tiempo. Aún así, le damos la bienvenida al Acuerdo, en espera de resultados concretos y efectivos.
Pero los ciudadanos llevamos con nosotros a la marcha el más firme apego a la protección de las garantías fundamentales del ser humano, pues siempre existe el gran riesgo de no saber cómo controlar a los controladores y de la pérdida consecuente de libertades. Así, el combate al crimen implica, por más contradictorio que parezca y por más difícil que haga la tarea de los agentes de la ley, el pleno respeto al Estado de derecho. Y conviene otra prevención particular: en su punto XII, el Acuerdo Nacional insiste en la creación de un Servicio Nacional de Identificación Personal, con el baladí propósito de “identificación personal en los trámites más relevantes”. Los ciudadanos desconfiamos justamente de la creación de un registro centralizado de todos, que fácilmente puede ser objeto de malos manejos y usos por los propios controladores (el Leviatán siempre es una posibilidad), y cuando la credencial del IFE ya es más que suficiente para cualquier propósito.
Es también esencial el principio de que toda policía (además de toda política) es local. Ante la gravedad que han adquirido algunos delitos, como el secuestro, se levantan voces que claman por el centralismo policiaco y la federalización de esos crímenes o, peor, frívolas propuestas para la creación de una policía nacional única, como si el nivel federal fuera impoluto y estuviera exento de las lacras, vicios e influencias nefastas de caciques que plagan a sistemas policíacos y judiciales de estados o municipios. Por supuesto, es necesario revertir la “enorme fragmentación del esfuerzo policíaco” de más de mil 600 cuerpos policiales distintos (Medina-Mora dixit), pero yo que he visto las precariedades en que se desenvuelven los contingentes policíacos llevados desde el centro a los estados y municipios, o la lejanía de los juzgadores federales de las concretas circunstancias en que se realizan los crímenes locales, creo que la justicia mexicana será mucho mejor servida si en cada ámbito se fortalecen las capacidades locales de prevención, investigación, ética policial y judicial, así como la presión ciudadana para la rendición de cuentas de los gobernantes del lugar.
Pues sí, combatir a fondo la corrupción de policías, jueces y autoridades y la fácil impunidad que logran los delincuentes, serán de las demandas más sentidas por los manifestantes, aunque reconozcan que esas dos lacras, corrupción e impunidad, no son ciertamente privativas del ambiente criminal sino que permean toda la vida nacional, por lo que la lucha será muy larga y no habrá que cejar en ella. Por supuesto, contra la corrupción, negligencia o ineficacia de policías, jueces y autoridades exigiríamos no la renuncia, no la no-votación, ¡sino su encausamiento legal! En contrapartida, cabe reclamar también las muy indispensables medidas de buenos salarios, estímulos honoríficos a policías, ministerios públicos y jueces, y protección a los mismos contra los insidiosos ataques del crimen organizado, así como una estrategia clara en relación con el seguimiento de los que son dados de baja por corruptos.
Insistiremos en la marcha en el gravísimo problema de las cárceles mexicanas, convertidas en semilleros de delincuentes de alta escuela. El descuido de autoridades responsables es grave y generalizado al respecto, y lo es también el de un sistema judicial lento, farragoso, caro, que atiborra los penales de reos sin condena o del Poder Legislativo que no mantiene en los códigos penales una proporcionalidad adecuada a la gravedad de los delitos, en perjuicio de los delincuentes primarios o de poca monta y en beneficio de los grandes criminales. Además, no se exploran métodos o procedimientos para incorporar a delincuentes primarios, muchos de ellos jóvenes, en programas de rehabilitación en instalaciones comunitarias especiales, en lugar de amontonarlos en las tenebrosas cárceles donde son convertidos fácilmente en serios criminales.
“No hay recursos presupuestales suficientes”, pueden argumentar funcionarios gubernamentales, y ello es verdad... para ciertos fines. ¿Por qué no exigimos que los gobiernos dejen de gastar las millonadas de pesos en propaganda gubernamental que trata de convencer mediáticamente a la población de las bondades de sus programas, y que esos millones los destinen al mejoramiento carcelario o a campañas educativas y de promoción de valores? ¿Es racional o ético que el presidente Felipe Calderón, que ya por ley no presentará su informe anual ante las cámaras del Congreso, ahora gaste ingentes recursos públicos (o los tiempos del Estado) para presumir ante las cámaras de televisión, en aburridos spots, “los avances de su administración” (incluida la seguridad)?
Y ya que hablamos de los medios, de la educación y de los valores, ¿no hay una gran tarea por delante para combatir también la cultura de la violencia que predomina? No se trata del falso problema de la censura a los medios o a los creadores del arte, pero toda la sociedad debiera darse cuenta que algo anda mal cuando en la televisión o el cine una mayoría aplastante de la programación aborda tramas en que el asesinato y la violencia extrema son el principal ingrediente, banalizados como si fueran la normalidad en la vida diaria y no las más tristes facetas de la naturaleza humana.
Algunos han decidido no asistir a la marcha porque consideran elitista el detonador de la misma, el asesinato del joven Fernando, o porque creen que existen muchos otros casos de violencia o transgresiones legales que no fueron tomados en cuenta o fueron olvidados por la sociedad. No me parecen buenas razones; el crimen, no tan sólo el secuestro, sino el narcotráfico, la trata de personas, el robo con violencia y tantos otros delitos que amenazan a todos, son siempre lamentables y lamentados por todos; lo que pasa es que se ha llegado a una masa crítica de agresiones sociales que es la que está llevando a esta magna protesta ciudadana.
Algunos asistentes a la marcha pensamos que la sociedad ganaría mucho en el combate al narcotráfico y al crimen organizado, y la violencia que conllevan, si se legalizara el consumo de drogas en México, después de un amplio y serio debate para establecer las mejores modalidades de la medida y los tipos de sustancias que serían liberalizados...
En fin, nos vemos el sábado.

Basura: el futuro nos alcanzó
La Crónica. Viernes 22 de agosto de 2008
¿En qué colonia del DF sucedió lo siguiente? El propietario de la casa recibió una multa de 2,000 pesos porque dejó ligeramente abierto su bote de basura ya seleccionada que recogería el camión; como no la pagó, lo multaron con 2,000 pesos adicionales y una nota mala en sus antecedentes penales.
Despreocúpese, no pasó aquí; ocurrió recientemente en un pueblo inglés. Aunque en Inglaterra apenas se recicla un 33 por ciento de la basura que produce, la gente en ese pueblo tiene que separar las latas, papel y cartón, vidrio, la materia orgánica, en recipientes especiales que deben de ser puestos en la banqueta cada quincena a las 7 de mañana para que sean recogidos por camiones de la municipalidad.
Las comparaciones son odiosas, pero en esta ciudad de México, a cuatro años de la entrada en vigor de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, de las 12 mil toneladas de basura que se producen a diario, sólo 10% se recicla, según informa Esther Orozco, directora del Instituto de Ciencia y Tecnología del DF, y apenas se llega a una cifra de entre 10 y 15 por ciento de separación primaria de residuos orgánicos e inorgánicos, según informó en febrero pasado Arturo Bastidas, asesor del Secretario de Obras y Servicios.
Por lo tanto, el 90 por ciento de la basura del DF tiene que ser llevada y enterrada, es un decir, al tiradero llamado Bordo Poniente, que será cerrado definitivamente por la Semarnat el 15 de enero próximo, dados los graves riesgos sanitarios que implica.
Así, el gobierno del DF está en una carrera contra el tiempo para resolver el problema de la basura, en lo cual ha sido muy negligente en todos estos años, y todavía no logra armar una estrategia coherente al respecto. Apenas ha sesionado la Comisión para la Gestión de los Residuos Sólidos del Distrito Federal, creada en mayo pasado para coordinar a las dependencias involucradas en el manejo de la basura. La Secretaria de Medio Ambiente citadina carece de atribuciones claras en materia de manejo de basura. Según reportaje de La Crónica (21ag08), el Instituto de Ciencia y Tecnología del DF (ICyTDF) se está involucrando en la promoción de la cultura de la separación “en fuente” de los desechos sólidos, y el gobierno de la ciudad proyecta la construcción en lo que resta de la administración de Ebrard de cuatro “Centros Integrales de Reciclado y Energía” (CIREs), con costo cada uno de 8 mil millones de pesos, pero que serán privatizados mediante un esquema en el que el gobierno pone los primeros 100 millones de pesos y la iniciativa privada el resto.
Según información de Milenio (21ag08), dos de los CIREs serán construidos en las delegaciones de Xochimilco y Tlalpan, ¡en 300 hectáreas cada uno!, según el modelo difundido, siendo los criterios de selección de los terrenos “la búsqueda de vías primarias de acceso y las condiciones de resistencia del suelo”.
Es decir, en materia de basura el futuro ya nos alcanzó y habrá que darle coherencia a los intentos por resolver el grave problema, con una buena orientación del gobierno de la ciudad, sí, pero también con una mucho mayor participación ciudadana (está de moda) y de las fuerzas económicas.
Para empezar, es esencial el proyecto que se contempla para realizar un mejor procesamiento de la basura “en la fuente” o sea educar a la ciudadanía para que en las casas se haga obligatoriamente la separación primaria de los residuos reutilizables: papel, plásticos, aluminio, vidrio, otros metales, además de la basura orgánica, y que los camiones recolectores simplemente aglomeren lo ya seleccionado, lo cual sería mucho más eficiente que construir grandes centros separadores. Las campañas absurdas de propaganda gubernamental debían ser convertidas en cruzadas permanentes de educación para estos y otros programas importantes.
Se pretexta ahora que no hay camiones de basura especializados para cada tipo de residuos, lo que es cierto, pero si en cada casa se hiciera una buena separación, no se necesitaría más que cualquier camión que pasara un día a la semana a recoger cada tipo de basura.
¿Y qué decir del reciclamiento de pilas, baterías, teléfonos celulares, computadoras, focos ahorradores de energía (que contienen pequeñas cantidades de mercurio)? ¿Por qué no se legisla ya para que las empresas productoras y comercializadoras se encarguen del reciclado? Esto sería mucho mejor que la privatización que se hizo de la recolección, con concesiones que incrementaron la contaminación publicitaria de la ciudad en módulos recolectores que no funcionan.
Asimismo, los grandes productores de basura: industrias, conjuntos departamentales, restaurantes, empresas de la construcción —incluidas las que hacen las obras del gobierno— deberían organizar ellos mismos el reciclamiento de sus desechos, supervisados por el GDF.
Habría que poner el debido cuidado público en la tendencia “moderna” que convierte a la gestión urbana de la ciudad de México en una simple coordinación de múltiples concesiones privadas: puentes, túneles y circuitos, grúas, tranvía, basura. Como mediante los impuestos no se consigue un presupuesto suficiente (recuérdese el bajísimo nivel de recaudación del predial) y ante la evidente corrupción e ineficiencia en la esfera de la administración pública, lo fácil es concesionar los servicios públicos a la administración privada.
¿Y las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas concesionarias? Es muy lamentable ver las deprimentes condiciones en que laboran los muy jóvenes ayudantes en los concesionados camiones recolectores de basura. Sería necesario que el gobierno del DF obligara mediante contrato escrito a que en las obras que contrate o en los servicios que comisione los contratistas o concesionarios se obliguen a otorgar a sus empleados las mínimas condiciones y prestaciones legales de trabajo.

Pacto contra la inseguridad o contra la irresponsabilidad
La Crónica. Viernes 15 de agosto de 2008
El joven Miguel de Cervantes Saavedra regresaba en 1575 a España desde Italia, donde había vivido; la nave en que viajaba fue abordada por piratas turcos que lo apresaron y vendieron como esclavo en Argel, junto con su hermano Rodrigo. A pesar de que en repetidas veces intentó escapar, se le retuvo allí cinco años, sujeto a abusos y penas graves, hasta que en 1580 su familia logró pagar el rescate exigido por sus captores. Después escribiría El Quijote.
Es decir, siempre hay lugar para la esperanza, aun en las situaciones más desesperadas y por ello deberíamos confiar en que la gravísima crisis actual de seguridad pueda ser superada con el concurso de toda la sociedad, aunque para lograr ese objetivo cada sector tendría que asumir la responsabilidad que le corresponde.
Por el momento este no es todavía el caso, pues el tema de la seguridad y la protección contra la delincuencia se volvió una mezcolanza, un grillerío donde no se entiende nada y podrían naufragar el combate de esta sociedad contra el crimen, organizado o no. Empecemos porque en la ciudad de México, una de las más castigadas por la delincuencia y donde el secretario de Seguridad Pública es nombrado por el presidente, ¡vamos a tener que festejar como un logro el que el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, reconozca y acepte reunirse en una “cumbre sobre seguridad” con el presidente Calderón, después de casi dos años de su gobierno, siempre y cuando asistan los gobernadores de los estados y con una agenda de 10 puntos fijada por el mismo Ebrard! Desde esa alta mira se ve el nivel de respeto al Estado de derecho que existe en nuestro país.
El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, pide al Legislativo (y a los gobernadores) “acompañar” al Ejecutivo con los cambios legales para concretar el Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad, aunque ya existe el Consejo Nacional de Seguridad Pública como organismo encargado de coordinar las acciones y el cumplimiento de objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Luego el presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, como que trata de deslindarse, al declarar que “el Legislativo debe crear leyes que determinen procedimientos ineludibles para que los jueces puedan imponer de forma legítima castigos y sanciones, que es la garantía más valiosa de la sociedad”, y el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Larios, revira al señalar que “se debe reconocer que hay un problema en el sistema de administración de justicia penal y un alto grado de impunidad, pues sólo uno de cada 100 delitos se castiga”, y diputados federales de los principales partidos se manifiestan dispuestos a escuchar las propuestas de la Suprema Corte para mejorar el combate al crimen organizado.
Planes van y vienen pero no se concretan; desde enero de 2007 el presidente Calderón puso en marcha la Cruzada Nacional contra la Delincuencia, para reforzar el Estado de derecho y la seguridad pública, en la cual se integraban 10 medidas-eje contra el crimen organizado. También, el 1º de febrero del 2007, el jefe de Gobierno Ebrard lanzó 90 acciones para combatir la delincuencia, aunque ya en esta ciudad se aplicaba supuestamente el Plan Giuliani de tolerancia cero. Desde enero de 2008 la diputada Ruth Zavaleta, presidenta de la Cámara de Diputados, había considerado prioritaria para el Poder Legislativo la discusión de todo lo relativo a la seguridad nacional, pero la distracción artificial de la agenda política a un solo tema, el petrolero, hizo a un lado todo lo demás.
Era natural que el presidente “ciudadano” del Senado, Santiago Creel, adelantara a Mouriño la creación de un “instituto ciudadano” de seguridad pública para que vigile las acciones gubernamentales contra la delincuencia. Dicho instituto, explicó, tendrá acceso a los documentos necesarios para revisar si el gobierno federal está cumpliendo sus compromisos de combate a la delincuencia, como la depuración de cuerpos policiacos, mejoramiento de la capacitación e infraestructura, desarrollo de operativos e incluso, el desempeño de jueces. Más congruente, la diputada Zavaleta planteó que “en el Pacto Nacional, los partidos y los políticos debemos comprometernos a actuar de otra forma y sin mezquindades y no pensar en nuestra proyección personal”.
A su vez, y aunque ya existía un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del DF, el jefe de gobierno está poniendo en práctica su propio esquema “ciudadano”, con 300 mil vigilantes integrados en comités, encargados de detectar zonas con mayor índice de delincuencia, analizar e integrar reclamos ciudadanos en materia de prevención e investigación del delito, apoyo a víctimas y ejecución de sanciones penales.
Entonces, nuestro sistema político está patas para arriba: los ciudadanos tienen que establecer organismos propios para vigilar que el Ejecutivo cumpla con sus funciones, y ya no sirven de nada los contrapesos que teóricamente debieran estar funcionando en el Estado, en este caso los poderes Legislativo y Judicial, o las comisiones de derechos humanos o las contralorías. Ya antes, la consulta petrolera había establecido la pauta: democracia directa, no a los representantes elegidos institucionalmente, la ciudadanía es soberana.
Ante ello, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, advirtió que “la vigilancia no es tarea que deben llevar a cabo los propios particulares; tampoco debe aceptarse que la autoridad induzca el deporte de sospechar. Poner en marcha esa estrategia podría traer más problemas que soluciones”.
Claro que el Poder Judicial merece muchas de las críticas, cuando sabemos la lenidad con que son juzgados muchos de los más sanguinarios delincuentes y el altísimo nivel de impunidad vigente. Pero aquí también es una cuestión de estrategia: está claro que los jueces, los ministerios públicos, los policías, los jefes y tropas militares deben ser protegidos en su integridad de los ataques personales o de los sobornos a que son amenazados o sometidos por parte de la delincuencia; el policía y el juez “sin rostro” son una necesidad. El Legislativo, por su parte, está también en falta en cuanto a las penas y castigos o las medidas de encarcelamiento y rehabilitación; incluso debiera examinar seriamente para crímenes nefandos la imposición de la pena de muerte, con los suficientes “candados” para evitar dicho castigo a inocentes, objetivo que, por lo demás, debiera ser la norma respecto a todas las penas. Y qué decir del Ejecutivo, criticable por la imperante corrupción policiaca, el descuido atroz del sistema carcelario o las graves fallas en la integración de expedientes criminales que el Ministerio Público remite a los jueces.
No es que pretendamos ridiculizar o minimizar los esfuerzos que las ramas del gobierno realizan para combatir al crimen y los importantes logros alcanzados, como destacó en Ixtapa Zihuatanejo el titular de la PGR, Eduardo Medina-Mora, el pasado 2 de agosto, pero el problema está en que la “burbuja criminal” sigue creciendo y lo dramático en todo este fárrago de discusiones y propuestas es que todos los actores pueden tener parte de razón, pero lo que está faltando es el catalizador que las aglutine, que les dé forma y orientación; está faltando estrategia, dirección y desprendimiento y sobra interés propio y mezquino.
La propuesta ciudadana de Creel se empata con la hecha por la presidenta de la fundación México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera, quien la incluyó entre las cinco acciones concretas encaminadas a lograr un eficaz combate al delito de secuestro. Ella y otros ciudadanos convocan a una manifestación el 30 de agosto para exigir al gobierno mejores estrategias y resultados en el combate a la delincuencia, y de inmediato diversas autoridades buscan subirse al carro de la organización o patrocinio de la marcha, a pesar de que no es el gobierno el convocado; pues es una manifestación para exigir que las autoridades cumplan su responsabilidad. Se entiende la ira de los ciudadanos directamente afectados por el crimen o la de aquellos que preocupados por el interés general emprenden la lucha social contra ese flagelo, como la señora Morera, pero lo que es inadmisible es que algunos políticos traten de aprovechar la situación en su propio beneficio.

¿Cuánta energía podemos ahorrar?
La Crónica. Viernes 8 de agosto de 2008
Muchísima. Es necesario insistir en el tema, que abordé en estas páginas el 24 de mayo y el 23 de febrero pasados, porque extraña sobremanera que, con pocas excepciones (como algunos ponentes del Debate Universitario sobre la Reforma Energética, realizado a fines de junio) el ahorro de energía –su conservación y su uso eficiente– siga sin ser considerado como lo que es, un componente esencial de la estrategia energética del país. En el debate de la reforma petrolera en el Senado y en otros foros, en las propuestas de los partidos, se ha hablado, sí, de la utilización en mayor proporción de fuentes nuevas y renovables de energía y de una mayor aplicación a la industria petrolera del avance científico y tecnológico, objetivos muy válidos, pero se han discutido muy poco las medidas específicas de eficiencia energética que ya son urgentes, que se deberían estar tomando ya, independientemente de la reforma petrolera o energética, pues un Programa Nacional de Ahorro de Energía no requiere ninguna sanción legislativa sino sólo efectivas medidas por parte del Ejecutivo.
El 13 de agosto, el Partido Verde presentará su propuesta de reforma energética. Esperemos que incluya debidamente el tema.
Hay que decir que este desdeño a la conservación y uso eficiente de energía no es privativo de nuestro país. “Algunas veces las soluciones más lógicas, las más obvias, son las más difíciles de ver”, escribe Bob Herbert en The New York Times (5 de agosto 2008), al lamentarse sobre la ausencia de lo que debiera ser un “componente crítico de la estrategia energética” en Estados Unidos: “el paso más rápido, más barato y más limpio hacia un ambiente energético sano –un paso disponible inmediatamente para todos–: la poderosa combinación de eficiencia y conservación”.
Sí, hay medidas aisladas por parte del Ejecutivo federal, como el programa piloto para ahorro de energía, que instaló el presidente Calderón en la población de Othón P. Blanco, Quintana Roo, el 23 de junio, orientado a sustituir electrodomésticos viejos por otros más eficientes mediante bonos a personas de bajos recursos para que cambien sus aparatos. Pero son medidas aisladas, temporales, no encuadradas en un amplio programa que involucre a toda la población, a los gobiernos, a las empresas (aunque algunas de las grandes corporaciones mexicanas ya lo están iniciando, por propio interés, por el ahorro en costos que les representa el uso eficiente de energía).
Mucha energía se puede ahorrar. Para empezar en la propia Pemex, si deja de quemar el gas asociado en los pozos petroleros, si sustituye el transporte de petrolíferos a los centros de consumo en ductos en lugar de camiones-pipa, si moderniza los propios ductos de que ya dispone para que utilicen menos energía en su trabajo, si aprovecha la energía calorífica de sus procesos de refinación y otros industriales en plantas de cogeneración de energía eléctrica para su propio uso, si aplica el concepto de “frugalidad energética” en todas sus operaciones.
Hay muchas maneras de lograr también la frugalidad energética en el transporte de personas y de bienes: propugnar por más eficientes estándares de consumo de combustible en la flota de transporte nacional, promover la introducción de vehículos híbridos, esfuerzos serios para la “deschatarrización” de la misma. Es ilógico pensar que la apertura del mercado en el 2009 a vehículos usados provenientes de Estados Unidos va a aumentar los vehículos chatarra en circulación, cuando vemos el lamentabilísimo estado de una alta proporción del parque vehicular nacional.
Es básica, asimismo, la promoción de un mejor transporte público para desestimular el uso del privado, y una mejor operación de aquél. Por ejemplo, en esta ciudad, y en muchas del país, sería inmensa la cantidad de combustible (y desgaste de vehículos) que se ahorraría si se disminuyeran drásticamente los “topes” y se obligara a que los vehículos del transporte público hicieran parada solamente en los lugares marcados y no en cualquier lado que se le ocurre al usuario o al chofer (¿no sería posible que a esas unidades les colocarán equipos de rastreo GPS para captar velocidad del carro, consumo de combustible, detenciones fuera de parada, horarios, como ya lo van a hacer en La Habana?).
A nivel industrial, el rediseño de productos y procesos podría incrementar dramáticamente la eficiencia energética. Se requieren fuertes inversiones y aplicaciones tecnológicas para ello, pero los resultados a mediano plazo serían sorprendentes: “De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, Japón consumió en 2005 la mitad de energía por cada dólar de actividad económica en comparación a la Unión Europea o Estados Unidos, y hasta un octavo que China y la India” (NYT, 25/jun/08).
Las personas, los consumidores, con la debida orientación pública y con un sistemático esfuerzo educativo, podríamos ahorrar también mucha energía, con beneficio para nuestros propios bolsillos y para el interés general, mediante el uso del transporte público, más eficiente iluminación y aparatos domésticos, desconectar éstos cuando no los usemos, etcétera.
¿Ahorrar agua para ahorrar energía? Por supuesto. Toda el agua que consumimos –excepto la lluvia que riega directamente las tierras de cultivo o nuestros jardines o el agua de los ríos que por gravedad sirve para el riego o el consumo– requiere una buena cantidad de energía para llegar a nosotros: para sacarla de los mantos freáticos, para elevarla de los manantiales o ríos a la altura de las ciudades (en la de México a 2,240 metros), para subirla a los tinacos de las casas o edificios.
Pero imbuir en la mente y la acción de todos estas simples pero eficaces medidas de ahorro energético quizá sea mucho pedir para el alcance de las actuales autoridades de la Secretaría de Energía.

El PAN... para atrás
La Crónica. Viernes 1º de agosto de 2008.
Mucha gente se pregunta qué está pasando en el PAN. Cuando parecía que había sido definitivamente superada la decepcionante etapa del “gobierno de la transición”, de Vicente Fox, la más reciente actuación del presidente de ese partido, Germán Martínez Cázares, al reincorporar a la política partidaria al ex mandatario como cabeza del Comité de Planeación Estratégica y renovar la alianza con la corriente yunquista durante el reciente Consejo Nacional del PAN realizado en León, Guanajuato, provoca dudas sobre la sagacidad de tales iniciativas en cuanto a sus pretendidos resultados de triunfar en las elecciones intermedias del 2009, y retener la Presidencia en el 2012, así como perplejidad acerca del liderazgo del presidente Felipe Calderón sobre su propio partido y, mucho más importante, sobre la conducción de su gobierno.
En estas páginas, Aurelio Ramos Méndez escribió, con precisión y sin tapujos (26 de julio), que, a pesar de que “Fox salió de la Presidencia entre un aluvión de acusaciones de corrupción institucional, personal y familiar, y de burlas a su logorrea, ignorancia y rusticidad, así como de críticas a una incompetencia política y administrativa que le costó al país un retroceso de varios años en todos los aspectos”, su reincorporación “denota a las claras a favor de quién se resolvió el juego de vencidas entre el ex mandatario y el presidente Felipe Calderón”. Para Luis Soto, (El Financiero, 28 julio), “los panistas están haciendo hasta lo imposible para sufrir una estrepitosa derrota en las elecciones federales de 2009 y también en las de 2012”. Para Federico Reyes Heroles se trata de “un acto suicida del PAN” (Reforma, 29 julio).
En cambio, para Juan Manuel Asai, ayer en La Crónica, la decisión de nombrar a Fox responsable del Comité de Planeación Estratégica del PAN, es una maniobra del “pragmatismo ilimitado, diríase salvaje, de la administración Calderón”, que “busca cerrar, por lo menos de manera temporal, un flanco abierto que está causando mucho ruido al interior del partido”.
Si así fuera, resulta cierto lo que escribe Ricardo Alemán, (El Universal, 28 julio) “el PAN de Germán Martínez nos enseña que igual que el locuaz grupo talibán de AMLO, que el perverso grupo de la profesora Gordillo, que el calculador grupo de Manlio Fabio en el PRI, la clase política mexicana —toda— está dispuesta a lo que sea: tragar sapos y serpientes, realizar las más penosas y hasta vergonzantes alianzas, las más escandalosas claudicaciones, los más ofensivos engaños colectivos, con tal de ganar el poder, de mantener el poder, de regresar al poder”.
En la democracia es innegable la importancia de los líderes para dirigir el rumbo de una sociedad compleja, para orientarla, para indicarle cómo organizarse para sortear mejor los obstáculos; pero lo que se está viendo es que en este aspecto nuestro sistema está sumamente fallo. A pesar de las innumerables dificultades derivadas de una elección muy cerrada, el primer año del gobierno del presidente Calderón mostraba un camino mucho más claro, diferente al frívolo e ineficaz de su antecesor, más prudente y equilibrado. Luego, en enero de este año, decide darle un nuevo impulso a su gobierno, incluso con la sustitución del titular de la Secretaría de Gobernación y, meses más tarde, con la remoción del presidente del partido, pero la nueva orientación no fructifica. Por un lado, quizá debido a la resistencia del sector de extrema derecha del PAN, que se siente desplazado y, como dice Aurelio Ramos, empieza un juego de vencidas con el presidente.
Pero también se debe a que el nuevo enfoque tiene serias fallas. Se pasa a considerar al gobierno como una función propagandística, más que una lucha por acuerdos posibles, y a gastar millones y millones de pesos en publicitar las bondades de los programas o iniciativas gubernamentales, el colmo con el “tesoro” escondido en aguas profundas del Golfo de México; se trae al presidente Calderón a vuelta y vuelta por toda la República, sin darle tiempo a reflexionar sobre el rumbo del país o para amarrar acuerdos entre los diferentes grupos políticos; se prosigue con la cantaleta de las “reformas estructurales”, la más trascendente la petrolera, y se presenta ésta sin un plan adecuado para llevarla a buen puerto, con elementos controvertibles, no “planchados” antes con la oposición institucional, lo que provoca que la iniciativa sea tomada por la oposición amloista, a la que no le interesa la reforma en sí, sino el mantener a su líder en la palestra para el 2012. Con todo esto, en lugar de afirmarse, se desdibujan las perspectivas electorales del PAN para el 2009 y el 2012. Agréguese la disidencia de Javier Corral y el resentimiento de Santiago Creel.
Pero aun así no se entiende cómo el presidente Calderón y su grupo político cercano pueden aceptar el riesgo del regreso de Vicente Fox y la reivindicación de Manuel Espino. ¿Es que de veras la extrema derecha le ganó las vencidas? Si es así, no se augura nada bueno para la República. Puede ser pasable para Calderón la posición “combativa” que ha mostrado el líder panista Germán Martínez, ¿pero acepta eso de “guanajuatizar” a México como sinónimo de extender al país el dominio que el PAN tiene en Guanajuato? Con el debido respeto a ese estado, tierra de mis ancestros, y a sus habitantes, la situación política allí prevaleciente y los personajes guanajuatenses que fueron exaltados no debiera ser el modelo de ningún partido en México, un país que entre sus acuerdos políticos básicos, para no hablar de los principios constitucionales, tiene el de mantener claramente separados al Estado y la Iglesia, que como ideal no acepta que sus gobernantes practiquen impunemente el tráfico de influencias, la incompetencia, la megalomanía. Hasta el propio ex Gobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia, que asistió al Consejo Nacional y aceptó a regañadientes formar parte de la Comisión de Plataforma Electoral, “desde la sociedad”, dijo que en el PAN y en todos los partidos impera “el amiguismo, el chambismo, el influyentismo y compadrazgo”, por lo que manifestó la esperanza de que “el PAN reaccione, toque fondo y vea que tiene que regresar a los principios del PAN, que tiene que regresar a vivir esta mística, esta filosofía de respeto a la dignidad de la persona humana, pero sobre todo de establecer una alianza profunda con la sociedad”.
Ahí, el presidente Calderón tiene la palabra, para retomar él mismo la iniciativa, para evitar que su gobierno sea presa de la nueva estructura de su partido, para que remedie la falta de calado en su círculo político cercano, y para seguir con la línea de centro moderado que le estaba dando buenos dividendos, lo que si bien implica por definición evitar las provocaciones a las diversas tendencias políticas del país, también requiere determinación en conseguir los objetivos razonables. Que si Elba Esther Gordillo quiere ya irse, que le apresure la salida y que deje de estar permanentemente en los primeros planos del gobierno calderonista; que en la negociación de la reforma petrolera propugne por entrarle a una redefinición de los privilegios a la cúpula del sindicato de Pemex y que se llegue a fondo en evitar el “contratismo”, con la total transparencia en el ejercicio del presupuesto de la paraestatal. Que no se dé cuartel a la corrupción en el gobierno; que acompañe la iniciativa para establecer en la ley la obligación por parte de los sindicatos de rendir cuentas a sus agremiados sobre sus recursos.
¡Qué paradoja!, porque de hacerlo así seguramente el PAN será más fuerte que si sigue la “planeación estratégica” dirigida por Vicente Fox, a pesar de que éste “no ha perdido ninguna elección”.

Un tranvía llamado futurismo
La Crónica. Lunes 28 de julio de 2008
La ilusión futurista del jefe de gobierno Marcelo Ebrard viaja en tranvía, el de Buenavista, pero también en “consulta” petrolera (¿se vale que en Morelia implore como cardenista?), en entrega de becas a niños pobres (¿era necesario exhibirlos en el Zócalo?), en el costoso Circuito Bicentenario, o en proyectos como las playas, pistas de hielo y el circo en el Zócalo, que parecen episodios extraídos de El Hombre que No Tuvo Infancia más que decisiones de un gobierno responsable y consecuente con los reales problemas de la ciudad y con el verdadero interés público.
Pero no importa, así estamos en la rendición de cuentas. Un tribunal puede determinar que la “consulta ciudadana” no es tal, pero no pasa nada, se lleva a cabo como si lo fuera, con intervención del Instituto Electoral del DF, por mis pistolas. Lo mismo pasará con el tranvía de Buenavista, a pesar de las obvias desventajas del proyecto, bonito pero retro, es decir, anacrónico. Tiene mucho en común con el otro elefante blanco de Buenavista, la Biblioteca Vasconcelos, pretendidamente moderna pero anacrónica, cara y poco eficiente.
“Sí aspiro”, se abrió Ebrard a Univisión, cuando el entrevistador le preguntó sobre la posibilidad de que buscara la Presidencia de México en 2012. Sus aspiraciones pueden ser válidas, pero el drama para los habitantes de esta ciudad es que desde el inicio de su gestión como jefe de gobierno era evidente que ya aspiraba, y toda su labor de gobierno ha estado y seguirá marcada por ese deseo, que lo obliga a alianzas, maniobras, proyectos faraónicos y sui géneris, más que al servicio a la ciudad.
Actualmente, si uno quiere viajar los poco menos de tres kilómetros de Buenavista al Zócalo, puede tomar el Metro y en 3 minutos y con un boleto de 2 pesos llega a su destino, fácil, ecológica y económicamente. Otros ramales del Metro entrelazan la zona, pero eso no importa, hay que destinar entre mil 500 y mil 800 millones de pesos a un transporte redundante que es casi cuatro veces más lento y cuya tarifa será tres veces más cara, que tiene también la desventaja de entorpecer el tránsito de las calles por donde pasará, dada su rigidez de manejo; que necesita una infraestructura cara y estorbosa y que, por todos estos motivos, su balance de operación en términos de CO2 distará de ser lo amigable que se pregona con el medio ambiente.
Y luego, faltaban los talleres para los trenes, y aquí también la cuestionable solución ¿ecológica?, con otro espacio de interés público cercenado: “Nos faltaba el terreno para los talleres y ya se consiguió: va a ser en un deportivo frente a la estación Buenavista; ya se hizo la cesión de Patrimonio Inmobiliario para pasar el terreno al Servicio de Transportes Eléctricos”, informó la semana pasada el secretario de Finanzas del DF, Mario Delgado. Agregue lo ofensivas que serán al paisaje urbano del Centro Histórico las dos terminales y las 28 estaciones del tranvía.
Ahora se argumenta que el tranvía no tiene fines de transportación sino de turismo, pero aquí también entra la redundancia, pues funciona actualmente en el Centro Histórico y en otros corredores el servicio del “Turibús”, autobuses turísticos que permiten un manejo mucho más fluido, con la posibilidad, para los turistas que suben a la plataforma superior, de una mejor vista de la ciudad que lo que se ve desde un tranvía, y que ya está en operación sin problemas.
¿Por qué el Gobierno del DF no utiliza los recursos que destinaría al tranvía de Buenavista a proyectos mucho más favorables al bien público de esta ciudad? Inclusive en la propia área de transportes eléctricos el beneficio sería mucho mayor y el gasto sería mucho menor si, por ejemplo, se aumentaran las corridas de trenes y el largo de los mismos, como es la aspiración y casi la súplica de los usuarios, en la Línea del “tren ligero”, tranvía que desde hace mucho funciona de Tasqueña a Xochimilco, que ya cuenta con carril confinado en casi toda su extensión, y a la que se podría agregar un ramal a Tlalpan, como existió en una época. También podría ser reconvertido en una nueva Línea del Metro, como proyectaba la Secretaría de Transportes y Vialidad hace dos años. Con cualquiera de estas soluciones, los graves problemas de movilidad de personas en esas zonas se aliviarían sensiblemente, pero allí el proyecto no adorna.
Según informaciones difundidas, el Servicio de Transportes Eléctricos del DF planea la construcción de otras rutas de tranvía: el corredor La Villa–Auditorio, el de la Condesa a Ciudad Universitaria y otras… a mil 500 millones de pesos cada una. Compárense estas inversiones, por decir algo, con los apenas mil 682 millones de pesos que el GDF destina en todo este año a obras de infraestructura y mantenimiento urbano en las 16 delegaciones de la ciudad, o con los 10.6 millones de pesos que la delegación Iztapalapa destina a la conservación y el mantenimiento de 55 unidades habitacionales. Como vemos, el gobierno citadino se inclina más por los grandes proyectos, facilones de licitar y operar, que por las pequeñas obras diseminadas en toda la ciudad, tan necesarias, pero que, ay, provocan innumerables problemas de gestión y no rinden los dividendos políticos buscados.
Por eso la ilusión del jefe de gobierno viaja en tranvía.

Romper los candados

2008-07-21T16:44:00.000-07:00

La Crónica. Viernes 18 de julio de 2008

Un libro reciente trata de explicar por qué aun en las democracias se escogen malas políticas (The Myth of the Rational Voter, Bryan Caplan, Princeton University Press, 2007). Sucede que si bien en las democracias “los votantes típicamente favorecen las políticas que ellos perciben de interés para su nación, esto no es causa de optimismo democrático”, ya que los electores no disciernen si lo que les presentan los políticos es efectivamente de interés general, y así los políticos tienen un fuerte incentivo a hacer o proponer lo que es popular, pero con muy poco interés en los resultados. Cualquier semejanza con nuestra realidad es pura coincidencia.
¿Es posible superar aquí y ahora esa realidad? Creo que sí, pues no soy de los que piensan que una crisis de mayores proporciones está en puerta en México. Con dificultades, pero el país avanza, aunque a un ritmo insuficiente y a veces desesperante, que no satisface las expectativas de los mexicanos y obliga a miles a emigrar a otras tierras en busca de una mejor vida.
Pero sí me parece claro también que estaríamos en uno de esos momentos cruciales en los que se necesita visión y determinación de todos los actores sociales para romper los candados que no permiten a México dar el estirón definitivo como país integrado política, económica y socialmente, como país libre y soberano, democrático y justo.
Esos candados, he mencionado, tienen que ver con los problemas de gobernanza, la inseguridad y la corrupción y una estructura económica relativamente ineficiente y con proliferación de actividades redundantes e improductivas, por un lado dominada por grandes intereses y, por el otro, con una miríada de pequeños negocios atrasados tecnológicamente.
La falta de resultados del sistema de gobierno es lo que parece más evidente. Sí, hemos avanzado; es más democrático y transparente que hace 15 ó 30 años, pero está fallando fuertemente en los beneficios que ofrece; la acción de gobernar debería ser mucho más fluida y predecible, con menos impacto en los escándalos diarios, más beneficiosa en la producción de bienes y servicios.
Cambiamos pero a una nueva estructura política exclusivista, con fuertes candados a la acción y participación ciudadanas. Con las mejores intenciones de alejar el poder del dinero de la política, lo que se podría haber logrado de muchas otras formas, el Congreso irreflexivamente metió al artículo 41 de la Constitución la prohibición de que las personas contraten espacios de radio y televisión a fin de opinar sobre partidos o candidatos, y restringió la libertad de expresión. También confirmó la no validez de las candidaturas independientes.
Se asegura así el dominio de la acción política a tres grandes partidos, involucrados en las más absurdas contradicciones. El PAN, atrapado entre una extrema derecha caciquil, a pesar de su apariencia democrática, que no se moderniza y no quiere aceptar las instituciones o prácticas probadas, como el Estado laico o la eventual intervención del gobierno en la economía, y una derecha que podríamos llamar “ciudadana”, hipócrita, que se dice mártir de poderes fácticos pero que olvida en cualquier momento las aspiraciones de su origen, y ambas con proclividad a la corrupción de practicar fuertemente el tráfico de influencias. La moderación de centro-derecha sobrevive con trabajos.
Del PRD, ¿qué se puede decir?: un partido que nació con la noble aspiración de regenerar la democracia en México, metido en un pantano por un caudillo que se reputa El Único Salvador de la Patria y, peor, de increíble manera hace que sus seguidores crean lo mismo, por lo que toda acción política, de todos, debe estar a su servicio; partido con el clientelismo y el corporativismo como armas preferidas de control, querellante y con la corrupción que también lo permea.
El PRI, añorando glorias pasadas, con diferentes liderazgos que, con variadas artimañas, persiguen cada uno su propio juego para el 2012, pero que por ello no logran presentar una plataforma programática coherente que modernizara la tradición socialdemócrata que existió en importantes segmentos de ese partido.
Esto lleva a un Congreso de “representantes” sumamente cojo, donde no se negocia, pues eso sería “transa”, que ha pretendido disminuir aún más las atribuciones del presidente hasta dejar las de adorno, a pesar de que el poder que indudablemente le ha ganado el Legislativo no produce resultados, pues se diluye en la politiquería y la no rendición de cuentas.
En el gobierno del presidente Calderón, a 19 meses de su inicio, se conjugan dos realidades. Pudo superar con tino y sin demasiados sobresaltos políticos o económicos el desafío de AMLO, perdedor que no se atuvo a la institucionalidad vigente y quiso imponer sus propias reglas; logró también enfilar al país por la senda del crecimiento prudente, en medio de una crisis económica estadunidense y un entorno mundial desfavorable. Pero de unos meses para acá este gobierno parece haber llegado a su nivel de incompetencia, con un gabinete en el que dominan las imágenes: un secretario de Gobernación ineficaz, que trata temas nacionales en mangas de camisa adornada con bordados de publicidad gubernamental; un superficial director del Cisen que busca justificar con argumentos comprometedores para el gobierno el otorgamiento mediante tráfico de influencias de un contratito de espionaje; unos secretarios de Economía o de Energía que brillan por su ausencia o grisura, o el presidente de su partido y el expresidente guerreando entre sí ferozmente.
Seguridad y economía. A dos años de su elección, el gobierno del presidente Calderón ha debido meterse de lleno a la agenda de seguridad debido al embate del narcotráfico, lo que distrae atención y recursos a las agendas económica y social, y aun la política.
Estamos, pues, ante una inédita y desafortunada combinación que amenaza la gobernanza del país, la fallida forma de operar de los actores políticos; la “burbuja” criminal que obliga a que el esfuerzo de gobierno, al menos del gobierno federal, se canalice prioritariamente al combate a la delincuencia, sin que hasta el momento se haya logrado desinflarla y controlarla, pues la cifra de ejecutados en el sexenio se eleva ya a más de cinco mil y, finalmente, la amenaza de crisis económica, debido principalmente a contradictorios factores externos como el alza del precio del petróleo o los alimentos, pero también porque el gobierno no está siguiendo los propios consejos del presidente Calderón de “dejar atrás el miedo, la mediocridad y el temor de realizar los cambios que necesita el país para que México pueda ser distinto y mejor”, como dijo al abanderar a los deportistas de la delegación mexicana a Beijing.
¿Qué incluye, entonces, la hoja de ruta para romper los candados que paralizan al país? Partidos políticos mucho más responsables y menos politiqueros; sólidos, pero sin demérito de libertades básicas ni del impulso a una mayor participación ciudadana. Urgente atención de toda la sociedad al combate a la delincuencia. ¿No sería hora ya de que el Congreso organizará una Consulta Nacional Sobre el Crimen Organizado?
Esa hoja de ruta incluiría que el gobierno entre de lleno a una política de promoción de la inversión productiva y a acelerar la ejecución de infraestructura, evitando que los beneficios sean acaparados por monopolios u oligopolios; que la reforma petrolera sea una verdadera reforma energética en que además de la transformación productiva de Pemex y la correlativa modernización fiscal contemple el uso de fuentes renovables y un programa nacional de ahorro de energía, sobre todo en transporte, y rediseño de productos y procesos. También convertir los riesgos en oportunidades: si bien el alza del precio de los alimentos aviva la inflación y puede ocasionar desabastos de artículos necesarios, pudiera también ser el elemento que está haciendo falta a los productores marginados del campo para obtener mayores ingresos y salir en definitiva de la postración y exclusión económica y social.
Si todos estos elementos en juego se combinan adecuadamente, el resultado de esa sinergia podría ser espectacular, pues reconduciría a la economía mexicana por la senda del crecimiento acelerado, lo que a su vez contribuiría fuertemente a apagar la burbuja criminal, al ofrecer atrayentes alternativas de empleo mejor remunerado a millones de personas.
Pues sí, parece la hora de las definiciones para el presidente Calderón.

Sí a la cooperación con China, pero...

2008-07-21T16:43:00.000-07:00

La Crónica. Lunes 14 de julio de 2008.

Después de su participación en la reunión del G-13 en Japón, y a poco menos de 20 meses de su toma de posesión, el presidente Felipe Calderón realizó esta semana una visita de Estado a la República Popular China, donde desarrolló un intenso programa de trabajo, incluida una reunión con su homólogo el presidente de China, Hu Jintao, así como con el presidente de la Asamblea Popular Nacional, Wu Banggu, y con el primer ministro, Wen Jiabao (encuentros realizados después de escrito este comentario). En Shanghai, la capital económica de China, inauguró un seminario de inversiones y negocios de empresarios chinos y mexicanos, y otros encuentros para promover las relaciones económicas con ese país.
Además de su frecuente y demasiado optimista discurso que hace recaer en la reforma petrolera, y sólo en ésta, todas las virtudes para la transformación económica y social de México, fue evidente el propósito del presidente Calderón de presentar a México ante sus audiencias chinas como un destino privilegiado para invertir y una plataforma idónea para entrar al Continente Americano. Sin embargo, aquí también recayó en la falsa perspectiva de competir negativamente con otros países latinoamericanos, al señalar que “hay países en otras partes del mundo, y particularmente en América Latina, que no quieren inversión global, y la expulsan o la expropian” y, aunque “los respetamos”, “nosotros sí queremos la inversión global, y si hay empresas (chinas) que pensaban invertir en otras naciones, pero esas naciones no son hospitalarias para la inversión, tienen que saber que en México son bienvenidas y que protegeremos sus derechos”. ¿Qué necesidad tiene nuestro país de una instancia así, tan impolítica?
Sí, es claro que México, situado en un cruce internacional de caminos en medio de dos océanos, está en la mejor capacidad de desarrollar fuertemente las relaciones económicas con países de Asia y Oceanía. Pero con China (y la India, que en el 2030 tendrá más población que China), habrá que hacerlo con mucho cuidado, con visión estratégica, pues dichas naciones representarán el desafío mayor para el mundo en su conjunto en los próximos 25 años por la altísima capacidad de competencia que están demostrando. Como informó el Presidente en su viaje, las compras y ventas a China ya suman, en 2007, 31,687 millones de dólares y México es ya el segundo mayor socio comercial de China en América Latina. Pero hay que recordar que todavía ese comercio está desequilibrado a favor de China en una proporción de 10 a 1.
A las masivas exportaciones directas de productos chinos, a precios sumamente bajos, se agrega que los dos gigantes asiáticos están desarrollando al máximo la capacidad de outsourcing, es decir, la transferencia a sus territorios de importantes segmentos de las cadenas productivas, como el procesamiento de datos y los call centers, la programación de computadoras, diseño ingenieril, operaciones de contabilidad y finanzas, diagnósticos médicos y hasta cirugías a distancia. La presión demográfica para exportar su propia mano de obra calificada es descomunal, así como su demanda de recursos naturales y materias primas disponibles en las reservas del mundo para sostener su espectacular ritmo de crecimiento. Desde el año 2000, China tan sólo, sin considerar la India, es responsable de un tercio del aumento en el consumo mundial de petróleo, lo que incide por supuesto en sus incontenibles aumentos de precio (además de otros factores, claro). En la última década, la participación de China en el consumo de metales global saltó del 10% al 25%.
Es bueno que haya más inversiones extranjeras, y chinas en particular, pero ¿en cuáles sectores, con qué propósitos, con qué beneficios tecnológicos además de la inversión? No sería conveniente para desplazar valiosas inversiones ya establecidas (los bancos, un ejemplo) ni solamente para desarrollar operaciones de maquila final de ensambles chinos ni para asumir simplemente el control de codiciados yacimientos de minerales o fuentes de otros recursos naturales escasos, o en infraestructura para asumir el control de terminales marítimas, aéreas o terrestres (como la construcción del principal puerto de aguas profundas en México, que se levantaría en Punta Colonet, Baja California), ni para propiciar la emigración de gerentes o trabajadores chinos a un saturado mercado mexicano de trabajo que no da fuentes de empleo suficientes para nuestros nacionales.
En su visita, el presidente Calderón reconoció que para muchos productores de México será difícil enfrentar la competencia con China, pero señaló las oportunidades que deben aprovecharse. La estrategia de política exterior de México deberá entonces estar muy atenta para ir manejando consecuentemente nuestra relación con China (y la India), aprovechando una negociación bilateral firme y de amplia visión para que en esa relación se apoye menos en el desequilibrio de comercio con nuestro país, haga hincapié en la colaboración tecnológica y el fortalecimiento de los lazos culturales entre estos dos gigantes en la materia, así como explotando activamente las opciones multilaterales que se abran con China en el Grupo de los 13. México puede aprovechar también los nichos de oportunidades que se le presenten en el Mecanismo de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).
Con todo, es muy probable que la economía de México, su modelo y tasas de crecimiento, permanezcan más cerca de Estados Unidos que de China. Por muchas razones, también la política exterior de México permanecerá más próxima de Estados Unidos que de China, cuando el equilibrio en la arena mundial dependerá en mucho en las próximas décadas de la forma en que estos dos últimos países manejen su relación estratégica (con India como factor de equilibrio) y cómo resuelvan los problemas y fricciones que se puedan presentar en diversas regiones, para empezar en Irán, y también en África, sin descontar potenciales conflictos en América Latina.

México en sus 13. Calderón en Japón

2008-07-21T16:39:00.000-07:00

La Crónica. Viernes 4 de Julio de 2008

Hace dos años escribía yo en estas páginas sobre la activa inserción de nuestro país en el nuevo mapa mundial, a propósito de la paulatina formación del nuevo Grupo de los 13, formado por la integración del Grupo de los Ocho (países más industrializados, compuesto por Estados Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y Rusia) y el Grupo de los 5, que incluye a las “potencias emergentes”: México, Brasil, China, India y Sudáfrica.
El mundo va rápido, y el Grupo de los 13 se hace cada vez más una realidad. La próxima semana, del 7 al 9 de julio, en Hokkaido, Japón, se llevará a cabo el “Diálogo Ampliado” de la cumbre del G-8 con el G-5, y en esta ocasión el presidente Calderón dirigirá la reunión de los Jefes de Estado y/o de Gobierno de este último, pues en septiembre de 2007 México fue designado Coordinador del Grupo e interlocutor del mismo con la presidencia en turno del G8. También han sido invitados los presidentes de Australia, Indonesia y la República de Corea. Calderón realizará asimismo una importante visita de Estado a la República Popular China, a invitación del presidente de esa nación, Hu Jintao (visita que merece todo un comentario aparte).
Los temas que se discutirán en Hokkaido son de la mayor importancia para el mundo. En primer lugar, el calentamiento global, donde se discutirán interesantes propuestas. El primer ministro de Japón, Yasuo Fukuda, quien preside el G-8, ha presentado ya el Programa de Promoción Enfriemos la Tierra, con el objetivo de establecer metas “justas y equitativas” de emisiones de bióxido de carbono, en el cual “deben participar todos los (países) mayores emisores” de CO2, una alusión a la necesaria participación del mayor emisor de todos, Estados Unidos, aunque también propugna la de todos los países en desarrollo. El presidente Calderón, a su vez, ha propuesto crear un Fondo Verde contra el Cambio Climático, a fin de apoyar financiera y tecnológicamente las acciones de mitigación y adaptación al calentamiento global, que ya recibió el respaldo de los ministros de medio ambiente del G-8, cuando se reunieron en mayo pasado con sus homólogos del G-5 en Kobe, Japón, por lo que deberá ser refrendado sin dificultad en la cumbre de Hokkaido, para asegurar así su viabilidad financiera.
La cumbre abordará también los presionantes temas del alza en el precio del petróleo y la estabilización del los mercados financieros, que se relacionan estrechamente con la persistente debilidad del dólar y la inestabilidad del mercado petrolero mundial, a su vez ligados con el déficit de inversiones en este sector y la sangría económica (y política) que a Estados Unidos le representa la guerra en Irak. La subida en el precio mundial de los principales alimentos y la seguridad en el abastecimiento de los mismos, que amenazan una crisis alimentaria mundial, entran en las perspectivas muy preocupantes de la economía internacional a las que se dará atención, pues afectan sobre todo a los países más vulnerables, especialmente de África, y ponen en riesgo el logro de los Objetivos del Desarrollo del Milenio establecidos por las Naciones Unidas como metas mínimas para los países en desarrollo, hacia el año 2015, en materia de salud, educación y abastecimiento de agua.
La cumbre de Hokkaido tratará, además, temas relevantes de la política internacional, como el fortalecimiento del régimen de no proliferación nuclear, concentrado ahora en evitar que Irán adquiera la capacidad de fabricar bombas nucleares, pues Corea del Norte ya ofreció la certificación que buscaba Estados Unidos de que no lo va a hacer. En estos días, parecería que Irán suaviza su posición de confrontación en este tema, y es de esperarse también que Israel no vaya a cometer la imprudencia de atacar las instalaciones nucleares iraníes.
Por su parte, Japón, que se autoproclama como “Nación que Alienta la Paz”, promoverá en la cumbre esfuerzos en este sentido en relación al proceso de paz en Medio Oriente, así como a las guerras en Afganistán y en Sudán, entre otros conflictos.
Como puede apreciarse, las reuniones de los líderes del mundo, como la de Hokkaido, tienen cada vez mayor trascendencia en la política y la economía internacional. El G-13 integra ya a las naciones con mayor influencia mundial, con la capacidad de marcar el rumbo en la solución de los problemas que enfrenta la comunidad internacional; por su composición limitada, no es, no puede ser, un sistema democrático, pero ya es una ventaja que las naciones más influyentes discutan los problemas mundiales de acuerdo a principios de interés general, y que puedan generar acuerdos sobre la misma base, que orienten las decisiones en los organismos globales como Naciones Unidas, o en convenios multilaterales y bilaterales.
Tampoco se puede negar que entre varias de las naciones participantes en la cumbre de Hokkaido existen conflictos de interés, actuales o potenciales, el más evidente entre los últimos la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, pero también la intención de Rusia de retomar su papel protagónico en los asuntos mundiales. Pero lo importante, además de que es una competencia pacífica, es que sus diferencias puedan ser ventiladas con la participación de otros jugadores mundiales, como los que integran el G-13.
Pero, ¿no es excesivo contar a México “entre las naciones con mayor influencia mundial”? La realidad nos indica, por supuesto, que México no se equipara en influencia o poderío a la mayoría de los países del G-8, pero no es erróneo considerar que nuestro país tiene ya una responsabilidad especial en los asuntos internacionales conmensurable a sus fortalezas, que son muchas, y es importante que la ejerza más a plenitud para contribuir al equilibrio mundial, como lo han venido demandando, por ejemplo, los países europeos al convenir con México una “asociación estratégica”.
Tenemos, sí, desventajas o debilidades importantes, que todos deberíamos luchar por erradicar. Dos entre las más significativas: la corrupción y los problemas de gobernanza, no porque sean privativas de nuestro país, pues es obvio que son universales, sino por el alto grado que aquí han alcanzado y porque pueden comprometer el desarrollo general de nuestro país y su viabilidad internacional a largo plazo.
La corrupción es el monstruo que todo lo permea: está detrás, por supuesto, de la “burbuja criminal” que asola el país actualmente; explica en mucho las graves fallas en la buena administración de los asuntos públicos y los abusos de los poderes fácticos contra los intereses generales de la sociedad.
A eso hay que agregar las serias trabas al desarrollo provocadas por las fallas en la gobernanza, por la pobre funcionalidad de nuestra democracia, que no produce los resultados esperados, inclusive en la reducción de la desigualdad económica y la exclusión social, porque la lucha política se agota en disputas interminables, por el poder más que por el bien común, entre las distintas cúpulas partidarias o aun entre los líderes de una misma cúpula, y porque no se acaba de aceitar y aceptar la institucionalidad que tanto trabajo ha costado construir.
Una tercera debilidad importante es nuestra aparente refracción al avance científico y tecnológico, que ha de tener que ver con un sistema educativo que, a pesar de estar aparentemente orientado por una adecuada filosofía contemporánea de educación para todos y laicidad, adolece de lacras operativas y corporativas de las que no logra deshacerse, y no tan solo en la educación básica.Pero nuestras fortalezas deben dominar a nuestras debilidades, y entonces México se mantendrá en sus trece y participará de pleno derecho y con responsabilidades crecientes a la conformación del nuevo mapa mundial entre las principales naciones del G-13.

¿No habría que darse más tiempo, Presidente?

2008-07-21T16:32:00.000-07:00

La Crónica. Viernes 20 de junio de 2008

Las difíciles circunstancias en que el presidente Calderón asumió su mandato lo obligaban, es cierto, a tomar una posición protagónica en la vida nacional para hacer a un lado el desafío extralegal de López Obrador y para convencer a los seguidores de buena fe de éste que el bien común exige el respeto al sistema institucional que nos rige, aunque diste de ser perfecto.
Pues sí, por eso Calderón ha estado impaciente y muy movido en su gobierno; en el último mes y medio habrá intervenido en unas cuarenta ceremonias públicas, con sus respectivos discursos, sin contar sus encuentros en viajes internacionales, y este es el ritmo de presencia pública que ha mantenido por todos los rincones del país desde el poco más de año y medio de su toma de posesión.
Sin embargo, ¿no habría llegado el momento para el presidente Calderón de hacer un alto de reflexión, de no participar tanto en actos y ceremonias, donde convendría mejor que fuera representado por algún subalterno, lo que le permitiría hablar menos e involucrarse así en menor medida en la lucha política del día a día, para dedicar más tiempo al control de la gobernabilidad y la administración con visión eficiente de mediano plazo, a preparar los acuerdos políticos dentro del PAN y con otros partidos y a pensar en los cambios necesarios a su equipo de colaboradores, que parecen urgentes?
No es que haya logrado poco en este año y medio. No, la crispación de julio de 2006 y la secuela conocida de eventos del movimiento de López Obrador se han visto superados casi en definitiva como desafío institucional, a lo que han ayudado en mucho, hay que decirlo, los excesos verbales y la falta de juicio y cálculo político de largo plazo del propio caudillo. Finalmente el IFE, ¡hasta cuándo! decidió que llamar a López Obrador “presidente legítimo” en la propaganda del Frente Amplio Progresista viola la Constitución, denigra las instituciones y confunde a los ciudadanos. Se acaba la farsa.
En materia de diálogo político y gobierno llama mucho la atención, por supuesto, el que la iniciativa parece estar siempre del lado de AMLO, y el ejemplo más reciente es que el debate petrolero en el Senado y las “consultas públicas” sobre el asunto, derivaron de la acción de aquél y marginaron de hecho la discusión de la iniciativa petrolera de Calderón. Como quiera que sea, el tema de la reforma petrolera como tal se está discutiendo, y hasta se abordan aspectos de una verdadera reforma energética, y es muy probable que, con todas las modificaciones que se introduzcan, el Congreso apruebe al final modificaciones a la legislación y a la gestión petrolera que, incrementalmente, sean mejores que la situación actual. Igual ha ido sucediendo con los ajustes legales en otras áreas: ISSSTE, la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, la reforma fiscal; ni hablar, ese es el estilo en que el gobierno y la sociedad entera de nuestro país resuelven los problemas, poco a poco, incrementalmente, “a la mexicana”. Igualmente, nuestra economía ha podido manejar aceptablemente en el período de Calderón, y hasta el momento, la baja en la actividad económica de Estados Unidos, que siempre tiene un fuerte efecto en México. Ha ayudado, claro, la fuerte alza del precio promedio de las exportaciones de petróleo crudo, pero lo real es que se mantienen los equilibrios básicos de la economía y se resisten bien, todavía, otros choques externos, como el alza en el precio de los alimentos. No cabe duda que hace falta activar el paso, pues, por ejemplo, el Programa Nacional de Infraestructura, orientado a contrarrestar la desaceleración económica, que debería gastar en el año 353 mil millones de pesos, tuvo en el primer trimestre, por problemas de gestión y sobre regulación, un subejercicio de 89%, pero en el conjunto el manejo económico resulta favorable.
La inseguridad nacional por la operación del narcotráfico y el crimen organizado es el lado flaco hasta el momento del ejercicio gubernamental, no por falta de acción del gobierno federal, pues, al contrario, es en esta área donde Calderón ha echado toda la carne al asador, sino por la naturaleza misma de un problema que por distintas causas ha crecido enormemente, por la relativa falta de preparación y coordinación (y sobra de corrupción) en los múltiples cuerpos policiacos de los tres órdenes de gobierno, y por la relativa desidia del gobierno estadunidense en la persecución de los capos de la droga, los contrabandistas de armas y los lavadores de dinero. Esta situación estaría cambiando con el impulso a la modernización, depuración y equipamiento tecnológico de las corporaciones policiacas y con el nuevo enfoque, menos injerencista, de la Iniciativa Mérida.
Pero el presidente tendría que darse más tiempo. Su protagonismo (y quizá la tensión a la que han de estar sometidos los asesores que le preparan tantos y tan largos discursos) lo pone en riesgo de asumir posiciones inconvenientes en ocasiones. Por ejemplo, en el caso de sus múltiples alocuciones acerca de la lucha contra el crimen organizado, Calderón repite sin cesar su afirmación de que “Sabíamos desde el principio que sería una batalla larga y difícil, que costaría tiempo, recursos económicos y por desgracia vidas humanas, como ha ocurrido” (así dijo en la inauguración del Centro de Mando de la Policía Federal, el lunes pasado). ¿Conviene que un dirigente de una guerra o una lucha mencione el costo evidente: que los guerreros van a morir? No lo parece; sería mejor que el mensaje hiciera énfasis en que la lucha sin cuartel contra el crimen incluirá cada vez mejores métodos de protección a jueces y policías contra la corrupción y las venganzas criminales, objetivo que debería ser también el núcleo del mensaje dirigido a estimular la denuncia formal de los delitos, para evitar el problema de la vulnerabilidad en que queda el denunciante.
De todas maneras, tampoco parece adecuado que el jefe del Estado promueva personalmente la denuncia o peor, la delación, por parte de “vigilantes”. En todo caso, correspondería a un funcionario subalterno resaltar la clara responsabilidad de todos en la sociedad de no ser cómplices por omisión de información de ningún crimen, con la seguridad de la protección correspondiente.
Con mayor tiempo disponible, el Presidente tendría la oportunidad de contribuir con las diferentes fuerzas sociales a armar bien las estrategias para meter al orden republicano, con la ley en la mano, a dirigentes sindicales, y a gobernadores, extraviados o corruptos. Para meter al orden de la competencia a las corporaciones monopólicas. Con los dirigentes de su partido, darle al PAN un sentido de unidad y de preparación para acordar con otros partidos los apoyos en el Congreso y de la opinión pública a sus iniciativas de gobierno —sin campañitas de monitos o de espots superficiales. El reemplazo de Santiago Creel en la coordinación panista del Senado puede haber sido necesario, pero si persiste el folclorismo o la inconsecuencia política del nuevo líder (publicitar su intención de dividir al PRI para la aprobación de la reforma energética) no ayudará mucho.
Con mayor tiempo para sí, no se verá obligado el Presidente, en sus conferencias de prensa con dignatarios extranjeros (Ángela Merkel) a tenerlos de espectadores forzados de sus diálogos con periodistas mexicanos sobre asuntos internos de nuestro país.

Varios pájaros de un tiro (económico)

2008-07-21T16:23:00.000-07:00

La Crónica. Lunes 16 de junio de 2008

Los llamados del presidente Calderón y del secretario Carstens para que el Banco de México reduzca sus tasas de interés, tienen que ver, entre otras cuestiones, con la necesidad, que el Ejecutivo habría detectado, de impulsar ya la reactivación económica y de que el peso mexicano no se siga apreciando frente al dólar, como han señalado los especialistas.
Efectivamente, existen muchos datos del desempeño de la economía mexicana y de la estadunidense, a cuyas tendencias la nuestra está estrechamente ligada, que apuntan a que un estímulo adicional a la demanda —la interna, con la reducción de los intereses, y la externa con un aumento de las exportaciones— podría ser importante para salir en definitiva del bache recesivo y entrar en una fase de crecimiento más acelerado de la producción y del empleo.
Sin embargo, para que esto se concrete se requiere, también, de una serie de otras medidas “proactivas” por parte del propio gobierno federal: controlar el destino del gasto público —sea gasto corriente o inversiones— para canalizarlo en la mayor medida posible a fines productivos; vigilar el ejercicio a tiempo y adecuadamente del programa de inversiones en infraestructura; mantener la política de subsidios que apoyen la demanda en los casos y el tiempo en que sea necesario.El subsidio al consumo de gasolinas debería mantenerse. Aunque al parecer es solamente un cálculo “virtual” y no una transferencia real al consumidor de 200 mil millones de pesos al año (porque se calcula como si toda la gasolina que se vende en México tuviera un precio internacional), hay que conservarlo, pues es un mecanismo que le permite a Pemex retener mayores recursos de sus ventas y reducir las transferencias de efectivo al gobierno, con lo que se le aumentan los recursos que pueden ser dedicados a las tan necesarias inversiones para incrementar su producción.También será muy importante que el gobierno federal impulse ya un programa de eficiencia en el uso de energía, que disminuya sensiblemente las importaciones de energéticos; continuar con la “federalización” del gasto, es decir, su distribución hacia los estados (y que el estricto control de su ejercicio sea también una función realizada en las propias entidades federativas).Y, de alguna manera, a través de exhortos, persuasiones y medidas de política, lograr que el sistema bancario mexicano rebaje sensiblemente las tasas de interés y redistribuya sus créditos a la producción en lugar de al consumo, pues el crédito barato es una palanca que le está faltando a la economía mexicana actual.
De otra suerte, si no se activa la producción interna, se corre el riesgo de que el impulso a la demanda originado en las medidas descritas arriba provoque que se disparen las importaciones de bienes y equipo extranjeros, con lo que se perderían los objetivos principales de todo el paquete, que es fomentar la producción y el empleo internos. Por ejemplo, aunque en los tres primeros meses del año actual la inversión fija bruta registró un aumento de 2.7% con relación a igual lapso de 2007, los gastos en maquinaria y equipo de origen importado se acrecentaron 9.1%, en tanto que en equipo nacional sólo en 0.6%.
¿Pedir que se bajen las tasas de interés, mantener los subsidios, no es política económica ortodoxa? No, probablemente, aunque en estos tiempos se ha borrado mucho la línea que separa lo heterodoxo de la política económica convencional. Pero ahora se impone de los bancos centrales una política monetaria activa más que pasiva, como ha sostenido el propio presidente del banco central estadunidense (la Reserva Federal), Ben S. Bernanke, con su teoría de “La Gran Moderación”, que es “una baja sustancial en la volatilidad macroeconómica en el panorama económico (de Estados Unidos) en los últimos veinte años”. En nuestro país es aún más evidente la necesidad de este enfoque.
El impulso a la demanda y la producción mediante la baja en los intereses cuenta en estos momentos en México con una ocasión propicia, a pesar de las alzas de precios del petróleo y alimentos. En el caso del petróleo, la renta petrolera está a nuestro favor, y si se impulsara la producción de alimentos se podría atemperar su alza de precios. Además, las expectativas de inflación de largo plazo no se han visto afectadas por el repunte inflacionario de los últimos meses, focalizado principalmente en el sector de mercancías, en particular alimentos, por lo que se mantiene la previsión de que la inflación bajará a 3.5 por ciento en 2009 (Banco de México). Durante el primer cuatrimestre de 2008 el valor de las exportaciones totales sumó 97,147 millones de dólares, con un incremento anual de 19.4 por ciento. Claro, los altos precios de la mezcla mexicana de exportación de petróleo explican en parte el aumento, pues en ese periodo el valor de las exportaciones petroleras mostró una alza de 50.4 por ciento anual, pero el de las exportaciones no petroleras tuvo un desempeño aceptable: un aumento de 14.2 por ciento a tasa anual (SHCP).Las reservas internacionales de México subieron a 85 mil 26 millones de dólares al 6 de junio.
Durante el periodo enero-abril se alcanzó un superávit de 112.3 mil millones de pesos en las cuentas del sector público, ya tomados en cuenta los subsidios y los fuertes gastos en pensiones y jubilaciones.El saldo de la deuda interna neta del sector público federal disminuyó en 35.1 mil millones de pesos en el periodo enero abril. Aunque el saldo de la deuda externa neta del sector público federal creció en 2.7 mil millones de dólares con respecto al cierre de 2007, Hacienda considera que esto es transitorio y que el saldo disminuirá gradualmente en los próximos meses.

Deprimentes “deprimidos” y otras lindezas

2008-07-21T16:20:00.000-07:00

La Crónica de Hoy. Lunes 30 de junio de 2008

Parece que esta urbe, otrora la región más transparente del aire, cuyo horizonte se extendía majestuoso hacía los cuatro puntos cardinales, y en la cual se podían admirar sin obstáculo los palacios que la caracterizaban y la bella traza de muchas de sus calles, avenidas, bulevares y parques, está condenada, sin remedio, a ser una olla carente de toda perspectiva, con "deprimidos" y túneles como hoyancos de topos gigantes, con horribles puentes vehiculares y peatonales y monumentos chafas que se hacen brotar por todos lados; con bosques pelones, parques enmarañados y árboles plantados donde no y millares de adefesios estructurales y pictóricos mal llamados espectaculares.Las explicaciones más inmediatas, pero tramposas, que se nos dan son, por un lado, que el crecimiento explosivo del uso del automóvil, ¡ya casi cuatro millones de vehículos!, hace imprescindible la "solución" de "deprimidos", puentes y túneles, sin considerar que orilla al uso del auto particular la negligencia de muchos, muchos años en la reglamentación y operación del transporte masivo -no importa que fuera público o privado- y el atraso cavernícola en la ingeniería de los flujos vehiculares, y sin tomar en cuenta la experiencia evidente que muestra que si un deprimido o puente resuelve un nudo vehicular en un cruce, de inmediato reaparece en el siguiente.¡Ah!, nos dirán, pero ahí están las "vías confinadas", como el costosísimo "Circuito Bicentenario". Sí, vías que, la experiencia también señala, dividen en estancos aislados las áreas y vecindarios por donde pasan, en lugar de servir para intercomunicarlos fluidamente, cuando no se convierten en gigantes estacionamientos en horas "pico" o cuando alguna tormenta o accidente las tapona.Y no importa el partido o el credo político de la respectiva autoridad. Panistas habían criticado, con razón las soluciones "mágicas" de este tipo, como el segundo piso del Periférico, y se habían opuesto, ahora se ve que más por razones políticas que por otra cosa, al Megatúnel y a la Torre Bicentenario, pero ahora, la delegada panista en Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas (¿por qué, Gabriela?), se ha lanzado ella misma al proyecto de cinco deprimidos bajo la Avenida Palmas, a pesar de la tenaz oposición de los vecinos, que se volvieron a manifestar en contra este 25 de junio.Pero hay que hacer menos deprimentes los deprimidos, y, ¡claro!, gastar el presupuesto en proyectos estrambóticos. La Dirección General de Servicios Urbanos del GDF informó, a mediados del mes, que "para atenuar el estrés al volante", serán colocadas "mantas multicolores con vivos muy llamativos sobre la mole de concreto de los deprimidos", de acuerdo con el éxito de los proyectos piloto mediante los cuales se instaló ese tipo de mantas multicolores sobre los muros de los bajopuentes del Periférico y Legaria y Periférico y Ejército Nacional.Los árboles. Por supuesto, cómo no amar y procurar a los árboles, seres vivientes de los más bellos y útiles que pueblan esta tierra. Pero en nuestra ciudad todo se trastoca: los árboles son plantados sin plan y sin ton ni son, por razones "ecológicas" y porque esta es una ciudad "verde". Pero se talan criminalmente los bosques que rodean el valle; se eliminan con la especulación inmobiliaria campos de cultivo y amplias áreas verdes que debieran acompañar a los conjuntos habitacionales; se invaden espacios públicos verdes con instalaciones administrativas, policíacas… y se plantan muchos árboles donde no se debe, con efectos perjudiciales para el disfrute de la ciudad…y para los propios indefensos árboles.Sí, además de que se dejan morir más de dos terceras partes de los que se plantan, las autoridades tienen un serio problema de poda de árboles (y los árboles un serio problema de integridad o supervivencia) por todos los rumbos de esta capital, porque sus ramas se entrelazan con todo el cablerío eléctrico o telefónico, o porque rompen banquetas, amenazan caerse, etc. Un tiempo, se plantaron ¡eucaliptos, la especie que más rápido crece!, al lado de las vías de superficie del Metro, hasta que años después, y mucho trabajo para podarlos, se tuvieron que eliminar.Ahora, en el centro de la ciudad, remozado con grandes esfuerzos, se vuelve al error de plantar árboles, y de especies frondosas, en las estrechas banquetas, cuyo resultado previsible es que serán obstáculos al caminar, a la admiración de la arquitectura de los edificios y de la perspectiva de esta gran ciudad… y necesitarán mucho presupuesto para podarlos. Presupuesto público o negocio privado, pues ya es una política del GDF la privatización creciente de amplias ramas de la administración citadina, como seguramente lo establecerá el Plan de Manejo del Centro Histórico, presentado, sin detalles, el martes pasado.Y pasó la época de los monumentos bellos; ahora la regla parece ser la monstruosidad, tanto en lo que se quiere representar como en la realización. Se erige en Juárez y Reforma una fea escultura que trunca la perspectiva hacia el Monumento a la Revolución (como otros adefesios colocados en otros cruces). En el Zócalo, una megabandera que arruina la vista de la plaza más bella de la ciudad (mientras las banderas al tope de los palacios que la rodean siempre están sucias y ajadas). Y ahora el presidente de la Comisión de Cultura de la Asamblea Legislativa exhorta a las autoridades capitalinas "a iniciar los trabajos para la construcción de un monumento a la democracia de la ciudad de México". Capaz y le hacen caso (sin consulta de por medio).Y los "espectaculares", que siguen allí y proliferando, a pesar de las promesas y los acuerdos con las empresas publicitarias para removerlos. Agréguese la horrible publicidad andante de empresas telefónicas, periodísticas, de helados; las caravanas de vehículos anunciantes…¿Pero qué tal el increíble proyecto de cerrar varias calles de la Zona Rosa para construir canales y poner barcas turísticas como en San Antonio o Venecia?pliegodejjhuerta.blogspot.com

Iniciativa Mérida: el mal gusto de la simpleza

2008-06-07T09:52:00.000-07:00

La Crónica. Viernes 30 de mayo de 2008
A riesgo de seguir “improvisando de manera tan alegre y acertada la simpleza con el mal gusto de la simpleza misma”, lo que me llevará a ser, en mi momento, “ridiculizado en el desván de lo rústico”, como me augura el lector Christian Laguna a propósito de mi aserto, en artículo anterior, acerca de la corresponsabilidad de Estados Unidos respecto a la lucha del gobierno mexicano contra el tráfico de narcóticos, he de decir que ha sido desafortunadamente errónea la forma como el Senado de Estados Unidos aprobó la semana pasada una ayuda a México de 350 millones de dólares para este año 2008 como parte de la Iniciativa Mérida (150 millones de dólares menos que la propuesta original del gobierno estadunidense de 500 millones, en un proyecto multianual que llegaría a mil 400 millones): atada a una certificación del gobierno estadunidense de que México inició reformas judiciales, y que las unidades policiales y militares apoyadas con recursos sean ajenas a violaciones de derechos humanos o corrupción.
Aunque la versión del Senado tendrá que conciliarse con la aprobada previamente por la Cámara de Representantes (que autorizó 400 millones, sin condiciones), queda claro que los senadores estadunidenses deberían haber tenido muy en cuenta que la Iniciativa Mérida, como programa de cooperación bilateral entre países soberanos, en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), establece claramente: “nuestras estrategias para la ampliación de la cooperación están basadas en el pleno respeto de la soberanía, jurisdicción territorial y marco legal de cada país, y están orientadas por los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida y reciprocidad”. Aun más, “la Iniciativa se construirá sobre la base de las estrategias internas vigentes y los esfuerzos en curso desarrollados por dependencias encargadas de la procuración de justicia en ambos países”.
Pero no, los senadores estadunidenses tratan de desconocer el esfuerzo sin precedentes que está realizando el gobierno mexicano, en sus diferentes niveles y poderes, para combatir el flagelo del narcotráfico y el crimen organizado, lucha en la cual se han comprometido ingentes recursos financieros, humanos, técnicos e incluso administrativos y de organización. La situación muy seria que no alcanzan a evaluar aquéllos es el monstruoso nivel a que ha llegado en nuestro país el tráfico y el consumo de enervantes y la violencia y delitos conexos, cuyas causas se encuentran en muchos casos del otro lado de la frontera, donde también se dan casos de corrupción de autoridades.
El problema es que algunos senadores estadunidenses, simplistamente, atendieron menos estos hechos evidentes de la difícil lucha frontal contra el crimen organizado y prestaron mayores oídos a cabilderos con información muy sesgada sobre la situación del respeto a los derechos humanos en México por parte de las fuerzas del orden. Como declaró a Reforma (28 de mayo de 2008) Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional: “Los colegas de Amnistía en EU han jugado un papel importante, con otras organizaciones no gubernamentales en Washington, para promocionar entre los congresistas un entendimiento de que cualquier asistencia debe ir acompañada de una salvaguarda, de condiciones de monitoreo, para asegurar que cualquier estrategia no llegue a ser utilizada para violaciones de los derechos humanos, y eso implica solicitar que las autoridades mexicanas tomen varias medidas para evitar eso”.
Por supuesto, sería necio negar que en México existen fuertes abusos y falta de respeto a los derechos humanos por parte de autoridades y fuerzas policíacas, fallas en la procuración de justicia, corrupción, un modelo actual de seguridad agotado, como dice Joel Ortega, secretario de Seguridad Pública de esta ciudad. Pero es sesgado presentar estos casos como una política de gobierno, sistemática, generalizada, y no reconocer el gran esfuerzo y voluntad de los mexicanos por una sociedad y gobierno más justos y respetuosos de los derechos de las personas, de no tolerar esas lacras, de castigar a los culpables, sean policías, militares, autoridades judiciales. México no es la Uganda de Amin.
Por eso, el gobierno federal hace bien en evaluar con cuidado un rechazo a la ayuda condicionada de 350 millones de dólares. Como dijo bien el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos (La Crónica, 24 de mayo): ¿por qué no decimos a los (norte)americanos que ese dinero lo destinen a sus fuerzas de intervención o a sus fuerzas de aplicación de la ley o de intercepción en nuestra frontera para que paren el flujo de armas?…Que fortalezcan la patrulla fronteriza, las Aduanas, y eso se va a ver reflejado en un beneficio automático de este combate, que se deje de alimentar a las organizaciones criminales con las armas”. Cuantimás que, como dijo el propio Santiago Vasconcelos, el apoyo monetario no estaba contemplado en el plan original de la Iniciativa Mérida: “La idea, en principio, era establecer canales de comunicación entre ambas autoridades, compartir plataformas tecnológicas, establecer puentes de audio, video, grabaciones, vigilancia electrónica, bancos de datos, desarrollo de servicios criminalísticos y de capacitación policial y administrativa”.
Decisiones como ésta de los senadores estadunidenses no hacen sino alimentar la tradicional desconfianza de muchos mexicanos respecto a las políticas de Estados Unidos hacia México. Tal actitud debería ser superada en ambas partes. México y Estados Unidos tienen enfrente tan grandes retos comunes, y no sólo respecto al narcotráfico y el crimen organizado, sino en la geopolítica mundial, que más nos valdrá establecer desde ya una auténtica cooperación entre países no iguales pero soberanos sí, para beneficio de nuestros respectivos pueblos.

¿Qué se trae Ebrard?

2008-06-07T09:48:00.000-07:00

La Crónica. Viernes 6 de junio de 2008
Bueno, ya está claro: es una lástima, pero el Jefe de Gobierno de la ciudad de México Marcelo Ebrard ya actúa como el gran destapado para la “grande” del 2012: a la menor oportunidad opina sobre todos los asuntos nacionales, multiplica las apariciones para la foto mediática a propósito de ideas rancheras más allá de los problemas de esta metrópoli, playas, pistas de hielo, “azoteas verdes” (curiosa lógica ecológica: se destruyen áreas verdes para construir cualquier cosa —módulos de seguridad, almacenes, garages de vehículos públicos— y en áreas construidas se instalan, a gran costo, “azoteas verdes”).
El Jefe de Gobierno hace a un lado o les baja el tono a los proyectos provechosos que había iniciado pero que van siendo problemáticos para su candidatura (ambulantes, espectaculares, recuperación de espacios públicos), para lanzarse a los que adornan, donde hay mucho presupuesto por asignar y mucho por privatizar (túneles, circuitos bicentenarios, distribuidores viales). Y ahora… organiza consultas sobre la reforma petrolera.
Lo dramático es que no alcance a vislumbrar que sus aspiraciones tienen enfrente dos formidables obstáculos (aparte de cualquier reserva jurídica): el más evidente, las ambiciones del “legítimo”, quien, salvo una hecatombe, no lo dejará pasar, a pesar de que se le ha aliado incondicionalmente, o quizá por eso. Pero el obstáculo mayor, el que no librará de ninguna manera, es la reserva de sensatez en todo México —que no se reduce, como cree, al núcleo de apoyo que tiene en la ciudad de México y alrededores— que no validará para nada que una figura política de tan alto nivel siga conduciéndose en la fantasía del no reconocimiento al gobierno verdaderamente legítimo —“conforme a las leyes”—, en violación absoluta del sistema institucional que nos rige.
Al proponer en el foro del Senado la consulta acerca de la reforma petrolera, y darse cuenta de que sería sobre una iniciativa del Ejecutivo, que “desconoce”, Ebrard deslindó: “lo que tenemos de Ejecutivo”. A ese paso, es capaz de llegar al extremo del maestro Porfirio Muñoz Ledo, que pide la remoción (“por cualquiera de las vías previstas en la Constitución”, se cubre) del presidente Felipe Calderón. Si Ebrard lo hiciera, probablemente encontraría el aplauso fácil entre las huestes lopezobradoristas de esta ciudad y sus alrededores, pero a nivel nacional es evidente que la gran mayoría consideraría que sigue fuera de la jugada seria. Para el 2012 los electores serán mucho más cuerdos y se preguntarán ¿cómo es posible que quiera ser presidente constitucional un político que se la ha pasado los últimos seis años en desafío abierto a este marco, sobre todo tan fuera de los tercos hechos y sin la fuerza mínima (aparte de la pose) para tratar en verdad de cambiarlos?
Para satisfacer a López Obrador, pero en un pésimo cálculo político, y con mucha improvisación, Ebrard lanza pues en el D.F., el próximo 27 de julio, una consulta pública sacada de la manga sobre la iniciativa de reforma petrolera. Trata de arrastrar con él, para que realicen la consulta en sus respectivas localidades, a gobernadores de estados de la república, o a presidentes municipales, mismos que, salvo uno que otro igualmente fuera de foco, no van a caer en el garlito del “gobierno de la opinión pública”, cuando incluso Cuauhtémoc Cárdenas, de su propio partido, en entrevista con W Radio la semana pasada, mostró su escepticismo al decir “la decisión final la tienen, sin duda, los legisladores, más allá de cualquier medida política que se tome o que no se tome”.
En la consulta, se trata de involucrar indebidamente como organizador al Instituto Electoral del Distrito Federal, que es, según el Código Electoral local, el “organismo público autónomo depositario de la autoridad electoral” (subrayado mío), cuyas funciones son las de organizar las elecciones para Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y jefes delegacionales, y que entre sus fines y acciones no cuenta con la de organizar consultas a la opinión pública sobre temas nacionales, por más importantes que éstos puedan ser.
Como es poco probable que el IEDF acceda en definitiva a organizar la consulta pública, se le lanza después la pelota ¡al Partido de la Revolución Democrática!, que todavía no acaba de salir de la grave crisis en que se enredó con las elecciones internas del 16 de marzo, que lo ha dejado profundamente dividido en dos campos irreconciliables, uno de ellos al que pertenece el jefe de gobierno Ebrard. ¿Está en este momento el PRD en posición y con la credibilidad suficiente para la pretendida consulta?
¿Y quién la pagaría, si el nuevo secretario de Finanzas del PRD, Rigoberto Ávila Ordóñez, del grupo encinista, se ha percatado de entrada de que en la tesorería del partido no hay los recursos suficientes para sufragarla? Muy fácil, encontraron luego, luego los coordinadores parlamentarios del FAP en el Senado y en la Cámara de Diputados: que el IFE la organice —aunque tampoco estaría entre sus funciones— y que la Cámara de Diputados apruebe una partida presupuestal extraordinaria para financiarla, además de que “la UNAM y organizaciones cívicas (así, en general) elaboren las preguntas para la consulta”. También apoyará la Asamblea de Representantes del D. F.
Pero el Partido Convergencia, integrante del FAP, también echa su cuarto a espadas: su presidente, Luis Maldonado, informa de la realización, la próxima semana, de diversos foros sobre el tema energético y de una consulta vía electrónica a 2,500 especialistas del sistema nacional de investigadores, a los que ese partido solicitará su opinión en los ámbitos jurídico, económico y técnico respecto a la iniciativa del gobierno federal.
Como no existen bases jurídicas precisas para esta consulta sobre el tema petrolero, Ebrard hace lo indecible para adaptar forzadamente a ese fin otras disposiciones. Primero, la Ley de Participación Ciudadana del DF, ordenamiento relegado por las autoridades del D.F. para todos los efectos prácticos, que “tiene por objeto instituir y regular los mecanismos e instrumentos de participación y las figuras de representación ciudadana, a través de los cuales las y los habitantes pueden organizarse para relacionarse entre sí y con los distintos órganos de gobierno del Distrito Federal”, y que en su artículo 42 habla de “Consulta Vecinal”. Luego, cuando aparece que aquella ley no se adapta fácilmente al ejercicio, echa mano del Artículo 26 constitucional, que tiene que ver más bien con el proceso de planeación del desarrollo.
Si de participación ciudadana se trata en esta capital, es importante señalar el olvido de las autoridades en la renovación de las jefaturas de manzana y, en cuanto a la Ley de Participación Ciudadana, de las “Asambleas Ciudadanas”, integradas con los habitantes de cada “Unidad Territorial” (colonias, por decirlo así), que deben ser “instrumento permanente de información, análisis, consulta, deliberación y decisión de los asuntos de carácter social, colectivo o comunitario; así como para la revisión y seguimiento de los programas y políticas públicas a desarrollarse en su Unidad Territorial”.
Como se asienta en las conclusiones del “Primer Foro La Participación Ciudadana en el Distrito Federal”, organizado por el IEDF en diciembre de 2006: “Los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana difícilmente permiten el involucramiento directo de los ciudadanos en los procesos decisorios, defensa y construcción de derechos…”. “La funcionalidad de los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana se dificulta por la ineficiencia del aparato gubernamental, los vacíos en la normatividad y las dificultades fácticas resultantes de la voluntad política de las autoridades”.
Así pues, antes que participar en consultas sobre reforma petrolera, los habitantes de esta metrópolis tenemos un rico filón para explorar en la efectividad de la Ley de Participación Ciudadana, que nos permita ejercer verdaderamente los importantes derechos de la cultura democrática para la contraloría de los actos de gobierno, que se nos están escamoteando.
...Mientras tanto, algunas mentes agudas en el gobierno del presidente Calderón tratan, por su lado, de convencer a la opinión pública sobre las bondades de su iniciativa de reforma petrolera… a punta de sosos spots en la televisión o de “monitos” repartidos gratuitamente en los puestos de periódicos...

Urgencia de un Programa Nacional de Ahorro de Energía

2008-05-25T15:54:00.000-07:00

Ponencia al Debate sobre la Reforma Energética organizado por el Senado de la República.

23 de mayo 2008
Una verdadera reforma energética en México, con una visión a largo plazo, estratégica, no podrá alcanzarse sin poner en vigor, cuanto antes mejor, un Programa Nacional de Ahorro de Energía. Como va siendo cada vez más evidente, en un mundo en que cuesta mayor trabajo aprovechar los recursos naturales y en el que se manifiesta un deterioro creciente del medio ambiente, es imprescindible utilizar la energía de manera mucho más eficiente.

Ahorro de energía significa “utilizar la energía más inteligentemente”, como se ha definido en la Unión Europea, es decir, economizar en el consumo de energía, gastar menos energéticos para obtener los mismos resultados en iluminación, calefacción, transporte de personas y carga, operación de maquinaria y equipo, y hasta en la misma producción de energía.

Pero me parece que en este debate convocado por el Senado de la República no se está destacando el aspecto importantísimo de la eficiencia energética. Si, el Partido Verde presentó al inicio del debate la iniciativa que el 24 de abril habían introducido en el Congreso los legisladores ecologistas, pero que se concentra en el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía más que en el ahorro de la misma. Es fundamental que no se olvide este último aspecto.

Es más, Independientemente de si el debate sobre la reforma petrolera llega o no a resultados concretos, el ahorro de energía en México es una necesidad insoslayable cuando el precio por barril de petróleo alcanza ya en el mercado internacional los 135 dólares, con serios efectos sobre la economía mundial, y sin contar con las imprevisibles consecuencias si se llega a un precio de 200 dólares por barril, como ya están calculando algunos expertos.

Científicos y académicos mexicanos sí están dedicados al tema; igualmente, en algunos sectores productivos también se hacen esfuerzos de ahorro energético; Sin embargo, lo anterior no parece permear todavía suficientemente hacia las arduas discusiones actuales sobre la reforma energética.

Los números involucrados son de gran magnitud: “Es posible reducir en treinta por ciento el consumo energético nacional en las próximas dos décadas”[1], lo que estimo equivaldría a un 44 por ciento de la producción actual de petróleo crudo. Si además se lograra combinar el ahorro energético con una utilización creciente de energías renovables --solar, eólica, biomasa, de las mareas, la misma nuclear --como también recomiendan los científicos mexicanos-- se reduciría en una proporción aún mayor la presión de la demanda sobre el sector energético petrolero, que ahora aporta el 90 por ciento de la producción de energía primaria en el país (la hidroenergía, 2.7 %; carbón, 2.1 %; nuclear, 1.1 %), con todos los efectos favorables que ello tendría en la gestión y administración de Pemex y en el balance presupuestario del gobierno federal.

Por supuesto, los porcentajes amplios de ahorro de energía que es posible lograr, tendrían un efecto muy positivo en los esfuerzos para cumplir el objetivo de reducir significativamente las emisiones de carbono a la atmósfera y combatir el cambio climático, donde el gobierno de México ha tomado un papel muy activo con su propuesta de creación de un fondo internacional, el “Fondo Verde”, de 10 mil millones de dólares.

El ahorro de energía es una alternativa deseable al uso de biocombustibles, ahora que se constata que éstos, si son producidos a partir de cultivos alimentarios, como el maíz, incrementan los precios y abastecimiento de esos alimentos, o, si se producen a partir de especies vegetales “invasivas”, pastos y yerbas, podrían causar indeseables consecuencias ecológicas o económicas.

¿Es dable alcanzar tan ambiciosos objetivos? Me parece que sí, pero, como argumentan los expertos, se requerirían acciones que abarcan a todo el espectro social, desde las decisiones de gobierno, los esfuerzos de las empresas por hacer más eficiente su producción en términos de energía utilizada, los científicos en encontrar las maneras, métodos y aparatos para hacerlo, hasta la conciencia de la gente, orientada en mucho por una educación mucho mayor sobre eficiencia y ahorro energéticos.

Y no es cuestión de descubrir el hilo negro; desde la crisis petrolera de 1973, varios países realizaron trabajos muy serios de ahorro energético, que una subsiguiente etapa de petrolíferos relativamente baratos aminoró, pero que ahora se están retomando aceleradamente.

En México existen, en el papel, algunos referentes; por ejemplo, el Programa Sectorial de Energía 2007–2012 contiene objetivos, estrategias y líneas de acción orientados a:

“Promover el uso y producción eficientes de la energía”;

“Proponer políticas y mecanismos financieros para acelerar la adopción de tecnologías energéticamente eficientes por parte de los sectores público y privado”;

“Ampliar las acciones coordinadas entre los sectores público, social y privado, para el fomento del uso eficiente de la energía entre la población”;

“Impulsar la reducción del consumo de energía en el sector residencial y de edificaciones”.

Sin embargo, está faltando un mucho mayor énfasis en la acción pública para promover y conseguir estas metas. Está faltando un Programa Nacional de Ahorro de Energía que canalice mayores recursos financieros, administrativos y tecnológicos a estas tareas, que coordine políticas públicas, privadas y del sector social con dichos propósitos. Muy importante es que se involucre fuertemente a toda la población en el esfuerzo de eficiencia energética, mediante campañas exhaustivas de educación, de información y de acceso a los medios e instrumentos para conseguir el mayor ahorro en el uso de la energía.

Todo ello implica medidas concreta de política y es aquí donde entra la reforma energética, para aplicarlas debidamente en los diferentes segmentos del consumo de energéticos, del cual 42.5 por ciento corresponde al transporte, 28.6% al sector industrial, 19.2% al residencial, comercial y público, 4.3% a petroquímica de Petróleos Mexicanos, 2.8% al sector agropecuario, y 2.6 por ciento a otras ramas económicas[2].

Pero estamos muy fallos en la promoción de la eficiencia energética en el sector transporte, con un subsidio extraordinario del gobierno federal, que en el primer trimestre de 2008 se eleva a 55 mil millones de pesos. Muy recientemente se está dando nuevo impulso al transporte masivo urbano y suburbano en algunas partes del país, incluida esta capital, pero falta todavía mucho por hacer en este rubro. Está claro así que se requieren acciones especiales para transformar en uno más eficiente el modelo de transporte, que –sin visiones fundamentalistas de limitar el automóvil particular-- sí dé prioridad al desarrollo del transporte colectivo de personas, seguro y de buena calidad, al mismo tiempo que promueva mayor eficiencia en el transporte de carga, por ejemplo, con mayor utilización del ferrocarril, o los barcos de cabotaje en nuestros 11 mil kilómetros de costas.

En las ciudades, también, es necesario reducir al mínimo posible la movilidad de las personas entre sus viviendas y sus trabajos o centros de estudio, que no es precisamente lo que se lleva a cabo actualmente, pues se da una política de vivienda, que utiliza precios muy bajos del suelo en zonas muy alejadas para construir casas relativamente baratas, por lo que se han multiplicado los viajes de largas distancias del hogar al trabajo o lugares de estudio.

Otro aspecto muy importante es el ahorro y uso eficiente de la energía en los propios hogares. Las posibilidades de ahorro energético con un mejor diseño de aparatos para el hogar y máquinas industriales son amplísimas[3].

Habrá que profundizar los esfuerzos ya establecidos. Por ejemplo, fortalecer el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), un organismo público vigente, con objetivos muy concretos en el uso eficiente de la energía eléctrica, entre ellos: un programa de apoyo financiero para ahorrar electricidad en las casas; apoyo técnico y financiero para los mismos fines en la industria; reemplazo a gran escala de focos eléctricos convencionales por otros más eficientes; eficiencia energética para mejorar los sistemas de alumbrado, bombeo y servicios en municipios del país; programa piloto para la construcción de vivienda social sustentable; programas de incentivos para la eficiencia energética en lámparas, aire acondicionado, refrigeración motores eléctricos, iluminación comercial y de edificios.

Y existen experiencias internacionales muy importantes que aprovechar. Recientemente se ha destacado que México es “socio estratégico” de la Unión Europea. Bueno, pues en el ahorro de energía se tiene un campo amplio para desarrollar la cooperación bilateral con Europa.

El año pasado, la UE se decidió por una política integral en materia de energía y medio ambiente, con objetivos precisos para economizar energía y reducir la utilización de combustibles fósiles. Así, en una estructura económica ya bastante desarrollada, en donde es, por lo tanto, más difícil conseguir ahorros marginales de energía, la Comisión Europea adoptó un “Plan de Acción para la Eficacia Energética 2007-2012”, que entre sus objetivos tiene el de “suscitar y reforzar un comportamiento racional respecto al consumo de energía”, y que fija metas para reducir el consumo energético en 20% de aquí al año 2020 (a la vez que aumentar la proporción de energías renovables en el consumo, incluidos los biocombustibles, “a condición de que se disponga de biocarburantes de segunda generación que no provengan de cultivos alimentarios”). Con visión, proyectan también pasar a una “economía fundada sobre el hidrógeno”.

México necesita con urgencia también un Programa Nacional de Ahorro de Energía, y las experiencias y tecnologías disponibles en la cooperación internacional, por ejemplo de la Unión Europea, deberían ser promovidas. Además de en el sector residencial e industrial, atención especial hay que dar a la eficiencia energética en el sector de los transportes, con énfasis en el transporte público urbano e interurbano, el transporte ferroviario, sustitución de vehículos ineficientes, con responsabilidad especial en el sector gobierno, normas más estrictas en el consumo de combustible por kilómetro y por carga, mejorar los neumáticos de los vehículos para una menor resistencia al rodaje, transporte alternativos no motorizados.

Otra área importante de ahorro es reducir el desperdicio y las pérdidas en la propia producción y transporte de energía.

¡Ah, y la educación y la información! Programas específicos en las escuelas, en los medios de comunicación, en lugar de la propaganda gubernamental tan superflua, para sensibilizar a la gente sobre la cada vez mayor importancia que adquiere en el mundo la eficacia en el uso de energía.

Por todo ello, espero que el tema de la utilización inteligente de energía tome el lugar prioritario que le corresponde en este debate senatorial, pero sobre todo como programa de gobierno urgente.

[1] Según el experto Manuel Martínez Fernández” (Premio Nacional de Energía Renovable 2005)
[2] Claudio A. Estrada, director del Centro de Investigación en Energía de la UNAM, al participar en el Foro Universitario Perspectivas Energéticas de México en los Próximos 10 años, realizado en abril de 2007.
[3] En octubre de 2007 fue presentada una interesante “Guía Metodológica para el uso de tecnologías ahorradoras de energía y agua en las viviendas de interés social en México”, elaborada por el Instituto Nacional de Ecología, con la asesoría del experto del Instituto de Ingeniería de la UNAM David Morillón, y de otras instituciones.

México, socio estratégico

2008-05-19T18:12:00.000-07:00

La Crónica. Lunes 19 de mayo de 2008

México y la Unión Europea han establecido, a partir de este mes, una “asociación estratégica”, a iniciativa de ese organismo de integración europea, que considera que “México es una de las potencias emergentes del mundo globalizado de hoy y además a nivel regional es un puente entre América Latina y América del Norte”, como dijo el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, al término de la reunión que sostuvo en Los Pinos con el presidente Felipe Calderón, el 12 de mayo.

“Socio estratégico” es una relación privilegiada que los europeos tienen con algunos países del mundo, con Estados Unidos, desde luego, y con China, Rusia, Japón y Canadá y las “potencias emergentes”: India, Brasil y Sudáfrica.

México, pues, resulta socio estratégico de dos de los “tres grandes” del nuevo mundo multipolar: Estados Unidos y la Unión Europea (siendo China el tercero), con lo que se va confirmando la activa inserción de nuestro país en la geopolítica del siglo XXI, conforme a una visión realista de las relaciones internacionales en la actualidad, que diversos analistas (1) consideran una etapa de transición, en la cual las tres superpotencias y sus cercanos aliados compiten fuertemente entre ellas en el mercado geopolítico (como dice Khanna), junto con las “potencias emergentes” de las que México forma ya parte, a pesar de las falencias que todavía afectan a nuestro país.

Se trata, ante todo, de la responsabilidad de México, como país de intereses múltiples en la escena mundial, para contribuir a la gobernanza global, a la conformación de un nuevo orden internacional basado en los mejores valores, libertad, derechos humanos, justicia, seguridad, lo que a su vez ha de reflejarse positivamente en el desarrollo interno. Esto fue subrayado también por el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, cuando dijo: “En conclusión, creo que México y la Unión Europea tienen por delante mucho trabajo, muchos puentes que tender entre las dos orillas del Atlántico, en beneficio de sus ciudadanos, de los dos continentes y también en beneficio del mundo; porque México y Europa compartimos los mismos valores, somos creyentes en el multilateralismo y juntos podemos dar una contribución para dar una respuesta más positiva a nivel global y ante objetivos globales también”.

Pero a la vez la disminución de la influencia estadunidense en América Latina (2) plantea a nuestro país varios retos de política exterior hacia la región, entre ellos el de desarrollar provechosos esquemas de cooperación bilateral con países latinoamericanos que mantienen una línea más o menos confrontacional con Estados Unidos (Venezuela, Ecuador, Cuba, Bolivia, Argentina), al tiempo que fortalecemos decisivamente una relación estratégica con Brasil, que astutamente sigue la línea más pragmática de verdadera potencia emergente, con proyección mundial.

La Quinta Cumbre de América Latina y el Caribe con la Unión Europea, que abrió este viernes en Lima, Perú, refleja estas contradicciones, que nuestro país ha de resolver. Los temas oficiales son los de combate a la pobreza y la desigualdad y la crisis alimentaria, así como el desarrollo sostenible, cambio climático y energía, por supuesto de gran trascendencia e interés común, pero que se ven opacados, por un lado, por el conflicto que enfrenta a Colombia con Ecuador y Venezuela, después del ataque del primer país al campamento de las FARC en Ecuador y, por otro, por las diferencias del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con los dirigentes de algunos países, en particular Alemania y España.

México, con la presencia del presidente Calderón en la Cumbre, habrá de abstraerse de esos conflictos, y más bien renovar los lazos de cooperación con Bolivia, con Argentina, con Cuba, con los cuales existen muchos nichos de oportunidad, al mismo tiempo que disminuir al mínimo las diferencias con Venezuela y Ecuador. Los designios de mayor alcance de nuestro país en esa reunión tendrán que ver con su papel a escala mundial: la cooperación internacional contra la pobreza en la región, los esfuerzos conjuntos contra el cambio climático, el apoyo de los países europeos al combate en México al narcotráfico y al crimen organizado y la reforma al Consejo de Seguridad de la ONU, así como la candidatura de nuestro país como miembro no permanente en el periodo 2009-2010… la alianza estratégica con Brasil.

Nuestras discusiones en la política interna, a veces demasiado agrias, tienden a ocultarnos la verdadera dimensión internacional de este país y su gente. Quizá es hora de revalorarnos a nosotros mismos.

(1) Por ejemplo, G. John Ikenberry The Rise of China and the Future of the West, Foreign Affairs, enero/febrero 2008, y Parag Khanna, Waving Goodbye to Hegemony, New York Times, 27 enero 2008.

(2) Ver el informe Relaciones Estados Unidos–América Latina: Una nueva dirección para una nueva realidad, escrito por un grupo de trabajo del Council on Foreign Relations, organismo estadunidense no partidario fundado en 1921; ver también artículo al respecto de David Brooks, La Jornada, 15 mayo 2008.

Inseguridad en América del Norte

2008-05-12T18:26:00.000-07:00

La Crónica. Viernes 9 de Mayo de 2008
América del Norte, bueno al menos México y Estados Unidos, pues los datos de Canadá son más tolerables, están en un serio problema de inseguridad, y no por el terrorismo internacional o nacional sino simple y llanamente por el crimen común en las calles, sea organizado o no.
Según Bob Herbert, en artículo del New York Times (14 agosto 07), en los seis años transcurridos desde septiembre del 2001 hasta agosto 2007, habían sido asesinadas en Estados Unidos 100,000 personas, “un número increíble”. Citaba en su artículo la advertencia del jefe de la policía de Los Ángeles, Bill Bratton, sobre la “formación de una tormenta” de violencia criminal en ese país, con inquietantes incrementos en robos, asaltos a mano armada y asesinatos en los años recientes, y sobre la necesidad de traer de nuevo al debate nacional en ese país el problema del crimen.
De acuerdo a otro articulista del mismo diario (Adam Liptak, NYT, 29 febrero 08, 23 abril 08), que cita cifras del International Center for Prison Studies en el King’s College de Londres), por primera vez en la historia de Estados Unidos más del uno por ciento de los adultos en ese país están en prisión, lo que significa 2 millones 323 mil personas recluidas, en parte debido a que “los prisioneros son encarcelados más tiempo que en otras naciones”. Añade: “Los esfuerzos para combatir las drogas ilegales explican principalmente las largas sentencias de prisión”. Estados Unidos tiene casi 500,000 prisioneros por delitos relacionados con drogas.
En nuestro México, lo que hace tiempo parecía impensable hoy es una realidad: la inseguridad, la acción del crimen organizado, el cerco cada vez más amenazante a las corporaciones policiacas, la grave situación en las cárceles mexicanas, la corrupción en todos sus niveles, la disponibilidad creciente de sofisticadas armas de fuego, son todos factores que, junto con la desigualdad económica, comprometen la viabilidad de que México se consolide como un país estratégico en la escena internacional.
La cifra de ejecutados en el presente año se eleva a casi mil 400, entre los que también figuran agentes federales, estatales, municipales y militares. En lo que va del presente sexenio, del 1º de diciembre 2006 a la fecha son unos 3,200 los asesinatos relacionados con el crimen organizado, un 90 por ciento de hombres y 10 por ciento de mujeres. Desafortunadamente, también, se presentan ya crímenes realizados por adolescentes y, en contravención a los propios códigos criminales, crímenes contra niños y otros familiares no directamente relacionados con el hecho delictivo. Y no es tan sólo el crimen organizado, pues la cultura de la violencia absurda y los delitos contra la propiedad se extienden también entre la población en general.
La situación ha llegado a tal grado que el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, se enmendó a sí mismo la plana, al considerar que el crimen organizado está rebasando la capacidad de respuesta del Estado por lo que “sería suicida sacar al Ejército mexicano de las calles” (La Crónica, 7 mayo 08). Apenas en su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 22 de enero pasado, había urgido al gobierno a que “cuanto antes presente un calendario claro y detallado para que el Ejército regrese a los cuarteles”. Ahora adujo, con mucha razón: “Se nos han complicado las cosas; yo decía en su momento, que salga el Ejército. Pero ahorita con esto de la violencia pues sería así como suicida que lo poco que hay, que es el Ejército, pues todavía sacarlo de las calles. Es como si a un enfermo todavía le quisiéramos sacar sangre”. Abogó porque el gobierno federal aplique una estrategia más contundente, y planteó: “creo que lo que tenemos que hacer como país, es echar mano de esos cuatrocientos mil efectivos que hay de las diversas policías del país (que están desaprovechados en gran medida, no están capacitados ni bien armados ni bien pagados, había dicho), para que se pueda contener la violencia”.
En términos similares se expresó en otro foro el ex secretario de Seguridad Pública federal, Alejandro Gertz Manero, al señalar que el narcotráfico y narcomenudeo se han convertido en el azote de la seguridad nacional, y abogar por cambiar la estructura del sistema de seguridad y justicia.
Es que, a pesar de un altísimo grado de impunidad, pues los culpables de muchos crímenes quedan sin castigo, los casi 450 establecimientos penitenciarios que existen en el país (cinco federales, 330 estatales, 103 municipales y nueve del gobierno del Distrito Federal) están abarrotados por alrededor de un cuarto de millón de personas (Datos de 2006, en Elena Azaola / Marcelo Bergman. “El deterioro en las condiciones de vida en las cárceles mexicanas”. Nueva Sociedad, Núm. 208, marzo-abril de 2007), en una situación lo más cercana al infierno en la tierra, que a su vez convierte a las cárceles, por necesidad, en eficientes escuelas de nuevos y más violentos crímenes. Miguel Carbonell señala (El Universal 22 febrero 08): “Hay al menos dos razones por las que la sociedad mexicana en su conjunto debería estar muy preocupada por lo que sucede en las cárceles de nuestro país: 1) son extremadamente caras; y 2) no están cumpliendo con su función de readaptar o resocializar a los presos, sino que en muchos casos más bien forman parte de un engranaje de reclutamiento de miembros del crimen organizado”.
Esta atracción fatal del crimen organizado, en particular el narcotráfico, conjuntamente con la ineficiencia del sistema jurídico, penal y de la defensa pública, y también la corrupción, producen el peor de los resultados posibles: un altísimo nivel de impunidad junto con el atasco en los juicios y el hacinamiento en las cárceles. La sociedad mexicana tendría que estar discutiendo ya, de manera urgente, cómo resolver estos dilemas, con énfasis en el apoyo necesario a las autoridades estatales y locales.
El problema es norteamericano, y la Iniciativa Mérida es un mecanismo que la región intenta poner en operación para combatirlo. Ya es urgente que entre en operación, lo mismo que un compromiso mayor del gobierno de Estados Unidos para detener el contrabando de armas a México.
En enero pasado, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, consideró prioritaria para el Poder Legislativo la discusión de todo lo relativo a la seguridad nacional. El desvío artificial de la agenda política a una solo tema, el petrolero, importante pero no único, no ha permitido entrar en profundidad a la relevante cuestión, pero sí es urgente que la Nación preste la máxima atención a este grave flagelo que amenaza la viabilidad nacional.
Sí, a fines de febrero de este año, la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones que el Senado realizó en diciembre al proyecto de reforma constitucional en materia penal, que, según se vea, contiene avances o retrocesos con relación a la persecución y castigo de los delitos. Para entrar en vigor, la reforma está en la etapa de aprobación por los congresos locales, pero su ámbito no agota la discusión nacional necesaria sobre las mejores estrategias para disminuir la tasa de criminalidad, evitar que los crímenes queden impunes y castigar con firmeza pero sin sevicia a los delincuentes, haciendo todo lo posible por su reinserción positiva en la comunidad.

1º. de mayo: un “trabajo decente”

2008-05-05T17:35:00.000-07:00

Cuando el Dr. Álvaro Castro Estrada, Subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social, hizo una presentación del proyecto de reforma laboral que esa dependencia había venido preparando, en ocasión del Seminario “Panorama Laboral 2007-2008”, en noviembre del año pasado, dijo: Estamos hablando de Trabajo Decente, que permita construir relaciones laborales basadas en la productividad y en una más equitativa distribución del producto del trabajo.
Pues sí, tener un “trabajo decente”, aunque suene un poco naive, es la aspiración primordial de todo trabajador, y se dice rápido y fácil, pero es un objetivo muy difícil de conseguir, aunque no imposible.
Este 1º. de mayo se celebró en el país la fecha emblemática del Día del Trabajo, que debiera ser uno de los más importantes del calendario cívico nacional, pero que ni siquiera es conmemorado apropiadamente por el menguado y dividido movimiento sindical, mientras que el gobierno federal se abstiene de participar activamente en la celebración. Pareciera que el trabajo, factor fundamental de la vida, la producción y el progreso, está situado muy bajo entre las prioridades nacionales.
Los sindicalistas mexicanos, como los que marcharon en diversos puntos de la ciudad de México, se fueron por las consignas generalistas, posiblemente políticamente correctas, pero inefectivas como línea de acción sindical: “la defensa del petróleo, la energía eléctrica y la soberanía alimentaría, y el rechazo a las reformas en materia energética y laboral”. Los líderes convocantes parecieron más bien interesados en defender el statu quo que preserva sus privilegios, su reelección indefinida y amañada y el control sobre sus agremiados, que enfrentar con imaginación la nueva dinámica laboral que transforma el mundo actual, a la vez que pulveriza al factor trabajo.
Del lado oficial, hubo solamente un mensaje del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, preocupado, a su vez, con no agitar demasiado las aguas para no abortar la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo que ya lleva su nombre y que circula entre los entendidos del tema, misma que sería resultado de un examen de un total de 196 iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo (175 en la Cámara de Diputados y 21 en la Cámara de Senadores). En palabras del subsecretario Castro Estrada: “Este ejercicio ha permitido identificar propuestas posibles y viables, que podrían enriquecer la denominada “Iniciativa de los sectores” (“Ley Abascal”, presentada en el 2002), además de otras que la Secretaría del Trabajo considera recomendables. Se ha procurado que las propuestas seleccionadas no impliquen temas altamente controvertidos que pudieran arriesgar el conjunto de las propuestas”.
El proyecto de “Ley Abascal” fue sujeto de fuertes críticas de una parte del movimiento sindical por “legalizar la fragmentación y precarización del trabajo, reafirmar el control del gobierno sobre sindicatos y contratos y reforzar el control de los dirigentes corporativos sobre los contratos” (Armando Rendón Corona, UAM Iztapalapa), pero no cabe duda que el inmovilismo legal está siendo en fuerte detrimento de las posibilidades de defensa del factor trabajo para disfrutar de un “trabajo decente”, como puede apreciarse fácilmente en los millones de trabajadores mexicanos que sufren contrataciones irregulares y laboran precariamente y sin protección laboral ni de seguridad social, inclusive en dependencias ejecutivas, legislativas y judiciales del gobierno federal, de los estatales y del Distrito Federal (que también practican, cómo no, ahorra dinero, el “outsourcing”). Los abusos sindicales y las relaciones sindicales simuladas están también a la orden del día.
Así es que, como en la reforma petrolera, y como también habrá de hacerse, pues ya resulta de gran urgencia, en la reforma antimonopolios, es necesario para el movimiento laboral en su más amplio sentido, el que representa el interés de todos los trabajadores no tan sólo de los líderes sindicales, entrar ya a la discusión pública, abierta y transparente de la iniciativa del gobierno en materia laboral, la “Reforma Lozano”, sin demonizarla de antemano, pues el compromiso inicial de todos es que se debe mantener sin cambio el artículo 123 constitucional en cuanto a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores: el derecho de huelga, la contratación colectiva y la libertad y autonomía sindical.
Pero, a la vez, otros compromisos deben ser también evidentes:
· Si la legislación laboral se va a adaptar a la nueva dinámica del trabajo “flexible”, donde las empresas necesitan contratar y despedir trabajadores de acuerdo a los movimientos de la demanda, para mantener la productividad, es obvio que sería contra el principio de justicia hacerlo con cargo al trabajador. Por lo tanto, se requieren mecanismos efectivos, que la sociedad garantice legalmente, de seguro de desempleo, de recapacitación, de mantenimiento de la antigüedad del trabajador en una “hoja de servicios general”, independientemente de la empresa que lo contrate, de protección continua de seguro médico cuando esté desempleado.
· Que la productividad de la producción se oriente también al mejoramiento continuo de los ingresos de los trabajadores.
· Reglamentación de la “tercerización” o “outsourcing”, para que en la realidad no signifique el escamoteo de los derechos normales del trabajador.
· Protección contra abusos en las contrataciones “a prueba”, para que no signifiquen, ni una trampa del empleador para negar un contrato definitivo al trabajador, ni las mañas de éste para exigir un contrato definitivo sin estar preparado para el puesto.
· La transparencia de la gestión sindical y de la rendición de cuentas del manejo de cuotas, de la elección directa y secreta de los líderes sindicales y el ejercicio democrático en sus funciones; demostrar su verdadera representatividad al exigir un contrato colectivo y el registro legal.
Estos y otros factores similares son esenciales para que el trabajador pueda tener un “trabajo decente”.

Marcelo, el privatizador

2008-04-25T17:52:00.000-07:00

La Crónica. Viernes 25 de abril de 2008
¿Le suena la siguiente afirmación? “La ciudad de México estará inmersa este año en un proceso de innovación financiera, que la convertirá en una de las capitales más competitivas del mundo, y se podrán atender los requerimientos de la población en materia de infraestructura, vialidad, agua potable y drenaje, en asociación con la iniciativa privada, pero cuidando que el interés público prevalezca sobre el particular”. Sí, ¿verdad? Es la justificación paradigmática de cualquier privatización de actividades o funciones públicas, y en esta ocasión fue hecha el 9 de marzo pasado por el secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal, Mario Delgado.

Más pronto que tarde, el 20 de abril, Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno del D. F., confirmó públicamente la construcción de dos vialidades urbanas que serán de peaje y requerirán la participación de la iniciativa privada: el megatúnel de Reforma, que conectará a Santa Fe con el Circuito Interior con una longitud de más de ocho kilómetros, y la autopista desde los Puentes de los Poetas hasta la Avenida Luis Cabrera, como parte de un plan para mejorar las vialidades en la zona poniente. La empresa Capital en Crecimiento ha sido creada por el GDF para agrupar a los inversionistas en los proyectos.

Surgen, desde luego, varias cuestiones acerca de este enfoque de política urbana “sin costos para el erario”. De entrada, la privatización de servicios urbanos que tradicionalmente han sido provistos por el gobierno de la ciudad. Bueno, el chiste de estos esquemas financieros modernos que estamos poniendo en práctica, argumentará el GDF, es que no sale un centavo del presupuesto público; el gobierno de la ciudad solamente da las concesiones y el derecho de vía, en tanto que el capital para la construcción de las obras y su operación y mantenimiento es aportado por los socios privados, que después recuperan su inversión, en el caso de las obras viales con los peajes que se cobrarán a los usuarios.

¡Magnífico! ¿No? El gobierno no utiliza sus propios recursos y la ciudadanía disfruta obras que de otra manera no podría tener. Todos ganamos, excepto por el pequeño detalle: la capital se capitaliza con los pequeños pero recurrentes peajes que cada automovilista tendrá que pagar por el uso de esos servicios, ya no públicos sino privados.

Hay que decir que el maravilloso esquema —que en realidad encubre impuestos disfrazados, no cobrados directamente por el gobierno sino descentralizadamente por las empresas concesionarias— no es necesariamente impugnable por cuestión de principio, pues los gobiernos en esta época tienen necesidad de utilizar diversos métodos para movilizar recursos a fin de incrementar la cantidad o la calidad de los servicios públicos.

Pero es más bien la estrategia general que se visualiza lo que puede ponerse en entredicho. En efecto, no se trata sólo de obras viales, pues el secretario de Finanzas Mario Delgado mencionó también coinversiones en infraestructura, agua potable, drenaje y ¡bienes raíces! “generadores de ingresos, como departamentos, centros comerciales, oficinas y bodegas” (con los terrenos aportados seguramente, no faltaba más, por el GDF, sin una aprobación, que debería ser indispensable, de la Asamblea Legislativa). Quiere decir que en cada uno de estos casos habrá una descentralización de impuestos, que serán cobrados como “servicios” por los concesionarios privados, además de que en muchos de estos casos se estarán enajenando espacios públicos, con lo que uno se puede preguntar si esta forma impositiva es más o menos eficiente que la tradicional, centralizada, en la que el gobierno percibe directamente los impuestos y proporciona también directamente los servicios. Una cosa es segura: el cobro de impuestos es mucho más impopular políticamente y más difícil de conseguir.

Y también hay otras cuestiones importantes, como la orientación del gasto. No parece sensato tener unas pocas obras de relumbrón y al mismo tiempo la mayoría de obras y servicios en condiciones lamentables, que las obras faraónicas dejen en la miseria a todas las otras oficinas del DF. Para tener una idea, considérese que tan sólo el Túnel Reforma y las Súper Vía Poniente costarán 18 mil millones de pesos, en tanto que del presupuesto 2008 del Distrito Federal para todos sus programas y funciones (111 mil millones de pesos) apenas se asigna a las pobres 16 delegaciones del DF un total de 21 986 millones de pesos, de los cuales destinados a infraestructura y mantenimiento urbano sólo son 1,682 millones de pesos, menos del 10 por ciento del costo de las dos megaobras.

Agréguese a este apego a las obras políticamente espectaculares, que del presupuesto normal del GDF ejercido centralizadamente, el gobierno capitalino hará este año, a partir de la próxima semana, otra megaobra, el Circuito Bicentenario (antes Circuito Interior) para sustituir el pavimento asfáltico de 40 kilómetros que tiene la vialidad con concreto hidráulico y construir seis puentes para agilizar los cruces en intersecciones importantes, con una inversión aproximada de 3 mil 100 millones de pesos.

Y no se cuenta tampoco con los estudios de impacto ambiental que se requieren para su construcción. Se teme que la Súper Vía Poniente sólo traslade los “tapones” viales de un lado a otro, pues va a unir transversalmente avenidas descendentes que no cuentan con la capacidad suficiente para el desfogue de vehículos, estrechas y sembradas como están de decenas de topes, semáforos mal sincronizados y otros obstáculos. Cómo se afecta el medio ambiente, los riesgos para los usuarios o la vida útil de la obra pueden ser factores relevantes en particular respecto al megatúnel que unirá Santa Fe con Insurgentes.

Existen serias dudas de especialistas acerca de si estas grandes y costosas obras que favorecen el uso del transporte particular son en verdad útiles para resolver el grave problema de tráfico urbano, o si más bien se requiere cambiar el paradigma a favor del transporte colectivo, junto con un mejoramiento sustancial de la ingeniería de tránsito, lo que además de ahorrar mucha energía y tiempo, reduciría sensiblemente las emisiones de carbono y contaminantes del aire que afectan en forma creciente a los habitantes de esta ciudad, en especial el ozono.

Las consideraciones anteriores sobre privatizaciones indeseadas de algunos servicios públicos son aplicables, por supuesto, a otra obra gigantesca, en este caso concesionada por el gobierno del Estado de México: el segundo piso de cuota sobre el Periférico Norte (Viaducto Bicentenario), que correrá del Toreo de Cuatro Caminos al Circuito Exterior Mexiquense, en el kilómetro 44 de la carretera a Querétaro, en cuya primera etapa se invertirán tres mil 900 millones de pesos. No se pone en duda el gravísimo problema de millones de personas que viven o trabajan en esa zona, que solo cuentan con el acceso del Periférico Norte, pero ¿no hubiera sido mejor una vía paralela, que, aún con expropiación de terrenos, sería menos costosa y conectaría mejor por ser de superficie y no elevada? Y la solución del transporte colectivo, por supuesto.

Y no es que no haya esfuerzos importantes en materia de transporte masivo, pues los dos gobiernos, el de la ciudad de México y el del Estado de México —y también el federal— participan en proyectos muy relevantes: diversas líneas del Metrobús en esta ciudad; el tren suburbano que en su primera fase irá de Buenavista a Cuautitlán, y que se inaugura la semana que entra; trenes suburbanos a Ecatepec y a Chalco. En todos ellos, puede darse la participación privada, ya sea en la operación (Metrobús) o en concesiones de espacios comerciales en estaciones (trenes suburbanos). Sería mucho mejor al bien común seguir en esta vía.

Pero, por favor, no con experimentos retro, como el proyecto de revivir el tranvía en el Centro Histórico de la ciudad de México.

huertajj02@hotmail.com
pliegodejjhuerta.blogspot.com

No abandonar sino revolucionar la democracia representativa

2008-04-22T16:02:00.000-07:00

La Crónica. Martes 22 de abril de 2008
El conflicto que se vive en el Congreso de la Unión desde que legisladores del PRD, del Partido del Trabajo y de Convergencia, integrados en el Frente Amplio Progresista (FAP), tomaron sus tribunas el 10 de abril, muestra que sin proponérselo quizá, e incitados por Andrés Manuel López Obrador y el líder del FAP, Porfirio Muñoz Ledo, dichos parlamentarios están poniendo en seria evidencia sus propias tareas legislativas y comprometiendo las bases del sistema político de representación que nos rige.
Esto a la vez resalta la imperiosa necesidad, no de abandonar, pero sí de revolucionar la democracia representativa hacia una democracia más participativa.
Recordemos que en la imposibilidad de que el pueblo se gobierne mediante la democracia directa reuniéndose en asamblea y tomando directamente las decisiones políticas, elige periódicamente a sus representantes, que se supone están plenamente capacitados de adoptar responsablemente las decisiones públicas inherentes al desarrollo de una sociedad compleja como la nuestra.
Pero no, los legisladores del FAP se autodescalifican y tratan de obligar a un ejercicio de democracia directa (pero dirigida por su corriente —5 y 5—), con un “debate público” interminable sobre la reforma petrolera, que lleve a un final feliz en que el Congreso simplemente estampe su firma en las conclusiones alcanzadas. Si esto va a ser así, ¿por qué no aplicarlo en todas las decisiones públicas que haya que adoptar, establecemos debates públicos ad hoc en cada caso y prescindimos de una buena vez del Congreso?
Hagamos caso omiso en este momento de matices importantes: si se configura o no un “golpe de Estado”; si en realidad AMLO sólo busca atizar diversos conflictos y discusiones públicas (la cuesta de enero, el TLCAN, Mouriño, la reforma petrolera) para mantener vivas sus expectativas políticas; la proclividad al protagonismo estéril de algunos personajes, y tratemos de entender el movimiento del FAP y de las fuerzas políticas e intelectuales que lo apoyan como una preocupación para que la democracia representativa sea más participativa.
Sí, en la nueva legislación petrolera, y en muchas otras (la electoral que ya pasó, y las pendientes: la laboral, la de telecomunicaciones, de carreteras, de medios, sobre monopolios, etc.), existe una necesidad de una mucho mayor participación de los diversos grupos sociales y de interés, organizaciones civiles o sociales, empresariales, o campesinas y sindicales que configuran la sociedad mexicana (las iglesias no, pues su poder es espiritual), para que no todo quede en decisiones interesadas de los pequeños cenáculos de los partidos políticos, tan poco transparentes, en los intereses de los poderes fácticos ni en las maniobras que se llegan a realizar en el propio Congreso, que necesita también, ya, su propia reforma.
Todo eso está muy bien; son aspiraciones válidas de una sociedad progresista. Pero una condición sine qua non es que todo ello se busque mediante el estricto respecto a la institucionalidad establecida, a la ley del lugar, a las reglas que la colectividad se ha dado. Lo otro es la revolución, que también puede ser válida pero que tiene sus propios métodos y sus propias condiciones (entre ellas la muy importante de saber medir la fuerza relativa entre los contendientes).
Por eso el FAP cojea fuertemente, ya que basa su lucha en un ilusorio pero inefectivo desafío al orden establecido, en el desconocimiento al gobierno de Calderón y el surrealista apoyo al “legítimo” de AMLO. Por eso diría que el ala más fuerte del PRD, no la más vociferante, pero sí la de visión más clara, está tratando de poner un hasta aquí a dichos métodos de lucha “revolucionarios”, como argumentó extensamente Jesús Ortega, en su artículo de Excélsior del 10 de abril (“Las causas de la crisis en el PRD”).
Muy bien, queremos una democracia participativa, pues hagámosla a partir de la ley, una opción que en el México actual está claramente a nuestro alcance pues no vivimos una dictadura y las instituciones de un gobierno democrático se han venido afinando en todo este tiempo —aunque nunca serán ideales—.
Por supuesto, la democracia participativa, o cualquier democracia, no es anarquizante, y la gobernabilidad del sistema es también de gran importancia para todos, pues el desorden y la anarquía conspiran contra el bien común. Además, tendremos que partir de la base: los comités vecinales, las organizaciones civiles, los sindicatos, los partidos, todos los participantes en el debate nacional que se propone, tienen que tener convicciones democráticas y comportarse consecuentemente; sus decisiones deben ser adoptadas transparentemente y de acuerdo a los estatutos, sin maniobras cupulares. No caben los sesgos políticos de los análisis científicos. La democracia participativa no admite que se coarte el derecho de todos los ciudadanos a presentarse como candidatos independientes a puestos de elección popular y sí puede adoptar formas modernas de las figuras del referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular.
Pero todo esto conseguido mediante la ley y no en abierto desafío a la misma.
Sin embargo, desafortunadamente estas condiciones de la democracia participativa no están dadas todavía para el debate público que se propone sobre la reforma petrolera, por lo que es muy probable que el mismo desemboque improductivamente, después de meses, en una mayor polarización y tensión sociales. En este caso, quizá sería mejor que se retirara la iniciativa de reforma, en espera de una ocasión más propicia.

Una familia de Imecas

2008-04-15T18:49:00.000-07:00

La Crónica. Viernes 4 de enero de 2008
El Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (Imeca, que mide la concentración en la atmósfera citadina de cinco elementos: ozono, partículas menores a 10 micras —PM10—, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono) ha estado en algunos días de las dos últimas semanas en niveles bastante altos, casi para que se decretara una pre-contingencia ambiental. Aun si se toman en cuenta las críticas de que el Imeca requeriría ser complementado para que mida otros contaminantes presentes en el aire de esta capital, y de que el propio Gobierno del DF controle sus fuentes de contaminación, es posible reconocer su beneficio y la importancia de avanzar tecnológicamente en su aplicación con cada vez mejores modelos de calidad del aire.
Al mismo tiempo, en esta ciudad en que el aumento de la contaminación ambiental rebasa con mucho los esfuerzos oficiales y privados para contrarrestarla, creo que sería de interés público aumentar la familia de los Imecas, es decir, crear nuevos índices para medir la contaminación urbana en diferentes rubros, que pudieran estar sujetos al escrutinio público y al mejoramiento consecuente de su aplicación, todo ello en beneficio de un mejor medio ambiente para los millones de habitantes de la ciudad de México y su zona metropolitana.
Para empezar, necesitaríamos el Índice Metropolitano de la Calidad de Disposición de Basura (Imecadiba), que mediría el grado de cumplimiento de la Ley de Residuos Sólidos, en vigor en el Distrito Federal a partir de enero del 2004. La Ley obliga a la separación primaria de la basura apenas en orgánica e inorgánica, pero el Imecadiba se podría ir complementando para que la basura inorgánica fuera separada, desde el origen por los propios generadores, es decir, los habitantes de la ciudad antes de entregarla al camión recolector, en distintos recipientes, a saber: a).- plásticos diversos, excepto los envases PET de refrescos, que se aprovechan por separado; b).- papel y cartón; c).- periódicos y revistas; d).- metales (las latas de aluminio, en lo posible aparte); e).- vidrio. El Imecadiba indicaría también cómo se cumple el no dejar la basura tóxica (pilas, celulares, televisores, computadoras, o sus partes), para que se la lleve el camión, sino que su disposición fuera a través de las tiendas que venden esos aparatos o algún otro medio especial, como el establecido por el programa “Manejo responsable de pilas en la ciudad de México”, que dio inicio el 27 de febrero del año pasado y que, aunque no funciona muy bien por vandalismo y otras razones, consiste en la adaptación gradual de 250 “Columnas Informativas y Turísticas” con un contenedor que permite almacenar temporalmente las pilas que la población deposite y que una empresa envía a reciclaje o disposición final.
El Imecadiba sería multifacético, pues mediría las opciones para disponer adecuadamente de los líquidos o materiales contaminantes (pintura, solventes, aceites de motor, aceites corrosivos, medicinas), y evitar que vayan a la tierra o al drenaje. Los desechos voluminosos (muebles, llantas, aparatos del hogar, ramas, etc.) serían objeto de un apartado especial. También incluiría mediciones de las formas en que los dueños de perros cumplen con las disposiciones de recoger los excrementos de sus animales cuando los sacan a pasear a la calle.
Ciudades europeas y estadunidenses han empezado a prohibir el uso en supermercados de bolsas de plástico fabricadas con derivados del petróleo, no biodegradables, por los grandes problemas ambientales que ocasionan: duran hasta 1,000 años, ensucian calles, drenajes, árboles; matan pájaros y otros animales. El Imecadiba calcularía qué tanto se dejan de usar estos plásticos o se sustituyen por biodegradables.
Otro indicador útil sería el Índice Metropolitano de la Calidad de Uso y Abastecimiento de Agua (Imecaua), tendiente a superar el estado actual de incompetencia en el cuidado del agua, en una ciudad cuyo consumo diario del elemento se abastece en dos terceras partes de los mantos freáticos, que se agotan y se degradan; que no aprovecha los torrentes de lluvia que caen anualmente en esta olla, situada a 2,400 metros sobre el nivel del mar, por lo que la otra tercera parte tiene que subirse, proveniente de fuentes externas y con un gran gasto de energía.
El Imecaua mediría los avances en la superación de esa situación, así como la cobertura mínima del servicio de agua potable a todas las colonias de la ciudad, su uso racional y no desperdicio; los avances en una nueva red de agua potable que sustituya la ya muy deteriorada que existe y que causa muchas y frecuentes fugas.
El Índice Metropolitano de la Calidad de Uso Apropiado de los Espacios Públicos (Imecauep) frenaría la ambición desmedida de fraccionadores y controlaría la reglamentación del uso del suelo, el respeto a los espacios públicos y la no apropiación de los mismos para usos privados. A través del Imecauep se vería el cumplimiento de objetivos como evitar: la aparición de “giros negros” o no autorizados, talleres mecánicos en la vía pública; la proliferación del ambulantaje; la extensión de negocios establecidos que invaden espacios bajo puentes o banquetas; la invasión de éstas por automóviles que se estacionan en batería sobre ellas. Propondría soluciones como la promoción y financiamiento de estacionamientos apropiados, la localización en edificios adecuados de tianguis o mercados sobre ruedas.
El Índice Metropolitano de la Calidad del Tránsito y Transporte (Imecatrans) registraría la aplicación de una ingeniería de tránsito moderna, con una red totalmente computarizada para manejar las diferentes condiciones de vialidad y sincronizar los semáforos correlativamente; eliminar la inmensa mayoría de topes y barreras a la circulación.
El actual gobierno del DF se ha decidido al parecer por el “diseño de políticas públicas y la implementación de acciones para ordenar y, sobre todo, disminuir la cantidad de vehículos en circulación”, es decir, por la solución de largo alcance de estímulo a los medios masivos de transporte (Metro, Metrobús, Tren Ligero, autobuses modernos y eficientes), para hacer menos presionante y necesario el uso del transporte individual de automóviles. El Imecatrans mediría los avances al respecto.
El Índice Metropolitano de la Calidad del Ambiente Visual y Sonoro (Imecavis) serviría para ir midiendo y controlando la disminución de la extendida contaminación visual y auditiva de nuestra ciudad por comerciantes y publicistas inescrupulosos, y por restaurar la hermosura que fue característica del paisaje de la región más transparente del aire.
El Índice Metropolitano de la Calidad de la Infraestructura Urbana (Imecaiu) sería herramienta para llevar el control tanto del diseño y calidad de las grandes obras urbanas de infraestructura —que dejan mucho que desear en estos tiempos porque parecen hechas para quedar obsoletas en tres años— como de su adecuado mantenimiento, bastante mal igualmente.
El Imecaiu registraría soluciones como nuevos cableados de luz, teléfonos y televisión, de preferencia subterráneos, que sustituyan las antiestéticas y peligrosas marañas de cables aéreos, así como tecnificar los modelos de plantación de árboles en vía pública para evitar que afecten el cableado eléctrico, las estructuras de casas, edificios, banquetas, camellones y drenajes.
Como se aprecia, los nuevos Imecas tendrían que ver, sobre todo, con la incorporación de avances tecnológicos y procedimientos racionales y de orden de la obra pública en esta capital, con posibilidad de escrutinio ciudadano a su ejecución y operación por las autoridades de la ciudad. No es mucho pedir en una urbe de la importancia de la ciudad de México.

Focos de atención económica 2008

2008-04-15T18:43:00.000-07:00

La Crónica. Lunes 7 de enero de 2008
Si fuéramos capaces de aprovechar las fortalezas que existen en la economía mexicana, impulsadas con medidas económicas adecuadas y un ambiente político de esfuerzos comunes y estabilidad, México podría aspirar a lograr en 2008 un crecimiento económico más consistente que el actualmente estimado de 3.6%*, y combatir así con mejores armas sus evidentes debilidades, entre éstas la desigual distribución del ingreso, que las protestas contra el TLC ponen en evidencia, o su sujeción a una recesión económica de Estados Unidos.
En la estrategia del gobierno federal se plantea conseguir un crecimiento económico sostenido de 5 por ciento sólo al finalizar el sexenio, una meta realmente conservadora ¿No podría México aspirar a alcanzar en 2008 el crecimiento de 6.8% que espera Argentina, o al menos el de 4.5% que espera Brasil?*
Reconozco que hay un cierto optimismo en esta aspiración, que contrasta con el pesimismo fundado de muchos, como lo reflejan, por ejemplo, Alan Arias o Rafael Cardona (Milenio y La Crónica de ayer). Para poder concretar aquél, el optimismo, en la esfera económica habría que dar especial atención a los mecanismos para contrarrestar la posible recesión estadunidense, con un mayor apoyo del mercado interno, incluso con un programa especial gubernamental de estímulos (como ya se sugiere en el propio Estados Unidos**). Esto implica el fortalecimiento del sector energético, y petrolero en particular, una inversión creciente en infraestructura productiva y en valorización del capital humano, una política industrial para incorporar mayor valor agregado nacional, especialmente por empresas medianas y pequeñas, y un control reforzado para evitar la especulación monopólica en servicios, comercio y las actividades financieras.
En la esfera política, se requeriría evitar las divisiones excesivas y los juegos pirotécnicos, como iniciativas de reforma extremas que alteren los esquemas básicos existentes con relación al sector energético, el laboral y el régimen de gobierno.
Aunque es todavía un escenario incierto, existe el temor de que la economía de Estados Unidos esté entrando en una recesión, después de que este viernes el gobierno de ese país hizo pública su estimación sobre pobres cifras de nuevos empleos en diciembre (18,000, frente a 115,000 en noviembre), con lo que la tasa de desocupación se elevó a 5 por ciento. Parecería así que los problemas que han afectado este año al sector hipotecario de alto riesgo y a la industria de la construcción se habrían extendido finalmente a toda la economía estadunidense.Esos temores, agudizados al entrar el año, causaron reacciones a la baja en las bolsas de valores del mundo, y en México, en los tres días hábiles de esta semana que termina, la bolsa de valores tuvo una fuerte pérdida de 4.65%, confirmación de ganancias decrecientes en los últimos meses de 2007.
Por supuesto, la recesión en Estados Unidos significaría una menor demanda de exportaciones mexicanas (que van en más del 70% a ese país) y una reducción de los flujos de turismo e inversiones norteamericanas y remesas de migrantes, todo lo cual afectaría sensiblemente el crecimiento económico en nuestro país.
En esta etapa, con una producción de 3 millones 94 mil barriles diarios y exportaciones de 1 millón 704 mil bd, el petróleo sigue siendo elemento crucial en la estabilidad económica de México: aporta 34,700 millones de dólares por exportaciones (2007) y el 40% del gasto gubernamental. Está en riesgo por la grave falla de haber utilizado a Pemex como recolector de impuestos del gobierno federal, sin haberle dejado los recursos necesarios para explorar nuevas reservas que sustituyeran a las que la explotación va agotando (las reservas han disminuido hasta un nivel equivalente a sólo 10 años de producción); tampoco para poner al día tecnológicamente sus operaciones ni para incrementar sus actividades de refinación (la importación de gasolinas es un 38 por ciento del consumo total).
Sin embargo, Pemex puede mantener su potencial si se manejan las políticas adecuadas, lo que no implica la necesidad de cambiar el marco normativo básico vigente, una vez que la reforma fiscal del año pasado, y sus adecuaciones en los años subsiguientes, mejore sensiblemente la estructura fiscal para que el gasto gubernamental descanse más en los impuestos y canalice mayores inversiones a proyectos de infraestructura.
Claro que sería insensato que los recursos adicionales obtenidos por la reforma fiscal fueran utilizados para anular las alzas de este año en gasolina y energía eléctrica, como propone el “secretario de hacienda pública del gobierno legítimo”, Mario Di Costanzo. Esos recursos tienen que usarse focalizadamente como estímulos para apoyar a los grupos sociales vulnerables o proyectos de infraestructura que generen nuevos impulsos económicos.
Parecería que con este esquema en mente, la Comisión de Energía del Senado iniciará en febrero las primeras iniciativas para fortalecer a Pemex, orientadas a dotarlo de autonomía de gestión (igual que a CFE), a estimular sus proyectos de exploración en aguas profundas del Golfo de México (en el “Hoyo de la Dona”), a emprender en serio los proyectos de una o dos refinerías (y el mejoramiento de las existentes), proyectos que requieren de 8 a 10 años de maduración, y a permitir la participación privada en algunas actividades, sin interferir con la letra y el espíritu del artículo 27 constitucional. En 2008 Pemex invertirá unos 200 mil millones de pesos en proyectos de producción y exploración, según informó en diciembre la paraestatal.
También, a fines de noviembre, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, detalló que la inversión presupuestaria del gobierno federal se incrementará 45.0 por ciento respecto a 2007, para alcanzar un nivel de 3.6 % del PIB, e hizo mención del énfasis en otros sectores estratégicos, como las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes), las telecomunicaciones, la construcción y la vivienda, el turismo y el sector rural.
Por supuesto, el sector rural, el campo mexicano, pero aquel más desprotegido, más atrasado tecnológicamente, atomizado, sujeto a los especuladores de tierras, presa de los acaparadores o compradores monopólicos de sus productos, de los agiotistas, todo ello con el fin de mejorar su gestión y reducir sus costos, incrementar sus rendimientos por hectárea, aumentar los ingresos por la venta de sus cosechas. Al mismo tiempo, se hará necesario establecer subsidios a grupos vulnerables de consumidores de los productos del campo cuyo precio mejora.
Una mejor educación y el impulso a las aplicaciones tecnológicas generalizadas es una necesidad impostergable para valorizar el trabajo de los mexicanos, pero ello será inútil si al mismo tiempo la ley laboral no da al trabajador la estabilidad de ocupación que le permita defenderse mejor en el mercado de trabajo. Como he comentado en otras ocasiones, la estabilidad de ocupación puede ser combinada exitosamente con la flexibilidad laboral que necesitan las empresas, siempre y cuando se cree un sistema global de seguridad médica y de retiro al que quede permanentemente inscrito el trabajador independientemente de la empresa en que labore.
En buena hora también, que se desarrollen y modernicen las Pymes, como dice la Cámara Nacional de la Industria de Transformación para “propiciar la integración de cadenas productivas con empresas maquiladoras y exportadoras, con el fin de agregar valor nacional a los productos”.
Pero será muy importante encontrar mecanismos innovadores para estimular el ahorro y la inversión internos, por ejemplo, la colocación directa de bonos gubernamentales entre los pequeños ahorradores, como planea la Secretaría de Hacienda, y que los bancos sean agentes más activos y responsables para lograr estos objetivos.
Eso implica cuidar la “burbuja financiera”: junto con reducir el énfasis en el crédito para consumo a través de tarjetas de crédito, es necesario que el sistema bancario agilice sus créditos a actividades productivas, a tasas de interés mucho menores a las que actualmente carga; al mismo tiempo, que otorgue rendimientos más redituables a los ahorradores.
Es necesario, también, que las autoridades financieras pongan coto efectivo a las llamadas “cajas de ahorro” y a las casas de empeño que han proliferado.
*Porcentajes estimados por Bursamétrica.
**Editorial del New York Times, 6ene08.

El nuevo coordinador del FAP

2008-04-15T18:40:00.000-07:00

La Crónica. Domingo 13 de enero de 2008
Durante su estancia en Guadalajara, a fines de noviembre 2006, el escritor portugués José Saramago declaró “No sé si podemos llamar a éste un periodo de transición. Me parece más bien un periodo de confusión total. Hay muchas confusiones… La protesta que siguió a todo eso (las elecciones) creo que es legítima, natural, pero también digo que me parece que el tiempo de la protesta terminó, ahora es el turno de la política. En el Congreso hay suficientes diputados, más que suficientes, para una oposición fuerte. No es que no haya una izquierda en México, pero hay una izquierda dividida, polarizada, en algunos casos enfrentada y por ese camino no se llega a ninguna parte”. (La Jornada, 27nov06).
El diagnóstico no pudo ser más certero, pero la protesta y las divisiones siguen, como lo muestra ahora la designación de Porfirio Muñoz Ledo como nuevo coordinador nacional del Frente Amplio Progresista (FAP), integrado por el PRD, el Partido del Trabajo y Convergencia.
Para empezar, y como lo recordó el mismo Porfirio, los frentes de partidos políticos nacionales se constituyen, de acuerdo con el artículo 93 del nuevo Cofipe, “para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas y comunes”. Con Muñoz Ledo al frente del frente va a ser muy difícil limitar al FAP con ese corsé. Se trata de un animal político en el más puro sentido aristotélico del término; una de las mentes más brillantes del México moderno, versado como pocos en la historia y la política nacionales, cuya presencia en la vida pública ha sido una constante desde hace más de 40 años. Numerosos son los puestos públicos que ocupó: secretario general del IMSS, secretario del Trabajo y de Educación Pública. Eficaz diplomático, fue representante de México ante la ONU (donde, presencié de cerca, debió salir al magnificarse interesadamente un incidente sin importancia), y en cuyo carácter fue presidente del Grupo de los 77 (países en desarrollo) y representante de México al Consejo de Seguridad. En años recientes fue embajador de México ante la Unión Europea y Bélgica.
En la vida partidaria, fue presidente del PRI, y, al regresar de Nueva York en 1986, organiza dentro de este partido la “Corriente Democrática”, junto a Cuauhtémoc Cárdenas y Rodolfo González Guevara. Muñoz Ledo y Cárdenas renuncian al PRI en 1988, y luego fundan el PRD, del que Muñoz Ledo sería diputado y luego presidente. En 1991 contendió sin éxito por la gubernatura del estado de Guanajuato. En 1999 renunció al PRD.
Siempre ha estado en la primera línea política pero, curiosamente, su hiperactividad de alguna manera le impide una candidatura a la Presidencia de la República, para la que hubiera tenido méritos más que suficientes. En el PRI, López Portillo le ganó la mano y en el PRD Cuauhtémoc Cárdenas se le atravesó siempre (así como Andrés Manuel López Obrador, incluso cuando buscó la candidatura a la Jefatura de Gobierno del DF por ese partido). En las elecciones de 2000, fue candidato presidencial de una reliquia, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM, pero declinó la candidatura para sumarse a Vicente Fox.
Ahora bien, cuando en 2005 se une a la candidatura de López Obrador a la Presidencia, y después de las elecciones de julio de 2006, Muñoz Ledo se lanza de lleno en la entelequia de la “presidencia legítima” y se radicaliza; como que pierde la esperanza de lograr sus aspiraciones en el esquema político establecido, desencantado con éste: “Nuestro país nunca ha vivido en un genuino estado de derecho aunque haya existido el derecho del Estado (El Universal, 20jul07). Parece adoptar también la concepción marxista de la “agudización de las contradicciones” para lograr un cambio de régimen y conquistar el poder político, como él mismo lo explica: “Por eso creo en la necesidad de profundizar la crisis y de encontrar las respuestas que el país exige en otro estadio histórico” (El Universal, 23nov06). Promueve así una nueva Constitución o la parlamentarización del sistema: “Pareciera haber llegado la hora de la verdad. La ruptura en serio del sistema o su reforma cabal. La disfunción a perpetuidad no es una hipótesis deseable ni sostenible” (El Universal, 17ago07).
En este contexto es que López Obrador, ya con la mira puesta en el 2012, logra imponerlo en la coordinación del FAP, frente al grupo de “Los Chuchos” que impulsaba a Manuel Camacho, y también sobre Leonel Cota, quien ha dado inestimables servicios a aquél. Por supuesto, en términos de capacidad, visión y movilidad políticas y alteza de miras, Muñoz Ledo es muy superior a Camacho y a Cota, pero el problema de Porfirio es que su radicalismo lo hace a él disfuncional para conjuntar eficazmente los esfuerzos en un frente partidario, sobre todo vista la división existente en la izquierda mexicana que tan bien definió Saramago.
El resultado probable es que en el décimo Congreso Nacional del PRD, en marzo, prevalezca para bien, la corriente que desea utilizar la fuerza negociadora de este partido en la escena política nacional en lugar de marginarse en un proyecto radicalizado, y que, como nos dice Ubaldo Díaz, “Porfirio sólo coordine a los líderes del PT y de Convergencia”. Lo que no deja de ser una lástima.

Gabinete y Programa Emergente contra la recesión

2008-04-15T18:35:00.000-07:00

La Crónica. Viernes 18 de enero de 2008
Los nuevos nombramientos en el gabinete del presidente Calderón indican un cambio de énfasis que es necesario en esta etapa más consolidada de su gobierno. Su primer secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, contribuyó con su estilo opaco al muy importante objetivo de sacar el buey de la barranca de las encontradas reacciones a las elecciones de 2006, pero ahora con Juan Camilo Mouriño la política gubernamental deberá tomar un carácter más decisivo para las importantes negociaciones que vienen, y para dar fin a los intentos legislativos de inventar la figura de “jefe de gabinete”.
La política social requiere también replantearse, vistos los profundos desafíos que la economía mexicana tiene por delante, por lo que un experto que manejó los rubros de gasto gubernamental en el último año resultará eficaz.
En este contexto, México no se puede dar el lujo de una recesión, de que su economía no crezca o crezca poco. Que progrese al 3.3 por ciento ya es estar por debajo de las necesidades de millones de mexicanos en edad de trabajar, y crecer a menos del 3 por ciento sería una catástrofe, pero hay cada vez mayores señales de que Estados Unidos está entrando a la recesión, y de que la economía mexicana, tan estrechamente ligada a la estadunidense, sufrirá un impacto muy importante.
Para evitar eso y buscar un avance económico a tasas mayores se hacen necesarias medidas extraordinarias. El esfuerzo es, por supuesto, de toda la sociedad, pero el catalizador necesario para fijar las orientaciones generales e impulsar a todos ha de ser el gobierno, de inicio el federal, pero también en forma muy importante los estatales y municipales, que tienen, así, una gran responsabilidad enfrente.
Recuérdese que el gasto presupuestario de este 2008 se ve aumentado sensiblemente por los recursos obtenidos mediante la reforma fiscal del 2007, y, como advierte Jorge A. Chávez Presa (El Universal 17nov07), “Si el gobierno no hace mejor uso de los recursos de lo que lo estaban haciendo las personas y empresas que ahora pagarán más impuestos, el país pierde drásticamente”.
En Acapulco, esta semana, en la XII Conferencia Anual Latinoamericana del Grupo Santander, el directivo de ese banco, Francisco Luzón, aconsejó al presidente Calderón que, en caso de un “shock externo” por la recesión en Estados Unidos, “no busque estímulos heterodoxos al crecimiento”…y que “para actuar no espere a las malas noticias, adelántese y siga manteniendo la iniciativa y liderando su proceso de cambio y modernización”. Calderón respondió: “Yo comparto la idea, efectivamente, de que no hay que tomar medidas de las llamadas heterodoxas ni tampoco incurrir en la tentación de acelerar artificialmente o irresponsablemente la economía… pero no es lo mismo no tomar medidas heterodoxas que no tomar ningún tipo de medidas ante esta coyuntura”, y refirió que ya “se encienden otros motores de la economía”, entre otros la inversión en infraestructura (“el 65 por ciento de la recaudación adicional de este año se va a gasto en infraestructura del Gobierno Federal… estamos hablando de 10 mil millones de dólares adicionales al gasto en 2007, en infraestructura en carreteras, en puertos, en plantas de tratamiento de aguas residuales, en agua potable, en vías férreas”); el apoyo al campo nacional (“el Gobierno Federal, sin contar lo que hacen los estados, va a dar este año 2008 un apoyo de 204 mil millones de pesos, es decir, casi 20 mil millones de dólares a impulsar el sector rural y la parte productiva del mismo).
Podríamos agregar que el presupuesto 2008 da énfasis a la orientación social del gasto presupuestal, con recursos muy importantes para educación pública (169 mil millones de pesos), salud (68 mmp, aparte de IMSS e ISSSTE, que se llevan 272 mmp y 79 mmp, respectivamente), desarrollo social (50 mmp)
Sin embargo, aun con esos motores encendidos la amenaza más cierta de una recesión implica la necesidad de un Programa Emergente para contrarrestarla, que sería muy responsable y muy ortodoxo, como ya se está trabajando para ello en el propio Estados Unidos, país donde los efectos serán menos devastadores que en México. Dicho Programa Emergente tendría que estar muy focalizado en los grupos sociales más vulnerables pero también en aquellos sectores sociales o económicos que reciban el impacto mayor de la desaceleración económica, y de la reorientación productiva que ha de seguirle, lo que puede abarcar fracciones importantes de las clases medias.
Se trata de una redistribución del flujo de ingresos, a fin de mantener en niveles apropiados la actividad económica, el empleo y el nivel salarial de sectores afectados. Por ejemplo, habrá una disminución en la demanda de exportaciones de productos agrícolas, semi-procesados o manufacturados mexicanos, por lo que el Programa Emergente se orientaría a inyectar aún mayores recursos a la inversión pública y a las transferencias y subsidios directos en algunos casos, para que el mercado interno, los consumidores mexicanos, puedan comprar lo que ya no tenga demanda externa.
El mismo criterio habría que ser aplicado a la reducción de ingresos en servicios turísticos, por lo que habría que impulsar aún más el turismo interno mexicano.
La reducción de las importaciones será un efecto de la recesión, pero sería importante cuidar que los “encadenamientos” productivos de los mayores recursos de gasto e inversión del presupuesto 2008, y del Programa Emergente, se orientaran a fortalecer el mercado interno y no se fugaran en importaciones, que sólo crearían empleos en el exterior. Por ejemplo, que las obras de infraestructura creadas no tengan componentes excesivos de equipos o materiales importados. Habría que atender también el reordenamiento productivo que será ocasionado por una mejor aplicación del gasto público. Por ejemplo: la nueva legislación electoral reducirá sensiblemente los recursos financieros dedicados a la promoción electoral y de la imagen de gobernantes, con efectos sensibles en las actividades publicitarias. Mientras éstas encuentran un ajuste a mediano plazo, el gobierno podría canalizar recursos a campañas de “publicidad social”, muy detalladas en sus orientaciones, que aumenten la productividad global y la conciencia del bien común, como el ya muy necesario ahorro del uso de energía y del agua, el reciclado de desechos, la protección del ambiente y la biodiversidad, el uso de internet para mejorar la educación y las aplicaciones tecnológicas en muchas actividades
…Aún más, el Programa Emergente tendría un papel importante en los esfuerzos para incorporar a la economía formal a millones de mexicanos que se han tenido que dedicar a precarias actividades para obtener un sustento: Parte con orientaciones técnicas, contables, fiscales; parte con créditos blandos o con financiamientos de obras comunes como plazas, sistemas de distribución modernos. Parte, aunque es deseable que sea la mínima, con apoyos directos, como subsidios de desempleo o bonos de alimentación.
¿De dónde saldrían los recursos para un Programa Emergente, que debería alcanzar por lo menos de 15 a 20 mil millones de dólares adicionales a las inversiones ya presupuestadas? Existe un colchón financiero aprovechable en el pequeño superávit del gobierno federal, y también en el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros y en los ingresos adicionales por las exportaciones de petróleo, fijadas en el presupuesto con un precio de 49 dólares por barril, cuando se estima que el promedio de la mezcla mexicana este año podrá ser de 80.8 dólares el barril.

¡Liberen el Zócalo!

2008-04-15T18:31:00.000-07:00

La Crónica. Sábado 26 de enero de 2008
Se trata, evidentemente, de una exhibición artística de valía: el interior, diseñado por el arquitecto colombiano Simón Vélez, que, como dicen los espectadores, “parece una catedral gótica”; las fotografías y películas del canadiense Gregory Colbert, una temática de bellos encuentros entre seres humanos y animales, tan interesantes que algunos coleccionistas pagan por ellas de 60,000 a 350,000 dólares; la idea de resaltar el reciclamiento de materiales naturales como el bambú.
Pero, ¿por qué presentar esa exhibición precisamente en el Zócalo, que sigue así convertido en botín de comerciantes, y políticos, que no respetan el simbolismo ni la magnificencia de la Plaza Máxima de nuestro país? Una, por fuera, horrible estructura meses y meses estorbando la gran perspectiva de nuestro Zócalo.“Cenizas y nieve”, como Colbert titula a su obra, fue originalmente presentada en Venecia, pero allí, obviamente, no le iban a permitir levantarla en la Plaza de San Marcos, sino que fue alojada en un antiguo astillero, el Arsenale. En Nueva York, después, no se presentó en Times Square, ni en Washington Square, ni en el Central Park, sino en una orilla, el Muelle 54 del Río Hudson. En Los Ángeles, fue levantada allá, en un muelle de Santa Mónica. También en un lote baldío en Odaiba, isla artificial urbanizada de la bahía de Tokio, y no frente al Palacio Imperial. Hay niveles de respeto.
Y también es entendible otra razón: “Cenizas y nieve” fue pensada originalmente para ser ensamblada fácilmente en un puerto (Venecia, Nueva York, Santa Mónica, Tokio); por eso esta armada sobre una estructura de grandes contenedores de acero, propios de la carga marina. En cambio aquí, en el Zócalo, se deshace esa intención, y su pretendida racionalidad ecológica, pues hubo que elevar contenedores y otros materiales a 2240 metros sobre el nivel del mar, al centro de una gran ciudad, con un altísimo gasto (¿dijeron 5 millones de dólares?).
En realidad, ha quedado claro, el Museo Nómada, no fue, como se había difundido, una promoción de la Secretaría de Cultura del gobierno de la ciudad, sino que fue traído al Zócalo por Bernardo Gómez, de Televisa, según dijo el mismo Colbert en el primero de los largos segmentos que el noticiero de Joaquín López Dóriga ha estado dedicando a la muestra desde el 14 de enero. ¿De qué se trata, el Zócalo a disposición de Televisa y de Telmex como concesión del Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard…?
Por supuesto que es válido, conveniente y hasta muy necesario que los grandes empresarios del país hagan aportaciones filantrópicas de importancia para la inclusión social y el enriquecimiento cultural de los mexicanos; y también es aceptable que los políticos promuevan la conjunción de esfuerzos con la iniciativa privada para fortalecer programas de gobierno. Pero ambos, empresarios y políticos, deben ser muy escrupulosos para que su colaboración no esconda propósitos menos altruistas y, al mismo tiempo, para respetar los valores de la comunidad. Hasta el bonito emblema de una sociedad benemérita y famosa, el “cuadro amarillo” de la National Geographic Society, representado por una fea escultura gigante de fierro pintado, fue colocado por semanas frente a Bellas Artes, ¿por qué se permite eso?
Así, “Cenizas y nieve” pudo muy bien ser presentada en uno de tantos espacios abiertos que tiene la ciudad de México: explanadas de la delegación Venustiano Carranza, en la Ciudad Deportiva, del estadio Azteca… pero no en el Zócalo. Lo mismo puede decirse de otra diversión muy exitosa para el público citadino promovida por la cooperación político–empresarial, la pista de hielo (que no fue sólo pista, sino estructuras comerciales, estacionamiento para los coches de los influyentes, sanitarios, etc.), que pudo muy bien ser alojada en muchos otros sitios y no el Zócalo.
Ahora, el promotor José Sulaimán informó esta semana que en mayo venidero el Zócalo se convertirá en una gran arena de boxeo muy probablemente con una pelea de campeonato del mundo, “proyecto en el que por supuesto están inmersos el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard y el director del Instituto del Deporte del Distrito Federal, Pedro Pablo de Antuñano”. ¿Se permitirá eso?
Es muy plausible que el Jefe de Gobierno Ebrard esté empeñado en ordenar el centro de la ciudad y de las delegaciones de la misma, con la reubicación de los vendedores ambulantes en plazas apropiadas a su actividad, así como con la restauración urbana y embellecimiento de dichas zonas, lo cual es de gran interés para todos, que así veremos restituido a la altura que merece el patrimonio cultural e histórico de la ciudad de México. Pero sería inconsecuente que los espacios así liberados fueran cedidos, ya no al comerciante ambulante, sino al empresario fulano o zutano, a ferias y conciertos de todo tipo, o a chamanes y brujos que proliferan. Nuestra ciudad tiene muchos edificios y espacios donde pueden ser presentados mucho mejor y apropiadamente todos esos eventos.
El carácter histórico del Zócalo como lugar de encuentro y manifestación política está obviamente fuera de discusión; magnas concentraciones de ciudadanos, reflejo del pulso político nacional, ha habido y habrá en esa gran plaza. También, la imponente ceremonia del “Grito”, el 15 de septiembre, y el desfile militar del 16, son las mejores tradiciones mexicanas. Pero el Zócalo NO es un centro de convenciones; enhorabuena que el Foro Social Mundial haga una manifestación multitudinaria allí este fin de semana, pero es del todo impropio que se hayan levantado carpas en la plancha del Zócalo para las reuniones del Foro, cuando la ciudad tiene muchos lugares para albergar esos encuentros. ¿No pudiera haber sido realizado el Foro con mucha mayor dignidad en las magníficas salas de la Unidad de Seminarios del Centro Cultural Tlatelolco, inmueble que ocupó antes la SRE y ahora la UNAM?No, tenía que ser en el Zócalo.
No se vale.

Dejarse agarrar o no la pierna

2008-04-15T18:25:00.000-07:00

La Crónica. Viernes 1º de febrero de 2008
Existen ejemplos de cómo el negarse a resolver una diferencia de común acuerdo, boicotear una negociación, puede ser muy perjudicial para los propios intereses, pues se obtiene menos de lo que se lograría con la participación y la negociación. Un caso famoso fue el boicot de la Unión Soviética al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 1950 (que reconoció al régimen de Taiwán como gobierno oficial de China y no al comunista de Mao Tse Tung), lo que impidió a la URSS vetar las resoluciones del Consejo del 25 y 27 de junio de ese año, que dieron origen a la Guerra de Corea al autorizar el uso de la fuerza para obligar a Corea del Norte a salir de Corea del Sur, a la que había invadido. Nunca más la URSS dejó de participar en el Consejo de Seguridad.
Otro ejemplo, mucho más cercano a nosotros. En un artículo reciente (Excélsior, 12dic07), José Antonio Crespo da su versión de que el PRD no se automarginó de la integración del Consejo del IFE en noviembre de 2003, cuando ese partido no logró colocar a dos consejeros del Instituto cuyos nombres proponía. Crespo señala que hubo decisión de negociar, pero en su narración se aprecia que la bancada del PRD sí consideró la posibilidad de la autoexclusión, solo que cuando decidió que era mejor participar… era demasiado tarde y el PRI y el PAN le jugaron rudo y votaron solos la integración del IFE. En las actuales negociaciones para la composición del Consejo, el PRD ya no parece estar dispuesto a correr el mismo riesgo.
Sin embargo, el PRD no logra salir de la trampa en que lo tiene la postura de su líder principal (hasta ahora), Andrés Manuel López Obrador, que busca las reivindicaciones que cree justas o su oposición a las políticas del gobierno al margen de los mecanismos institucionales establecidos y con movilizaciones desarticuladas, sin lograr obviamente los resultados deseados, pues en la relación de fuerzas reales actuantes, la suya constituye una minoría manifiesta. Aún más, propugna no negociar con el “gobierno espurio”, con base en visiones apocalípticas de catástrofes por venir, a fin de impresionar o incitar a las masas a la rebelión… pacífica, y así habló de que la cuesta de enero sería insostenible junto con el “gasolinazo”, y pretende hacer lo mismo con los temas de la renegociación del TLC o la recesión estadunidense.
Por supuesto, los problemas existen, y varias de las soluciones que propone son válidas, pero resulta poco realista e inefectivo apostarle a la crisis económica y política, al rompimiento institucional y a la creación de un “nuevo orden”, lo que es poco probable en la dinámica actual del país y la correlación de fuerzas existente. Con esto, muchos miembros del PRD se dan cuenta de que su partido está perdiendo la oportunidad de influir en la dirección del rumbo del país y su gobierno con la considerable fuerza electoral que consiguió en las elecciones de julio 2006, pero que ha venido perdiendo paulatinamente.
La entrevista de nuestro director Guillermo Ortega a Jesús Ortega, publicada ayer en estas páginas, lo reflejan: “El reto más importante es que el PRD aparezca ante la ciudadanía como un valladar que se opone a decisiones que afectan a la nación; pero también —quiero poner énfasis— que construye soluciones para México”… “para acertar en esas respuestas tenemos que hacer uso del instrumento de la política”.
En el mundo real, el PAN y el PRI, sí están enfrascados en perseguir sus propios objetivos y, claro, en particular los de sus dirigentes. El PAN, en apoyo del gobierno del presidente Calderón y, naturalmente, en busca de posiciones más a la derecha, pues, hay que reconocerlo, Calderón mantiene hasta ahora más bien una política de centro que de derecha. El PRI jugando a ser el fiel de la balanza, principalmente impulsado por su líder en el Senado, Manlio Fabio Beltrones.
¿Y el PRD?, entrampado en las paradojas que detalló Francisco Báez Rodríguez en La Crónica el pasado martes, y en ocurrencias como la “huelga legislativa” decretada por el Frente Amplio Progresista, la no participación en los trabajos de la Comisión de Energía del Senado, la “paralización del país”, así como con acusaciones de “se es mexicano o se es traidor”, de “entregar el cuerpo” o de dejarse “agarrar las piernas” a sus miembros que osan ejercer las prerrogativas de los afiliados a cualquier partido político: buscar el poder por la vía pacífica y democrática, es decir, a través de la negociación política, y cumplir con las obligaciones de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen.
Jesús Ortega lo resalta: “Sí se necesita cambiar las instituciones, pero desde la política, no desde la confrontación estéril. Si dicen que esa es una posición moderada, pues no me ofende. Y ser dialoguista es una virtud”.
En la agenda del PAN, las “reformas” energética y laboral tienen prioridad. La primera, como han estado reiterando los más altos funcionarios del gobierno, sin pretender la privatización de Pemex; la segunda, infortunadamente, sin incluir la transparencia en la operación de los sindicatos. Buscará el PAN otras cuestiones relativamente menos problemáticas, como la pensión universal para adultos mayores, cambios al Artículo 4 constitucional para garantizar la cobertura universal en materia de salud o la modernización del marco jurídico del Congreso de la Unión (lo que no incluye, lástima, la modernización de los partidos políticos).
El PRI concuerda en la reforma energética, sin modificación del 27 constitucional, y tiene algo menos de interés en la laboral, aunque quizá aquí acompañaría al PAN al darse los quid pro quo del proceso negociador. El PRI también ha dejado ver en estos días su interés en participar en el manejo de la “política social”, sobre todo por su influencia entre los electores. Beltrones hasta proponía la desaparición de la Secretaría de Desarrollo Social, pero ahora se conforma con una “política social de Estado”, es decir consensuada entre las diferentes fuerzas políticas, “que corrija el modelo que ha generado tanta desigualdad en el país”. En consonancia con eso, ha agregado el PRI a sus propuestas un tema muy importante: la regulación de los monopolios.
Finalmente, Beltrones insiste en la creación de la figura de “jefe de gabinete”, que entrometería al Legislativo en la administración del Ejecutivo, aunque es probable que este último tema no prospere más allá de las primeras escaramuzas negociadoras.
Como se aprecia, como partido de oposición el PRI va con todo, con la facilidad de que el PRD, el único del que podría esperar competencia electoral frente a las propuestas del gobierno y del PAN, está siendo obligado a no dejarse agarrar la pierna, a rechazar la negociación política.Y no tan sólo pierde el PRD sino una buena parte del pueblo de México que busca en ese partido un apoyo efectivo a sus reivindicaciones.
Como escribió hace tiempo José Woldenberg (Reforma, 16sep04): “Hoy, la coexistencia de la pluralidad en las instituciones del Estado, hace de la negociación política entre formaciones distintas y claramente diferenciadas una necesidad, no un lujo; una imposición de la realidad y no un asunto sujeto al talante de los operadores políticos”.Y hay otro punto que importa mucho a los ciudadanos en general: en una buena gestión pública o administración gubernamental no todo es crear y legislar reforma tras reforma indefinidamente. Llega el momento de operar, de accionar, de trabajar sobre lo existente, de administrar con mayor eficiencia en el esquema ya establecido, y allí también el PRD tendría mucho que aportar: ¿no se necesita una ley Abascal?, pues que el PRD argumente las mejores formas de elevar la productividad sin desproteger al trabajador; ¿hay que fortalecer a Pemex sin modificar la letra y el espíritu del artículo 27 constitucional?, que el PRD se esfuerce en proponer el método idóneo a seguir.
Además, como sabe cualquiera versado en lides amorosas, agarrar, o dejarse agarrar la pierna, es apenas el inicio de la negociación.

Calderón en EU después del “supermartes”

2008-04-15T18:21:00.000-07:00

La Crónica. Domingo 10 de febrero de 2008
Programado para ser realizado después del “supermartes” de las elecciones primarias de Estados Unidos, con la probabilidad de que estuvieran ya definidas las candidaturas de los partidos Demócrata y Republicano, a partir de este domingo y hasta el día 14, el presidente Felipe Calderón estará en ese país, en visita a Nueva York, Boston, Chicago, Sacramento y Los Ángeles, viaje que iba a realizar en noviembre de 2007, pero que fue cancelado debido a las inundaciones en Tabasco.
La agenda será la obligada: migración, seguridad, economía, con ribetes de temas de la agenda multilateral, que abordará en entrevista con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en Nueva York.
Las candidaturas no se resolvieron en definitiva, aunque todo parece indicar que quedarán vivos los candidatos más cercanos a una resolución de la cuestión migratoria, McCain del lado republicano, Clinton y Obama del demócrata, lo cual resulta una buena oportunidad para Calderón de insistir en el principal motivo de su viaje: buscar el urgente relanzamiento del debate tendiente a un acuerdo migratorio integral con México, o al menos una ley que atienda el fenómeno migratorio “de manera responsable y racional”. Relacionado con ello, y según el apunte que la Secretaría de Relaciones Exteriores entregó al Senado para pedirle la autorización del viaje, Calderón también hará un exhorto a actores políticos y ciudadanos de ese país para que se reconozca la aportación “insustituible” de los migrantes mexicanos y se respeten sus derechos, y dará a conocer el programa especial de protección consular, que contempla mayores recursos y acciones concretas por parte de la red de 48 consulados mexicanos en ese país, para defender a los connacionales de violaciones a sus derechos.
Como no podía ser menos en la difícil situación económica que se presenta a Estados Unidos, y por ende a México, el Presidente cubrirá asimismo una agenda de promoción económica.
Como contrapartida a sus planteamientos sobre el tema migratorio, donde la principal responsabilidad recae, por supuesto, del lado mexicano, Calderón lleva en su portafolio los resultados del balance general de la lucha contra el narcotráfico en los 14 meses de este gobierno, realizado (oportunamente, antes del viaje a EU) el lunes 4 de febrero por el “gabinete de seguridad”, que encabeza el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, y que da cuenta de la intercepción de grandes cantidades de droga, dinero y armas, así como de la captura de operadores, gatilleros y jefes del narcotráfico y la extradición de muchos de ellos a Estados Unidos. Mouriño declaró en esa ocasión que “debemos mejorar considerablemente la cooperación con Colombia, Centroamérica y con Estados Unidos para establecer una estrategia internacional”. Queda así establecida la fuerte aportación mexicana al combate a ese flagelo, de gran interés para Estados Unidos, en el momento en que se discute en el Congreso de ese país la inclusión de 500 millones de dólares para la Iniciativa Mérida en el presupuesto 2008 del Ejecutivo estadunidense, y otro tanto para el año siguiente.
La comunidad latina adquiere cada vez mayor importancia en Estados Unidos, y los candidatos a la presidencia están obligados a cortejarla porque representa votos significativos en esta lucha electoral tan fragmentada por cuestiones de raza y género, y en donde los electores se enfrentan a opciones inéditas: Barack Obama, un negro, relativamente joven que apuesta por “el cambio”; Hillary Clinton, una mujer, que hace énfasis en “la experiencia”; y un viejo, John McCain, con experiencia y quizá demasiado liberal para los más conservadores de su partido.
En mayo de 2005, el senador McCain, republicano, junto al demócrata Edward Kennedy, introdujo al Congreso de su país un proyecto de ley de inmigración que trataba de alcanzar un compromiso bipartidista al respecto. El proyecto, desafortunadamente, se empantanó en la política estadunidense, pero los elementos que contiene son todavía los que convienen a un arreglo “responsable y racional” de este importante tema: un programa de visas temporales para trabajadores inmigrantes, que podrían cambiar de empleo (a diferencia del Programa Bracero, que no lo permitía), podrían solicitar su estancia permanente (después de un permiso temporal de trabajo de seis años, y cinco años más de residente temporal) y a los cuales se les emitirían documentos de identidad. Una cuestión muy importante: la ley permitiría a los inmigrantes ilegalmente residentes en Estados Unidos (unos 12 millones de personas) entrar en el proceso de regularización de su estancia, la famosa “amnistía”, que no lo es en realidad pues deberían pagar una multa, entre otros duros requisitos, e ir al final de la fila.
McCain ha tenido que moderar esa posición relativamente favorable a un acuerdo migratorio para no alienarse a los electores republicanos más recalcitrantemente xenófobos. La Clinton y Obama también han debido ser prudentes en esta materia.
Entonces, sin que pretenda meterse en la política electoral de Estados Unidos, el viaje de Calderón tendrá que servir para contribuir a valorar aún más a la comunidad mexicana que vive y trabaja en ese país; para convencer a los estadunidenses que México y Estados Unidos, países orgullosamente soberanos, están de todas maneras estrechamente unidos, además de en la economía y la seguridad, en la defensa de valores comunes, entre ellos el respeto y la consideración a la persona que trabaja duro y honestamente, y que no Muro alguno debe ser levantado entre nuestros dos países.

Notas defeñas: de bicentenarios y túneles

2008-04-15T18:16:00.000-07:00

La Crónica. Viernes 15 de febrero de 2008
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, parece estar siempre ejercitándose en un difícil equilibrio en la cuerda floja, porque piensa que su futuro político necesariamente depende de esa práctica. Al final del día, sexenal, quizá se dé cuenta de que más le habría valido una política directa, bien plantada y consistente para resolver de verdad los múltiples problemas de esta metrópoli, dejando el circo, los proyectos faraónicos, la faramalla o la pose a otros.
Me recuerda a su amigo, el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, a quien los electores estadunidenses de su partido no le perdonaron en las actuales elecciones primarias de ese país su falta de autenticidad, a pesar del glamour de que se rodeó después de los atentados del 11 de septiembre 2001.
Me explico: Ebrard ha sido mucho más congruente que sus antecesores en el cargo, al menos de los últimos 20 años, en la orientación de ciertas propuestas y acciones de gobierno adecuadas a las necesidades actuales de esta gran ciudad: impulso al transporte masivo, solución al problema del ambulantaje, fortalecimiento de la recaudación impositiva propia, combate a la delincuencia organizada, recuperación de espacios públicos, modernización de infraestructura urbana. Por supuesto, el inmenso rezago existente en éstas y otras áreas y la intrincada maraña de intereses creados no dejarán que fructifiquen fácilmente estas políticas, pero esa orientación es correcta y habría buenos resultados para la ciudad y sus habitantes si persistiera en ella.
Pero…y aquí es donde entra el equilibrista, Ebrard siente la necesidad de promover artificialmente su imagen (como lo están haciendo, por cierto, todos los políticos con aspiraciones en este país), lo que hace a costa del erario público, con medidas populistas o con alianzas dudosas y, peor aún, en contra de las políticas urbanas sensatas mencionadas arriba.
Así, contra toda eficacia ecológica y presupuestaria, gasta muchos millones de pesos en proyectos de imitación extralógica, como “playas” y pistas de hielo artificiales, en lugar de reforzar las actividades deportivas y de diversión pública permanentes, incluido el patinaje en pistas de cemento y la natación en verdaderas albercas, descentralizadamente, en los muchos espacios adecuados que la ciudad tiene o que se podrían habilitar para ello, con menores recursos. Igualmente, y con el pretexto de iniciar las celebraciones del bicentenario de la Independencia en este año 2008, impulsa proyectos faraónicos. Primero, contra toda su buena política de recuperación de espacios públicos, con una Torre del Bicentenario que se apropiaba grandes trechos del Bosque de Chapultepec, proyecto que, afortunadamente, fue desechado gracias a la presión de la opinión pública. Ahora, y en contradicción con su acertada política de impulso al transporte masivo, con un Circuito del Bicentenario y, lo último, el Megatúnel del Bicentenario (todavía no le llama así, pero no tardará.)
No es descalificable en sí la realización de obras emblemáticas para celebrar un aniversario importante, y los bicentenarios de la Independencia y la Revolución en verdad ameritarían una gran obra urbana simbólica. Pero, ¿una torre de oficinas, un anillo vial? Sería mucho más importante y representativo que el Centro Histórico de la ciudad, en sus varios perímetros, e incluso hasta Chapultepec y La Villa de Guadalupe, quedara auténticamente remozado para el 2010, con un Zócalo esplendoroso en el centro.
Por cierto, sé que no es políticamente correcto poner de ejemplo una iniciativa oaxaqueña, pero creo que sería formidable que la ciudad de México tuviera algo similar para el 2010. Se trata de un cuerpo colegiado, llamado “Unidad de Gestión”, integrado por funcionarios estatales y municipales, organizaciones sociales, comerciales y especialistas, y que tendrá la misión, a partir de este mes, de autorizar todas las iniciativas o acciones relacionadas con obra pública y patrimonio cultural en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca.
En nuestro DF están muy bien los proyectos de las varias líneas del Metrobús, la correspondiente modernización y ordenación de autobuses y taxis, así como la línea 12 del Metro, pero ¿es congruente con esta política que el Circuito Interior (el del Bicentenario) sea una vialidad confinada de 32 kilómetros? La ingeniería de tránsito moderna fácilmente explica que en una ciudad congestionada de vehículos como la nuestra, con cuellos de botella en prácticamente cada intersección y cada salida a provincia, está destinada al fracaso la solución, carísima, de puentes y distribuidores viales, porque si resuelven el problema en un cruce, de inmediato el cuello de botella se produce en el siguiente. (Por cierto, medio resuelven el problema, pues las “gazas” —carriles— son tan estrechos que van a quedar obsoletos rápidamente.) Los “ejes viales”, construidos hace 30 años fueron exitosos porque incrementaron la movilidad de los vehículos hacia todas las direcciones, y no se pretendió que fueran vialidades confinadas. Se requiere, pues, mayor movilidad y no confinamiento u obstáculos a aquélla, a los que son tan afectos nuestros funcionarios de tránsito.
Se desatiende, además, el otro aspecto de una solución de movilidad de vehículos más ágil: no se vislumbra ningún proyecto de control electrónico integral de semáforos que varíe su secuencia y sincronización de acuerdo al flujo vehicular en las diferentes horas del día, y en las diferentes zonas de la ciudad, y que diseñe también modalidades más eficientes de direccionamiento del tránsito.
Se informa que el Circuito del Bicentenario tendrá pavimento de concreto hidráulico en toda su extensión. Enhorabuena que las obras urbanas se hagan cada vez con mejor calidad, pero lo que resultaría incongruente es que el pavimento de miles de kilómetros de calles y avenidas de nuestra ciudad quede en el lamentable estado de recubrimiento actual, en tanto que sólo algunas vialidades principales tengan concreto o nuevo pavimento asfáltico, como pasa actualmente.
En esto último tiene el nuevo Contralor General del DF, Ricardo García Sáinz, una de sus tareas iniciales importantes: la calidad del programa de repavimentación deja que desear; por un lado, repavimentan principalmente vías primarias, aunque en realidad en muchas de ellas su pavimento estuviera relativamente en buenas condiciones (Calzada de Tlalpan, un ejemplo), y se dejan abandonadas a sus baches todas las demás calles o avenidas en todas las delegaciones. Item más: se hacen dos, tres repavimentaciones, una sobre otra, pero se dejan las coladeras del drenaje a su nivel original, y así es una tortura para conductores de vehículos pasar por los miles de baches-coladeras en calles y avenidas citadinas. Bueno, creo que en Reforma sí las dejaron a nivel.
Ebrard mismo anunció el lunes el proyecto del túnel para vehículos de Santa Fe al Auditorio Nacional en Reforma. Sí, hay un problema serio de acceso a esa moderna zona de la ciudad, pero ¿de dónde sale que la solución es un megatúnel, que pasaría por zonas minadas, que podría tener riesgos serios de sofocación por humos o eventuales incendios de vehículos, de canalización de aguas en tiempos de lluvias, cuyas obras afectarían el Bosque de Chapultepec? Como ya ha sido señalado, el proyecto tiene mucho en común con el segundo piso del Periférico: sus beneficios a un pequeño segmento de la población tendrían un altísimo costo.Si se quisieran soluciones verdaderas de acceso a Santa Fe, y de hecho a todas las localidades altas del poniente de la ciudad, habría que hacer obras similares al Puente de los Poetas, pero complementadas necesariamente con varios ramales de amplios ejes viales, sin topes, que bajen por las lomas de esa zona hacia Tacubaya, Mixcoac, Barranca del Muerto, San Ángel. La misma Constituyentes podría ser ampliada. Eso requeriría expropiaciones por causa de utilidad pública de muchas propiedades para formar los ejes viales, expropiaciones que si se realizaran a precios justos para los dueños, se combinaran con desarrollos habitacionales decentes para inquilinos desplazados, y políticas de mejoramiento urbano en toda la zona, serían bien aceptadas por sus habitantes, y el costo quizá sería similar al del megatúnel.
Claro, costaría un mayor esfuerzo de planeación y administración y los beneficiados no serían tan sólo las compañías constructoras sino toda la comunidad.¡Ah, pero se me olvidaba! Este sábado tendremos, ¡en el Zócalo, faltaba más!, partido de futbol “satírico”, “en defensa del petróleo mexicano”. Seguro hay goliza de los “Patriotas” a los “Traidores”.

Ahorro: no olvidar este aspecto de la reforma energética

2008-04-15T18:12:00.000-07:00

La Crónica. Sábado 23 de febrero de 2008
Como va siendo cada vez más evidente, en un mundo en que cuesta mayor trabajo aprovechar los recursos naturales y en el que se manifiesta un deterioro creciente del medio ambiente, es imprescindible utilizar la energía de manera mucho más eficiente. Aun así, en el debate intenso actual sobre la reforma energética no se percibe que los principales actores que en él intervienen le estén dando la importancia que tiene. Es fundamental que no se olvide este aspecto.
Científicos y académicos mexicanos sí están dedicados al tema; en algunos sectores productivos también se hacen esfuerzos de ahorro energético; igualmente, en el Programa Sectorial de Energía 2007–2012 del gobierno federal, presentado en noviembre del 2007, se establecen objetivos, estrategias y líneas de acción para promover el uso y producción eficientes de energía, así como para fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables.
Sin embargo, lo anterior no parece permear todavía suficientemente hacia la clase política en sus arduas discusiones actuales sobre la reforma energética.Los números involucrados son de gran magnitud: “Es posible reducir en treinta por ciento el consumo energético nacional en las próximas dos décadas”, según el experto Manuel Martínez Fernández (Premio Nacional de Energía Renovable 2005), lo que estimo equivaldría a un 44 por ciento de la producción actual de petróleo crudo. Si además se lograra combinar el ahorro energético con una utilización creciente de energías renovables —solar, eólica, biomasa, de las mareas— como también recomiendan los científicos mexicanos, se disminuiría fuertemente la presión sobre el sector petrolero nacional, y también sobre el sector eléctrico, además de cumplir el objetivo de reducir significativamente las emisiones de carbono a la atmósfera.
¿Es dable alcanzar tan ambiciosos objetivos? Me parece que sí, pero, como argumentan los expertos, se requerirían acciones que abarcan a todo el espectro social, desde las decisiones de gobierno, los esfuerzos de las empresas por hacer más eficiente su producción en términos de energía utilizada, los científicos en encontrar las maneras, métodos y aparatos para hacerlo, hasta la conciencia de la gente, orientada en mucho por una educación mucho mayor sobre eficiencia y ahorro energéticos.
Todo ello implica medidas concretas de política y es aquí donde entra la reforma energética, para considerarlas debidamente en los diferentes segmentos del consumo. Claudio A. Estrada, director del Centro de Investigación en Energía de la UNAM, al participar en el Foro Universitario Perspectivas Energéticas de México en los Próximos 10 años, realizado en abril de 2007, señaló que corresponde el 42.5 por ciento de consumo de energéticos al transporte, 28.6% al sector industrial, 19.2% al residencial, comercial y público, 4.3% a petroquímica de Petróleos Mexicanos, 2.8% al sector agropecuario, y 2.6 por ciento a otras ramas económicas. Está claro así que se requieren acciones especiales para transformar en uno más eficiente el modelo de transporte, que —sin visiones fundamentalistas de limitar el automóvil particular—, sí dé prioridad al desarrollo del transporte colectivo de personas, seguro y de buena calidad, al mismo tiempo que promueva mayor eficiencia en el transporte de carga, por ejemplo, con mayor utilización del ferrocarril, o los barcos de cabotaje en nuestros 11 mil kilómetros de costas.
En las ciudades, también, es necesario reducir al mínimo posible la movilidad de las personas entre sus viviendas y sus trabajos o centros de estudio, que no es precisamente lo que se lleva a cabo actualmente, como ha descrito en estas páginas David Gutiérrez Fuentes (“Hacinamientos modernos”, 17ene08.) Incluso, en octubre pasado, al participar en un Foro Sobre Movilidad en la Ciudad de México, el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, criticó acertadamente “la política de vivienda, que fija precios muy bajos del suelo pero construye las casas en zonas más alejadas, por lo que los trabajadores viven cada vez más lejos”, y “la necesidad de viajes de largas distancias ha crecido de manera exponencial”. Propuso un cambio en esta estrategia.
Otro aspecto muy importante es el ahorro y uso eficiente de la energía en los propios hogares. En octubre también, fue presentada una interesante “Guía Metodológica para el uso de tecnologías ahorradoras de energía y agua en las viviendas de interés social en México”, elaborada por el Instituto Nacional de Ecología, con la asesoría del experto del Instituto de Ingeniería de la UNAM David Morillón, y de otras instituciones. Las posibilidades de ahorro energético con un mejor diseño de aparatos para el hogar y máquinas industriales son amplísimas.
Se puede apreciar, así, la gran importancia de que el tema sea adecuadamente incluido en la reforma energética. Las leyes y reglamentos no son la solución en sí de los problemas, como a veces estamos tentados a creer, pero indudablemente constituyen una orientación que la sociedad se da a sí misma para alcanzar objetivos deseables.

Elecciones EU. El futuro del muro

2008-04-15T18:08:00.000-07:00

La Crónica. Viernes 29 de febrero de 2008
La presente etapa del proceso electoral en Estados Unidos, con primarias el martes 4 de marzo en Ohio y Texas (además de Rhode Island y Vermont), está denotando la compleja problemática comercio-migración-seguridad que enfrentan actualmente las relaciones México-Estados Unidos, que debiera ser entendida mejor por los electores norteamericanos para propiciar la convivencia productiva entre ambos países a que los duros datos de la geografía, la economía y la historia obligan.
El próximo gobierno norteamericano debería tener el mandato de derrumbar el vergonzoso muro fronterizo y llegar a un acuerdo migratorio integral con México. Esta semana, en el Partido Demócrata, donde prosigue la fiera lucha por la candidatura entre Hillary Clinton y Barack Obama, el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos (y Canadá), fue uno de los principales puntos de discusión en el debate que realizaron en Cleveland, Ohio, a tal punto que la Clinton, aunque dijo también que en algunas partes, como Nueva York o Texas, el acuerdo ha tenido éxito, volvió a amenazar que “en caso de llegar a la Casa Blanca, le diré a México y Canadá que nos saldremos del Tratado a menos que acepten renegociar los estándares ambientales y laborales”. Obama estuvo de acuerdo con esta visión al insistir que los tratados comerciales han funcionado para los grandes intereses corporativos, pero no para la clase trabajadora: “Creo que tendríamos que usar el martillo argumental de nuestra salida para asegurarnos que podemos renegociar para mejorar los estándares laborales y medioambientales del TLCAN”. (Bueno, no está de más hacer notar que se fueron por la tangente de “mejorar los estándares laborales y medioambientales”, un objetivo que sería también muy importante para México.).
Pero en El Paso, “No Pase”. La operación así irónicamente llamada —que endurecerá las penas contra migrantes que crucen sin documentos a Estados Unidos, principalmente contra los reincidentes, a los que se encarcelará— fue puesta en vigor por autoridades de ese país el lunes, en un tramo de “cero tolerancia” de 3 millas en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, una de las regiones fronterizas más estrechamente ligadas. “La puesta en marcha de la operación “No Pase” es lamentable y amerita un reclamo de todo el Estado mexicano, coincidieron los titulares de los poderes Legislativo y Judicial del estado de Chihuahua, así como la Iglesia católica en esta frontera y organismos defensores de los derechos de las personas”, informó el Diario de Ciudad Juárez.
Para Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, “existe la intención de extender el Programa “No Pase” tanto al resto del sector El Paso de la Patrulla Fronteriza, como al interior de Estados Unidos, con graves consecuencias sociales, ya que otorgará trato de criminales a los migrantes”, según reporta a su vez El Diario de El Paso, que recuerda que en Arizona la Patrulla Fronteriza implementa desde mediados de enero el Operativo “Streamline” de cero tolerancia contra la migración indocumentada.
Esta semana también, se reunieron en Los Cabos, Baja California Sur, los secretarios de Gobernación y Economía, Juan Camilo Mouriño y Eduardo Sojo, con los secretarios de Seguridad Interna de Estados Unidos, Michael Chertoff, y de Comercio, Carlos Gutiérrez, así como sus contrapartes de Canadá, para preparar la cumbre de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que se realizará en Nueva Orleáns el 21 y 22 de abril próximo. Pero el embajador de Estados Unidos en México, Antonio Garza, resaltó en declaraciones previas, además del objetivo de “facilitar los negocios de las compañías de América del Norte”, el de “asegurar que los tres países estén a salvo de terroristas”. Reconoció también que “el gobierno de Estados Unidos debe hacer más para reducir la demanda de drogas y detener el tráfico ilegal de armas a México”. Dijo todavía más el embajador: “Lo más importante es que los gobiernos de México y de Estados Unidos han superado los días de ‘echarse la culpa’ y lograr un frente común,… estamos trabajando conjuntamente como nunca antes y aceptando nuestras responsabilidades compartidas”.
Se hacen notables, así, las serias contradicciones que enfrenta actualmente nuestra frontera norte de 3 mil 200 kilómetros, por donde cruzan diariamente hacia un lado u otro más de un millón de personas y un comercio bilateral de bienes cuyo valor anual en 2007 alcanzó 364 mil millones de dólares (223 mil millones de exportaciones y 141 mil millones de compras); frontera donde se localizan unas 30 ciudades gemelas importantes mexicano estadunidenses, cuyos habitantes se relacionan y cooperan activamente en muchos aspectos de su vida diaria, prácticamente como parte de una misma comunidad, pero que igualmente es una de las fronteras más concurridas por el tráfico de estupefacientes, de armas y de personas… pero no de terroristas.
Pero, por temor a los terroristas, en esa frontera se construye un muro de mil 126 kilómetros de largo, un muro que por supuesto enfrenta oposición en las regiones fronterizas donde se construye, incluso de las propias autoridades municipales, pues se denuncia su invasión y partición de propiedades, su introducción de tensiones entre las comunidades a ambos lados de la frontera, sus efectos destructivos sobre el hábitat fronterizo. Se erige un “muro virtual” que involucra torres con cámaras, radares y detectores sofisticados, helicópteros, patrullajes, que convierten a la frontera en una zona militarizada.
Los precandidatos presidenciales se ven inmersos en estas contradicciones: puesto que tienen que satisfacer a los grupos de interés de sus partidos en los estados donde se van realizando las primarias; así, es entendible que Clinton y Obama hayan manifestado posiciones críticas al TLCAN en Ohio, donde la transformación industrial de Estados Unidos, que no el TLCAN, ha provocado que en esta década se hayan perdido más de 200 mil plazas laborales. En Texas, por el contrario, al menos en el sur, hay esperanzas de que el próximo presidente (a) de Estados Unidos sea “más fronterocéntrico”, como declaró a AFP el diputado local texano Aarón Peña, que apoya a la Clinton, y que el nuevo gobierno reduzca al mínimo o de plano eche atrás el proyecto del muro. Por ello, en el debate en ese estado Clinton y Obama dieron a entender que mejores métodos de vigilancia podrían ser solución más apropiada que la valla de acero, y cortejan activamente el voto mexicano-estadunidense con anuncios y mensajes en los medios, que en radio se entreveran con canciones rancheras mexicanas.
Por su parte, el virtual candidato republicano John McCain, de visita en San Antonio, Texas, el miércoles, al necesitar atraerse el ala más conservadora de su partido —que le critica fuertemente sus posiciones relativamente liberales en el Senado, en particular su propuesta de política migratoria, que contemplaba la regularización de indocumentados que residen y trabajan por largo tiempo en EU— respaldó la construcción del muro fronterizo, aunque con la salida de un acuerdo migratorio: “en lo que respecta a inmigración, la prioridad debe ser la seguridad de la frontera. Una vez alcanzado eso, otorgar permisos de trabajo para aquellos que desean laborar en Estados Unidos”.
Importante será que el electorado estadunidense y sus candidatos a la presidencia entiendan que hay que resolver estas contradicciones en concordancia con las realidades subyacentes y las mejores tradiciones políticas estadunidenses. La migración mexicana está constituyendo, de hecho, el mercado común de mano de obra de que adolece el libre movimiento de mercancías y de inversiones establecido por el TLCAN, así es que un acuerdo integral sobre migración con México, bilateral, y que luego incorpore a Canadá, sería el complemento al proceso de integración económica que el TLCAN ha traído consigo en estos 15 años.
En todo caso, se trata de un ajuste temporal; en otros 15 años, la acelerada transición demográfica de México y la propia transformación económica de nuestro país, cambiará drásticamente el panorama migratorio: disminuirán sensiblemente, si no es que desaparecerán, las corrientes migratorias de México al norte; se incrementarán las de pensionados y otros norteamericanos en busca de nuevas oportunidades de vida hacia el sur, y se mantendrá todavía un tiempo la absorción por México de trabajadores centroamericanos.
Es pues esencial terminar con el enfoque unilateral de Estados Unidos en materia de comercio-migración-seguridad, pues si prosiguiera, si se mantuviera el muro, si se insiste en criminalizar al migrante mexicano, se obligaría a México a buscar, también unilateralmente, otras soluciones apropiadas.

Ya “reformistas”, párenle

2008-04-15T18:01:00.000-07:00

La Crónica. Domingo 9 de marzo de 2008
Con los intensos y necesarios debates sobre la reforma energética y sus protagonistas, y el efecto mediático de la participación de jóvenes mexicanos en las FARC colombianas, los “reformistas” profesionales se aplacaron momentáneamente —no tuvieron una reunión de evaluación el miércoles 5 de marzo—, pero dentro de poco irán por su resto. A poco más de un mes de concluir sus trabajos, y desestimando las críticas sobre derroche de recursos en la contratación de asesores, rentas de edificio y viajes y viáticos, los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión (CENCA), esperan todavía proponer más iniciativas de reforma: “nuevo formato de Informe Presidencial, mecanismos de fortalecimiento de las facultades del Congreso, la creación del Consejo Económico y Social que será el contrapeso de la Secretaría de Desarrollo Social, reformas para el fortalecimiento del desarrollo municipal propuestas por la Conago y al menos 30 modificaciones constitucionales en materia de garantías sociales —derechos humanos y educación—, así como modificaciones en materia de amparo”. (Agustín Basave, nuevo secretario técnico de ese organismo, Milenio, 17 febrero.)
En un descuido, también serían capaces de presentar, a pesar de opiniones mayoritarias en contra, la iniciativa de reforma del régimen de gobierno, para establecer la figura de “Jefe de Gabinete”, que compita con el Ejecutivo.Pero eso no es todo, nuevos reformadores aparecen por todos lados. En el Senado, legisladores del PAN insisten en abrir a debate la propuesta de la Iglesia católica de que sea reformada la Constitución a fin de permitir que los ministros de culto sean postulados a cargos de elección popular y que “se amplíen los derechos y libertades de las asociaciones religiosas”. La presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta (¡tan bien que iba!), se pronunció a favor: “Que puedan votar y ser votados, sí. Y ministros de cualquier tipo de iglesia. Este es un país libre, democrático”, dijo.
¡Y aún hay más! Según un artículo de Jorge Luis Sierra en El Universal, del 29 de febrero último, acerca del cual no he visto ningún desmentido todavía, “el gobierno de Felipe Calderón podría estar tentando el terreno para promover una reforma militar que integre a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina en una sola dependencia encargada de los asuntos militares del país. De acuerdo con fuentes militares, en el centro de las discusiones están asuntos que van desde el nombre de la futura secretaría hasta la posibilidad de nombrar a un civil como secretario de la Defensa”.
Es para quedarse pasmado. Entre reformistas y fundamentalistas de la prohibición estamos fritos. ¿Qué no hay asuntos mucho más urgentes que las reformas en el papel o sobre temas impresionistas? ¿Por qué ese afán de desestabilizar el andamiaje institucional, con el disfraz de modernización, en lugar de aprovechar en forma más eficiente lo existente para que funcione todo mejor?
Los reformistas a ultranza son agitadores profesionales: continuamente necesitan estar agitando las aguas políticas del país porque así prosperan mejor sus ambiciones, en lugar de preocuparse con el día día de los inmensos retos y problemas que enfrenta una sociedad compleja como la mexicana.
En las fuerzas armadas ya quieren cambiar uno de los mejores arreglos institucionales con que cuenta México: dos titulares profesionales, del Ejército y la Armada, cada uno en su ámbito específico, coordinados siempre cuando es necesario. ¿Un civil arriba de ellos?, ¿se premiaría así su lealtad cuando en la etapa moderna de México nunca han desafiado el poder civil constituido?El clero católico en la política. Como si los conspicuos miembros de la jerarquía de la iglesia, los que presumiblemente serían votados, fueran modelos de conducta pastoral, de elevado comportamiento público, y no hombres mundanos, diletantes, snobs. Los miembros del clero, los curas que genuinamente quieren velar por la salud espiritual de sus feligreses no necesitan para ello entrometerse en la lucha política, materialista y brutal. Como declaró el obispo de la región central de Tamaulipas, Antonio González Sánchez, “para el Derecho Canónico la política partidista es el campo propio de los laicos” (La Crónica, 4mar08).
¿Quieren verdaderas reformas? Mucho se han repetido los pendientes de la democracia en este país. Esperemos que la sensatez política no permita que sea prorrogado el mandato de la CENCA después de su término el 13 de abril, que el gobierno archive, si es que de veras examinaba, la propuesta de crear una sola secretaría de asuntos militares, y que el Congreso haga a un lado de una buena vez la reforma clerical, y que todos los congresistas se pongan a trabajar en legislaciones verdaderamente importantes para la democracia, la justicia y la inclusión social:
Asegurar los procedimientos democráticos y la transparencia en la operación de los partidos políticos.Asegurar los procedimientos democráticos dentro de los sindicatos y la transparencia en el manejo tanto de los recursos públicos que reciben como también en cuanto a cuotas de afiliados e ingresos de negocios sindicales.
Sanciones efectivas a las prácticas monopólicas de empresas.
Candidaturas independientes. Aquí, qué bueno, el Senado examina a partir de esta semana el dictamen que corregirá la recién aprobada reforma electoral, y eliminará los candados que impiden las candidaturas ciudadanas.Racionalización y modernización, esa sí, de las formas de trabajo, organización y toma de decisiones por los legisladores del Congreso de la Unión.
Auténtico federalismo, de inicio con la descentralización de algunas fuentes de impuestos.Medidas mucho más efectivas contra la corrupción pública y privada y fin de la impunidad al respecto.
Reforma penal para aliviar el hacinamiento y la corrupción en las cárceles mexicanas, que dan lugar a los peores tratos que se puedan imaginar a los seres humanos que tienen la desgracia de caer allí, como nos describen las historias tristes recientes en La Crónica.

Pemex a los 70: desenmarañar el debate petrolero

2008-04-15T17:59:00.000-07:00

La Crónica. Viernes 14 de marzo de 2008.
Sobre la “reforma energética” inciden tantas variables: de la política, la economía, la técnica y la administración, tanto del ámbito interno como del entorno mundial, que se está corriendo el riesgo de no salir de la maraña, de producir un híbrido de reforma que no satisfaga ni a tirios ni a troyanos y de que se aborte la revitalización de la industria, imperativa al cumplirse 70 años de la expropiación petrolera y de la creación de Pemex, sobre todo para no poner en riesgo el desarrollo económico de México a largo plazo.La discusión política se concentra ahora en el ataque, desde el “gobierno legítimo”, al presunto tráfico de influencias o conflicto de intereses en que habría incurrido Juan Camilo Mouriño, el ahora secretario de Gobernación. Por supuesto, éste está en la obligación de aclarar, a satisfacción de las autoridades judiciales y de la opinión pública, que no cometió ninguna falta legal o ética.Pero ahí no acaba el problema político, pues el gobierno ha caído en el garlito de la polarización, con su empecinamiento, rayano en la obsesión, de presentar la reforma energética como una lucha contra “los enemigos del progreso de México”: “lo que quieren es disminuir al gobierno, quieren debilitarlo, apuestan por el fracaso del país y hacen todo lo posible para que a México le vaya mal”, expresó el secretario Mouriño en su entrevista televisada. Muy simplistamente también, el gobierno reduce el núcleo de la discusión a la participación extranjera en la explotación del “tesoro” de petróleo en aguas profundas del Golfo de México, sin entrar a examinar todas las otras facetas que están en la palestra acerca de una nueva dinámica en la industria petrolera. Peor aún, y creo que por primera vez esto sucede en México así tan abiertamente, el gobierno se ha embarcado en una campaña absurda para convencer a la gente, como si la reforma energética no fuera un asunto de política pública sino de venta de la verdad absoluta, con métodos de la peor técnica propagandista, desde el video que no era de su autoría hasta diálogos subliminales pagados en programas televisivos de diversión o gacetillas en artículos varios (con un costo de 130 millones de pesos.)Esto, en lucha abierta con las igualmente sesgadas versiones del “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador, quien, con objetivos básicamente políticos, califica a su vez de “traidores a la patria” a los promotores de la reforma. Ahora bien, aunque está claro que el proyecto gubernamental NO es la privatización de Pemex ni la modificación en este sentido de la Constitución, también deberían despejarse los cuestionamientos válidos de políticos que se han unido a las críticas a la reforma, como Francisco Rojas, Manuel Bartlett, David Ibarra, de que “por debajo del agua” el proyecto buscaría canalizar la renta petrolera al aprovechamiento privado y no al interés público, mediante las innumerables formas en que esto puede hacerse: “alianzas estratégicas”, contratos de riesgo, rentas o comisiones exorbitantes por el uso de plataformas, buques, tecnología; descuido de las cadenas productivas, de manera tal que Pemex siga exportando básicamente petróleo crudo, mientras compra petroquímicos y gasolinas de mucho mayor valor agregado. Esto no significaría descartar la participación privada en importantes segmentos de esas cadenas productivas, pero, eso sí, con mucho control del “contratismo”, de la corrupción. Examinar también privilegios indebidos a trabajadores de confianza y sindicalizados de Pemex y, sobre todo, a la cúpula sindical. Al trabajador sindicalizado es al primero al que debiera interesarle la transparencia en sus beneficios y prestaciones y la productividad de Pemex, ya que se está viendo, a pesar de que la planta laboral de trabajadores y empleados de confianza sigue creciendo (son 142 mil en 2006), más y más actividades petroleras son realizadas por personal fuera de la paraestatal, tercerización en condiciones laborales no precisamente las mejores.A pesar de ingresos extraordinarios por los altos precios internacionales del crudo, con lo que Pemex ha dispuesto en los últimos ocho años de unos 900 mil millones de pesos para inversiones (90 por ciento en exploración y producción y 10 por ciento en refinación), se descuidó terriblemente la inversión productiva, además de darse una ineficiencia administrativa notable, con resultados predecibles: baja en las reservas probadas, sobreexplotación de yacimientos, decrecimiento de la producción (3.082 millones de barriles diarios en 2007, contra 3.383 millones en 2004) y de las exportaciones de crudo (compensadas coyunturalmente en los ingresos por los altos precios del aceite), importaciones cuantiosísimas de gasolinas y gas natural o licuado, envejecimiento de instalaciones; cesión de operaciones a terceros. Esto indica que la administración de la paraestatal tiene que ser también sujeta a un serio escrutinio para aumentar su eficiencia, evaluar sus rendimientos, disminuir fugas y corruptelas.La situación sería peor de no haberse utilizado para aumentar inversiones el mecanismo de Pidiregas—Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto—, en realidad, deuda con inversionistas para el desarrollo de proyectos, que Pemex repaga con los ingresos generados por los mismos. El problema es que se ha tenido que apoyar demasiado en este mecanismo, de forma tal que los vencimientos para el año 2009 por este concepto son de más de 125 mil millones de pesos, con un incremento acelerado. Pemex registra también un pasivo laboral de casi 500 mil millones de pesos. Al comparar activos y pasivos, algunos analistas concluyen que la paraestatal está quebrada, lo que obviamente no se aplica, aunque para beneficiar su calificación crediticia sería conveniente ya una reevaluación de sus activos.Pero Pemex recibe cada año en sus cofres miles de millones de pesos, por sus ventas internas y externas de petrolíferos, más de 1.3 billones de pesos en 2007 ¿A dónde van estos cuantiosos recursos? Alrededor de un 42 % a costos de operación; 3% (sin Pidiregas) a intereses de la deuda y, por impuestos y derechos al gobierno, 51% (casi 600 mil millones de pesos en 2006 y 676 mil millones en 2007.) Esto representa un tercio de los ingresos gubernamentales, y queda planteado así otro de los dilemas básicos: si la reforma fiscal no produce ingresos suficientes al gobierno no podrá haber reforma energética. Algunos critican que parte de los excedentes petroleros se asignen a los estados de la República, pero no puede ser de otra manera, cuando el centralismo fiscal que padecemos hace que el 94.8% de toda la recaudación impositiva vaya a la Secretaría de Hacienda, y sólo 3.4% a los estados (a municipios, 1.8%.) El gobierno debería estar dispuesto también a discutir su propuesta casi unívoca de que es urgente explotar los yacimientos de aguas profundas en el Hoyo de Dona con participación privada extranjera. Muchos expertos opinan, primero, que Pemex podría comprar de entrada la tecnología (y luego crearla por sí mismo, con nuevo énfasis en su de-sarrollo tecnológico), sin necesariamente comprometer en contratos de riesgo las reservas de la zona; segundo, que todavía existen en México amplios territorios geológicamente no explorados susceptibles de almacenar hidrocarburos; lo mismo en aguas someras de la región marina, lo que aumentaría fácilmente las reservas probadas a 30 años, en lugar de los nueve actuales. También, que en yacimientos ya explotados es económicamente conveniente aplicar métodos de recuperación secundaria o mejorada, para extraer amplias disponibilidades de petróleos residuales. Entonces, habría que programar la mejor combinación de estas opciones y obtener una sinergia entre ellas Por cierto, el gobernador de Tabasco, Andrés Granier, ha hecho una interesante propuesta: “que las entidades federativas productoras puedan explotar los pozos abandonados por Pemex, o marginales, en su territorio” (Excélsior, 13mar08.)Luego, como ya he sugerido en artículo anterior, es indispensable incorporar a la discusión un Programa Nacional de Ahorro de Energía, en transporte, industrias, hogares, gobierno, que podría disminuir en un breve lapso la demanda de energía hasta en un tercio de sus niveles actuales, y, junto con el desarrollo de fuentes nuevas y renovables, aligerar la presión en la producción en esta etapa difícil de la transformación de la industria energética nacional.

La pasión del PRD

2008-04-15T17:57:00.000-07:00

La Crónica. Viernes 21 de marzo de 2008
La elección interna del Partido de la Revolución Democrática realizada el Domingo de Ramos lo sumió en un vía crucis que puede llevarlo a la crucifixión, pero la salud de la vida democrática en México requiere una resurrección de ese partido, misma que, contradictoriamente, sólo podrá darse en este caso si se aparta del Mesías.Como si se lo hubieran propuesto expresamente, dirigentes y miembros del PRD, repasaron en la elección y en sus secuelas durante la semana, “al estilo del paleolítico inferior de la política mexicana”, como dijo alguno de ellos, el catálogo de vicios electorales: fraudes y engaños a la hora de votar, adulteraciones o quema de boletas electorales, maniobras para hacerse aparecer como ganadores, descalificaciones del contrario, arreglos cupulares, polarización entre “los buenos” (nosotros), y “los malos” o “nefastos” (los otros).Y el centralismo endémico que afecta la vida nacional también apareció: la Comisión Técnica Electoral del PRD decidió, además de realizar un “monitoreo especial” de la documentación electoral en Veracruz y Estado de México, que los expedientes y la paquetería electoral de los estados “más conflictivos” en la elección: Tlaxcala, Tamaulipas, Durango, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas y Tabasco fueran trasladados a ciudad de México para celebrar aquí el computo y escrutinio ante la presencia de los miembros de dicha Comisión y de la Comisión de Garantías y Vigilancia, lo que dejó muy mal parados a los dirigentes y miembros estatales, que, naturalmente, se opusieron al embate.El PRD es un partido desgarrado por un caudillo voluntarista, Andrés Manuel López Obrador, que apela a la sincera aspiración de muchos mexicanos por una patria más igualitaria, más incluyente, con más oportunidades para todos, para disfrazar su ambición desmedida de poder, lo que hace con un discurso divisionista, faccioso, aun en su propio partido. Apoyó abiertamente a Alejandro Encinas previamente a la elección y su manifestación en el Zócalo capitalino “en defensa del petróleo”, el 18 de marzo, fue convertida también en un acto para favorecer a ese candidato, cuando todavía no se define el disputado resultado definitivo del proceso electoral. Satisfecho, Encinas atizó el encono: “Para cosechar flores hay que cultivarlas y cada cual cultiva lo que cosecha. Lamento que no estén aquí (los representantes de Nueva Izquierda, que prefirieron no asistir para no ser sujetos de ataques), para mí no hay ninguna plaza pública vetada, yo sí puedo estar en todas las plazas públicas del país”.El escándalo electoral amenaza disminuir aún más la base política del PRD, que, con decisiones consistentemente impopulares o inefectivas de sus principales dirigentes, originadas principalmente en la estrategia política del caudillo, ha cedido al PRI en el corto período de julio de 2006 a la fecha el segundo puesto en fuerza electoral que había logrado ganar en la elección federal de ese mes.¿El PRD reflexiona al respecto? No lo parece; en el acto del día 18 en el Zócalo, López Obrador dijo que nadie debía preocuparse “por estas vulgares campañas” (en contra de su percepción sobre la reforma energética), ya que “no importa que al final nos desgastemos políticamente si logramos mantener bajo el dominio de la nación nuestros recursos naturales”. La contradicción evidente es que no podría desgastarse políticamente si sus posiciones fueran tan justas y populares como pregona, pero insiste en su errada estrategia, y propone cercos y bloqueos en instalaciones diversas… encabezados por mujeres. Y así aparece una estampa como sacada de tiempos idos, ¿la Revolución Soviética, la Comuna de París?, con el relato de Jaime Avilés en La Jornada: “En los rostros de las mujeres de todas las edades que cruzaban la plaza rumbo a las salidas había un brillo de satisfacción por el compromiso público, de enorme responsabilidad histórica, que ellas habían aceptado alzando miles y miles de manos, cuando Claudia Sheinbaum les preguntó si estaban dispuestas a encabezar los bloqueos en torno del Congreso de la Unión, los aeropuertos, las instalaciones de Telmex, de los bancos y de Petróleos Mexicanos, a partir del instante en que, como dijo López Obrador, el PAN y las cúpulas del PRI intenten reformar las leyes secundarias para privatizar los hidrocarburos del país!”.Si la oposición a una eventual privatización de Pemex (reiteradamente negada por el gobierno) sería una bandera legítima (en el sentido real del término), las movilizaciones irresponsables de la gente no ayudan a la discusión política a la que están obligadas todas las fuerzas que participan en la vida institucional del país. Naturalmente, legisladores del propio PRD manifiestan creciente desacuerdo con este tipo de decisiones de un solo hombre, y de aquí derivan los dos grandes campos en que el partido está dividido.Tampoco contribuyen al diálogo político las declaraciones estrambóticas, como cuando el líder del Frente Amplio Progresista, Porfirio Muñoz Ledo, afirma: “El anuncio de Calderón hoy (18 de marzo) revela su verdadero propósito, sacar 4 millones de barriles diarios de crudo este año, aumentar un millón de barriles (¡en un año!); eso es hacerle el favor a los grandes centros financieros, en contra de los países productores; aumentando el número de barriles, bajará el precio, es una colaboración que están haciendo para amortiguar la recesión en Estados Unidos”.Estos hechos lamentables demuestran fehacientemente que la izquierda mexicana organizada está en crisis y que, infortunadamente, el fundamento ciudadano que la ha de sostener muestra también serias debilidades, ya que sigue siendo fácilmente manipulable o, peor aún, se refleja que el ciudadano tiene enraizados comportamientos políticos no compatibles con la democracia. En este sentido, sería urgente “federalizar al PRD” para que su línea política reflejara mejor los amplios intereses nacionales de la izquierda, tan necesaria a la vida política del país, actualmente sobre-influida y muy afectada por la grilla perredista de la ciudad de México, con los complicados conflictos entre el caudillo y las diferentes “tribus”, los juegos de grupos de presión e intereses corporativos en esta gran capital y su región adyacente, con la confusión ideológica resultante.El drama detrás de todo esto es que no hay de otra: con este PRD hay que vivir (y con este PAN y este PRI). Los mexicanos tenemos que vivir con estas instituciones políticas, con estos dirigentes de las mismas, porque están hechas a nuestra imagen y semejanza; formamos parte de ellas, no les pedimos y aceptamos que no rindan cuentas, las orientamos y nos beneficiamos en lo particular con su accionar, las toleramos, nos sorprendemos momentáneamente con sus vicios y errores, pero luego los olvidamos. Si “la solución somos todos”, como decía aquel lema de hace 30 años, es que el problema somos todos.En su agudo análisis del martes pasado en estas páginas, Francisco Báez no se muestra muy optimista acerca de la resurrección del PRD, y menciona que “en otros ámbitos políticos pueden abrirse espacios para las otras izquierdas”, las que el PRD actualmente está excluyendo. Eso puede llevar tiempo; por lo pronto, esperemos que esta crisis del PRD resulte una catarsis, que con los resultados de la elección este domingo, y cualquiera de los candidatos resulte ganador, las dos grandes corrientes en que está dividido el partido se unan en un proyecto más incluyente, menos mesiánico, más pragmático; que el PRD resurja y retome sus objetivos de ser la izquierda orientadora, progresista y efectiva que le está haciendo falta al espectro político mexicano.

El petróleo como política unidimensional

2008-04-15T17:49:00.000-07:00

La Crónica. Viernes 28 de marzo de 2008
La discusión política en México parece estar metida en el chapopotal de un solo tema, la reforma energética. Sí, cambios en la política de energía son esenciales para fortalecer a Pemex y potencializar el futuro de México, pero la realidad de nuestro país no es unidimensional, tiene múltiples facetas a las que hay que dedicar atención, lo que no están haciendo los personajes políticos, empujados todos al pantano de la reforma energética. Así, aunque el Partido de la Revolución Democrática está metido en la crisis más profunda de su corta vida, crisis que es reflejo del déficit ciudadano y de un sistema partidista proclive a la corrupción y que no es funcional al avance democrático, Andrés Manuel López Obrador, el líder máximo del PRD, bueno, al menos de una de las mitades en que ha dividido a ese partido, mantiene su silencio cómplice al respecto y manifiesta ante miles de sus seguidores en el mitin en el Zócalo el pasado martes, con Alejandro Encinas casi al lado suyo, que el conflicto no deberá eclipsar la lucha contra la privatización del petróleo, “porque aunque deseamos con toda el alma el fin de los problemas internos del PRD, más allá de nuestro partido y de cualquier otro asunto, está el interés de la nación”. Leonel Cota Montaño, el presidente saliente del partido, a su vez ratificó: “Los problemas internos del PRD son secundarios frente a esta causa que nos une. El perredismo del país debe estar unido en torno a la defensa del petróleo. Es lo más importante”.¿Y los demás temas trascendentes de la Nación? Nada, sólo el petróleo, como coartada para mantener una lucha por el poder que esta facción que se desprende del PRD lleva cada vez más perdida.Por el lado del gobierno de Felipe Calderón, igual, acorralado básicamente en esta falsa disyuntiva, que si presentaba o no el proyecto de reforma de Pemex (ayer La Crónica publicó el adelanto del senador panista Juan Bueno Torio), apoyado en una ominosa catarata de anuncios en los medios, ominosa, porque demuestra que en el gobierno existe un grupo que toma decisiones convencido de que es posible gobernar a punta de spots, sin entender que la administración pública no es una función publicitaria sino de resultados.¿Los otros partidos? También en el teatro político. Al PRI se le acaba en unos días la oportunidad de utilizar la plataforma de lanzamiento en que quedó convertida la Comisión Ejecutiva de Negociaciones y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión (CENCA), y ya anuncia Manlio Fabio Beltrones, coordinador parlamentario del tricolor en el Senado, que “si el PAN y el gobierno no presentan pronto su iniciativa (de reforma energética), el PRI trabajará en su propio proyecto de modernización para Pemex. Mencionó, de todas maneras, lo que debiera haber sido desde el inicio la base del consenso al respecto, sin necesidad de tantas discusiones o conflictos: “Bajo tres principios básicos: no modificación al artículo 27 constitucional, no a los contratos de riesgo y, de privatización, ni hablar”, que en esencia es la perspectiva que confirma Bueno Torio y también el líder panista en el Senado, Santiago Creel, en entrevista de radio aparte: “Partimos de la base que el petróleo y Pemex son de todos los mexicanos, actuales y futuros. Son tanto una empresa del Estado mexicano, como los propios yacimientos igualmente y quedarán y permanecerán bajo esa titularidad, eso debe quedar muy claro… de ninguna manera se comprometen los yacimientos ni presentes ni futuros, ni tampoco se ha planteado darle una vuelta al artículo 27 constitucional”. Si esto es así ahora, ¿por qué no se publicó desde el principio?, lo que hubiera evitado todo el escándalo; pero no, se mantuvo el suspenso y el tema dominó la agenda política en estos meses. Ahora tenemos una movilización cuasi militar a que convoca AMLO, con la formación de falanges: “20 grupos con 10 mil mujeres y 36 agrupamientos con cerca de 18 mil hombres” (bendecida como “legítima” —¿será ironía?— por el senador Beltrones). López Obrador reitera que su movimiento es pacífico, y la gran mayoría de los militantes convocados lo son, pero ya sabemos los riesgos de desbordamiento o provocación a que están expuestas este tipo de manifestaciones, innecesarias sobre todo a la luz de la coincidencia de posiciones a que parecen estar llegando, con diferencias de tono, las tres principales formaciones partidarias.¿Pero dónde queda la discusión de otros grandes temas de relevancia que el devenir político y económico va presentando? ¿Cuándo van los partidos a discutir seriamente en foros públicos y en el Congreso, conjuntamente con el gobierno, las mejores estrategias para contrarrestar el descenso en las expectativas de crecimiento económico para 2008, que se da en paralelo a la amenaza de recesión en Estados Unidos, y sólo mitigado por el mantenimiento de los altos precios del petróleo? Brillan por su ausencia las opiniones fundadas de expertos de los partidos o legisladores sobre los mejores apoyos que debieran recibir grupos vulnerables, o sobre el impacto real del vasto programa de desarrollo de infraestructura diseñado por el gobierno federal.Miles de muertos está costando la guerra al narcotráfico y a otros ilícitos del crimen organizado, con su igualmente dolorosa secuela de inhumano hacinamiento en cárceles y centros penitenciarios, además de que se compromete seriamente la eficacia, la seguridad, la protección contra la corrupción, de las estructuras policiales y judiciales. ¿Dónde están los diagnósticos de la clase política, de los legisladores, sobre estos graves problemas y las mejores soluciones que habría que darles? Se divulgan cifras de que en los últimos seis años los principales bancos del país multiplican fuertemente sus utilidades, mientras que el crédito que otorgan sigue siendo carísimo y escaso. ¿No se han opuesto nuestros legisladores a poner un poco de orden en el crédito usurario, lo que bien podría realizarse sin interferir en la operación básica del mercado?Con el pretexto de “apoyar el turismo hacia el estado”, y de que los tres niveles de gobierno “invierten mucho en conservar o restaurar monumentos nacionales, entre ellos muchos edificios de carácter religioso”, el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, va a donar 90 millones de pesos del erario estatal para apoyar la construcción del “Santuario de los Mártires Mexicanos” en el Cerro del Tesoro en Tlaquepaque, en abierta violación de la separación de Estado e Iglesia vigente. ¿Será capaz el sistema político mexicano de revertir esa decisión, o de parar de una buena vez los cambios que se pretenden a dicho régimen? ¿Será verdad que “la ecología y el medio ambiente están en el centro del debate nacional… y representan un aspecto estratégico para la seguridad del país”?, como afirma el titular de la Semarnat, Juan Rafael Elvira Quesada. ¿Cómo apoya el Congreso esta visión, si ni siquiera se está contemplando un Programa de Ahorro de Energía en la reforma energética?El partido Alternativa está embrollado en una disputa interna, propia de los vicios de una legislación que permite el manejo caciquil de las patentes partidarias, ¿están los legisladores del Congreso de la Unión dispuestos a enfrentar estas deficiencias y también a hacer más efectivo, transparente, democrático, racional y menos oneroso el trabajo partidario y dentro de las propias cámaras de Senadores y Diputados?Pues quién sabe. Los legisladores se entretienen, aparte de en la reforma energética, en asuntos verdaderamente trascendentes, como la frustrada iniciativa presentada por el PRD en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, para sancionar a los padres de los menores que vistan a sus hijos de soldaditos o marineritos, y para los cuales pedían cuatro meses de prisión.¿Qué hacer? Los ciudadanos nos hacemos esta pregunta, de evocación leninista, no como prolegómeno revolucionario sino ante el pantano en que se ha metido la discusión política en México.

Disyuntivas bancarias

2008-04-15T17:47:00.000-07:00

La Crónica. Miércoles 9 de abril de 2008
“Buenos días a todos. Un sistema financiero fuerte es vitalmente importante —no para el sector bancario, no para los banqueros, sino para todos los ciudadanos. Cuando nuestros mercados funcionan, se beneficia la gente en toda nuestra economía… y cuando nuestro sistema financiero está bajo presión, millones de trabajadores sufren las consecuencias. (Así) el gobierno tiene la responsabilidad de asegurar que nuestro sistema financiero sea efectivamente regulado. Y en esta área podemos hacer un mejor trabajo. En suma, los principales beneficiarios de una reglamentación financiera mejorada son los trabajadores, las familias y las empresas, tanto las grandes como las pequeñas”.¿Fue esto dicho en la Convención Nacional Bancaria en Acapulco (inaugurada al redactar este artículo)? No, es el párrafo inicial de la presentación de la Iniciativa Paulson, el plan presentado el 31 de marzo por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry M. Paulson Jr., para ajustar y renovar las instituciones que supervisan el sistema financiero de ese país.“Las instituciones de crédito se encuentran con alto nivel de estrés por la cantidad de cambios legales que tienen fechas fatales para cumplirse en este año… es excesiva la carga regulatoria que por distintos motivos se les ha impuesto... Parecería que los bancos viven para cumplir regulaciones, no para hacer negocios, lo que en muchos casos los obliga a tener estructuras que son más costosas”.Este sí es un comentario del presidente de la Asociación de Bancos de México, Enrique Castillo Sánchez Mejorada, en la víspera de la Convención Nacional Bancaria (publicado en El Financiero, 3-IV-08).Queda así reflejada una de las paradojas bancarias más importantes en nuestro país: el sistema bancario vive una de las épocas más fructíferas en términos de utilidades, que es reflejo de una libertad prácticamente sin límites en cuanto a tasas de interés y comisiones sobre los créditos que otorga, al mismo tiempo que la banca es mezquina en los rendimientos que ofrece al grueso de los ahorradores; pero, aun así, la banca mexicana se siente “estresada”.Por lo tanto, en un entorno de crisis económica en Estados Unidos, originada en el sector hipotecario de alto riesgo por lo que se considera fallos en la supervisión, se plantea una importante disyuntiva para las autoridades financieras mexicanas: ¿más o menor reglamentación?“Este tema va a dar para mucho”, reconoce el gobernador del Banco de México Guillermo Ortiz Martínez, y aunque adelanta un comentario explicable pero discutible (“Obviamente la regulación y la supervisión en México es mucho mejor que la de la banca en EU”), menciona que “ciertamente creo que habrá una introspección profunda a nivel global sobre la calidad y la oportunidad de la regulación y la supervisión. En toda esta tendencia hacia la desregulación económica, en general, y, en particular, en materia financiera yo creo que va a sufrir una revisión” (El Semanario, José Miguel Moreno. Claudia Villegas, 3-IV-08).Si esto va a ser así, ¿cuáles serían las áreas en que la banca mexicana habría de tener nuevos lineamientos, ya sea de la autoridad o autorregulados, considerando que está tan globalizada que en la crisis hipotecaria estadunidense las filiales mexicanas de algunos bancos hubieron de fondear a sus matrices, proveyéndoles de liquidez en dólares?En primer lugar, claro, preservar la estabilidad del sistema y proteger los recursos depositados en el sistema bancario y financiero por ahorradores e inversionistas, estabilidad y protección que forman parte esencial de la competitividad del sistema. El mismo Guillermo Ortiz adelanta: “Creo que va a haber una revisión sobre el tema y que la noción de que los mercados se autocorrigen… seguramente se va a cuestionar. La estabilidad financiera es muy importante para preservar a salvo el costo de alguna ineficiencia en los mercados”.Bueno, afortunadamente y aunque hay opiniones divergentes, hasta el momento parece que los banqueros descartan señales de alarma de crisis económica seria en México: “los niveles de cartera vencida en el crédito al consumo, 6.8%, son normales, por lo que no vemos una señal de alarma para que pase lo de 1994; se cuenta con un buró de crédito y se vive un momento más sólido en la banca… una banca mucho más capitalizada, con sistemas de evaluación y parámetros de revisión más amplios”. (Enrique Castillo Sánchez Mejorada, presidente de la ABM, El Universal, 3-IV-08). También, los banqueros están relativamente optimistas porque los programas de infraestructura y vivienda del gobierno federal mitigarán los posibles impactos de la desaceleración estadunidense, que de todas maneras habrán de manifestarse algo en los próximos dos o tres trimestres.Por eso, será también muy importante reforzar el papel de la banca como palanca fundamental de la actividad económica, receptora de ahorros crecientes de los mexicanos, atraídos por rendimientos razonables que eviten que los excedentes monetarios de las personas se desvíen al consumo o hacia actividades más especulativas. Ahorros crecientes que se transformen eficientemente en créditos competitivos para consumidores e inversionistas, no los préstamos usurarios ¡que llegan hasta el 100 por ciento anual!, y que se consideran “normales” al nivel de 40 por ciento.

Pemex no se privatiza; las carreteras sí

2008-04-15T17:37:00.000-07:00

La Crónica. Viernes 11 de abril de 2008
Qué bueno que, finalmente, fue presentada el martes por el gobierno del presidente Felipe Calderón la iniciativa de reforma petrolera (que no energética, todavía). Si las fuerzas políticas de todos los partidos logran anular a los radicales de la “resistencia civil pacífica” impulsada por Andrés Manuel López Obrador y su Frente Amplio Progresista, se iniciará un debate público y el proceso legislativo en el Congreso para darle valor legal a la reforma.¡Qué bueno!, porque el suspens estaba siendo fatal para la discusión de otros asuntos públicos. Por ejemplo, estábamos tan entretenidos para que no se privatice Pemex que casi no nos dimos cuenta que el gobierno federal va a licitar en “paquetes”, seis de ellos, las autopistas más rentables para que la iniciativa privada las opere y construya tramos adicionales, con lo que las carreteras, que corresponden a una función gubernamental por excelencia, se van a transferir de nueva cuenta a la iniciativa privada, que, por muy diferentes razones —la magnitud de las inversiones, las altas y bajas del ciclo económico, los cambios en el flujo de vehículos, las posibilidades de desastres naturales que afectan los caminos— no puede ser una administradora confiable en el largo plazo, como ha sido demostrado, pues el gobierno ha tenido que venir al reiterativo “rescate” de este tipo de negocios.Así es que está muy bien que haya sido presentada finalmente la iniciativa de reforma petrolera, que ha de ser sujeta a un amplio debate legislativo y público en las próximas semanas. No es probable que pueda ser aprobada por el Congreso en este mes de abril, pero sí se abrirán las posibilidades de que lo sea en un periodo extraordinario en mayo, para que el país deje de estar empantanado en el debate petrolero, muy importante pero no el todo de la realidad nacional, y pueda dedicar su atención debida a otros muy importantes problemas.Por supuesto, con las modificaciones que el debate halle pertinentes a la iniciativa presentada, aunque el resultado sea una reforma “light”; pero es mejor así, con el método de reformas graduales, al estancamiento que se ha vivido por muchos años en materia de gestión petrolera.Los diversos actores del debate, en particular, los dirigentes de los partidos políticos, tendrán la gran oportunidad de mostrar su verdadera responsabilidad y alteza de miras, por encima de ambiciones personales o de grupo. El propio Andrés Manuel López Obrador —a quien puede acreditarse que contribuyó, a pesar de sus excesos políticos y posiciones grandilocuentes de “presidente legítimo”, a que la iniciativa petrolera efectivamente no haya llegado a la modificación del artículo 27 constitucional— podría insertarse nuevamente en la institucionalidad, en beneficio de su proyecto político y de su partido, el PRD, tan dañado por su actuación.Es verdad que, junto a los aciertos de impulsar la renovación de la administración del petróleo en apego al artículo 27 constitucional, sin necesidad de privatizar Pemex ni de utilizar mecanismos no aceptables para la mayoría de la opinión pública, como los contratos de riesgo, la iniciativa petrolera del presidente Calderón tiene aspectos que deberán ser revisados o aclarados. ¿Es dable la “autonomía” de Pemex? Quizá no necesariamente. Sí, por supuesto una organización y administración más eficientes, que le permitan responder con dinamismo a los retos que se presentan diariamente, pero es obvio que como activo de la nación Pemex no puede desligarse de los objetivos nacionales.Aparte de que no se habla de tiempos, como si todo fuera realizable de inmediato, en lugar de los 10 o más años que llevará la transición petrolera, la iniciativa tiene también omisiones o lagunas importantes, una de las más evidentes la referente al balance fiscal: ¿cómo se van a compensar los recursos fiscales que, al ganarlos Pemex, pierde el presupuesto federal?El presidente Felipe Calderón concluyó su mensaje difundido el martes por cadena nacional de televisión en el mundo ideal que vendrá con la reforma petrolera: “el Estado podrá garantizar plenamente el acceso a la educación de calidad y a la plena cobertura de salud de todos los mexicanos”… “contar así con recursos para vivir mejor: más escuelas, medicinas, clínicas, hospitales, caminos, carreteras, puentes, agua potable, drenaje, electricidad, vivienda”…”Hay muchos jóvenes que no tienen espacio en la preparatoria o en la universidad y podemos arreglar este problema”.El punto clave es ¿dónde esta el plan de apropiaciones al respecto? La Crónica informó ayer que el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, había señalado que la iniciativa de reforma petrolera se complementará con una propuesta de modificaciones a la Ley Federal de Derechos para que baje la carga tributaria de Pemex… que con dichos cambios se buscará dar espacios a la paraestatal para que conforme se vaya generando una mayor producción petrolera de manera sostenida eleve la recaudación“. Pero si se le reduce la carga tributaria, ¿de dónde va a obtener el gobierno los recursos financieros para compensar su presupuesto, que actualmente es cubierto en casi 40 por ciento por Pemex?, ¿de nuevos impuestos?, ¿cómo y a qué fuentes? Sí, el IETU está aportando ya montos importantes, pero se requerirían esfuerzos muy considerables de una política fiscal progresiva que logre que las grandes empresas paguen los impuestos justos que deben; para subsanar lo que Pemex dejaría de aportar al fisco.A 92 dólares por barril de la mezcla mexicana de exportación, también se están recibiendo actualmente fuertes recursos adicionales, pero con la incertidumbre de si será una situación que dure o no, y con la desventaja de que en el corto plazo se sigue reduciendo el monto de petróleo exportado.Esto está relacionado con otra omisión en la presentación de la iniciativa petrolera: no se habla para nada de ahorros en los gastos gubernamentales, objetivo que debería entrar también al debate. Y no es que se trate de hacer miserable al gobierno o sus agentes, pues nuestro país es muy importante y ha de contar con un gobierno respetable, pero hay rubros evidentes en que la eficiencia y los ahorros públicos sería fácilmente realizables: en materia electoral; en propaganda (“comunicación”) gubernamental; en obras de “filantropía” que aparentemente son de empresas privadas pero que son pagadas por los gobiernos. Considerables ahorros se lograrían también al automatizar los trámites y la gestión gubernamentales y de la seguridad social.Debería asimismo incluirse en el debate senatorial el importante tema del uso eficiente y ahorro de energía en el ámbito nacional, que extrañamente no ha sido mencionado para nada esta semana, aunque tiene el potencial de aportar mucho al balance fiscal del gobierno y a la competitividad global de la economía mexicana, además de sus contribuciones al mejoramiento del medio ambiente y a la reducción del calentamiento global. ¿Por qué se sigue quemando todos los días el gas asociado en lugar de aprovecharlo?La transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en Pemex están en la agenda de los debates, como deberán estar también una política laboral petrolera transparente y responsable, no tan solo en relación al sindicato de Pemex sino que abarque y proteja a todos los trabajadores en los diferentes segmentos de la industria.En fin, las cuestiones de la reforma petrolera son amplias y variadas. Se propone la maquila de petróleo de Pemex para producir gasolinas y otros destilados en refinerías de propiedad privada construidas en suelo nacional, tal como se hace ahora en la refinería Deer Park en Texas, donde participa la Shell. La opción no parece comprometer mayormente la operación estratégica de Pemex, con la ventaja de que se traslada a México el valor agregado de la refinación. Con mayor cuidado habría que examinar las “alianzas con otras empresas para proyectos exploratorios complejos”, mediante los “contratos de desempeño”.Pero qué bueno que el debate se inicie y se termine en un plazo prudente, si el FAP lo permite, aunque sea con la reforma “posible”; para que la discusión pública pueda pasar a los otros temas nacionales pendientes: la privatización de carreteras, las medidas anti recesión; ley de medios; fin a la propaganda de gobiernos; el clero en la política; la crisis de los partidos, etc. etc.