Los difíciles tiempos que vienen

La Crónica. Viernes 31 de octubre de 2008
El desafío para México en los tiempos por venir es verdaderamente global, con una fuerte interacción entre lo económico y lo político y entre lo interno y lo externo. Atañe a la crisis financiera internacional, con su “enorme capacidad de destrucción” (Guillermo Ortiz dixit) en la economía interna; va a provenir también del resultado de las elecciones del martes próximo en Estados Unidos, con el casi seguro triunfo del mulato Barack Obama y la todavía imprevisible posición de su gobierno en muchos asuntos cruciales: el término de la guerra de Irak, disminución de su dependencia del petróleo importado, o, en lo que a nosotros respecta, la migración desde México o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Asimismo, la reacción interna e internacional a las políticas que adopte, en el contexto de la disminución del poder hegemónico de Estados Unidos, los retos que desde varios fortines se le tratan de imponer (China, Rusia, Pakistán, Irán y el Medio Oriente, Venezuela y otros países pequeños en nuestra América), o las instancias “independientes”, en la línea tradicional de Francia frente a EU, del presidente Sarkozy.
Y el gobierno de México va a tener que adoptar una posición definida en la mayoría de esos temas, como parte de la relación bilateral más importante de su política exterior: Estados Unidos, por su pertenencia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el periodo 2009-2010, y por su participación creciente en los asuntos mundiales como integrante del Grupo de los 13, lo que empezará este 15 de noviembre en la cumbre de 20 países convocada de emergencia en Washington por el presidente de Estados Unidos para discutir la crisis financiera internacional.
Aún más, el desafío a nuestro país provendrá también del combate renovado que habrá que seguir dando al crimen organizado y a la inseguridad, y para revertir en definitiva la tendencia destructiva de esos flagelos, así como para generar la certidumbre jurídica que el desarrollo del país requiere con urgencia.
Y para acabarla, están los retos de la situación política interna. La mejor reforma petrolera que fue posible alcanzar ciertamente desactivó esta semana en gran medida, y quizá en definitiva, los desplantes del “presidente legítimo”, quien volvió a desaprovechar la gran oportunidad de dar seriedad y coherencia a su movimiento, pero esto no es para echar las campanas a vuelo. Sí, el presidente Calderón se mostró súper optimista, como si esa reforma fuera la gran solución a todos los problemas del país, pues, dijo, “México volverá a recuperar la posición que merece como verdadera potencia petrolera” y, “con un Pemex más fuerte… contaremos con más recursos para construir más escuelas, más clínicas y hospitales, más caminos, carreteras y puentes, más redes de agua potable y drenaje, más electricidad, más vivienda y más programas sociales para combatir la pobreza”.
¡Cuidado!, quizá no sea tan fácil; no todo son las “reformas estructurales”, pues las que se han logrado hasta ahora en su gobierno, y que con razón encomia, petrolera, fiscal, del ISSSTE, educativa, electoral, de seguridad, con lo valiosas que son, han sido conseguidas “a la mexicana”, con el compromiso posible de las diversas posturas políticas, y con soluciones no totales sino incrementales, para evitar el riesgo de romper la estabilidad, que es uno de los más valiosos activos de nuestro sistema de gobierno.
No será tan fácil porque los retos que enfrentamos son multifacéticos.
Sí, Pemex, como dicen los desplegados y spots de la empresa (¿eran necesarios?), gana en flexibilidad operativa, capacidad de ejecución, autonomía presupuestal, etc, etc, pero el precio de las mezcla mexicana de petróleo a los clientes internacionales alcanzó esta semana la baja cota de 49.66 dólares por barril, cuando al inicio de la negociación de la reforma petrolera estaba en lo doble y un poco antes casi en lo triple. Ante esto, y el descenso de la producción petrolera, que no será revertido tan rápido como se quisiera, a pesar del optimismo de la secretaria Kessel, ¿ya tiene el gobierno federal el plan tributario indispensable para sustituir los ingresos petroleros que montan casi al 40 por ciento de su presupuesto anual, sobre todo ahora que tenemos encima la recesión económica que afectará en fea forma a los contribuyentes?
La devaluación del peso es posible que incremente las presiones inflacionarias, al hacer más caras las importaciones, tan importantes en la integración de la producción nacional, y al estimular las exportaciones, con su impacto en la oferta interna. No piensa así el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, quien afirma: “no estamos viendo un tema de presión inflacionaria para el próximo año, sino un reto de crecimiento”, puesto que, argumenta, los precios de productos como el maíz, trigo y leche (y el petróleo y otras materias primas también, digo yo) han bajado notablemente en últimas fechas, y “en breve se debe comenzar a reflejar la reducción de precios en los consumidores”. Me parece que por lo menos habrá incertidumbre en materia inflacionaria.
Otros indicadores económicos son también preocupantes: la economía mexicana crecerá 2% en 2008, con una generación de empleos estimada al cierre del año en 230 mil, la mayor parte temporales, cuando se requiere al menos un millón de plazas al año. En 2009, con un crecimiento, si bien nos va, de entre 0.5 y 1.5%, la desocupación se agravará, pues según el gobernador de Banxico, Guillermo Ortiz, sólo se crearían 150 mil empleos. Aun así, el secretario Ruiz Mateos afirma que el Gobierno está preparado para recibir a los migrantes mexicanos que regresen de Estados Unidos, “y esperemos que la economía funcione como estamos esperando para tratar de emplear al mayor número posible “. Falta ver.
Como siempre, la crisis y los desafíos traerán oportunidades, y es aquí donde, para encauzar a la sociedad a bien aprovecharlas, van a ser primordiales la agudeza de las políticas gubernamentales y la voluntad de acuerdo entre los diversos partidos políticos y grupos sociales.
Con el nuevo presidente de Estados Unidos, un México unido estaría en mejor posición de presentar de manera firme, pero no provocadora, sus demandas para un acuerdo migratorio beneficioso para ambas partes, una frontera libre de ignominiosos muros, un TLCAN consolidado con la adición de redes de seguridad económica, y una cooperación más efectiva contra el crimen organizado.
Frente a la crisis económica, se abre la coyuntura a un gobierno con un más activo programa de inversión y empleo, austero, no propagandista, que intervenga eficientemente en la economía para evitar los abusos del mercado, promover la cohesión social y para impulsar los esfuerzos colectivos de superación, a fin de que México supere en definitiva el atraso económico y la marginación de muchos mexicanos.
La activa participación de México en los asuntos mundiales da la oportunidad a nuestro país de involucrarse a fondo en el diseño y operación de lo que se llama la “nueva arquitectura económica internacional” que posiblemente sustituya el orden económico establecido en Breton Woods después de la segunda guerra mundial.
En lo político, le permitirá posicionarse mejor en el nuevo equilibrio entre naciones que se va configurando; incluso, una participación plena mexicana en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas abriría a nuestras fuerzas armadas opciones de preparación en técnicas modernas relacionadas con situaciones conflictivas, que serían muy útiles en este turbulento mundo. Habrá que tomar partido, pues ante los hechos reales el país no podrá ser neutral, pero son claras las guías para la acción internacional: paz, libertad, respeto a los derechos humanos, democracia, equidad, tolerancia.
Así que es muy bueno que, sobre todo el gobierno, catalizador de los esfuerzos comunes, mantenga el optimismo y se aleje del derrotismo, pero, por favor, sin construir castillos en el aire y sin que la visión optimista se plasme sólo en spots publicitarios, autocomplacencias o discurso floridos, sino que esté basada en estrategias y acciones consecuentes. Ah, y que en la reorganización del gabinete no reincida en el amiguismo.

Ciudadanía DF
La Crónica. Viernes 24 de octubre de 2008
En medio de la convulsión sobre la reforma petrolera, otros temas también merecen atención. Así como la lucha contra la inseguridad ha dado origen a un movimiento ciudadano que se destaca por haber incitado a la autoridad a una acción más efectiva para combatir con mayor contundencia ese flagelo, en esta ciudad de México grupos diversos de la sociedad civil están dando forma orgánica a sus demandas para que las autoridades capitalinas realicen una administración urbana más de acuerdo con las necesidades de la gente y con la sustentabilidad a largo plazo de nuestro entorno, y dejen a un lado los proyectos megalíticos de absurdo valor urbano, populistas o clientelares.
Así, se ha formado, entre otras, la Red en Defensa de la Ciudad de México, integrada por vecinos de las delegaciones Cuauhtémoc, Iztapalapa, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Tláhuac, que realizó una manifestación en el centro de la ciudad la semana pasada, en contra de los megaproyectos urbanos que planea construir el Gobierno del Distrito Federal, en particular, los llamados Centros Integrales de Reciclaje y Energía (CIRE´s), los “deprimidos” (pasos a desnivel) del Proyecto Integral Paseo de las Palmas en Las Lomas de Chapultepec, propiciados por la delegada panista en Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas; la línea 12 del Metro y el penal de alta seguridad, por construirse también en Tláhuac, así como las “supervías” y el túnel, vialidades de cuota que se pretende construir en el poniente de la ciudad.
No se trata, como alguien pudiera insinuar, de románticos ecologistas que se oponen solamente al derribamiento de árboles causado por las obras, quienes debieran conformarse con las promesas de que se obtendrá el visto bueno al impacto ambiental pues serán plantados siete árboles por cada uno tirado. ¡Qué fácil, ¡¿no?!
No, en realidad se trata de ciudadanos muy preocupados por la totalidad del impacto negativo del “Nuevo Orden Urbano” que propicia la administración de esta ciudad, con la colaboración de miembros de la Asamblea de Representantes del DF y de los jefes delegacionales, algunos de estos últimos atrapados en la corrupción de la política y otros en la penuria presupuestal, pues los grandes proyectos son competencia del gobierno central del DF.
Nuevo Orden Urbano que, como se percibe hasta ahora, está muy alejado de la racionalidad social, económica y ambiental, por lo que afecta negativamente la calidad de vida de los habitantes de la misma, en los diversos estratos sociales y en las diferentes regiones de la ciudad.
Los vecinos de Tláhuac y de Tlalpan hacen hincapié en la irracionalidad de la construcción de cuatro CIRE´s, gigantes plantas industriales para tratamiento de basura, una en cada una de esas delegaciones y las otras en Xochimilco y en el norte de la ciudad, según la opaca información que se proporciona, pues se afectarían comunidades, ejidos o pequeñas propiedades, con grave riesgo de contaminación, en tierras de reserva natural, de vocación agrícola o suelos de conservación y de recarga acuífera tan importantes para el Valle de México, y además en delegaciones tan depredadas que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha exhortado al GDF para que sean declaradas zonas de desastre ecológico y emergencia ambiental. No se ve razón, tampoco, de centralizar el reciclamiento de basura, con incineración de parte de la misma para producir energía, cuando ya ese reciclamiento es realizado en muy diversas plantas industriales, dentro o fuera del valle, que en todo caso habría que reforzar o modernizar. Se quejan también del embate a que se ven sometidas esas tierras por parte de especuladores inmobiliarios.
Por su parte, los vecinos de Las Lomas y de todo el poniente de la ciudad, hasta San Ángel, destacan las soluciones falsas de las obras a los problemas de transporte y tráfico vehicular en la zona, el efecto de traslación de los nudos de tráfico de los cruces en donde se construirán los pasos a desnivel a los siguientes, la atracción de tráfico vehicular de otras partes, la afectación permanente a entradas y salidas de muchas casas y edificios, la pérdida de valor de propiedades, posibles problemas al drenaje y tuberías de agua potable. No son menores la desnaturalización y pérdida de identidad y tradición urbana de las colonias afectadas, la pérdida de perspectiva del paisaje urbano y hasta el problema de adónde llevar la tierra removida, el cascajo y demás desechos de las obras.
Existe la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT), y se ha recurrido a ella, para quejarse de la incoherencia, y hasta falta de ética, de las “manifestaciones de impacto ambiental” que son emitidas, o de las “consultas públicas” tan amañadas, sin mayores efectos.
Y luego está el “moderno” modelo de financiamiento que el GDF adopta para “potenciar el presupuesto de unos 25 mil millones de pesos que se tienen para obras” (Mario Delgado, secretario de Finanzas), que básicamente consiste en contratación de deuda con empresas privadas para financiar obras en diversas modalidades: Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), bursatilizaciones de cuentas por cobrar (los ahora famosos “Derivados”), concesiones, o enajenación de bienes públicos para formar Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAS), como el bautizado “Capital en Crecimiento”. Por supuesto, nada es gratis, y si se hacen ahora obras por encima de los ingresos fiscales del año, fuentes futuras de ingreso del GDF tendrán que amortizar lo que ahora se construye de más, o bien los habitantes del DF contarán con menos bienes públicos, pues ya se habrán enajenado. La crisis financiera actual añadirá complicaciones al esquema.
En muy variadas disposiciones del marco legal del Distrito Federal se garantiza el derecho a la participación de la ciudadanía, tanto en forma individual como colectiva, “en torno a la discusión, análisis, investigación y elaboración de propuestas para la solución de los problemas de interés público y para el intercambio de opiniones sobre los asuntos públicos de la ciudad en general”, como establece el Artículo 22 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Con estas bases, el gobierno de la ciudad reactivó, en marzo de 2007, el Consejo Asesor de Desarrollo Urbano y Vivienda, para tratar de conjuntar la opinión ciudadana en torno a los proyectos urbanos, mismo que fue transformado, el 4 de julio, en un más amplio Consejo Asesor para el Desarrollo Urbano Sustentable de la Ciudad de México (CONDUSE), “organismo que tiene como objetivo actualizar el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal con un enfoque sustentable y así encaminar a la ciudad, con un instrumento de planeación moderno, hacia un Nuevo Orden Urbano que garantice la equidad, la sustentabilidad y la competitividad” (más información en su sitio: www.conduse.df.gob.mx).
A partir del 18 de julio, este Consejo ha venido trabajando con ese propósito, en 25 mesas de trabajo que abarcan la temática urbana de relevancia (el autor de este artículo preside una de ellas), en un ejercicio de planeación participativa en el que intervienen académicos, líderes sociales y vecinales, investigadores, legisladores y servidores públicos, cuyo primer resultado deberá ser un “diagnóstico ciudadano” sobre la problemática urbana actual, que a su vez servirá de base a instituciones académicas nacionales y algunas internacionales para elaborar un proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano Sustentable, que se estima sea sometido a consulta pública de los habitantes del DF el primer semestre del 2009.
El Gobierno del DF anunció a principios de este mes la conmemoración del Bicentenario del inicio de la lucha de Independencia y el Centenario de la Revolución “desde el punto de vista de los movimientos sociales”. Sería bueno que, como importante muestra de esa visión, el GDF atendiera a las razones del movimiento ciudadano que cuestiona válidamente el nuevo orden urbano megalítico que se trata de imponer, y que la “planeación participativa” descrita arriba no vaya a ser, como temen algunos ciudadanos, sólo un intento mediático para dar la impresión de que se toma en cuenta a la gente y al final se impongan otros intereses. Confiamos en que este no vaya a ser el caso.

La crisis. Prospectiva y estrategia económicas
La Crónica. Viernes 17 de octubre de 2008
¿Quién lo duda? La crisis financiera y económica internacional es una de las más graves en la historia moderna. Sin embargo, y aunque todavía no visualizamos cuál será el desenlace y sus consecuencias (ahora la atención se vuelca a la liquidez del crédito bancario y la amenaza de recesión), es un exceso pensar, como algunos neomarxistas heraldos del Apocalipsis, que representa el fin del sistema capitalista, y que incluso el neointervencionismo estatal que se está volviendo a poner en práctica para corregir los excesos privados sería contrario al bien común, pues retrasaría el colapso del sistema.
De todas maneras, es crucial analizar a fondo el futuro económico, pues en México la crisis nos agarró desprevenidos. Y es que la política económica del gobierno federal ha estado siendo reactiva y no prospectiva, como si fuera suficiente escudo el tener equilibrio en las variables macroeconómicas. Así lo reflejan acertadamente las sinceras declaraciones de altos funcionarios, la mejor, por supuesto, la del secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, de que “tomar medidas extraordinarias sería anticiparnos a algo que todavía no pasa”, pero también del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, cuando expresa que “estamos entrando en un periodo mucho más complicado de lo anticipado” (al hablar ante senadores sobre la situación económica del país, el 25 de septiembre), o del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz: “tres semanas atrás no sentíamos ningún contagio a través de los canales financieros, pero el contagio financiero se siente ya” (Conferencia Anual del Instituto Internacional de Finanzas, 12 de octubre).
Esto, cuando se supone que esas tres dependencias, y otras del gobierno federal, deberían de tener los mejores equipos técnicos para analizar puntualmente las perspectivas económicas de México y el mundo, a fin de estar en capacidad de anticipar adecuadamente las posibles medidas para contrarrestar, en lo posible, los efectos indeseables. Cierto es, también, como advirtió el propio Guillermo Ortiz, que “no existe un manual para las crisis”, y “no se puede anticipar con precisión el impacto de las acciones que se adopten”, pero parece que existían señales suficientes para advertir mejor a los sectores productivos y a la población en general que había que estar preparados para los difíciles tiempos por venir.
Sí, en los Criterios generales de política económica 2008 (establecidos en 2007), la Secretaría de Hacienda destacó algunos riesgos que “podrían alterar las (relativamente favorables) trayectorias previstas”, entre ellos “un desempeño menos favorable de la economía de Estados Unidos… si los mercados de bienes raíces no se estabilizan en el resto de 2007… o si se presenta una contracción pronunciada en la disponibilidad de crédito”. También, “de perdurar la volatilidad en los mercados financieros internacionales… o cambios abruptos en los ingresos petroleros”. Sin embargo, al parecer basada solamente la SHCP en una fuente, la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, faltó el análisis más detallado de dichos riesgos; no se alertó suficientemente sobre las altas probabilidades de que alguno de ellos se materializara, tanto así que el Escenario macroeconómico 2008-2013 consideró que “las condiciones crediticias en Estados Unidos para las familias y las empresas se normalizarán a lo largo del próximo año” (2008).
No debe descartarse el influjo que sobre este enfoque ha tenido la crispación política, que provoca el temor de que cualquier análisis objetivo por parte del gobierno acerca de los peligros de la situación económica pueda ser de inmediato aprovechado por la oposición política irresponsable como signo de grave ineficacia gubernamental y, para algunos, causal de inmediata revocación de mandato. De aquí que el optimismo se imponga.
Sin prospectiva no puede haber estrategia; por lo tanto, como el Escenario macroeconómico 2008-2013 resultó demasiado optimista no fue posible prever el impacto de lo que realmente hoy está sucediendo, y el país se vio enfrentado de repente a circunstancias muy difíciles. Por fortuna, la reacción del equipo económico del presidente Calderón no se apegó esta vez al dogma de la austeridad presupuestal, sino que se decidió por el impulso al crecimiento, la inversión y al mercado interno, aun cuando ello se refleje en un moderado déficit gubernamental. Igualmente, se mostró en consonancia con la actual corriente internacional que obliga a la intervención y supervisión del gobierno para corregir decididamente las distorsiones del libre mercado y la especulación ilimitada.
Respecto a esto último, vale comentar algo. Para algunos, ha sido indebida una de las moderadas medidas tomadas por el gobierno mexicano para reencauzar la economía, el uso de las reservas de dólares para limitar la devaluación del peso, pues se considera como si los nueve mil millones de dólares introducidos al mercado desde la semana pasada hubieran sido regalados a los especuladores, en lugar de destinarse a proyectos industriales o sociales, a corregir la pobreza.
No es así; las reservas de divisas se crean precisamente para su uso en estos casos de presiones especulativas contra nuestra moneda, y no, como algunos propugnan, para su utilización en proyectos productivos o sociales, donde quedarían inmovilizadas para usos contingentes, aunque es posible crear reservas específicas para proyectos, como es el caso del fondo del que saldrán los recursos para la nueva refinería que se va a construir como parte del plan anticrisis. Los especuladores, sí, aprovecharon en su beneficio, no ilegalmente pero con abuso de vacíos legales existentes, la posibilidad de trocar miles de millones de pesos de su propiedad por dólares de la reserva del Banco de México, con ganancia cambiaria, por supuesto.
En la parte en que se puede criticar válidamente al gobierno federal es en la renuencia que ha mostrado para controlar las malas prácticas de instituciones financieras y bancarias en nuestro país, que les permiten extraer utilidades extraordinarias de sus clientes y, ahora vemos, también, aceptar riesgosas operaciones especulativas. Incluso, no se establece una regulación tan sencilla para la competencia entre bancos en busca de clientes, pero que resultaría beneficiosa, de que sus campañas de promoción entre el público se refieran a cuál de los bancos ofrece las tasas de interés más bajas o el mejor servicio, y no en sorteos, regalos y otras promociones ajenas por completo a su función financiera.
Igual, el gobierno no se decide, quizá otra vez porque hacerlo sería añadir nueva leña a la hoguera del ya complicado desorden político, lo que amenazaría la estabilidad del país, a cumplir una reiterada necesidad de la economía mexicana: regular y limitar el poder monopólico de las grandes corporaciones industriales, comerciales y de los medios de comunicación, por lo que no es raro comprobar entre cuáles grupos se encuentran las empresas que han usado en su provecho la laxa regulación cambiaria y han ejercido falta de transparencia en la información a sus accionistas sobre los riesgos que ellas toman.
Estos abusos muestran que, por supuesto, no todo es omisión gubernamental. Se habla mucho en los círculos empresariales de la pérdida de competitividad de la economía mexicana, y se le achaca la culpa al gobierno, y a la clase política en general, fundamentalmente por la falta de acuerdo acerca de las “reformas estructurales”. En parte tienen razón, pues no es aceptable que una reforma petrolera posible lleve tantos meses en ser aprobada. Pero en otra parte importante la clase empresarial no tiene razón, como en la especulación cambiaria, cuando no recircula adecuadamente el ingreso para fortalecer la demanda interna, cuando exige manos libres en el mercado de trabajo con la reforma laboral, o cuando no ve que una de las razones más importantes por las cuales nuestra economía es tan improductiva es porque las actividades especulativas o publicitarias dominan.
Sí, de esta crisis un nuevo paradigma de enfoque económico, no de sistema económico, se está imponiendo: gobiernos que de manera transparente, equilibrada, con la máxima eficacia de operación y gasto de recursos, sin corrupción, y con los mejores métodos de prospectiva y estrategia, intervengan en los diversos mercados de la economía para asegurar que éstos funcionen fluidamente en un ambiente de competencia, siempre a favor primordial del bien común de la sociedad.

En plena crisis, México en el Consejo de Seguridad
La Crónica. Viernes 10 de octubre de 2008
En uno de los periodos previsiblemente más complicados, por la crisis económica mundial, México será nuevamente electo miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para el bienio 2009-2010, en la sesión plenaria de la Asamblea General del organismo, el próximo 17 de octubre, cuando se renovarán cinco de los 10 puestos “no permanentes” (de dos años de duración), que, junto con los cinco miembros permanentes, (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia), integran los 15 países del Consejo.
Será la cuarta ocasión en que México forme parte del selecto grupo de países del organismo de Naciones Unidas encargado de velar por la paz y la seguridad mundiales y recomendar métodos de solución pacífica de controversias internacionales. Fue integrante en 1946 y en los periodos 1980-81 y 2002-03.
México es único candidato para el asiento vacante que corresponde a América Latina pues, en abril pasado, los países latinoamericanos apoyaron su candidatura para sustituir a Panamá. El mismo caso se da para Uganda, apoyada en junio por la Unión Africana. El asiento de Asia será disputado por Japón e Irán, y los dos de Europa serán electos de entre Austria, Islandia y Turquía.
No sabemos todavía qué nuevos desafíos políticos traerá a la comunidad internacional la crisis mundial y el aparente fin de un paradigma económico (que no de un sistema económico, cosa muy diferente). La fortaleza de China, que cuenta con las mayores reservas de dólares y oro del mundo y su creciente influencia en zonas conflictivas. La reemergencia de Rusia como nación que quiere ser principal. Lo retos que una potencia debilitada, Estados Unidos, encontrará en diversas partes del mundo.
Así, la integración al Consejo de Seguridad es una gran responsabilidad, a la que México se debe ir acostumbrando cual nación que asume una creciente y activa participación en los asuntos mundiales, dado su creciente peso específico internacional, lo que he defendido repetidamente en estas páginas, a pesar de las sonrisas escépticas de aquellos que ven sobre todo las innegables dificultades por las que atraviesa nuestro país en estos momentos. Incluso insisto en que, como Brasil, Japón y Alemania, México debiera buscar también activamente un lugar permanente en un Consejo de Seguridad renovado que incorpore a nuevas naciones con asientos permanentes y así refleje mejor los nuevos equilibrios mundiales. Ya Francia y Reino Unido estimulan la participación continua de nuestro país en el “Grupo de los 13” que reúne a las ocho naciones hasta hace poco más fuertes del planeta (esas dos, además de Estados Unidos, Japón, Rusia, Alemania, Canadá e Italia) con las cinco “potencias emergentes” (China, Brasil, India, México y Sudáfrica, en ese orden), y con alguna otra, como España.
Pero, ¿de veras estamos en México preparados para ese alto destino si ni siquiera podemos poner orden en nuestro propio mundo interno? Claro, esta es una duda razonable, que tendrá que ser disipada claramente, para lo cual servirá muy bien la participación de México en el Consejo el próximo bienio.
¿Y existe una estrategia con estos propósitos? Bueno, por esfuerzos no paramos. En su visita a la ONU, del 23 al 25 de septiembre, el presidente Calderón participó en unos 15 eventos distintos y pronunció unos 12 discursos, de los que deriva una buena orientación del papel internacional de México, especialmente en sus intervenciones en la propia Asamblea de la ONU, durante una cena con la Foreign Policy Association, en almuerzo con el Economic Club of New York y en encuentro con representantes de la comunidad mexicana.
Así, la actuación de México en el Consejo de Seguridad tendrá como base el interés nacional, buscando “posicionar a México como un país que juegue un papel de liderazgo en los asuntos internacionales que nos lleve a asumir nuestras responsabilidades internacionales”. Habló también el Presidente de adoptar una “visión integral” sobre los flujos migratorios y aquí, parafraseando a Martin Luther King, dijo que tenemos que “construir también nuestro sueño mexicano… que debe ser el que un día México… pueda generar la oportunidad de trabajo o escuela suficientes para que nunca, nunca más tenga que salir por hambre una persona de nuestro territorio a buscar trabajo en Estados Unidos”.
Mencionó el Presidente el “elemento crucial de la política extranjera de México, que es la relación con Estados Unidos”, la promoción de la competitividad de América del Norte y la ampliación del TLCAN (no aludió, sin embargo, al muro fronterizo; quizá no era oportuno, quizá sí). Por otra parte, habló de la crisis financiera internacional y, todavía en ese momento, con el optimismo de la “fortaleza” de la economía interna que “neutralizaba” los negativos efectos de aquélla, posición que los tercos hechos le hicieron cambiar a su plan anticrisis tres semanas después.Dio prioridad el Presidente en Nueva York a la atención al cambio climático, a su propuesta de Fondo Verde, y a la promoción de las energías alternativas. Resaltó “la renovación de las relaciones de México con América Latina”.
Empero, como estaba muy reciente el atentado con granadas en Morelia, el presidente Calderón destacó el combate al terrorismo en su discurso en Naciones Unidas, lo que atrajo los encabezados en los medios mexicanos. Afirmó: “las amenazas a la seguridad global provienen, no sólo de conflictos entre Estados, sino de los desafíos que plantean las actividades de actores no estatales, como son las organizaciones criminales, dedicadas al terrorismo o al narcotráfico”. Así, en lo que hace a “terrorismo”, entró en un delicado terreno con aristas políticas globales, mucho más allá de Morelia, posición que reafirmo adelante cuando dijo: “este combate frontal requiere corresponsabilidad internacional… México reitera su llamado a todas las naciones para buscar nuevas formas de cooperación contra estas amenazas. La erradicación de estos flagelos es un eje rector, tanto de la política de seguridad nacional en México, como de la agenda internacional que impulsamos”.
Bien, pero en ese tema de seguridad, como en otros de la política mundial, el actuar de México implica que hay que ponernos muy realistas en el rejuego constante que se da entre los principios y los duros hechos, y en ocasiones habrá que tomar posiciones que no son fáciles.
El Presidente mencionó que “de ser electo (al Consejo de Seguridad), mi país se compromete a actuar con base en los valores esenciales de la comunidad internacional: la prevención y la solución pacífica de controversias, la prohibición del recurso a la amenaza o al uso de la fuerza, el respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, al derecho internacional y a los derechos humanos”.
Muy bien, pero está claro que una nación con vocación de influencia internacional, aun guiándose por los más altos principios del multilateralismo, necesariamente en ciertos momentos, que abundan en los conflictos internacionales, habrá de aplicar el rasero de los intereses concretos de la nación, de la atención a las relaciones bilaterales con países afines, de situaciones de soberanía versus derechos humanos o anarquía, o de ocasiones en que un mal menor es lo preferible.
Y las ocasiones serán numerosas en el Consejo de Seguridad: como dije, los efectos previsibles de la crisis económica mundial; los nuevos liderazgos de China y sus contrapesos de Rusia y la India; las operaciones de mantenimiento de la paz en lugares conflictivos; el realineamiento de países de América Latina y las nuevas alianzas que algunos de ellos buscan con aquellas naciones; ¿una OEA sin Estados Unidos? La situación conflictiva en el Medio Oriente: Irak, Afganistán, Irán, Israel, Pakistán. Al Qaeda.
Por eso, la opinión pública mexicana debe estar preparada para no dejarse llevar por el romanticismo de las posiciones políticamente correctas cuando a México le toque analizar y decidir sobre las opciones que se presenten dentro del Consejo de Seguridad. Sí, “el multilateralismo es el camino en el Siglo XXI, es la respuesta integral a la globalización”, como dijo el presidente Calderón, pero el mundo real no admite soluciones predeterminadas sino que obliga a un muy cuidadoso análisis de los méritos y desventajas de cada caso. Ese sería un norte vital para México en el Consejo de Seguridad.

Estas crisis que ves
La Crónica. Viernes 3 de octubre de 2008
Algo muy serio está pasando en México: inmolaciones, granadas, lenguas cortadas, decapitados; entambados en ácido; casi 5,000 ejecutados. Y esta es la parte gótica, porque también estamos resistiendo el embate de la descomposición económica externa y del estancamiento productivo interno, todo ello combinado con la proclividad a la discordia política y social. Sumémosle la falta de orientación de los diversos liderazgos y la grilla política desbocada y constataremos la urgencia de la situación.
Pero todavía estamos a tiempo, pues nuestro país tiene muchas fortalezas subyacentes que podrían ser aprovechadas si la sociedad mexicana actúa rápida y eficazmente para revertir esa situación de crisis múltiple que nos invade.
Para ello requerimos, todos, mirar hacia adelante, pues si volvemos la vista atrás corremos el riesgo de convertirnos en estatuas de sal y hacer estériles nuestros esfuerzos. No se trata de olvidar la historia, pues los logros alcanzados son acumulativos y constituyen la base para arrostrar los nuevos desafíos, pero como la vida no se repite, no conviene cargar eternamente con el lastre de los conflictos que dieron origen a las experiencias históricas. Así, el 2 de octubre de 1968, a un gran costo, México ganó la batalla de las ideas y empezó un largo ciclo de transformación pacífica del sistema político, que todavía no acaba y no habría que voltear atrás para hurgar más en la tragedia. Así, el 6 de julio de 2006, de una de las elecciones más divididas que hayamos tenido, se destacó la fortaleza del sistema institucional con que contamos y se dio origen a un movimiento de cuestionamiento social que, si se aleja del fundamentalismo, inconveniente en todo sistema social, podría impulsar fuertemente el equilibrio de fuerzas políticas y la equidad económica y social, sin necesidad de mirar hacia los agravios de atrás.
Mirar hacia delante, sí, pero ¿con qué cristal? ¿El de la complacencia, el de aquí no pasa nada, el de los cambios cosméticos, el de la simulación, el de mantener el monopolio político o económico o el statu quo? Si así fuera, todos nos engañaríamos y las crisis se seguirían reproduciendo, hasta que en un momento dado nuestras fortalezas no resistieran el embate. Todavía estamos a tiempo de mirar hacia adelante con el cristal de un acuerdo fundamental entre todas las fuerzas políticas, económicas y sociales del país, no para lograr un estadio social perfecto, que no existe, pero sí orientado a superar en definitiva los terribles retos actuales.
Esto es mucho más fácil de exponer que de hacer, pues se requerirían muchos cambios de actitudes, de acciones y programas, de compromisos concretos, y aquí la lista es infinita: reforma para la seguridad, reforma petrolera, el presupuesto 2009, mayor eficacia del trabajo de gobierno, menos partidocracia y más ciudadanización para las elecciones del 2009 y 2012. Existe la legislación para detener las ansias futuristas con cargo al presupuesto público de gobernadores y otros funcionarios, pero ¿por qué la ley electoral no para al gobernador que pinta de rojo todo su estado y cuya foto “aparece” en todas partes?
Algo no está funcionando en el equipo de gobierno del presidente Calderón y la magnitud de la crisis económica, de seguridad y de eficacia política impone los cambios, tanto de personajes como de líneas de gobierno para buscar aquellas que, sin ser disruptivas, porque eso sería lo que en estos momentos menos le convendría al país, sean mucho más firmes de lo que estamos viendo ahora. Pero no a punta de spots o de discursos.
Se volvió urgente una reacción enérgica para enfrentar la crisis económica generada en Estados Unidos, en lo cual el gobierno del presidente Calderón tiene una responsabilidad especial. Quizá fue una falla de expresión, pero resultó incomprensible la afirmación del secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, de que “tomar medidas extraordinarias sería anticiparnos a algo que todavía no pasa”, y que las mismas serían adoptadas hasta “ver cuál es el impacto del sistema financiero estadunidense en los bolsillos”. Tuvo que ser desmentido parcialmente (pues en el fondo dijo lo mismo) por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens: “El presidente Calderón nos ha instruido y muy particularmente a mí como secretario de Hacienda, a estar analizando casi minuto a minuto los eventos e ir preparando, en caso de que sea necesario, una serie de medidas contingentes que nos permitan atemperar los efectos de este fenómeno que se está presentando en el exterior”. ¿Tiene Hacienda ya un plan para controlar los excesos de nuestro propio sistema bancario?
El gobierno de Calderón había lanzado, con objetivos anticrisis, el Programa Nacional de Infraestructura y está promoviendo magnos proyectos de inversión portuaria y turística. El problema, como siempre, está no en la concepción sino en la realización. El programa de infraestructura lleva retrasos y se han levantado críticas quizá válidas respecto al impacto negativo sobre el medio ambiente de los grandes proyectos de inversión. Posiblemente no exista la virginidad ecológica, pero sería grave, como ha sucedido, que el afán desarrollista se tradujera en la violación de las leyes ambientales, a costa de otro de los grandes objetivos nacionales.
Como cabecea La Crónica, el presidente Calderón presentó un combo de reformas contra el hampa. Los otros partidos representados en el Congreso tienen también sus propias iniciativas con el mismo propósito. Se impondría ahora atemperar los protagonismos políticos, buscar las coincidencias, sacrificar algunas posiciones, todo con la meta de romper la burbuja criminal que nos invade, garantizar la seguridad común y desterrar las bárbaras prácticas que adoptan los delincuentes. Y una política seria en materia de seguridad obligaría a que el gobierno termine de una buena vez con sus absurdos spots en radio y televisión que buscan convencer a la gente de un “éxito” aquí y otro allá en la lucha contra la delincuencia, pero ignoran el desastroso cuadro completo de inseguridad. ¿No hay mejor manera de reatrapar ¡a un solo plagiario! escapado de un hospital que con numerosos y costosos anuncios en la prensa?
Y debe tomarse en cuenta una tendencia muy clara, que así como se aplica en el asunto de seguridad, es válida en materia económica y en otras: la descentralización del poder político en este país perfila también un nuevo federalismo; una nueva relación entre el gobierno federal y los estados, “a través de la descentralización de atribuciones y recursos a las entidades federativas”, como declararon los integrantes de la Conago en su última reunión en Álamos, Sonora. Aunque inevitable, es un tema complejo, pues aquí también es esencial fortalecer el control ciudadano de cada entidad sobre sus gobiernos electos y sus representantes locales, a fin de denunciar y no tolerar las ínsulas baratarias, las satrapías, los cacicazgos estatales. Y la cuestión implícita, aún pendiente pero que habrá de concretarse también: la descentralización de facultades y recursos de los estados a los municipios. De todas maneras, la Federación debería seguir teniendo atribuciones de compensación solidaria para canalizar recursos adicionales a los estados menos desarrollados, e igual mecanismo para que los estados favorezcan a sus municipios más atrasados.
No hay tiempo qué perder. Las fuerzas políticas demandan un plan anticrisis y enhorabuena que se acuerde, pero ojalá que no caigan en la demagogia y simulación a que nos tienen acostumbrados.

¿El DF, “ciudad de avanzada”?
La Crónica. Viernes 26 de septiembre de 2008
El jefe de gobierno, Marcelo Ebrard presentó el día 17 su segundo informe ante la Asamblea Legislativa con triunfalismo, como si se hubieran cumplido las metas establecidas. Ebrard mismo ha señalado que la ciudad de México “es, y a mucha honra, la ciudad de avanzada del país”. ¡Qué más quisiéramos los habitantes de esta capital, pero no lo es en política pública! Desdichadamente, hace años que esta amada ciudad de México perdió ese liderazgo, esa capacidad de señalar rumbos, y quizá lo más relevante que marca ahora, es cómo no hacer política urbana, los errores de gestión pública que no hay que cometer. En cuanto a cumplir metas, estamos distantes del Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 2007-2012 o del Plan Verde Ciudad de México.
Y no digo que esta ciudad sea fácil de gobernar. A pesar del surgimiento relativamente reciente de la conciencia ciudadana, que se va concretando en múltiples asociaciones vecinales o comunales de defensa urbana, los capitalinos todavía no nos distinguimos, en general, por nuestro civismo y respeto a la ley, lo que hace muy difícil la convivencia y la administración de los asuntos públicos. Tampoco digo que la ciudad no tenga fortalezas; sí, y una de las principales es que existe una base física, de operación, de organización y administrativa que hace que los servicios urbanos funcionen, a pesar de múltiples carencias, problemas y deficiencias. También, la ciudad de México dispone de un importante cúmulo de experiencias, tradiciones y actitudes de vida. Sus habitantes consideran la libertad, la tolerancia y el pluralismo como principios esenciales, y tratan de resolver los problemas que se presentan de la mejor manera posible, con base en esos principios.
Apreciemos esto, pero no dejemos de señalar la amplia brecha que todavía existe entre lo planeado/prometido y lo realizado por la administración pública del DF, lejos del triunfalismo mostrado por corifeos de la ALDF.
Y, peor aún, con la orientación de política urbana que se aplica. Está claro para muchos ciudadanos que el gobierno del DF está basando su política en un concepto “desarrollista” de grandes y costosos proyectos salidos del magín de alguno, sin el acuerdo de los supuestos beneficiarios, que aspiran a una administración detallada para resolver los numerosos problemas concretos que enfrentamos los capitalinos. Grandes obras financiadas privadamente, con amortizaciones de inversiones, y ganancias respectivas, mediante pagos futuros del GDF, ya sea provenientes de los proyectos o de impuestos. Así se pretenden realizar los Centros Integrales de Reciclado y Energía, el Túnel de Santa Fe, la Supervía Poniente, el segundo piso del Periférico Norte, las “Ciudades del Conocimiento”, etc. Este no es un esquema nuevo ni necesariamente descartable (es el mismo caso de los Pidiregas a escala federal), pero hay que tener mucho cuidado en no utilizarlo en exceso, pues se pueden comprometer las finanzas de la ciudad por muchos años. Sobre todo, apegados a las necesidades reales de los habitantes de la ciudad, en una proyección de desarrollo urbano sustentable de largo plazo.
Veamos a ojo de pájaro la brecha negativa de realizaciones públicas. A pesar de que en su segundo informe Ebrard señaló que “la política para recuperar y engrandecer el espacio público es una de mis prioridades”, la invasión de áreas públicas continúa. El Programa de Ordenamiento Ecológico no se ha renovado desde el año 2000. El tiradero del Bordo Poniente llega a su fin de vida útil sin alternativas. La Ley de Residuos Sólidos sigue sin ser aplicada y, en lugar de buscar la solución más ecológicamente avanzada, con base en esa ley, el traslado descentralizado de desechos ya separados “en la fuente” (las propias casas o en lugares especializados cercanos) a las diferentes industrias para su aprovechamiento, el GDF pretende el gigantismo, la invasión de espacios públicos, áreas verdes o de conservación, y duplicar el trabajo que ya realizan empresas establecidas, para construir cuatro elefantiásicos Cires, en Tláhuac, en Tlalpan y en otras dos zonas, cada uno con costo de ocho mil millones de pesos, más de lo presupuestado para los publicitados programas sociales.
Hubo un buen intento de retirar a los ambulantes del Centro Histórico, pero la pésima gestión para llevarlo a cabo está dando al traste con el mismo; las plazas para alojarlos son un fracaso; proliferan los “toreros” y los ambulantes migraron a otras zonas donde ya no quieren salir, el “efecto cucaracha”. Total, que el programa en vez de profundizarse parece ir para atrás. Con cualquier pretexto se siguen invadiendo los parques y jardines y los camellones, ahora nuevamente con los desprestigiados “módulos de seguridad”.
¿Usted nota la reordenación del transporte público, del flujo vehicular, la sustitución de unidades chatarra? Un proyecto útil, el Metro de Tláhuac, vulnera derechos y afecta áreas agrícolas. Se prohíbe la entrada al DF de autos foráneos sin verificación local, pero sigue proliferando la circulación de vehículos altamente contaminantes que sólo dios sabe cómo obtuvieron esa verificación ambiental. En noviembre pasado, Ebrard anunció que su administración introduciría “por primera vez, un tipo de cinta asfáltica con las mismas especificaciones que la mejor de Europa… su duración debe rebasar los cinco años… incluso tenemos un convenio con el gobierno francés”. Bueno, ya no quisiéramos un pavimento francés, sino sólo un buen control de calidad para que en las repavimentaciones realizadas (por cierto, en avenidas donde el pavimento estaba más o menos bien y no en los miles de kilómetros de calles que parecen trincheras), el nuevo piso no quede ondulado, poroso, con coladeras a grandes desniveles.
La ciudad sigue cada vez más pintarrajeada, con letreros por todas partes, espectaculares y “envolventes” de edificios, incluso de dependencias públicas, horribles graffiti y anuncios en cualquier pared y medio de transporte, desde vehículos particulares hasta en el Metrobús, incluidas sus estaciones. Caravanas de vehículos publicitarios que, en una ciudad con tantos problemas de tráfico y de contaminación atmosférica, deberían ser retiradas inmediatamente de circulación.
Este mes, el GDF organizó la “Semana de la Ciencia y la Innovación” y la directora del Instituto de Ciencia y Tecnología, Esther Orozco, declaró que “El GDF se orienta a la innovación en el desarrollo social y empresarial, con el fin de formar grandes investigadores con un nivel de excelencia”. Bien, pero ¿no sería mucho mejor que el GDF se propusiera seriamente aplicar los mayores avances tecnológicos en la gestión urbana donde tanta falta están haciendo? Cómo ahorrar agua y energía; cómo disponer mejor de la basura; reducir la contaminación; optimizar el transporte de personas y carga; reducir la burocracia y la tramitología, etc. ¿No deberían estar los planes de estudio de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México dedicados a la ciencia y la tecnología sobre esos temas?
Desaparece la perspectiva de nuestra ciudad. Recientemente se publicitó el proyecto ganador de la Plaza Bicentenario, la antigua Tlaxcoaque. Bueno, decir Plaza es exagerado, pues ganó más bien el Callejón del Bicentenario: dos grandes tapias de 240 metros de largo y unos 10 de alto, con la iglesia de Tlaxcoaque en medio, unidas en su extremo sur por otra barda de 40 metros de largo. En las tapias se sembrarán enredaderas de diferentes especies, “que formarán dibujos abstractos cuando floreen”. Afuera del callejón habrá “un bosque”. Queda nulificado así otro espacio abierto por obra gubernamental, como se ha perpetrado en Tacubaya, Tacuba, Xochimilco o en tantos lugares.
En seguridad no andamos muy bien que digamos, y no hay necesidad de repetir los juicios recientes de la ciudadanía al respecto. Solamente destacar como el juez Marcelo Ebrard, para presumir oportunistamente la eficacia de su policía, condenó en los medios a presuntos delincuentes de la banda de La Flor, en anticipación al proceso judicial y quizá hasta dando a conocer evidencias confidenciales de la averiguación previa.
Las marchas son privilegiadas en la ciudad. Qué bueno que se garanticen los derechos a la libertad de expresión, manifestación, petición, pero, ¿no debería un gobierno responsable al mismo tiempo garantizar a otros ciudadanos sus derechos de tránsito sin interferencia, a no perder su valioso tiempo, a que no se obstaculicen actividades comerciales o de servicios legalmente establecidas?
Corrupción y malos manejos permean, pero proliferan ideas sui géneris: “vochos” piratas a París, el “Ángel” a Beijing, las clases de náhuatl a funcionarios (¿cómo va su aprovechamiento?); la plantación del “Hijo del Árbol de la Noche Triste”, que, no faltaba más, se llamará “Árbol de la Noche Alegre”, según la Comisión del Bicentenario.

Terremoto, terrorismo y liderazgo
La Crónica. Viernes 19 de septiembre de 2008
Hoy 19 de septiembre se cumplen 23 años del sismo de 1985 y, como cada aniversario, éste es oportunidad de reflexión sobre el impacto que tuvo sobre nuestra comunidad ese terrible fenómeno natural, de graves consecuencias inmediatas y que a lo largo del tiempo cambió la perspectiva de esta ciudad, e incluso del país en su conjunto. Se ha hecho notar muchas veces que el sismo puso de relieve, sobre la marcha, lo mejor de la acción de la gente, de su desprendimiento y su heroísmo, de la iniciativa particular ciudadana para organizar y realizar las labores de rescate de las víctimas. Al mismo tiempo, con el sismo afloró la percepción de la falta de liderazgo de los dirigentes, de cuando un gobierno, en sus diferentes ramas, simplemente deja hacer y deja pasar, en lugar de marcar el rumbo, preocuparse y trabajar arduamente para resolver el problema. Con todo, aquel 19 de septiembre el optimismo y la esperanza ganaron la partida al derrotismo.
Hoy estamos también en una situación convulsa que puede degenerar en una crisis de grandes proporciones, posibilidad que es imperativo combatir con el espíritu que predominó el 19 de septiembre de 1985. El desafío de los violentos que lanzaron las granadas asesinas contra la población civil de Morelia, que dejaron 24 muertos en La Marquesa, que asesinaron a muchos en Mérida y en Creel, que llevan ya 5,500 ejecutados en lo que va del sexenio, tiene que ser enfrentado con decisión por la sociedad en su conjunto, pero bien organizada y dirigida por los líderes que el sistema institucional establece, en una actuación unida de las diferentes fuerzas y grupos políticos que integran el Estado mexicano.
El problema es muy complejo porque al reto de la violencia y el terrorismo se suma la amenaza de una economía internacional que se descompone, con grandes probabilidades de afectar aún más fuertemente el desempeño económico nacional, mediocre ya de por sí. Agréguense la futilidad de la lucha política interna y un gobierno del presidente Calderón que después de su primer año entró a una etapa de pasmo, y comprobaremos que el coctel es bastante inquietante.
Pero creo que, afortunadamente, no llegamos todavía al punto de quiebre. México no es aún un Estado fracasado y las señales de alerta que se multiplican deben despertarnos a todos para revertir la situación. Y es aquí donde el liderazgo de los dirigentes es crucial; en el Ejecutivo Federal, por supuesto, pero no sólo allí, sino en toda la sociedad.
Que el Congreso convoque a una consulta pública nacional para discutir en profundidad estrategias y leyes apropiadas y reforzar el arsenal tecnológico y de inteligencia a fin de desinflar la burbuja criminal que padecemos; para erradicar la impunidad de los criminales y la corrupción de jueces y policías, al mismo tiempo que se contemple la necesaria protección de éstos frente a la fuerza terrible del crimen organizado; para reevaluar las penas; para considerar la legalización de ciertas drogas, y una reforma carcelaria que evite el hacinamiento infernal de reos. En otras materias de importancia nacional, entre ellas cómo enfrentar la crisis económica, un Congreso que adopte las reformas posibles sin que se califique de “mayoriteo” la aprobación de leyes con los mecanismos legislativos establecidos.
Liderazgo en los partidos políticos, para que su lucha se guíe más por la meta del servicio público que por la simulación, el oportunismo y la ambición desmedida de poder (¿no es oportunista la iniciativa de reforma que el PRD en el Senado presentó este miércoles en materia de terrorismo, con “hasta mil 200 días de multa a quien utilice armas químicas, biológicas o nucleares”?) También en los grupos como el de Andrés Manuel López Obrador, que debe dejarse de provocaciones a la estabilidad institucional y concentrarse en ser una oposición verdadera, donde indudablemente tiene la oportunidad de denunciar muchas ilegalidades, sin trampas dialécticas.
Liderazgo con responsabilidad especial de los dirigentes de los grupos empresariales, para romper con la lógica de la acumulación indiscriminada de capital, y propiciar la redistribución del ingreso con mejores salarios, más empleos y mayor estabilidad en el trabajo; para moderar el poder monopólico que adquieren, por ejemplo en la banca o en los medios de comunicación, y reducir los precios de sus bienes o servicios o transmitir programaciones con temáticas más constructivas y que estimulen la educación y capacitación de la gente. Para contener el contratismo rampante alrededor de todas las obras gubernamentales, que las construye a precios demasiado altos o con muy baja calidad o sin contemplación para el respeto a los espacios públicos al medio ambiente. A final de cuentas, si las élites empresariales ejercen estas responsabilidades contribuirán a asegurar la viabilidad del régimen político y económico, en beneficio de todos, y con mayor seguridad para todos.
En el gobierno federal, el presidente Calderón tendría que proyectar un liderazgo más categórico, no de spots televisivos o giras sin fin por la República. Su honestidad personal y su capacidad intelectual son relevantes, pero en el rejuego político a veces parece apegarse en demasía a las posiciones de su propio partido, o peor aún, a sus preferencias personales o de amigos, en lugar de la política de Estado que debía serle consustancial. Su actitud en la ceremonia del Grito en Palacio Nacional fue ilustrativa. Parecía preocupado y distante, aunque todavía no sabía de las granadas de Morelia; como que no estaba convencido de la fiesta allá abajo en el Zócalo. Quizá inspiró lo mismo a sus colaboradores en la Secretaría de Gobernación, a juzgar por la transmisión de la ceremonia por televisión: una pésima producción oficial, que redujo a unos cuantos minutos la cadena nacional, con conductores interesados más en dar clases de historia patria que en relatar la atmósfera de la celebración, con camarógrafos interesados más en enfocar los fuegos artificiales en el cielo (nada fuera del otro mundo, nuestros coheteros ya necesitan también una revitalización), que a la gente en la plancha del Zócalo; el Presidente con su esposa en el balcón de Palacio, pero sin dejar verla pues la tapa con la bandera. En fin, una ceremonia desangelada y fría, que no logra transmitir al telespectador la emoción de la gesta nacional. Muy rápida, para dar lugar después al Grito como fiesta particular de las empresas televisoras.
Liderazgo de gobernadores y presidentes municipales, primeros responsables de la política de seguridad en sus respectivos territorios, que al tiempo que deben poner un cuidado extremo en evitar la corrupción de los cuerpos policiales de sus entidades, en su capacitación, en sus condiciones laborales dignas, tienen el compromiso de manejar con honradez y eficacia los fondos del presupuesto público para impulsar el desarrollo económico y social.
Entonces la unidad nacional a que ha llamado el presidente Calderón ha de darse principalmente en estos aspectos. Altura de miras y desprendimiento de intereses personales, con el espíritu del pueblo en septiembre de 1985. Liderazgo para marcar correctamente el rumbo que nos lleve a superar en definitiva esta doble crisis. Que junto a una política renovada de seguridad se pongan en vigor nuevas iniciativas económicas para contrarrestar decisivamente la recesión, impulsar el crecimiento y para dar empleo y optimismo a la gente.

Ciudadanos contra la partidocracia
La Crónica. Viernes 12 de Septiembre de 2008
Grupos de ciudadanos genuinamente preocupados por la crisis de seguridad que enfrenta la sociedad mexicana actualmente, están proponiendo mecanismos de contraloría ciudadana sobre la manera en la que los gobiernos cumplen sus funciones de prevención y castigo de los delitos y la garantía de seguridad pública. En concreto, los organizadores de la marcha Iluminemos México proponen crear el Instituto Ciudadano para la Prevención Social del Delito y Seguridad Pública, que parece estar en vías de realización.
Y es que el régimen político mexicano se encuentra en una delicada coyuntura. Por un lado, mediante un proceso paulatino y, no hay que dejar de subrayar, pacífico, ha conseguido la apertura del sistema de partido dominante para llegar a una pluralidad de fuerzas políticas en acción, donde diversos partidos luchan y obtienen el mando gubernamental, a nivel federal, estatal o municipal. Por otro lado, se ha logrado también reducir el amplísimo poder que tenía el Presidente de la República (y, en cierta medida, el de los gobernadores de los estados) para establecer un mejor equilibrio con los poderes Legislativo y Judicial y un federalismo ampliado. La conclusión lógica de lo anterior sería que vivimos ahora en una auténtica democracia y una mayor libertad. Pero no es así, desafortunadamente.
Sí, ha habido una redistribución del poder en la cúpula del sistema político: ya no es el PRI el que domina sino que ya ganan elecciones el PAN y el PRD y aun los partidos chicos en alianza con aquellos. El Presidente ya no es la autoridad omnímoda, pues comparte ya el poder con 500 diputados y 128 senadores, además de los gobernadores y los 11 ministros de la Suprema Corte. Hemos llegado más bien a un presidencialismo spotero y trashumante pero, ¿significa esto democracia para la ciudadanía? La verdad no. Ha significado hasta ahora una paralización de la función de gobierno, falta de dirección y rumbo, de gobernabilidad; un derroche de recursos públicos, tanto para la propaganda de figuras políticas como para las actividades electorales. Resultado: se mantiene el alejamiento popular de la toma de decisiones políticas y la brecha en los proyectos oficiales frente a las necesidades y aspiraciones de la gente.
En teoría, el esquema político prevaleciente en nuestro país parece cumplir las reglas básicas de la democracia representativa eficaz: hay elecciones periódicas en las que participa una pluralidad de fuerzas políticas y en las que el pueblo elige libremente a sus representantes para que ejerzan el gobierno. Pero el grave problema reside en la gran brecha que existe, y que no se ha podido llenar, entre los representantes y sus electores. ¿Por qué? Porque el vínculo entre ambos es extremadamente débil, formado por “partidos políticos”, que en teoría se suponen constituidos por el universo de ciudadanos, que se organizan en diferentes grupos de acuerdo con sus preferencias de doctrina política, pero que en realidad son entidades de membresía muy limitada, y de participación aún menor, por lo que quedan dominados por pequeñísimas cúpulas partidarias que manejan a su antojo idearios, estrategias, organización, prerrogativas presupuestarias, candidaturas a puestos de elección popular.
Tradicionalmente en el sistema político mexicano las decisiones han sido demasiado verticales, de arriba hacia abajo, por la falta de vigor participativo y de organización de los grupos sociales que están en la base de la pirámide: vecinos, habitantes de los pueblos, comunidades, organismos intermedios, consumidores, usuarios de los servicios públicos, que demasiadas veces sólo son testigos impotentes que sufren las consecuencias de las malas decisiones de las autoridades.
La sociedad mexicana se ha dado cuenta de esta falla básica en el sistema representativo, y para tratar de subsanarla ha creado de tiempo atrás varias figuras de lo que podemos llamar “el movimiento ciudadano”: organizaciones de la sociedad civil, “no gubernamentales”, institutos ciudadanos, etc., sin lograr todavía fortalecer su participación en la toma de decisiones políticas, pues muchas de las ONG’s enfrentan problemas de financiamiento, organización y falta de mecanismos legales que hagan más eficaz su influencia ante las autoridades. Peor aún, muchas ONG’s sólo sobreviven al amparo del apoyo gubernamental o sirven de membrete a pequeños grupos de interés.
Aparecieron luego los “ombudsman”, los “defensores del pueblo”, que en nuestro país devinieron “comisiones de los derechos humanos”, nacional y estatales, organismos autónomos de financiamiento público encargados de proteger al ciudadano del abuso de las decisiones de autoridades gubernamentales. Salvo actitudes demasiado protagónicas de algunos dirigentes o el control que sobre algunas comisiones estatales ejercen los gobiernos en turno, su tarea es positiva en la defensa de las garantías individuales, pero no pueden resolver por sí mismas el problema de la falta de representatividad ciudadana en el sistema político. Últimamente se ha dado una curiosa tendencia de tratar de incorporar a la Constitución todos los derechos habidos y por haber, confundiéndolos con aspiraciones válidas de toda sociedad, como el de “disfrutar una vida libre de violencia” (derecho incluido en la Constitución local de Sinaloa), el “derecho a la alimentación” o “el acceso a la cultura y el ejercicio de derechos culturales”, con lo que teóricamente las comisiones de derechos humanos podrían intervenir en todo ámbito de las reivindicaciones populares. Creo, sin embargo, que esta tendencia lo que hará es ampliar hasta la nulificación las tareas de las comisiones de derechos humanos.
Fueron creados también los entes “ciudadanizados”, como el Instituto Federal Electoral, que teóricamente estarían integrados por santones ciudadanos sin afiliación partidaria, designados también sin influencia de los partidos, para vigilar y calificar imparcialmente las elecciones (o el acceso a la información pública). Han sido también un avance, no hay duda, pero los avatares recientes del IFE y los IFEs estatales del Edomex, de Jalisco, Campeche, Tlaxcala, así como su tendencia a la elefantiasis burocrática, dan cuenta que el ideal ciudadano está todavía lejos. Empero, todo apunta a que la sociedad continuará buscando que estas figuras de participación ciudadana sirvan para una toma de decisiones más democrática en la gestión de los asuntos públicos, para lo que será necesario perfeccionar su operación y su utilización en forma combinada, sinergética.
Pero me parece que la solución idónea está en transformar el sistema de partidos, en propiciar la afiliación masiva de los ciudadanos a los mismos, con mecanismos de participación activa más efectivos; en hacer la operación de los partidos más democrática y transparente, en reforzar la rendición de cuentas de dirigentes ante sus miembros y de los representantes elegidos ante sus electores, con sanciones adecuadas en caso de incumplimiento.
Y la clave está en hacer que se respete el derecho constitucional de todo ciudadano mexicano a contender independientemente por puestos de elección popular, sin necesidad de ser presentado por un partido político, como lo establece nuestra Constitución en su artículo 35: “Son prerrogativas del ciudadano: (...) II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular (...)”.
El día 2 de este mes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no dio la razón al ex canciller Jorge Castañeda en la demanda que éste había presentado contra el gobierno mexicano porque no le permitió obtener su registro como candidato presidencial independiente en las elecciones del 2006. Aunque la Corte decidió que sí se violó el derecho a la protección judicial del demandante, en el asunto de fondo la Corte consideró que el Estado mexicano “ha fundamentado que el registro de candidatos exclusivamente a partir de partidos políticos responde a necesidades sociales imperiosas basadas en razones históricas, políticas y sociales”.
Por supuesto, respetuosos de la institucionalidad vigente, esta decisión de la CIDH es indiscutible, pero ello no es óbice para que la sociedad mexicana siga buscando por todos los medios legales de nuestro sistema constitucional, a partir de la “necesidad social imperiosa” de una auténtica democracia, que no sea restringido por ninguna ley o código secundarios el derecho consagrado en el Art. 35 de la Constitución para que, sin ninguna limitación, los ciudadanos puedan ser votados a puestos de elección popular. Es imperativo ciudadano acabar con el monopolio de las candidaturas que los partidos políticos han reservado para sí.

La reforma energética posible
La Crónica. Viernes 5 de septiembre de 2008
Este mes de septiembre será definitorio para la reforma a Petróleos Mexicanos y parecieran acomodarse las condiciones políticas para su aprobación mediante un acuerdo negociado entre el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. El “líder moral” de este último, Cuauhtémoc Cárdenas, confía así en que será aprobada una “buena” reforma energética.
Será un acuerdo “a la mexicana”, es decir, mediante un cuidadoso compromiso entre sus diferentes posiciones, incluso con algunas medidas propuestas por el grupo de expertos del Frente Amplio Progresista, pero siempre tendente hacia el centro político. El PRD tendrá una responsabilidad particular, pues deberá maniobrar para neutralizar las movilizaciones y las “sorpresas” que plantea el FAP de Andrés Manuel López Obrador, y quitarle a éste la bandera principal con la cual pretende seguir vivo políticamente, lo cual sólo podrá ser posible si a su vez el PAN deja de insistir en posiciones extremas de participación privada en la industria petrolera y el PRI acepta alguna disminución del poder de la cúpula sindical de Pemex, lo que no necesariamente significa afectar las legítimas prestaciones de los trabajadores de la paraestatal.
En cuanto a la “privatización”, el tema polémico, las propuestas estarían más cerca de lo que parece. La del presidente Calderón y la del PRI aceptan que Pemex contrate con particulares los servicios de refinación, ductos, transporte y almacenamiento de hidrocarburos. La propuesta del FAP no está muy alejada, pues “prevé, naturalmente, que Pemex acuda a la contratación de obras y servicios con particulares”, aunque “establece, desde la Ley Reglamentaria misma, un requisito que tornará imposible comprometer a trasmano participaciones en la propiedad del recurso o en la renta derivada de su extracción”, y también fija que “ningún contrato podrá otorgar porcentajes en los productos y participación en los resultados de las explotaciones... tampoco podrá convenirse el pago en efectivo del equivalente a esos porcentajes o participaciones” (Jorge Eduardo Navarrete, La Jornada, 28 de agosto).
Creo que un acuerdo sería posible con estos elementos y algunas afinaciones adicionales, como que se pueda contratar la refinación por particulares y no así el servicio de transporte de petrolíferos por ductos o su almacenamiento, dadas las implicaciones estratégicas de derecho de vía a través de varios estados y la protección de ductos e instalaciones.
Otro punto clave es la “autonomía de gestión” o presupuestaria de Pemex. El grave problema que se ha creado a través de los años es que una empresa tan grande y compleja enfrenta muchas dificultades y rigidez de operación, establecidas como candados para evitar la corrupción, pero que se han desvirtuado y burocratizado, como pasa en muchas áreas de la administración pública. Ahora bien, la gestión es una función ejecutiva y se introducirían riesgos de falta de dirección y anarquía si se involucrara en ello al Congreso. La rendición de cuentas y el fincamiento de responsabilidades es el arma para controlar la gestión del Ejecutivo.
Dado que “autonomía de gestión” no debe significar separar a Pemex del cumplimiento de objetivos nacionales, me parece que será posible llegar a un buen compromiso con esa meta entre las varias propuestas, para garantizar una administración mucho más eficiente y transparente y, sobre todo, para erradicar en definitiva la posibilidad de malos manejos por parte de sus administradores o trabajadores.
Sí, porque la corrupción, el “contratismo”, el tráfico de influencias, el peculado, son de las fallas más graves en nuestra industria petrolera nacionalizada, y de los más importantes canales por donde se fuga la renta petrolera; hasta el “robo hormiga” en los ductos de Pemex asume proporciones elefantiásicas. Mención aparte merece la indeseable relación de favores metalegales que a través de los años se ha desarrollado entre Pemex y la cúpula del sindicato de sus trabajadores.
Pero se impone una salvedad muy importante: para llegar a ese acuerdo básico, que destrabaría la reforma petrolera, los partidos involucrados en la negociación y la opinión pública en general, deberán tener muy claro que eso será sólo el principio de la solución del complejo problema de dependencia petrolera en el que cayó nuestro país.
En efecto, México contaba con todo para hacer del petróleo una verdadera palanca del desarrollo: abundantes reservas, una compañía estatal fuerte e integrada, un mercado interno y una planta industrial en crecimiento y amplias posibilidades de exportación al mayor mercado del mundo. Sin embargo, Pemex dejó crecer vicios de estrategia y operación y ha fallado decididamente en la administración del recurso petrolero, afectando muy sensiblemente su eficiencia y sus resultados, lo que junto a la corrupción sin límites ha puesto a esa industria en la actual postración, sólo atenuada o disfrazada por los altos precios del petróleo en el mercado mundial.
A nivel de la política petrolera, la lista particular de errores es muy amplia. Para empezar, el gobierno ha usado a Pemex persistentemente a través de los años como fuente de obtención de cuantiosísimos recursos financieros para integrar el presupuesto del gobierno federal, y también de los estados, con lo que bajan a niveles mínimos los fondos que le quedan a la empresa para inversiones en exploración petrolera, en el desarrollo de su estructura industrial y en el mantenimiento de la misma, así como en investigación tecnológica. Como resultado, cerca del 90 por ciento de lo invertido en la industria petrolera se hace bajo la modalidad de contratos de endeudamiento con particulares mediante la figura de proyectos de inversión financiada con impacto diferido en el gasto (Pidiregas).
Así, para darnos una idea del inmenso hoyo impositivo que tiene que llenar Pemex, de enero a julio de 2008, el país obtuvo ingresos del petróleo por 544.7 mil millones de pesos, de los cuales el gobierno federal (y de los estados) se quedó con 328.8 mil millones y Pemex únicamente con 215.9 mil millones de pesos. Por lo tanto, cualquier reforma petrolera exitosa tiene que resolver primero que nada quién va a pagar, y cómo y en qué plazo, los impuestos necesarios para cubrir el 34 por ciento del presupuesto gubernamental.
Otro problema grave de política ha sido el descuido al “valor agregado” nacional; miles de millones de pesos del presupuesto de adquisiciones de Pemex van a engrosar las importaciones y no a alimentar la planta industrial del país, no a la creación directa de empleo en México, no a la investigación tecnológica nacional. El caso más emblemático es la patente negligencia en la administración de Pemex en la construcción de refinerías en México, que obliga actualmente a la importación del 40 por ciento del consumo de gasolinas. Mauricio de María y Campos ha abordado in extenso este tema recientemente en El Financiero, y aboga por que la reforma petrolera incluya imperativamente “la definición de una estrategia de desarrollo de proveedores industriales, de servicios y de tecnologías nacionales, como hacen todas las empresas petroleras exitosas del mundo. En ese contexto —dice también— la utilización y el desarrollo de proveedores nacionales deben estar claramente presentes, sujetos a mecanismos eficaces de transparencia, control y supervisión”.
Pero la reforma petrolera no será una verdadera reforma energética sin un programa nacional de ahorro de energía, que incluya tanto la promoción de las energías sustentables como la eficiencia en el uso de la energía. Dos iniciativas de ley recientes ya contemplan este aspecto en lo particular. Para lo primero, el Partido Verde Ecologista de México ha anunciado que se sumará al compromiso político si se contemplan en éste sus propuestas presentadas en su iniciativa del 13 de agosto sobre una Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables. La laguna de la eficiencia energética ha sido cubierta por el PAN con su iniciativa del 2 de septiembre para crear una Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.
Esta es la reforma energética posible y es urgente que en este mes de septiembre el Congreso llegue a un compromiso político para llevarla adelante, de forma tal que se dé vuelta a la página petrolera y el debate nacional se pueda concentrar en otros temas, la seguridad, el inmediato, pero más trascendente, la reactivación económica y la creación de empleo que son los que pueden colocar al país en la ruta correcta del progreso y de la reconciliación nacional. Así sea.

Qué llevamos a la marcha del sábado
La Crónica. Viernes 29 de agosto de 2008.
Como asistentes a la marcha del sábado 30, llevamos, primero que nada, una convicción, esperemos no demasiado, optimista: la sociedad mexicana, el gran conglomerado que en sus diversos estamentos forma la nación, está diciendo ¡basta! porque no está dispuesta a permitir que en su seno predominen las tendencias destructivas, egoístas o proclives a la corrupción del ser humano y está decidida a hacer valer y poner en práctica todas las medidas de legítima defensa de la integridad del cuerpo social, como un todo, y de la seguridad individual de cada uno de sus integrantes.
Llevamos un llamado a la responsabilidad de todos.
En primer lugar de las personas que ejercen el gobierno, en cuyas acciones y decisiones la sociedad deposita el cuidado de la seguridad común, y el uso institucional de la fuerza para prevenir el crimen y para castigar a los infractores de las normas legalmente establecidas. Las penas tienen que ser eficientes para disuadir o escarmentar a los transgresores, y si el crimen florece, como ahora, con delincuentes que no tienen misericordia de nada, quiere decir que es necesaria una revisión escrupulosa de la fuerza de las penas y corregir la manera descuidada en que son aplicadas en esos casos, para hacerlas verdaderamente afectivas.
Llevamos estas recomendaciones a los encargados de los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, sin que ninguno de ellos pretenda deslindarse del cumplimiento de sus obligaciones con el pretexto de que corresponde a otros su cumplimiento. La coordinación y la colaboración entre todos ellos es una obligación ineludible. Al respecto, vemos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado el 21 de este mes en Palacio Nacional, más que nada una reiteración simbólica de obligaciones legales ya establecidas, de reformas constitucionales ya realizadas y de estrategias contra el crimen y acuerdos de coordinación que debieran haber sido la norma desde hace mucho tiempo. Aún así, le damos la bienvenida al Acuerdo, en espera de resultados concretos y efectivos.
Pero los ciudadanos llevamos con nosotros a la marcha el más firme apego a la protección de las garantías fundamentales del ser humano, pues siempre existe el gran riesgo de no saber cómo controlar a los controladores y de la pérdida consecuente de libertades. Así, el combate al crimen implica, por más contradictorio que parezca y por más difícil que haga la tarea de los agentes de la ley, el pleno respeto al Estado de derecho. Y conviene otra prevención particular: en su punto XII, el Acuerdo Nacional insiste en la creación de un Servicio Nacional de Identificación Personal, con el baladí propósito de “identificación personal en los trámites más relevantes”. Los ciudadanos desconfiamos justamente de la creación de un registro centralizado de todos, que fácilmente puede ser objeto de malos manejos y usos por los propios controladores (el Leviatán siempre es una posibilidad), y cuando la credencial del IFE ya es más que suficiente para cualquier propósito.
Es también esencial el principio de que toda policía (además de toda política) es local. Ante la gravedad que han adquirido algunos delitos, como el secuestro, se levantan voces que claman por el centralismo policiaco y la federalización de esos crímenes o, peor, frívolas propuestas para la creación de una policía nacional única, como si el nivel federal fuera impoluto y estuviera exento de las lacras, vicios e influencias nefastas de caciques que plagan a sistemas policíacos y judiciales de estados o municipios. Por supuesto, es necesario revertir la “enorme fragmentación del esfuerzo policíaco” de más de mil 600 cuerpos policiales distintos (Medina-Mora dixit), pero yo que he visto las precariedades en que se desenvuelven los contingentes policíacos llevados desde el centro a los estados y municipios, o la lejanía de los juzgadores federales de las concretas circunstancias en que se realizan los crímenes locales, creo que la justicia mexicana será mucho mejor servida si en cada ámbito se fortalecen las capacidades locales de prevención, investigación, ética policial y judicial, así como la presión ciudadana para la rendición de cuentas de los gobernantes del lugar.
Pues sí, combatir a fondo la corrupción de policías, jueces y autoridades y la fácil impunidad que logran los delincuentes, serán de las demandas más sentidas por los manifestantes, aunque reconozcan que esas dos lacras, corrupción e impunidad, no son ciertamente privativas del ambiente criminal sino que permean toda la vida nacional, por lo que la lucha será muy larga y no habrá que cejar en ella. Por supuesto, contra la corrupción, negligencia o ineficacia de policías, jueces y autoridades exigiríamos no la renuncia, no la no-votación, ¡sino su encausamiento legal! En contrapartida, cabe reclamar también las muy indispensables medidas de buenos salarios, estímulos honoríficos a policías, ministerios públicos y jueces, y protección a los mismos contra los insidiosos ataques del crimen organizado, así como una estrategia clara en relación con el seguimiento de los que son dados de baja por corruptos.
Insistiremos en la marcha en el gravísimo problema de las cárceles mexicanas, convertidas en semilleros de delincuentes de alta escuela. El descuido de autoridades responsables es grave y generalizado al respecto, y lo es también el de un sistema judicial lento, farragoso, caro, que atiborra los penales de reos sin condena o del Poder Legislativo que no mantiene en los códigos penales una proporcionalidad adecuada a la gravedad de los delitos, en perjuicio de los delincuentes primarios o de poca monta y en beneficio de los grandes criminales. Además, no se exploran métodos o procedimientos para incorporar a delincuentes primarios, muchos de ellos jóvenes, en programas de rehabilitación en instalaciones comunitarias especiales, en lugar de amontonarlos en las tenebrosas cárceles donde son convertidos fácilmente en serios criminales.
“No hay recursos presupuestales suficientes”, pueden argumentar funcionarios gubernamentales, y ello es verdad... para ciertos fines. ¿Por qué no exigimos que los gobiernos dejen de gastar las millonadas de pesos en propaganda gubernamental que trata de convencer mediáticamente a la población de las bondades de sus programas, y que esos millones los destinen al mejoramiento carcelario o a campañas educativas y de promoción de valores? ¿Es racional o ético que el presidente Felipe Calderón, que ya por ley no presentará su informe anual ante las cámaras del Congreso, ahora gaste ingentes recursos públicos (o los tiempos del Estado) para presumir ante las cámaras de televisión, en aburridos spots, “los avances de su administración” (incluida la seguridad)?
Y ya que hablamos de los medios, de la educación y de los valores, ¿no hay una gran tarea por delante para combatir también la cultura de la violencia que predomina? No se trata del falso problema de la censura a los medios o a los creadores del arte, pero toda la sociedad debiera darse cuenta que algo anda mal cuando en la televisión o el cine una mayoría aplastante de la programación aborda tramas en que el asesinato y la violencia extrema son el principal ingrediente, banalizados como si fueran la normalidad en la vida diaria y no las más tristes facetas de la naturaleza humana.
Algunos han decidido no asistir a la marcha porque consideran elitista el detonador de la misma, el asesinato del joven Fernando, o porque creen que existen muchos otros casos de violencia o transgresiones legales que no fueron tomados en cuenta o fueron olvidados por la sociedad. No me parecen buenas razones; el crimen, no tan sólo el secuestro, sino el narcotráfico, la trata de personas, el robo con violencia y tantos otros delitos que amenazan a todos, son siempre lamentables y lamentados por todos; lo que pasa es que se ha llegado a una masa crítica de agresiones sociales que es la que está llevando a esta magna protesta ciudadana.
Algunos asistentes a la marcha pensamos que la sociedad ganaría mucho en el combate al narcotráfico y al crimen organizado, y la violencia que conllevan, si se legalizara el consumo de drogas en México, después de un amplio y serio debate para establecer las mejores modalidades de la medida y los tipos de sustancias que serían liberalizados...
En fin, nos vemos el sábado.

Basura: el futuro nos alcanzó
La Crónica. Viernes 22 de agosto de 2008
¿En qué colonia del DF sucedió lo siguiente? El propietario de la casa recibió una multa de 2,000 pesos porque dejó ligeramente abierto su bote de basura ya seleccionada que recogería el camión; como no la pagó, lo multaron con 2,000 pesos adicionales y una nota mala en sus antecedentes penales.
Despreocúpese, no pasó aquí; ocurrió recientemente en un pueblo inglés. Aunque en Inglaterra apenas se recicla un 33 por ciento de la basura que produce, la gente en ese pueblo tiene que separar las latas, papel y cartón, vidrio, la materia orgánica, en recipientes especiales que deben de ser puestos en la banqueta cada quincena a las 7 de mañana para que sean recogidos por camiones de la municipalidad.
Las comparaciones son odiosas, pero en esta ciudad de México, a cuatro años de la entrada en vigor de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, de las 12 mil toneladas de basura que se producen a diario, sólo 10% se recicla, según informa Esther Orozco, directora del Instituto de Ciencia y Tecnología del DF, y apenas se llega a una cifra de entre 10 y 15 por ciento de separación primaria de residuos orgánicos e inorgánicos, según informó en febrero pasado Arturo Bastidas, asesor del Secretario de Obras y Servicios.
Por lo tanto, el 90 por ciento de la basura del DF tiene que ser llevada y enterrada, es un decir, al tiradero llamado Bordo Poniente, que será cerrado definitivamente por la Semarnat el 15 de enero próximo, dados los graves riesgos sanitarios que implica.
Así, el gobierno del DF está en una carrera contra el tiempo para resolver el problema de la basura, en lo cual ha sido muy negligente en todos estos años, y todavía no logra armar una estrategia coherente al respecto. Apenas ha sesionado la Comisión para la Gestión de los Residuos Sólidos del Distrito Federal, creada en mayo pasado para coordinar a las dependencias involucradas en el manejo de la basura. La Secretaria de Medio Ambiente citadina carece de atribuciones claras en materia de manejo de basura. Según reportaje de La Crónica (21ag08), el Instituto de Ciencia y Tecnología del DF (ICyTDF) se está involucrando en la promoción de la cultura de la separación “en fuente” de los desechos sólidos, y el gobierno de la ciudad proyecta la construcción en lo que resta de la administración de Ebrard de cuatro “Centros Integrales de Reciclado y Energía” (CIREs), con costo cada uno de 8 mil millones de pesos, pero que serán privatizados mediante un esquema en el que el gobierno pone los primeros 100 millones de pesos y la iniciativa privada el resto.
Según información de Milenio (21ag08), dos de los CIREs serán construidos en las delegaciones de Xochimilco y Tlalpan, ¡en 300 hectáreas cada uno!, según el modelo difundido, siendo los criterios de selección de los terrenos “la búsqueda de vías primarias de acceso y las condiciones de resistencia del suelo”.
Es decir, en materia de basura el futuro ya nos alcanzó y habrá que darle coherencia a los intentos por resolver el grave problema, con una buena orientación del gobierno de la ciudad, sí, pero también con una mucho mayor participación ciudadana (está de moda) y de las fuerzas económicas.
Para empezar, es esencial el proyecto que se contempla para realizar un mejor procesamiento de la basura “en la fuente” o sea educar a la ciudadanía para que en las casas se haga obligatoriamente la separación primaria de los residuos reutilizables: papel, plásticos, aluminio, vidrio, otros metales, además de la basura orgánica, y que los camiones recolectores simplemente aglomeren lo ya seleccionado, lo cual sería mucho más eficiente que construir grandes centros separadores. Las campañas absurdas de propaganda gubernamental debían ser convertidas en cruzadas permanentes de educación para estos y otros programas importantes.
Se pretexta ahora que no hay camiones de basura especializados para cada tipo de residuos, lo que es cierto, pero si en cada casa se hiciera una buena separación, no se necesitaría más que cualquier camión que pasara un día a la semana a recoger cada tipo de basura.
¿Y qué decir del reciclamiento de pilas, baterías, teléfonos celulares, computadoras, focos ahorradores de energía (que contienen pequeñas cantidades de mercurio)? ¿Por qué no se legisla ya para que las empresas productoras y comercializadoras se encarguen del reciclado? Esto sería mucho mejor que la privatización que se hizo de la recolección, con concesiones que incrementaron la contaminación publicitaria de la ciudad en módulos recolectores que no funcionan.
Asimismo, los grandes productores de basura: industrias, conjuntos departamentales, restaurantes, empresas de la construcción —incluidas las que hacen las obras del gobierno— deberían organizar ellos mismos el reciclamiento de sus desechos, supervisados por el GDF.
Habría que poner el debido cuidado público en la tendencia “moderna” que convierte a la gestión urbana de la ciudad de México en una simple coordinación de múltiples concesiones privadas: puentes, túneles y circuitos, grúas, tranvía, basura. Como mediante los impuestos no se consigue un presupuesto suficiente (recuérdese el bajísimo nivel de recaudación del predial) y ante la evidente corrupción e ineficiencia en la esfera de la administración pública, lo fácil es concesionar los servicios públicos a la administración privada.
¿Y las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas concesionarias? Es muy lamentable ver las deprimentes condiciones en que laboran los muy jóvenes ayudantes en los concesionados camiones recolectores de basura. Sería necesario que el gobierno del DF obligara mediante contrato escrito a que en las obras que contrate o en los servicios que comisione los contratistas o concesionarios se obliguen a otorgar a sus empleados las mínimas condiciones y prestaciones legales de trabajo.

Pacto contra la inseguridad o contra la irresponsabilidad
La Crónica. Viernes 15 de agosto de 2008
El joven Miguel de Cervantes Saavedra regresaba en 1575 a España desde Italia, donde había vivido; la nave en que viajaba fue abordada por piratas turcos que lo apresaron y vendieron como esclavo en Argel, junto con su hermano Rodrigo. A pesar de que en repetidas veces intentó escapar, se le retuvo allí cinco años, sujeto a abusos y penas graves, hasta que en 1580 su familia logró pagar el rescate exigido por sus captores. Después escribiría El Quijote.
Es decir, siempre hay lugar para la esperanza, aun en las situaciones más desesperadas y por ello deberíamos confiar en que la gravísima crisis actual de seguridad pueda ser superada con el concurso de toda la sociedad, aunque para lograr ese objetivo cada sector tendría que asumir la responsabilidad que le corresponde.
Por el momento este no es todavía el caso, pues el tema de la seguridad y la protección contra la delincuencia se volvió una mezcolanza, un grillerío donde no se entiende nada y podrían naufragar el combate de esta sociedad contra el crimen, organizado o no. Empecemos porque en la ciudad de México, una de las más castigadas por la delincuencia y donde el secretario de Seguridad Pública es nombrado por el presidente, ¡vamos a tener que festejar como un logro el que el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, reconozca y acepte reunirse en una “cumbre sobre seguridad” con el presidente Calderón, después de casi dos años de su gobierno, siempre y cuando asistan los gobernadores de los estados y con una agenda de 10 puntos fijada por el mismo Ebrard! Desde esa alta mira se ve el nivel de respeto al Estado de derecho que existe en nuestro país.
El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, pide al Legislativo (y a los gobernadores) “acompañar” al Ejecutivo con los cambios legales para concretar el Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad, aunque ya existe el Consejo Nacional de Seguridad Pública como organismo encargado de coordinar las acciones y el cumplimiento de objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Luego el presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, como que trata de deslindarse, al declarar que “el Legislativo debe crear leyes que determinen procedimientos ineludibles para que los jueces puedan imponer de forma legítima castigos y sanciones, que es la garantía más valiosa de la sociedad”, y el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Larios, revira al señalar que “se debe reconocer que hay un problema en el sistema de administración de justicia penal y un alto grado de impunidad, pues sólo uno de cada 100 delitos se castiga”, y diputados federales de los principales partidos se manifiestan dispuestos a escuchar las propuestas de la Suprema Corte para mejorar el combate al crimen organizado.
Planes van y vienen pero no se concretan; desde enero de 2007 el presidente Calderón puso en marcha la Cruzada Nacional contra la Delincuencia, para reforzar el Estado de derecho y la seguridad pública, en la cual se integraban 10 medidas-eje contra el crimen organizado. También, el 1º de febrero del 2007, el jefe de Gobierno Ebrard lanzó 90 acciones para combatir la delincuencia, aunque ya en esta ciudad se aplicaba supuestamente el Plan Giuliani de tolerancia cero. Desde enero de 2008 la diputada Ruth Zavaleta, presidenta de la Cámara de Diputados, había considerado prioritaria para el Poder Legislativo la discusión de todo lo relativo a la seguridad nacional, pero la distracción artificial de la agenda política a un solo tema, el petrolero, hizo a un lado todo lo demás.
Era natural que el presidente “ciudadano” del Senado, Santiago Creel, adelantara a Mouriño la creación de un “instituto ciudadano” de seguridad pública para que vigile las acciones gubernamentales contra la delincuencia. Dicho instituto, explicó, tendrá acceso a los documentos necesarios para revisar si el gobierno federal está cumpliendo sus compromisos de combate a la delincuencia, como la depuración de cuerpos policiacos, mejoramiento de la capacitación e infraestructura, desarrollo de operativos e incluso, el desempeño de jueces. Más congruente, la diputada Zavaleta planteó que “en el Pacto Nacional, los partidos y los políticos debemos comprometernos a actuar de otra forma y sin mezquindades y no pensar en nuestra proyección personal”.
A su vez, y aunque ya existía un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del DF, el jefe de gobierno está poniendo en práctica su propio esquema “ciudadano”, con 300 mil vigilantes integrados en comités, encargados de detectar zonas con mayor índice de delincuencia, analizar e integrar reclamos ciudadanos en materia de prevención e investigación del delito, apoyo a víctimas y ejecución de sanciones penales.
Entonces, nuestro sistema político está patas para arriba: los ciudadanos tienen que establecer organismos propios para vigilar que el Ejecutivo cumpla con sus funciones, y ya no sirven de nada los contrapesos que teóricamente debieran estar funcionando en el Estado, en este caso los poderes Legislativo y Judicial, o las comisiones de derechos humanos o las contralorías. Ya antes, la consulta petrolera había establecido la pauta: democracia directa, no a los representantes elegidos institucionalmente, la ciudadanía es soberana.
Ante ello, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, advirtió que “la vigilancia no es tarea que deben llevar a cabo los propios particulares; tampoco debe aceptarse que la autoridad induzca el deporte de sospechar. Poner en marcha esa estrategia podría traer más problemas que soluciones”.
Claro que el Poder Judicial merece muchas de las críticas, cuando sabemos la lenidad con que son juzgados muchos de los más sanguinarios delincuentes y el altísimo nivel de impunidad vigente. Pero aquí también es una cuestión de estrategia: está claro que los jueces, los ministerios públicos, los policías, los jefes y tropas militares deben ser protegidos en su integridad de los ataques personales o de los sobornos a que son amenazados o sometidos por parte de la delincuencia; el policía y el juez “sin rostro” son una necesidad. El Legislativo, por su parte, está también en falta en cuanto a las penas y castigos o las medidas de encarcelamiento y rehabilitación; incluso debiera examinar seriamente para crímenes nefandos la imposición de la pena de muerte, con los suficientes “candados” para evitar dicho castigo a inocentes, objetivo que, por lo demás, debiera ser la norma respecto a todas las penas. Y qué decir del Ejecutivo, criticable por la imperante corrupción policiaca, el descuido atroz del sistema carcelario o las graves fallas en la integración de expedientes criminales que el Ministerio Público remite a los jueces.
No es que pretendamos ridiculizar o minimizar los esfuerzos que las ramas del gobierno realizan para combatir al crimen y los importantes logros alcanzados, como destacó en Ixtapa Zihuatanejo el titular de la PGR, Eduardo Medina-Mora, el pasado 2 de agosto, pero el problema está en que la “burbuja criminal” sigue creciendo y lo dramático en todo este fárrago de discusiones y propuestas es que todos los actores pueden tener parte de razón, pero lo que está faltando es el catalizador que las aglutine, que les dé forma y orientación; está faltando estrategia, dirección y desprendimiento y sobra interés propio y mezquino.
La propuesta ciudadana de Creel se empata con la hecha por la presidenta de la fundación México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera, quien la incluyó entre las cinco acciones concretas encaminadas a lograr un eficaz combate al delito de secuestro. Ella y otros ciudadanos convocan a una manifestación el 30 de agosto para exigir al gobierno mejores estrategias y resultados en el combate a la delincuencia, y de inmediato diversas autoridades buscan subirse al carro de la organización o patrocinio de la marcha, a pesar de que no es el gobierno el convocado; pues es una manifestación para exigir que las autoridades cumplan su responsabilidad. Se entiende la ira de los ciudadanos directamente afectados por el crimen o la de aquellos que preocupados por el interés general emprenden la lucha social contra ese flagelo, como la señora Morera, pero lo que es inadmisible es que algunos políticos traten de aprovechar la situación en su propio beneficio.

¿Cuánta energía podemos ahorrar?
La Crónica. Viernes 8 de agosto de 2008
Muchísima. Es necesario insistir en el tema, que abordé en estas páginas el 24 de mayo y el 23 de febrero pasados, porque extraña sobremanera que, con pocas excepciones (como algunos ponentes del Debate Universitario sobre la Reforma Energética, realizado a fines de junio) el ahorro de energía –su conservación y su uso eficiente– siga sin ser considerado como lo que es, un componente esencial de la estrategia energética del país. En el debate de la reforma petrolera en el Senado y en otros foros, en las propuestas de los partidos, se ha hablado, sí, de la utilización en mayor proporción de fuentes nuevas y renovables de energía y de una mayor aplicación a la industria petrolera del avance científico y tecnológico, objetivos muy válidos, pero se han discutido muy poco las medidas específicas de eficiencia energética que ya son urgentes, que se deberían estar tomando ya, independientemente de la reforma petrolera o energética, pues un Programa Nacional de Ahorro de Energía no requiere ninguna sanción legislativa sino sólo efectivas medidas por parte del Ejecutivo.
El 13 de agosto, el Partido Verde presentará su propuesta de reforma energética. Esperemos que incluya debidamente el tema.
Hay que decir que este desdeño a la conservación y uso eficiente de energía no es privativo de nuestro país. “Algunas veces las soluciones más lógicas, las más obvias, son las más difíciles de ver”, escribe Bob Herbert en The New York Times (5 de agosto 2008), al lamentarse sobre la ausencia de lo que debiera ser un “componente crítico de la estrategia energética” en Estados Unidos: “el paso más rápido, más barato y más limpio hacia un ambiente energético sano –un paso disponible inmediatamente para todos–: la poderosa combinación de eficiencia y conservación”.
Sí, hay medidas aisladas por parte del Ejecutivo federal, como el programa piloto para ahorro de energía, que instaló el presidente Calderón en la población de Othón P. Blanco, Quintana Roo, el 23 de junio, orientado a sustituir electrodomésticos viejos por otros más eficientes mediante bonos a personas de bajos recursos para que cambien sus aparatos. Pero son medidas aisladas, temporales, no encuadradas en un amplio programa que involucre a toda la población, a los gobiernos, a las empresas (aunque algunas de las grandes corporaciones mexicanas ya lo están iniciando, por propio interés, por el ahorro en costos que les representa el uso eficiente de energía).
Mucha energía se puede ahorrar. Para empezar en la propia Pemex, si deja de quemar el gas asociado en los pozos petroleros, si sustituye el transporte de petrolíferos a los centros de consumo en ductos en lugar de camiones-pipa, si moderniza los propios ductos de que ya dispone para que utilicen menos energía en su trabajo, si aprovecha la energía calorífica de sus procesos de refinación y otros industriales en plantas de cogeneración de energía eléctrica para su propio uso, si aplica el concepto de “frugalidad energética” en todas sus operaciones.
Hay muchas maneras de lograr también la frugalidad energética en el transporte de personas y de bienes: propugnar por más eficientes estándares de consumo de combustible en la flota de transporte nacional, promover la introducción de vehículos híbridos, esfuerzos serios para la “deschatarrización” de la misma. Es ilógico pensar que la apertura del mercado en el 2009 a vehículos usados provenientes de Estados Unidos va a aumentar los vehículos chatarra en circulación, cuando vemos el lamentabilísimo estado de una alta proporción del parque vehicular nacional.
Es básica, asimismo, la promoción de un mejor transporte público para desestimular el uso del privado, y una mejor operación de aquél. Por ejemplo, en esta ciudad, y en muchas del país, sería inmensa la cantidad de combustible (y desgaste de vehículos) que se ahorraría si se disminuyeran drásticamente los “topes” y se obligara a que los vehículos del transporte público hicieran parada solamente en los lugares marcados y no en cualquier lado que se le ocurre al usuario o al chofer (¿no sería posible que a esas unidades les colocarán equipos de rastreo GPS para captar velocidad del carro, consumo de combustible, detenciones fuera de parada, horarios, como ya lo van a hacer en La Habana?).
A nivel industrial, el rediseño de productos y procesos podría incrementar dramáticamente la eficiencia energética. Se requieren fuertes inversiones y aplicaciones tecnológicas para ello, pero los resultados a mediano plazo serían sorprendentes: “De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, Japón consumió en 2005 la mitad de energía por cada dólar de actividad económica en comparación a la Unión Europea o Estados Unidos, y hasta un octavo que China y la India” (NYT, 25/jun/08).
Las personas, los consumidores, con la debida orientación pública y con un sistemático esfuerzo educativo, podríamos ahorrar también mucha energía, con beneficio para nuestros propios bolsillos y para el interés general, mediante el uso del transporte público, más eficiente iluminación y aparatos domésticos, desconectar éstos cuando no los usemos, etcétera.
¿Ahorrar agua para ahorrar energía? Por supuesto. Toda el agua que consumimos –excepto la lluvia que riega directamente las tierras de cultivo o nuestros jardines o el agua de los ríos que por gravedad sirve para el riego o el consumo– requiere una buena cantidad de energía para llegar a nosotros: para sacarla de los mantos freáticos, para elevarla de los manantiales o ríos a la altura de las ciudades (en la de México a 2,240 metros), para subirla a los tinacos de las casas o edificios.
Pero imbuir en la mente y la acción de todos estas simples pero eficaces medidas de ahorro energético quizá sea mucho pedir para el alcance de las actuales autoridades de la Secretaría de Energía.

El PAN... para atrás
La Crónica. Viernes 1º de agosto de 2008.
Mucha gente se pregunta qué está pasando en el PAN. Cuando parecía que había sido definitivamente superada la decepcionante etapa del “gobierno de la transición”, de Vicente Fox, la más reciente actuación del presidente de ese partido, Germán Martínez Cázares, al reincorporar a la política partidaria al ex mandatario como cabeza del Comité de Planeación Estratégica y renovar la alianza con la corriente yunquista durante el reciente Consejo Nacional del PAN realizado en León, Guanajuato, provoca dudas sobre la sagacidad de tales iniciativas en cuanto a sus pretendidos resultados de triunfar en las elecciones intermedias del 2009, y retener la Presidencia en el 2012, así como perplejidad acerca del liderazgo del presidente Felipe Calderón sobre su propio partido y, mucho más importante, sobre la conducción de su gobierno.
En estas páginas, Aurelio Ramos Méndez escribió, con precisión y sin tapujos (26 de julio), que, a pesar de que “Fox salió de la Presidencia entre un aluvión de acusaciones de corrupción institucional, personal y familiar, y de burlas a su logorrea, ignorancia y rusticidad, así como de críticas a una incompetencia política y administrativa que le costó al país un retroceso de varios años en todos los aspectos”, su reincorporación “denota a las claras a favor de quién se resolvió el juego de vencidas entre el ex mandatario y el presidente Felipe Calderón”. Para Luis Soto, (El Financiero, 28 julio), “los panistas están haciendo hasta lo imposible para sufrir una estrepitosa derrota en las elecciones federales de 2009 y también en las de 2012”. Para Federico Reyes Heroles se trata de “un acto suicida del PAN” (Reforma, 29 julio).
En cambio, para Juan Manuel Asai, ayer en La Crónica, la decisión de nombrar a Fox responsable del Comité de Planeación Estratégica del PAN, es una maniobra del “pragmatismo ilimitado, diríase salvaje, de la administración Calderón”, que “busca cerrar, por lo menos de manera temporal, un flanco abierto que está causando mucho ruido al interior del partido”.
Si así fuera, resulta cierto lo que escribe Ricardo Alemán, (El Universal, 28 julio) “el PAN de Germán Martínez nos enseña que igual que el locuaz grupo talibán de AMLO, que el perverso grupo de la profesora Gordillo, que el calculador grupo de Manlio Fabio en el PRI, la clase política mexicana —toda— está dispuesta a lo que sea: tragar sapos y serpientes, realizar las más penosas y hasta vergonzantes alianzas, las más escandalosas claudicaciones, los más ofensivos engaños colectivos, con tal de ganar el poder, de mantener el poder, de regresar al poder”.
En la democracia es innegable la importancia de los líderes para dirigir el rumbo de una sociedad compleja, para orientarla, para indicarle cómo organizarse para sortear mejor los obstáculos; pero lo que se está viendo es que en este aspecto nuestro sistema está sumamente fallo. A pesar de las innumerables dificultades derivadas de una elección muy cerrada, el primer año del gobierno del presidente Calderón mostraba un camino mucho más claro, diferente al frívolo e ineficaz de su antecesor, más prudente y equilibrado. Luego, en enero de este año, decide darle un nuevo impulso a su gobierno, incluso con la sustitución del titular de la Secretaría de Gobernación y, meses más tarde, con la remoción del presidente del partido, pero la nueva orientación no fructifica. Por un lado, quizá debido a la resistencia del sector de extrema derecha del PAN, que se siente desplazado y, como dice Aurelio Ramos, empieza un juego de vencidas con el presidente.
Pero también se debe a que el nuevo enfoque tiene serias fallas. Se pasa a considerar al gobierno como una función propagandística, más que una lucha por acuerdos posibles, y a gastar millones y millones de pesos en publicitar las bondades de los programas o iniciativas gubernamentales, el colmo con el “tesoro” escondido en aguas profundas del Golfo de México; se trae al presidente Calderón a vuelta y vuelta por toda la República, sin darle tiempo a reflexionar sobre el rumbo del país o para amarrar acuerdos entre los diferentes grupos políticos; se prosigue con la cantaleta de las “reformas estructurales”, la más trascendente la petrolera, y se presenta ésta sin un plan adecuado para llevarla a buen puerto, con elementos controvertibles, no “planchados” antes con la oposición institucional, lo que provoca que la iniciativa sea tomada por la oposición amloista, a la que no le interesa la reforma en sí, sino el mantener a su líder en la palestra para el 2012. Con todo esto, en lugar de afirmarse, se desdibujan las perspectivas electorales del PAN para el 2009 y el 2012. Agréguese la disidencia de Javier Corral y el resentimiento de Santiago Creel.
Pero aun así no se entiende cómo el presidente Calderón y su grupo político cercano pueden aceptar el riesgo del regreso de Vicente Fox y la reivindicación de Manuel Espino. ¿Es que de veras la extrema derecha le ganó las vencidas? Si es así, no se augura nada bueno para la República. Puede ser pasable para Calderón la posición “combativa” que ha mostrado el líder panista Germán Martínez, ¿pero acepta eso de “guanajuatizar” a México como sinónimo de extender al país el dominio que el PAN tiene en Guanajuato? Con el debido respeto a ese estado, tierra de mis ancestros, y a sus habitantes, la situación política allí prevaleciente y los personajes guanajuatenses que fueron exaltados no debiera ser el modelo de ningún partido en México, un país que entre sus acuerdos políticos básicos, para no hablar de los principios constitucionales, tiene el de mantener claramente separados al Estado y la Iglesia, que como ideal no acepta que sus gobernantes practiquen impunemente el tráfico de influencias, la incompetencia, la megalomanía. Hasta el propio ex Gobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia, que asistió al Consejo Nacional y aceptó a regañadientes formar parte de la Comisión de Plataforma Electoral, “desde la sociedad”, dijo que en el PAN y en todos los partidos impera “el amiguismo, el chambismo, el influyentismo y compadrazgo”, por lo que manifestó la esperanza de que “el PAN reaccione, toque fondo y vea que tiene que regresar a los principios del PAN, que tiene que regresar a vivir esta mística, esta filosofía de respeto a la dignidad de la persona humana, pero sobre todo de establecer una alianza profunda con la sociedad”.
Ahí, el presidente Calderón tiene la palabra, para retomar él mismo la iniciativa, para evitar que su gobierno sea presa de la nueva estructura de su partido, para que remedie la falta de calado en su círculo político cercano, y para seguir con la línea de centro moderado que le estaba dando buenos dividendos, lo que si bien implica por definición evitar las provocaciones a las diversas tendencias políticas del país, también requiere determinación en conseguir los objetivos razonables. Que si Elba Esther Gordillo quiere ya irse, que le apresure la salida y que deje de estar permanentemente en los primeros planos del gobierno calderonista; que en la negociación de la reforma petrolera propugne por entrarle a una redefinición de los privilegios a la cúpula del sindicato de Pemex y que se llegue a fondo en evitar el “contratismo”, con la total transparencia en el ejercicio del presupuesto de la paraestatal. Que no se dé cuartel a la corrupción en el gobierno; que acompañe la iniciativa para establecer en la ley la obligación por parte de los sindicatos de rendir cuentas a sus agremiados sobre sus recursos.
¡Qué paradoja!, porque de hacerlo así seguramente el PAN será más fuerte que si sigue la “planeación estratégica” dirigida por Vicente Fox, a pesar de que éste “no ha perdido ninguna elección”.

Un tranvía llamado futurismo
La Crónica. Lunes 28 de julio de 2008
La ilusión futurista del jefe de gobierno Marcelo Ebrard viaja en tranvía, el de Buenavista, pero también en “consulta” petrolera (¿se vale que en Morelia implore como cardenista?), en entrega de becas a niños pobres (¿era necesario exhibirlos en el Zócalo?), en el costoso Circuito Bicentenario, o en proyectos como las playas, pistas de hielo y el circo en el Zócalo, que parecen episodios extraídos de El Hombre que No Tuvo Infancia más que decisiones de un gobierno responsable y consecuente con los reales problemas de la ciudad y con el verdadero interés público.
Pero no importa, así estamos en la rendición de cuentas. Un tribunal puede determinar que la “consulta ciudadana” no es tal, pero no pasa nada, se lleva a cabo como si lo fuera, con intervención del Instituto Electoral del DF, por mis pistolas. Lo mismo pasará con el tranvía de Buenavista, a pesar de las obvias desventajas del proyecto, bonito pero retro, es decir, anacrónico. Tiene mucho en común con el otro elefante blanco de Buenavista, la Biblioteca Vasconcelos, pretendidamente moderna pero anacrónica, cara y poco eficiente.
“Sí aspiro”, se abrió Ebrard a Univisión, cuando el entrevistador le preguntó sobre la posibilidad de que buscara la Presidencia de México en 2012. Sus aspiraciones pueden ser válidas, pero el drama para los habitantes de esta ciudad es que desde el inicio de su gestión como jefe de gobierno era evidente que ya aspiraba, y toda su labor de gobierno ha estado y seguirá marcada por ese deseo, que lo obliga a alianzas, maniobras, proyectos faraónicos y sui géneris, más que al servicio a la ciudad.
Actualmente, si uno quiere viajar los poco menos de tres kilómetros de Buenavista al Zócalo, puede tomar el Metro y en 3 minutos y con un boleto de 2 pesos llega a su destino, fácil, ecológica y económicamente. Otros ramales del Metro entrelazan la zona, pero eso no importa, hay que destinar entre mil 500 y mil 800 millones de pesos a un transporte redundante que es casi cuatro veces más lento y cuya tarifa será tres veces más cara, que tiene también la desventaja de entorpecer el tránsito de las calles por donde pasará, dada su rigidez de manejo; que necesita una infraestructura cara y estorbosa y que, por todos estos motivos, su balance de operación en términos de CO2 distará de ser lo amigable que se pregona con el medio ambiente.
Y luego, faltaban los talleres para los trenes, y aquí también la cuestionable solución ¿ecológica?, con otro espacio de interés público cercenado: “Nos faltaba el terreno para los talleres y ya se consiguió: va a ser en un deportivo frente a la estación Buenavista; ya se hizo la cesión de Patrimonio Inmobiliario para pasar el terreno al Servicio de Transportes Eléctricos”, informó la semana pasada el secretario de Finanzas del DF, Mario Delgado. Agregue lo ofensivas que serán al paisaje urbano del Centro Histórico las dos terminales y las 28 estaciones del tranvía.
Ahora se argumenta que el tranvía no tiene fines de transportación sino de turismo, pero aquí también entra la redundancia, pues funciona actualmente en el Centro Histórico y en otros corredores el servicio del “Turibús”, autobuses turísticos que permiten un manejo mucho más fluido, con la posibilidad, para los turistas que suben a la plataforma superior, de una mejor vista de la ciudad que lo que se ve desde un tranvía, y que ya está en operación sin problemas.
¿Por qué el Gobierno del DF no utiliza los recursos que destinaría al tranvía de Buenavista a proyectos mucho más favorables al bien público de esta ciudad? Inclusive en la propia área de transportes eléctricos el beneficio sería mucho mayor y el gasto sería mucho menor si, por ejemplo, se aumentaran las corridas de trenes y el largo de los mismos, como es la aspiración y casi la súplica de los usuarios, en la Línea del “tren ligero”, tranvía que desde hace mucho funciona de Tasqueña a Xochimilco, que ya cuenta con carril confinado en casi toda su extensión, y a la que se podría agregar un ramal a Tlalpan, como existió en una época. También podría ser reconvertido en una nueva Línea del Metro, como proyectaba la Secretaría de Transportes y Vialidad hace dos años. Con cualquiera de estas soluciones, los graves problemas de movilidad de personas en esas zonas se aliviarían sensiblemente, pero allí el proyecto no adorna.
Según informaciones difundidas, el Servicio de Transportes Eléctricos del DF planea la construcción de otras rutas de tranvía: el corredor La Villa–Auditorio, el de la Condesa a Ciudad Universitaria y otras… a mil 500 millones de pesos cada una. Compárense estas inversiones, por decir algo, con los apenas mil 682 millones de pesos que el GDF destina en todo este año a obras de infraestructura y mantenimiento urbano en las 16 delegaciones de la ciudad, o con los 10.6 millones de pesos que la delegación Iztapalapa destina a la conservación y el mantenimiento de 55 unidades habitacionales. Como vemos, el gobierno citadino se inclina más por los grandes proyectos, facilones de licitar y operar, que por las pequeñas obras diseminadas en toda la ciudad, tan necesarias, pero que, ay, provocan innumerables problemas de gestión y no rinden los dividendos políticos buscados.
Por eso la ilusión del jefe de gobierno viaja en tranvía.