Marcelo, el privatizador

La Crónica. Viernes 25 de abril de 2008
¿Le suena la siguiente afirmación? “La ciudad de México estará inmersa este año en un proceso de innovación financiera, que la convertirá en una de las capitales más competitivas del mundo, y se podrán atender los requerimientos de la población en materia de infraestructura, vialidad, agua potable y drenaje, en asociación con la iniciativa privada, pero cuidando que el interés público prevalezca sobre el particular”. Sí, ¿verdad? Es la justificación paradigmática de cualquier privatización de actividades o funciones públicas, y en esta ocasión fue hecha el 9 de marzo pasado por el secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal, Mario Delgado.

Más pronto que tarde, el 20 de abril, Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno del D. F., confirmó públicamente la construcción de dos vialidades urbanas que serán de peaje y requerirán la participación de la iniciativa privada: el megatúnel de Reforma, que conectará a Santa Fe con el Circuito Interior con una longitud de más de ocho kilómetros, y la autopista desde los Puentes de los Poetas hasta la Avenida Luis Cabrera, como parte de un plan para mejorar las vialidades en la zona poniente. La empresa Capital en Crecimiento ha sido creada por el GDF para agrupar a los inversionistas en los proyectos.

Surgen, desde luego, varias cuestiones acerca de este enfoque de política urbana “sin costos para el erario”. De entrada, la privatización de servicios urbanos que tradicionalmente han sido provistos por el gobierno de la ciudad. Bueno, el chiste de estos esquemas financieros modernos que estamos poniendo en práctica, argumentará el GDF, es que no sale un centavo del presupuesto público; el gobierno de la ciudad solamente da las concesiones y el derecho de vía, en tanto que el capital para la construcción de las obras y su operación y mantenimiento es aportado por los socios privados, que después recuperan su inversión, en el caso de las obras viales con los peajes que se cobrarán a los usuarios.

¡Magnífico! ¿No? El gobierno no utiliza sus propios recursos y la ciudadanía disfruta obras que de otra manera no podría tener. Todos ganamos, excepto por el pequeño detalle: la capital se capitaliza con los pequeños pero recurrentes peajes que cada automovilista tendrá que pagar por el uso de esos servicios, ya no públicos sino privados.

Hay que decir que el maravilloso esquema —que en realidad encubre impuestos disfrazados, no cobrados directamente por el gobierno sino descentralizadamente por las empresas concesionarias— no es necesariamente impugnable por cuestión de principio, pues los gobiernos en esta época tienen necesidad de utilizar diversos métodos para movilizar recursos a fin de incrementar la cantidad o la calidad de los servicios públicos.

Pero es más bien la estrategia general que se visualiza lo que puede ponerse en entredicho. En efecto, no se trata sólo de obras viales, pues el secretario de Finanzas Mario Delgado mencionó también coinversiones en infraestructura, agua potable, drenaje y ¡bienes raíces! “generadores de ingresos, como departamentos, centros comerciales, oficinas y bodegas” (con los terrenos aportados seguramente, no faltaba más, por el GDF, sin una aprobación, que debería ser indispensable, de la Asamblea Legislativa). Quiere decir que en cada uno de estos casos habrá una descentralización de impuestos, que serán cobrados como “servicios” por los concesionarios privados, además de que en muchos de estos casos se estarán enajenando espacios públicos, con lo que uno se puede preguntar si esta forma impositiva es más o menos eficiente que la tradicional, centralizada, en la que el gobierno percibe directamente los impuestos y proporciona también directamente los servicios. Una cosa es segura: el cobro de impuestos es mucho más impopular políticamente y más difícil de conseguir.

Y también hay otras cuestiones importantes, como la orientación del gasto. No parece sensato tener unas pocas obras de relumbrón y al mismo tiempo la mayoría de obras y servicios en condiciones lamentables, que las obras faraónicas dejen en la miseria a todas las otras oficinas del DF. Para tener una idea, considérese que tan sólo el Túnel Reforma y las Súper Vía Poniente costarán 18 mil millones de pesos, en tanto que del presupuesto 2008 del Distrito Federal para todos sus programas y funciones (111 mil millones de pesos) apenas se asigna a las pobres 16 delegaciones del DF un total de 21 986 millones de pesos, de los cuales destinados a infraestructura y mantenimiento urbano sólo son 1,682 millones de pesos, menos del 10 por ciento del costo de las dos megaobras.

Agréguese a este apego a las obras políticamente espectaculares, que del presupuesto normal del GDF ejercido centralizadamente, el gobierno capitalino hará este año, a partir de la próxima semana, otra megaobra, el Circuito Bicentenario (antes Circuito Interior) para sustituir el pavimento asfáltico de 40 kilómetros que tiene la vialidad con concreto hidráulico y construir seis puentes para agilizar los cruces en intersecciones importantes, con una inversión aproximada de 3 mil 100 millones de pesos.

Y no se cuenta tampoco con los estudios de impacto ambiental que se requieren para su construcción. Se teme que la Súper Vía Poniente sólo traslade los “tapones” viales de un lado a otro, pues va a unir transversalmente avenidas descendentes que no cuentan con la capacidad suficiente para el desfogue de vehículos, estrechas y sembradas como están de decenas de topes, semáforos mal sincronizados y otros obstáculos. Cómo se afecta el medio ambiente, los riesgos para los usuarios o la vida útil de la obra pueden ser factores relevantes en particular respecto al megatúnel que unirá Santa Fe con Insurgentes.

Existen serias dudas de especialistas acerca de si estas grandes y costosas obras que favorecen el uso del transporte particular son en verdad útiles para resolver el grave problema de tráfico urbano, o si más bien se requiere cambiar el paradigma a favor del transporte colectivo, junto con un mejoramiento sustancial de la ingeniería de tránsito, lo que además de ahorrar mucha energía y tiempo, reduciría sensiblemente las emisiones de carbono y contaminantes del aire que afectan en forma creciente a los habitantes de esta ciudad, en especial el ozono.

Las consideraciones anteriores sobre privatizaciones indeseadas de algunos servicios públicos son aplicables, por supuesto, a otra obra gigantesca, en este caso concesionada por el gobierno del Estado de México: el segundo piso de cuota sobre el Periférico Norte (Viaducto Bicentenario), que correrá del Toreo de Cuatro Caminos al Circuito Exterior Mexiquense, en el kilómetro 44 de la carretera a Querétaro, en cuya primera etapa se invertirán tres mil 900 millones de pesos. No se pone en duda el gravísimo problema de millones de personas que viven o trabajan en esa zona, que solo cuentan con el acceso del Periférico Norte, pero ¿no hubiera sido mejor una vía paralela, que, aún con expropiación de terrenos, sería menos costosa y conectaría mejor por ser de superficie y no elevada? Y la solución del transporte colectivo, por supuesto.

Y no es que no haya esfuerzos importantes en materia de transporte masivo, pues los dos gobiernos, el de la ciudad de México y el del Estado de México —y también el federal— participan en proyectos muy relevantes: diversas líneas del Metrobús en esta ciudad; el tren suburbano que en su primera fase irá de Buenavista a Cuautitlán, y que se inaugura la semana que entra; trenes suburbanos a Ecatepec y a Chalco. En todos ellos, puede darse la participación privada, ya sea en la operación (Metrobús) o en concesiones de espacios comerciales en estaciones (trenes suburbanos). Sería mucho mejor al bien común seguir en esta vía.

Pero, por favor, no con experimentos retro, como el proyecto de revivir el tranvía en el Centro Histórico de la ciudad de México.

huertajj02@hotmail.com
pliegodejjhuerta.blogspot.com

No abandonar sino revolucionar la democracia representativa

La Crónica. Martes 22 de abril de 2008
El conflicto que se vive en el Congreso de la Unión desde que legisladores del PRD, del Partido del Trabajo y de Convergencia, integrados en el Frente Amplio Progresista (FAP), tomaron sus tribunas el 10 de abril, muestra que sin proponérselo quizá, e incitados por Andrés Manuel López Obrador y el líder del FAP, Porfirio Muñoz Ledo, dichos parlamentarios están poniendo en seria evidencia sus propias tareas legislativas y comprometiendo las bases del sistema político de representación que nos rige.
Esto a la vez resalta la imperiosa necesidad, no de abandonar, pero sí de revolucionar la democracia representativa hacia una democracia más participativa.
Recordemos que en la imposibilidad de que el pueblo se gobierne mediante la democracia directa reuniéndose en asamblea y tomando directamente las decisiones políticas, elige periódicamente a sus representantes, que se supone están plenamente capacitados de adoptar responsablemente las decisiones públicas inherentes al desarrollo de una sociedad compleja como la nuestra.
Pero no, los legisladores del FAP se autodescalifican y tratan de obligar a un ejercicio de democracia directa (pero dirigida por su corriente —5 y 5—), con un “debate público” interminable sobre la reforma petrolera, que lleve a un final feliz en que el Congreso simplemente estampe su firma en las conclusiones alcanzadas. Si esto va a ser así, ¿por qué no aplicarlo en todas las decisiones públicas que haya que adoptar, establecemos debates públicos ad hoc en cada caso y prescindimos de una buena vez del Congreso?
Hagamos caso omiso en este momento de matices importantes: si se configura o no un “golpe de Estado”; si en realidad AMLO sólo busca atizar diversos conflictos y discusiones públicas (la cuesta de enero, el TLCAN, Mouriño, la reforma petrolera) para mantener vivas sus expectativas políticas; la proclividad al protagonismo estéril de algunos personajes, y tratemos de entender el movimiento del FAP y de las fuerzas políticas e intelectuales que lo apoyan como una preocupación para que la democracia representativa sea más participativa.
Sí, en la nueva legislación petrolera, y en muchas otras (la electoral que ya pasó, y las pendientes: la laboral, la de telecomunicaciones, de carreteras, de medios, sobre monopolios, etc.), existe una necesidad de una mucho mayor participación de los diversos grupos sociales y de interés, organizaciones civiles o sociales, empresariales, o campesinas y sindicales que configuran la sociedad mexicana (las iglesias no, pues su poder es espiritual), para que no todo quede en decisiones interesadas de los pequeños cenáculos de los partidos políticos, tan poco transparentes, en los intereses de los poderes fácticos ni en las maniobras que se llegan a realizar en el propio Congreso, que necesita también, ya, su propia reforma.
Todo eso está muy bien; son aspiraciones válidas de una sociedad progresista. Pero una condición sine qua non es que todo ello se busque mediante el estricto respecto a la institucionalidad establecida, a la ley del lugar, a las reglas que la colectividad se ha dado. Lo otro es la revolución, que también puede ser válida pero que tiene sus propios métodos y sus propias condiciones (entre ellas la muy importante de saber medir la fuerza relativa entre los contendientes).
Por eso el FAP cojea fuertemente, ya que basa su lucha en un ilusorio pero inefectivo desafío al orden establecido, en el desconocimiento al gobierno de Calderón y el surrealista apoyo al “legítimo” de AMLO. Por eso diría que el ala más fuerte del PRD, no la más vociferante, pero sí la de visión más clara, está tratando de poner un hasta aquí a dichos métodos de lucha “revolucionarios”, como argumentó extensamente Jesús Ortega, en su artículo de Excélsior del 10 de abril (“Las causas de la crisis en el PRD”).
Muy bien, queremos una democracia participativa, pues hagámosla a partir de la ley, una opción que en el México actual está claramente a nuestro alcance pues no vivimos una dictadura y las instituciones de un gobierno democrático se han venido afinando en todo este tiempo —aunque nunca serán ideales—.
Por supuesto, la democracia participativa, o cualquier democracia, no es anarquizante, y la gobernabilidad del sistema es también de gran importancia para todos, pues el desorden y la anarquía conspiran contra el bien común. Además, tendremos que partir de la base: los comités vecinales, las organizaciones civiles, los sindicatos, los partidos, todos los participantes en el debate nacional que se propone, tienen que tener convicciones democráticas y comportarse consecuentemente; sus decisiones deben ser adoptadas transparentemente y de acuerdo a los estatutos, sin maniobras cupulares. No caben los sesgos políticos de los análisis científicos. La democracia participativa no admite que se coarte el derecho de todos los ciudadanos a presentarse como candidatos independientes a puestos de elección popular y sí puede adoptar formas modernas de las figuras del referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular.
Pero todo esto conseguido mediante la ley y no en abierto desafío a la misma.
Sin embargo, desafortunadamente estas condiciones de la democracia participativa no están dadas todavía para el debate público que se propone sobre la reforma petrolera, por lo que es muy probable que el mismo desemboque improductivamente, después de meses, en una mayor polarización y tensión sociales. En este caso, quizá sería mejor que se retirara la iniciativa de reforma, en espera de una ocasión más propicia.

Una familia de Imecas

La Crónica. Viernes 4 de enero de 2008
El Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (Imeca, que mide la concentración en la atmósfera citadina de cinco elementos: ozono, partículas menores a 10 micras —PM10—, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono) ha estado en algunos días de las dos últimas semanas en niveles bastante altos, casi para que se decretara una pre-contingencia ambiental. Aun si se toman en cuenta las críticas de que el Imeca requeriría ser complementado para que mida otros contaminantes presentes en el aire de esta capital, y de que el propio Gobierno del DF controle sus fuentes de contaminación, es posible reconocer su beneficio y la importancia de avanzar tecnológicamente en su aplicación con cada vez mejores modelos de calidad del aire.
Al mismo tiempo, en esta ciudad en que el aumento de la contaminación ambiental rebasa con mucho los esfuerzos oficiales y privados para contrarrestarla, creo que sería de interés público aumentar la familia de los Imecas, es decir, crear nuevos índices para medir la contaminación urbana en diferentes rubros, que pudieran estar sujetos al escrutinio público y al mejoramiento consecuente de su aplicación, todo ello en beneficio de un mejor medio ambiente para los millones de habitantes de la ciudad de México y su zona metropolitana.
Para empezar, necesitaríamos el Índice Metropolitano de la Calidad de Disposición de Basura (Imecadiba), que mediría el grado de cumplimiento de la Ley de Residuos Sólidos, en vigor en el Distrito Federal a partir de enero del 2004. La Ley obliga a la separación primaria de la basura apenas en orgánica e inorgánica, pero el Imecadiba se podría ir complementando para que la basura inorgánica fuera separada, desde el origen por los propios generadores, es decir, los habitantes de la ciudad antes de entregarla al camión recolector, en distintos recipientes, a saber: a).- plásticos diversos, excepto los envases PET de refrescos, que se aprovechan por separado; b).- papel y cartón; c).- periódicos y revistas; d).- metales (las latas de aluminio, en lo posible aparte); e).- vidrio. El Imecadiba indicaría también cómo se cumple el no dejar la basura tóxica (pilas, celulares, televisores, computadoras, o sus partes), para que se la lleve el camión, sino que su disposición fuera a través de las tiendas que venden esos aparatos o algún otro medio especial, como el establecido por el programa “Manejo responsable de pilas en la ciudad de México”, que dio inicio el 27 de febrero del año pasado y que, aunque no funciona muy bien por vandalismo y otras razones, consiste en la adaptación gradual de 250 “Columnas Informativas y Turísticas” con un contenedor que permite almacenar temporalmente las pilas que la población deposite y que una empresa envía a reciclaje o disposición final.
El Imecadiba sería multifacético, pues mediría las opciones para disponer adecuadamente de los líquidos o materiales contaminantes (pintura, solventes, aceites de motor, aceites corrosivos, medicinas), y evitar que vayan a la tierra o al drenaje. Los desechos voluminosos (muebles, llantas, aparatos del hogar, ramas, etc.) serían objeto de un apartado especial. También incluiría mediciones de las formas en que los dueños de perros cumplen con las disposiciones de recoger los excrementos de sus animales cuando los sacan a pasear a la calle.
Ciudades europeas y estadunidenses han empezado a prohibir el uso en supermercados de bolsas de plástico fabricadas con derivados del petróleo, no biodegradables, por los grandes problemas ambientales que ocasionan: duran hasta 1,000 años, ensucian calles, drenajes, árboles; matan pájaros y otros animales. El Imecadiba calcularía qué tanto se dejan de usar estos plásticos o se sustituyen por biodegradables.
Otro indicador útil sería el Índice Metropolitano de la Calidad de Uso y Abastecimiento de Agua (Imecaua), tendiente a superar el estado actual de incompetencia en el cuidado del agua, en una ciudad cuyo consumo diario del elemento se abastece en dos terceras partes de los mantos freáticos, que se agotan y se degradan; que no aprovecha los torrentes de lluvia que caen anualmente en esta olla, situada a 2,400 metros sobre el nivel del mar, por lo que la otra tercera parte tiene que subirse, proveniente de fuentes externas y con un gran gasto de energía.
El Imecaua mediría los avances en la superación de esa situación, así como la cobertura mínima del servicio de agua potable a todas las colonias de la ciudad, su uso racional y no desperdicio; los avances en una nueva red de agua potable que sustituya la ya muy deteriorada que existe y que causa muchas y frecuentes fugas.
El Índice Metropolitano de la Calidad de Uso Apropiado de los Espacios Públicos (Imecauep) frenaría la ambición desmedida de fraccionadores y controlaría la reglamentación del uso del suelo, el respeto a los espacios públicos y la no apropiación de los mismos para usos privados. A través del Imecauep se vería el cumplimiento de objetivos como evitar: la aparición de “giros negros” o no autorizados, talleres mecánicos en la vía pública; la proliferación del ambulantaje; la extensión de negocios establecidos que invaden espacios bajo puentes o banquetas; la invasión de éstas por automóviles que se estacionan en batería sobre ellas. Propondría soluciones como la promoción y financiamiento de estacionamientos apropiados, la localización en edificios adecuados de tianguis o mercados sobre ruedas.
El Índice Metropolitano de la Calidad del Tránsito y Transporte (Imecatrans) registraría la aplicación de una ingeniería de tránsito moderna, con una red totalmente computarizada para manejar las diferentes condiciones de vialidad y sincronizar los semáforos correlativamente; eliminar la inmensa mayoría de topes y barreras a la circulación.
El actual gobierno del DF se ha decidido al parecer por el “diseño de políticas públicas y la implementación de acciones para ordenar y, sobre todo, disminuir la cantidad de vehículos en circulación”, es decir, por la solución de largo alcance de estímulo a los medios masivos de transporte (Metro, Metrobús, Tren Ligero, autobuses modernos y eficientes), para hacer menos presionante y necesario el uso del transporte individual de automóviles. El Imecatrans mediría los avances al respecto.
El Índice Metropolitano de la Calidad del Ambiente Visual y Sonoro (Imecavis) serviría para ir midiendo y controlando la disminución de la extendida contaminación visual y auditiva de nuestra ciudad por comerciantes y publicistas inescrupulosos, y por restaurar la hermosura que fue característica del paisaje de la región más transparente del aire.
El Índice Metropolitano de la Calidad de la Infraestructura Urbana (Imecaiu) sería herramienta para llevar el control tanto del diseño y calidad de las grandes obras urbanas de infraestructura —que dejan mucho que desear en estos tiempos porque parecen hechas para quedar obsoletas en tres años— como de su adecuado mantenimiento, bastante mal igualmente.
El Imecaiu registraría soluciones como nuevos cableados de luz, teléfonos y televisión, de preferencia subterráneos, que sustituyan las antiestéticas y peligrosas marañas de cables aéreos, así como tecnificar los modelos de plantación de árboles en vía pública para evitar que afecten el cableado eléctrico, las estructuras de casas, edificios, banquetas, camellones y drenajes.
Como se aprecia, los nuevos Imecas tendrían que ver, sobre todo, con la incorporación de avances tecnológicos y procedimientos racionales y de orden de la obra pública en esta capital, con posibilidad de escrutinio ciudadano a su ejecución y operación por las autoridades de la ciudad. No es mucho pedir en una urbe de la importancia de la ciudad de México.

Focos de atención económica 2008

La Crónica. Lunes 7 de enero de 2008
Si fuéramos capaces de aprovechar las fortalezas que existen en la economía mexicana, impulsadas con medidas económicas adecuadas y un ambiente político de esfuerzos comunes y estabilidad, México podría aspirar a lograr en 2008 un crecimiento económico más consistente que el actualmente estimado de 3.6%*, y combatir así con mejores armas sus evidentes debilidades, entre éstas la desigual distribución del ingreso, que las protestas contra el TLC ponen en evidencia, o su sujeción a una recesión económica de Estados Unidos.
En la estrategia del gobierno federal se plantea conseguir un crecimiento económico sostenido de 5 por ciento sólo al finalizar el sexenio, una meta realmente conservadora ¿No podría México aspirar a alcanzar en 2008 el crecimiento de 6.8% que espera Argentina, o al menos el de 4.5% que espera Brasil?*
Reconozco que hay un cierto optimismo en esta aspiración, que contrasta con el pesimismo fundado de muchos, como lo reflejan, por ejemplo, Alan Arias o Rafael Cardona (Milenio y La Crónica de ayer). Para poder concretar aquél, el optimismo, en la esfera económica habría que dar especial atención a los mecanismos para contrarrestar la posible recesión estadunidense, con un mayor apoyo del mercado interno, incluso con un programa especial gubernamental de estímulos (como ya se sugiere en el propio Estados Unidos**). Esto implica el fortalecimiento del sector energético, y petrolero en particular, una inversión creciente en infraestructura productiva y en valorización del capital humano, una política industrial para incorporar mayor valor agregado nacional, especialmente por empresas medianas y pequeñas, y un control reforzado para evitar la especulación monopólica en servicios, comercio y las actividades financieras.
En la esfera política, se requeriría evitar las divisiones excesivas y los juegos pirotécnicos, como iniciativas de reforma extremas que alteren los esquemas básicos existentes con relación al sector energético, el laboral y el régimen de gobierno.
Aunque es todavía un escenario incierto, existe el temor de que la economía de Estados Unidos esté entrando en una recesión, después de que este viernes el gobierno de ese país hizo pública su estimación sobre pobres cifras de nuevos empleos en diciembre (18,000, frente a 115,000 en noviembre), con lo que la tasa de desocupación se elevó a 5 por ciento. Parecería así que los problemas que han afectado este año al sector hipotecario de alto riesgo y a la industria de la construcción se habrían extendido finalmente a toda la economía estadunidense.Esos temores, agudizados al entrar el año, causaron reacciones a la baja en las bolsas de valores del mundo, y en México, en los tres días hábiles de esta semana que termina, la bolsa de valores tuvo una fuerte pérdida de 4.65%, confirmación de ganancias decrecientes en los últimos meses de 2007.
Por supuesto, la recesión en Estados Unidos significaría una menor demanda de exportaciones mexicanas (que van en más del 70% a ese país) y una reducción de los flujos de turismo e inversiones norteamericanas y remesas de migrantes, todo lo cual afectaría sensiblemente el crecimiento económico en nuestro país.
En esta etapa, con una producción de 3 millones 94 mil barriles diarios y exportaciones de 1 millón 704 mil bd, el petróleo sigue siendo elemento crucial en la estabilidad económica de México: aporta 34,700 millones de dólares por exportaciones (2007) y el 40% del gasto gubernamental. Está en riesgo por la grave falla de haber utilizado a Pemex como recolector de impuestos del gobierno federal, sin haberle dejado los recursos necesarios para explorar nuevas reservas que sustituyeran a las que la explotación va agotando (las reservas han disminuido hasta un nivel equivalente a sólo 10 años de producción); tampoco para poner al día tecnológicamente sus operaciones ni para incrementar sus actividades de refinación (la importación de gasolinas es un 38 por ciento del consumo total).
Sin embargo, Pemex puede mantener su potencial si se manejan las políticas adecuadas, lo que no implica la necesidad de cambiar el marco normativo básico vigente, una vez que la reforma fiscal del año pasado, y sus adecuaciones en los años subsiguientes, mejore sensiblemente la estructura fiscal para que el gasto gubernamental descanse más en los impuestos y canalice mayores inversiones a proyectos de infraestructura.
Claro que sería insensato que los recursos adicionales obtenidos por la reforma fiscal fueran utilizados para anular las alzas de este año en gasolina y energía eléctrica, como propone el “secretario de hacienda pública del gobierno legítimo”, Mario Di Costanzo. Esos recursos tienen que usarse focalizadamente como estímulos para apoyar a los grupos sociales vulnerables o proyectos de infraestructura que generen nuevos impulsos económicos.
Parecería que con este esquema en mente, la Comisión de Energía del Senado iniciará en febrero las primeras iniciativas para fortalecer a Pemex, orientadas a dotarlo de autonomía de gestión (igual que a CFE), a estimular sus proyectos de exploración en aguas profundas del Golfo de México (en el “Hoyo de la Dona”), a emprender en serio los proyectos de una o dos refinerías (y el mejoramiento de las existentes), proyectos que requieren de 8 a 10 años de maduración, y a permitir la participación privada en algunas actividades, sin interferir con la letra y el espíritu del artículo 27 constitucional. En 2008 Pemex invertirá unos 200 mil millones de pesos en proyectos de producción y exploración, según informó en diciembre la paraestatal.
También, a fines de noviembre, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, detalló que la inversión presupuestaria del gobierno federal se incrementará 45.0 por ciento respecto a 2007, para alcanzar un nivel de 3.6 % del PIB, e hizo mención del énfasis en otros sectores estratégicos, como las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes), las telecomunicaciones, la construcción y la vivienda, el turismo y el sector rural.
Por supuesto, el sector rural, el campo mexicano, pero aquel más desprotegido, más atrasado tecnológicamente, atomizado, sujeto a los especuladores de tierras, presa de los acaparadores o compradores monopólicos de sus productos, de los agiotistas, todo ello con el fin de mejorar su gestión y reducir sus costos, incrementar sus rendimientos por hectárea, aumentar los ingresos por la venta de sus cosechas. Al mismo tiempo, se hará necesario establecer subsidios a grupos vulnerables de consumidores de los productos del campo cuyo precio mejora.
Una mejor educación y el impulso a las aplicaciones tecnológicas generalizadas es una necesidad impostergable para valorizar el trabajo de los mexicanos, pero ello será inútil si al mismo tiempo la ley laboral no da al trabajador la estabilidad de ocupación que le permita defenderse mejor en el mercado de trabajo. Como he comentado en otras ocasiones, la estabilidad de ocupación puede ser combinada exitosamente con la flexibilidad laboral que necesitan las empresas, siempre y cuando se cree un sistema global de seguridad médica y de retiro al que quede permanentemente inscrito el trabajador independientemente de la empresa en que labore.
En buena hora también, que se desarrollen y modernicen las Pymes, como dice la Cámara Nacional de la Industria de Transformación para “propiciar la integración de cadenas productivas con empresas maquiladoras y exportadoras, con el fin de agregar valor nacional a los productos”.
Pero será muy importante encontrar mecanismos innovadores para estimular el ahorro y la inversión internos, por ejemplo, la colocación directa de bonos gubernamentales entre los pequeños ahorradores, como planea la Secretaría de Hacienda, y que los bancos sean agentes más activos y responsables para lograr estos objetivos.
Eso implica cuidar la “burbuja financiera”: junto con reducir el énfasis en el crédito para consumo a través de tarjetas de crédito, es necesario que el sistema bancario agilice sus créditos a actividades productivas, a tasas de interés mucho menores a las que actualmente carga; al mismo tiempo, que otorgue rendimientos más redituables a los ahorradores.
Es necesario, también, que las autoridades financieras pongan coto efectivo a las llamadas “cajas de ahorro” y a las casas de empeño que han proliferado.
*Porcentajes estimados por Bursamétrica.
**Editorial del New York Times, 6ene08.

El nuevo coordinador del FAP

La Crónica. Domingo 13 de enero de 2008
Durante su estancia en Guadalajara, a fines de noviembre 2006, el escritor portugués José Saramago declaró “No sé si podemos llamar a éste un periodo de transición. Me parece más bien un periodo de confusión total. Hay muchas confusiones… La protesta que siguió a todo eso (las elecciones) creo que es legítima, natural, pero también digo que me parece que el tiempo de la protesta terminó, ahora es el turno de la política. En el Congreso hay suficientes diputados, más que suficientes, para una oposición fuerte. No es que no haya una izquierda en México, pero hay una izquierda dividida, polarizada, en algunos casos enfrentada y por ese camino no se llega a ninguna parte”. (La Jornada, 27nov06).
El diagnóstico no pudo ser más certero, pero la protesta y las divisiones siguen, como lo muestra ahora la designación de Porfirio Muñoz Ledo como nuevo coordinador nacional del Frente Amplio Progresista (FAP), integrado por el PRD, el Partido del Trabajo y Convergencia.
Para empezar, y como lo recordó el mismo Porfirio, los frentes de partidos políticos nacionales se constituyen, de acuerdo con el artículo 93 del nuevo Cofipe, “para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas y comunes”. Con Muñoz Ledo al frente del frente va a ser muy difícil limitar al FAP con ese corsé. Se trata de un animal político en el más puro sentido aristotélico del término; una de las mentes más brillantes del México moderno, versado como pocos en la historia y la política nacionales, cuya presencia en la vida pública ha sido una constante desde hace más de 40 años. Numerosos son los puestos públicos que ocupó: secretario general del IMSS, secretario del Trabajo y de Educación Pública. Eficaz diplomático, fue representante de México ante la ONU (donde, presencié de cerca, debió salir al magnificarse interesadamente un incidente sin importancia), y en cuyo carácter fue presidente del Grupo de los 77 (países en desarrollo) y representante de México al Consejo de Seguridad. En años recientes fue embajador de México ante la Unión Europea y Bélgica.
En la vida partidaria, fue presidente del PRI, y, al regresar de Nueva York en 1986, organiza dentro de este partido la “Corriente Democrática”, junto a Cuauhtémoc Cárdenas y Rodolfo González Guevara. Muñoz Ledo y Cárdenas renuncian al PRI en 1988, y luego fundan el PRD, del que Muñoz Ledo sería diputado y luego presidente. En 1991 contendió sin éxito por la gubernatura del estado de Guanajuato. En 1999 renunció al PRD.
Siempre ha estado en la primera línea política pero, curiosamente, su hiperactividad de alguna manera le impide una candidatura a la Presidencia de la República, para la que hubiera tenido méritos más que suficientes. En el PRI, López Portillo le ganó la mano y en el PRD Cuauhtémoc Cárdenas se le atravesó siempre (así como Andrés Manuel López Obrador, incluso cuando buscó la candidatura a la Jefatura de Gobierno del DF por ese partido). En las elecciones de 2000, fue candidato presidencial de una reliquia, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM, pero declinó la candidatura para sumarse a Vicente Fox.
Ahora bien, cuando en 2005 se une a la candidatura de López Obrador a la Presidencia, y después de las elecciones de julio de 2006, Muñoz Ledo se lanza de lleno en la entelequia de la “presidencia legítima” y se radicaliza; como que pierde la esperanza de lograr sus aspiraciones en el esquema político establecido, desencantado con éste: “Nuestro país nunca ha vivido en un genuino estado de derecho aunque haya existido el derecho del Estado (El Universal, 20jul07). Parece adoptar también la concepción marxista de la “agudización de las contradicciones” para lograr un cambio de régimen y conquistar el poder político, como él mismo lo explica: “Por eso creo en la necesidad de profundizar la crisis y de encontrar las respuestas que el país exige en otro estadio histórico” (El Universal, 23nov06). Promueve así una nueva Constitución o la parlamentarización del sistema: “Pareciera haber llegado la hora de la verdad. La ruptura en serio del sistema o su reforma cabal. La disfunción a perpetuidad no es una hipótesis deseable ni sostenible” (El Universal, 17ago07).
En este contexto es que López Obrador, ya con la mira puesta en el 2012, logra imponerlo en la coordinación del FAP, frente al grupo de “Los Chuchos” que impulsaba a Manuel Camacho, y también sobre Leonel Cota, quien ha dado inestimables servicios a aquél. Por supuesto, en términos de capacidad, visión y movilidad políticas y alteza de miras, Muñoz Ledo es muy superior a Camacho y a Cota, pero el problema de Porfirio es que su radicalismo lo hace a él disfuncional para conjuntar eficazmente los esfuerzos en un frente partidario, sobre todo vista la división existente en la izquierda mexicana que tan bien definió Saramago.
El resultado probable es que en el décimo Congreso Nacional del PRD, en marzo, prevalezca para bien, la corriente que desea utilizar la fuerza negociadora de este partido en la escena política nacional en lugar de marginarse en un proyecto radicalizado, y que, como nos dice Ubaldo Díaz, “Porfirio sólo coordine a los líderes del PT y de Convergencia”. Lo que no deja de ser una lástima.

Gabinete y Programa Emergente contra la recesión

La Crónica. Viernes 18 de enero de 2008
Los nuevos nombramientos en el gabinete del presidente Calderón indican un cambio de énfasis que es necesario en esta etapa más consolidada de su gobierno. Su primer secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, contribuyó con su estilo opaco al muy importante objetivo de sacar el buey de la barranca de las encontradas reacciones a las elecciones de 2006, pero ahora con Juan Camilo Mouriño la política gubernamental deberá tomar un carácter más decisivo para las importantes negociaciones que vienen, y para dar fin a los intentos legislativos de inventar la figura de “jefe de gabinete”.
La política social requiere también replantearse, vistos los profundos desafíos que la economía mexicana tiene por delante, por lo que un experto que manejó los rubros de gasto gubernamental en el último año resultará eficaz.
En este contexto, México no se puede dar el lujo de una recesión, de que su economía no crezca o crezca poco. Que progrese al 3.3 por ciento ya es estar por debajo de las necesidades de millones de mexicanos en edad de trabajar, y crecer a menos del 3 por ciento sería una catástrofe, pero hay cada vez mayores señales de que Estados Unidos está entrando a la recesión, y de que la economía mexicana, tan estrechamente ligada a la estadunidense, sufrirá un impacto muy importante.
Para evitar eso y buscar un avance económico a tasas mayores se hacen necesarias medidas extraordinarias. El esfuerzo es, por supuesto, de toda la sociedad, pero el catalizador necesario para fijar las orientaciones generales e impulsar a todos ha de ser el gobierno, de inicio el federal, pero también en forma muy importante los estatales y municipales, que tienen, así, una gran responsabilidad enfrente.
Recuérdese que el gasto presupuestario de este 2008 se ve aumentado sensiblemente por los recursos obtenidos mediante la reforma fiscal del 2007, y, como advierte Jorge A. Chávez Presa (El Universal 17nov07), “Si el gobierno no hace mejor uso de los recursos de lo que lo estaban haciendo las personas y empresas que ahora pagarán más impuestos, el país pierde drásticamente”.
En Acapulco, esta semana, en la XII Conferencia Anual Latinoamericana del Grupo Santander, el directivo de ese banco, Francisco Luzón, aconsejó al presidente Calderón que, en caso de un “shock externo” por la recesión en Estados Unidos, “no busque estímulos heterodoxos al crecimiento”…y que “para actuar no espere a las malas noticias, adelántese y siga manteniendo la iniciativa y liderando su proceso de cambio y modernización”. Calderón respondió: “Yo comparto la idea, efectivamente, de que no hay que tomar medidas de las llamadas heterodoxas ni tampoco incurrir en la tentación de acelerar artificialmente o irresponsablemente la economía… pero no es lo mismo no tomar medidas heterodoxas que no tomar ningún tipo de medidas ante esta coyuntura”, y refirió que ya “se encienden otros motores de la economía”, entre otros la inversión en infraestructura (“el 65 por ciento de la recaudación adicional de este año se va a gasto en infraestructura del Gobierno Federal… estamos hablando de 10 mil millones de dólares adicionales al gasto en 2007, en infraestructura en carreteras, en puertos, en plantas de tratamiento de aguas residuales, en agua potable, en vías férreas”); el apoyo al campo nacional (“el Gobierno Federal, sin contar lo que hacen los estados, va a dar este año 2008 un apoyo de 204 mil millones de pesos, es decir, casi 20 mil millones de dólares a impulsar el sector rural y la parte productiva del mismo).
Podríamos agregar que el presupuesto 2008 da énfasis a la orientación social del gasto presupuestal, con recursos muy importantes para educación pública (169 mil millones de pesos), salud (68 mmp, aparte de IMSS e ISSSTE, que se llevan 272 mmp y 79 mmp, respectivamente), desarrollo social (50 mmp)
Sin embargo, aun con esos motores encendidos la amenaza más cierta de una recesión implica la necesidad de un Programa Emergente para contrarrestarla, que sería muy responsable y muy ortodoxo, como ya se está trabajando para ello en el propio Estados Unidos, país donde los efectos serán menos devastadores que en México. Dicho Programa Emergente tendría que estar muy focalizado en los grupos sociales más vulnerables pero también en aquellos sectores sociales o económicos que reciban el impacto mayor de la desaceleración económica, y de la reorientación productiva que ha de seguirle, lo que puede abarcar fracciones importantes de las clases medias.
Se trata de una redistribución del flujo de ingresos, a fin de mantener en niveles apropiados la actividad económica, el empleo y el nivel salarial de sectores afectados. Por ejemplo, habrá una disminución en la demanda de exportaciones de productos agrícolas, semi-procesados o manufacturados mexicanos, por lo que el Programa Emergente se orientaría a inyectar aún mayores recursos a la inversión pública y a las transferencias y subsidios directos en algunos casos, para que el mercado interno, los consumidores mexicanos, puedan comprar lo que ya no tenga demanda externa.
El mismo criterio habría que ser aplicado a la reducción de ingresos en servicios turísticos, por lo que habría que impulsar aún más el turismo interno mexicano.
La reducción de las importaciones será un efecto de la recesión, pero sería importante cuidar que los “encadenamientos” productivos de los mayores recursos de gasto e inversión del presupuesto 2008, y del Programa Emergente, se orientaran a fortalecer el mercado interno y no se fugaran en importaciones, que sólo crearían empleos en el exterior. Por ejemplo, que las obras de infraestructura creadas no tengan componentes excesivos de equipos o materiales importados. Habría que atender también el reordenamiento productivo que será ocasionado por una mejor aplicación del gasto público. Por ejemplo: la nueva legislación electoral reducirá sensiblemente los recursos financieros dedicados a la promoción electoral y de la imagen de gobernantes, con efectos sensibles en las actividades publicitarias. Mientras éstas encuentran un ajuste a mediano plazo, el gobierno podría canalizar recursos a campañas de “publicidad social”, muy detalladas en sus orientaciones, que aumenten la productividad global y la conciencia del bien común, como el ya muy necesario ahorro del uso de energía y del agua, el reciclado de desechos, la protección del ambiente y la biodiversidad, el uso de internet para mejorar la educación y las aplicaciones tecnológicas en muchas actividades
…Aún más, el Programa Emergente tendría un papel importante en los esfuerzos para incorporar a la economía formal a millones de mexicanos que se han tenido que dedicar a precarias actividades para obtener un sustento: Parte con orientaciones técnicas, contables, fiscales; parte con créditos blandos o con financiamientos de obras comunes como plazas, sistemas de distribución modernos. Parte, aunque es deseable que sea la mínima, con apoyos directos, como subsidios de desempleo o bonos de alimentación.
¿De dónde saldrían los recursos para un Programa Emergente, que debería alcanzar por lo menos de 15 a 20 mil millones de dólares adicionales a las inversiones ya presupuestadas? Existe un colchón financiero aprovechable en el pequeño superávit del gobierno federal, y también en el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros y en los ingresos adicionales por las exportaciones de petróleo, fijadas en el presupuesto con un precio de 49 dólares por barril, cuando se estima que el promedio de la mezcla mexicana este año podrá ser de 80.8 dólares el barril.

¡Liberen el Zócalo!

La Crónica. Sábado 26 de enero de 2008
Se trata, evidentemente, de una exhibición artística de valía: el interior, diseñado por el arquitecto colombiano Simón Vélez, que, como dicen los espectadores, “parece una catedral gótica”; las fotografías y películas del canadiense Gregory Colbert, una temática de bellos encuentros entre seres humanos y animales, tan interesantes que algunos coleccionistas pagan por ellas de 60,000 a 350,000 dólares; la idea de resaltar el reciclamiento de materiales naturales como el bambú.
Pero, ¿por qué presentar esa exhibición precisamente en el Zócalo, que sigue así convertido en botín de comerciantes, y políticos, que no respetan el simbolismo ni la magnificencia de la Plaza Máxima de nuestro país? Una, por fuera, horrible estructura meses y meses estorbando la gran perspectiva de nuestro Zócalo.“Cenizas y nieve”, como Colbert titula a su obra, fue originalmente presentada en Venecia, pero allí, obviamente, no le iban a permitir levantarla en la Plaza de San Marcos, sino que fue alojada en un antiguo astillero, el Arsenale. En Nueva York, después, no se presentó en Times Square, ni en Washington Square, ni en el Central Park, sino en una orilla, el Muelle 54 del Río Hudson. En Los Ángeles, fue levantada allá, en un muelle de Santa Mónica. También en un lote baldío en Odaiba, isla artificial urbanizada de la bahía de Tokio, y no frente al Palacio Imperial. Hay niveles de respeto.
Y también es entendible otra razón: “Cenizas y nieve” fue pensada originalmente para ser ensamblada fácilmente en un puerto (Venecia, Nueva York, Santa Mónica, Tokio); por eso esta armada sobre una estructura de grandes contenedores de acero, propios de la carga marina. En cambio aquí, en el Zócalo, se deshace esa intención, y su pretendida racionalidad ecológica, pues hubo que elevar contenedores y otros materiales a 2240 metros sobre el nivel del mar, al centro de una gran ciudad, con un altísimo gasto (¿dijeron 5 millones de dólares?).
En realidad, ha quedado claro, el Museo Nómada, no fue, como se había difundido, una promoción de la Secretaría de Cultura del gobierno de la ciudad, sino que fue traído al Zócalo por Bernardo Gómez, de Televisa, según dijo el mismo Colbert en el primero de los largos segmentos que el noticiero de Joaquín López Dóriga ha estado dedicando a la muestra desde el 14 de enero. ¿De qué se trata, el Zócalo a disposición de Televisa y de Telmex como concesión del Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard…?
Por supuesto que es válido, conveniente y hasta muy necesario que los grandes empresarios del país hagan aportaciones filantrópicas de importancia para la inclusión social y el enriquecimiento cultural de los mexicanos; y también es aceptable que los políticos promuevan la conjunción de esfuerzos con la iniciativa privada para fortalecer programas de gobierno. Pero ambos, empresarios y políticos, deben ser muy escrupulosos para que su colaboración no esconda propósitos menos altruistas y, al mismo tiempo, para respetar los valores de la comunidad. Hasta el bonito emblema de una sociedad benemérita y famosa, el “cuadro amarillo” de la National Geographic Society, representado por una fea escultura gigante de fierro pintado, fue colocado por semanas frente a Bellas Artes, ¿por qué se permite eso?
Así, “Cenizas y nieve” pudo muy bien ser presentada en uno de tantos espacios abiertos que tiene la ciudad de México: explanadas de la delegación Venustiano Carranza, en la Ciudad Deportiva, del estadio Azteca… pero no en el Zócalo. Lo mismo puede decirse de otra diversión muy exitosa para el público citadino promovida por la cooperación político–empresarial, la pista de hielo (que no fue sólo pista, sino estructuras comerciales, estacionamiento para los coches de los influyentes, sanitarios, etc.), que pudo muy bien ser alojada en muchos otros sitios y no el Zócalo.
Ahora, el promotor José Sulaimán informó esta semana que en mayo venidero el Zócalo se convertirá en una gran arena de boxeo muy probablemente con una pelea de campeonato del mundo, “proyecto en el que por supuesto están inmersos el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard y el director del Instituto del Deporte del Distrito Federal, Pedro Pablo de Antuñano”. ¿Se permitirá eso?
Es muy plausible que el Jefe de Gobierno Ebrard esté empeñado en ordenar el centro de la ciudad y de las delegaciones de la misma, con la reubicación de los vendedores ambulantes en plazas apropiadas a su actividad, así como con la restauración urbana y embellecimiento de dichas zonas, lo cual es de gran interés para todos, que así veremos restituido a la altura que merece el patrimonio cultural e histórico de la ciudad de México. Pero sería inconsecuente que los espacios así liberados fueran cedidos, ya no al comerciante ambulante, sino al empresario fulano o zutano, a ferias y conciertos de todo tipo, o a chamanes y brujos que proliferan. Nuestra ciudad tiene muchos edificios y espacios donde pueden ser presentados mucho mejor y apropiadamente todos esos eventos.
El carácter histórico del Zócalo como lugar de encuentro y manifestación política está obviamente fuera de discusión; magnas concentraciones de ciudadanos, reflejo del pulso político nacional, ha habido y habrá en esa gran plaza. También, la imponente ceremonia del “Grito”, el 15 de septiembre, y el desfile militar del 16, son las mejores tradiciones mexicanas. Pero el Zócalo NO es un centro de convenciones; enhorabuena que el Foro Social Mundial haga una manifestación multitudinaria allí este fin de semana, pero es del todo impropio que se hayan levantado carpas en la plancha del Zócalo para las reuniones del Foro, cuando la ciudad tiene muchos lugares para albergar esos encuentros. ¿No pudiera haber sido realizado el Foro con mucha mayor dignidad en las magníficas salas de la Unidad de Seminarios del Centro Cultural Tlatelolco, inmueble que ocupó antes la SRE y ahora la UNAM?No, tenía que ser en el Zócalo.
No se vale.

Dejarse agarrar o no la pierna

La Crónica. Viernes 1º de febrero de 2008
Existen ejemplos de cómo el negarse a resolver una diferencia de común acuerdo, boicotear una negociación, puede ser muy perjudicial para los propios intereses, pues se obtiene menos de lo que se lograría con la participación y la negociación. Un caso famoso fue el boicot de la Unión Soviética al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 1950 (que reconoció al régimen de Taiwán como gobierno oficial de China y no al comunista de Mao Tse Tung), lo que impidió a la URSS vetar las resoluciones del Consejo del 25 y 27 de junio de ese año, que dieron origen a la Guerra de Corea al autorizar el uso de la fuerza para obligar a Corea del Norte a salir de Corea del Sur, a la que había invadido. Nunca más la URSS dejó de participar en el Consejo de Seguridad.
Otro ejemplo, mucho más cercano a nosotros. En un artículo reciente (Excélsior, 12dic07), José Antonio Crespo da su versión de que el PRD no se automarginó de la integración del Consejo del IFE en noviembre de 2003, cuando ese partido no logró colocar a dos consejeros del Instituto cuyos nombres proponía. Crespo señala que hubo decisión de negociar, pero en su narración se aprecia que la bancada del PRD sí consideró la posibilidad de la autoexclusión, solo que cuando decidió que era mejor participar… era demasiado tarde y el PRI y el PAN le jugaron rudo y votaron solos la integración del IFE. En las actuales negociaciones para la composición del Consejo, el PRD ya no parece estar dispuesto a correr el mismo riesgo.
Sin embargo, el PRD no logra salir de la trampa en que lo tiene la postura de su líder principal (hasta ahora), Andrés Manuel López Obrador, que busca las reivindicaciones que cree justas o su oposición a las políticas del gobierno al margen de los mecanismos institucionales establecidos y con movilizaciones desarticuladas, sin lograr obviamente los resultados deseados, pues en la relación de fuerzas reales actuantes, la suya constituye una minoría manifiesta. Aún más, propugna no negociar con el “gobierno espurio”, con base en visiones apocalípticas de catástrofes por venir, a fin de impresionar o incitar a las masas a la rebelión… pacífica, y así habló de que la cuesta de enero sería insostenible junto con el “gasolinazo”, y pretende hacer lo mismo con los temas de la renegociación del TLC o la recesión estadunidense.
Por supuesto, los problemas existen, y varias de las soluciones que propone son válidas, pero resulta poco realista e inefectivo apostarle a la crisis económica y política, al rompimiento institucional y a la creación de un “nuevo orden”, lo que es poco probable en la dinámica actual del país y la correlación de fuerzas existente. Con esto, muchos miembros del PRD se dan cuenta de que su partido está perdiendo la oportunidad de influir en la dirección del rumbo del país y su gobierno con la considerable fuerza electoral que consiguió en las elecciones de julio 2006, pero que ha venido perdiendo paulatinamente.
La entrevista de nuestro director Guillermo Ortega a Jesús Ortega, publicada ayer en estas páginas, lo reflejan: “El reto más importante es que el PRD aparezca ante la ciudadanía como un valladar que se opone a decisiones que afectan a la nación; pero también —quiero poner énfasis— que construye soluciones para México”… “para acertar en esas respuestas tenemos que hacer uso del instrumento de la política”.
En el mundo real, el PAN y el PRI, sí están enfrascados en perseguir sus propios objetivos y, claro, en particular los de sus dirigentes. El PAN, en apoyo del gobierno del presidente Calderón y, naturalmente, en busca de posiciones más a la derecha, pues, hay que reconocerlo, Calderón mantiene hasta ahora más bien una política de centro que de derecha. El PRI jugando a ser el fiel de la balanza, principalmente impulsado por su líder en el Senado, Manlio Fabio Beltrones.
¿Y el PRD?, entrampado en las paradojas que detalló Francisco Báez Rodríguez en La Crónica el pasado martes, y en ocurrencias como la “huelga legislativa” decretada por el Frente Amplio Progresista, la no participación en los trabajos de la Comisión de Energía del Senado, la “paralización del país”, así como con acusaciones de “se es mexicano o se es traidor”, de “entregar el cuerpo” o de dejarse “agarrar las piernas” a sus miembros que osan ejercer las prerrogativas de los afiliados a cualquier partido político: buscar el poder por la vía pacífica y democrática, es decir, a través de la negociación política, y cumplir con las obligaciones de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen.
Jesús Ortega lo resalta: “Sí se necesita cambiar las instituciones, pero desde la política, no desde la confrontación estéril. Si dicen que esa es una posición moderada, pues no me ofende. Y ser dialoguista es una virtud”.
En la agenda del PAN, las “reformas” energética y laboral tienen prioridad. La primera, como han estado reiterando los más altos funcionarios del gobierno, sin pretender la privatización de Pemex; la segunda, infortunadamente, sin incluir la transparencia en la operación de los sindicatos. Buscará el PAN otras cuestiones relativamente menos problemáticas, como la pensión universal para adultos mayores, cambios al Artículo 4 constitucional para garantizar la cobertura universal en materia de salud o la modernización del marco jurídico del Congreso de la Unión (lo que no incluye, lástima, la modernización de los partidos políticos).
El PRI concuerda en la reforma energética, sin modificación del 27 constitucional, y tiene algo menos de interés en la laboral, aunque quizá aquí acompañaría al PAN al darse los quid pro quo del proceso negociador. El PRI también ha dejado ver en estos días su interés en participar en el manejo de la “política social”, sobre todo por su influencia entre los electores. Beltrones hasta proponía la desaparición de la Secretaría de Desarrollo Social, pero ahora se conforma con una “política social de Estado”, es decir consensuada entre las diferentes fuerzas políticas, “que corrija el modelo que ha generado tanta desigualdad en el país”. En consonancia con eso, ha agregado el PRI a sus propuestas un tema muy importante: la regulación de los monopolios.
Finalmente, Beltrones insiste en la creación de la figura de “jefe de gabinete”, que entrometería al Legislativo en la administración del Ejecutivo, aunque es probable que este último tema no prospere más allá de las primeras escaramuzas negociadoras.
Como se aprecia, como partido de oposición el PRI va con todo, con la facilidad de que el PRD, el único del que podría esperar competencia electoral frente a las propuestas del gobierno y del PAN, está siendo obligado a no dejarse agarrar la pierna, a rechazar la negociación política.Y no tan sólo pierde el PRD sino una buena parte del pueblo de México que busca en ese partido un apoyo efectivo a sus reivindicaciones.
Como escribió hace tiempo José Woldenberg (Reforma, 16sep04): “Hoy, la coexistencia de la pluralidad en las instituciones del Estado, hace de la negociación política entre formaciones distintas y claramente diferenciadas una necesidad, no un lujo; una imposición de la realidad y no un asunto sujeto al talante de los operadores políticos”.Y hay otro punto que importa mucho a los ciudadanos en general: en una buena gestión pública o administración gubernamental no todo es crear y legislar reforma tras reforma indefinidamente. Llega el momento de operar, de accionar, de trabajar sobre lo existente, de administrar con mayor eficiencia en el esquema ya establecido, y allí también el PRD tendría mucho que aportar: ¿no se necesita una ley Abascal?, pues que el PRD argumente las mejores formas de elevar la productividad sin desproteger al trabajador; ¿hay que fortalecer a Pemex sin modificar la letra y el espíritu del artículo 27 constitucional?, que el PRD se esfuerce en proponer el método idóneo a seguir.
Además, como sabe cualquiera versado en lides amorosas, agarrar, o dejarse agarrar la pierna, es apenas el inicio de la negociación.

Calderón en EU después del “supermartes”

La Crónica. Domingo 10 de febrero de 2008
Programado para ser realizado después del “supermartes” de las elecciones primarias de Estados Unidos, con la probabilidad de que estuvieran ya definidas las candidaturas de los partidos Demócrata y Republicano, a partir de este domingo y hasta el día 14, el presidente Felipe Calderón estará en ese país, en visita a Nueva York, Boston, Chicago, Sacramento y Los Ángeles, viaje que iba a realizar en noviembre de 2007, pero que fue cancelado debido a las inundaciones en Tabasco.
La agenda será la obligada: migración, seguridad, economía, con ribetes de temas de la agenda multilateral, que abordará en entrevista con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en Nueva York.
Las candidaturas no se resolvieron en definitiva, aunque todo parece indicar que quedarán vivos los candidatos más cercanos a una resolución de la cuestión migratoria, McCain del lado republicano, Clinton y Obama del demócrata, lo cual resulta una buena oportunidad para Calderón de insistir en el principal motivo de su viaje: buscar el urgente relanzamiento del debate tendiente a un acuerdo migratorio integral con México, o al menos una ley que atienda el fenómeno migratorio “de manera responsable y racional”. Relacionado con ello, y según el apunte que la Secretaría de Relaciones Exteriores entregó al Senado para pedirle la autorización del viaje, Calderón también hará un exhorto a actores políticos y ciudadanos de ese país para que se reconozca la aportación “insustituible” de los migrantes mexicanos y se respeten sus derechos, y dará a conocer el programa especial de protección consular, que contempla mayores recursos y acciones concretas por parte de la red de 48 consulados mexicanos en ese país, para defender a los connacionales de violaciones a sus derechos.
Como no podía ser menos en la difícil situación económica que se presenta a Estados Unidos, y por ende a México, el Presidente cubrirá asimismo una agenda de promoción económica.
Como contrapartida a sus planteamientos sobre el tema migratorio, donde la principal responsabilidad recae, por supuesto, del lado mexicano, Calderón lleva en su portafolio los resultados del balance general de la lucha contra el narcotráfico en los 14 meses de este gobierno, realizado (oportunamente, antes del viaje a EU) el lunes 4 de febrero por el “gabinete de seguridad”, que encabeza el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, y que da cuenta de la intercepción de grandes cantidades de droga, dinero y armas, así como de la captura de operadores, gatilleros y jefes del narcotráfico y la extradición de muchos de ellos a Estados Unidos. Mouriño declaró en esa ocasión que “debemos mejorar considerablemente la cooperación con Colombia, Centroamérica y con Estados Unidos para establecer una estrategia internacional”. Queda así establecida la fuerte aportación mexicana al combate a ese flagelo, de gran interés para Estados Unidos, en el momento en que se discute en el Congreso de ese país la inclusión de 500 millones de dólares para la Iniciativa Mérida en el presupuesto 2008 del Ejecutivo estadunidense, y otro tanto para el año siguiente.
La comunidad latina adquiere cada vez mayor importancia en Estados Unidos, y los candidatos a la presidencia están obligados a cortejarla porque representa votos significativos en esta lucha electoral tan fragmentada por cuestiones de raza y género, y en donde los electores se enfrentan a opciones inéditas: Barack Obama, un negro, relativamente joven que apuesta por “el cambio”; Hillary Clinton, una mujer, que hace énfasis en “la experiencia”; y un viejo, John McCain, con experiencia y quizá demasiado liberal para los más conservadores de su partido.
En mayo de 2005, el senador McCain, republicano, junto al demócrata Edward Kennedy, introdujo al Congreso de su país un proyecto de ley de inmigración que trataba de alcanzar un compromiso bipartidista al respecto. El proyecto, desafortunadamente, se empantanó en la política estadunidense, pero los elementos que contiene son todavía los que convienen a un arreglo “responsable y racional” de este importante tema: un programa de visas temporales para trabajadores inmigrantes, que podrían cambiar de empleo (a diferencia del Programa Bracero, que no lo permitía), podrían solicitar su estancia permanente (después de un permiso temporal de trabajo de seis años, y cinco años más de residente temporal) y a los cuales se les emitirían documentos de identidad. Una cuestión muy importante: la ley permitiría a los inmigrantes ilegalmente residentes en Estados Unidos (unos 12 millones de personas) entrar en el proceso de regularización de su estancia, la famosa “amnistía”, que no lo es en realidad pues deberían pagar una multa, entre otros duros requisitos, e ir al final de la fila.
McCain ha tenido que moderar esa posición relativamente favorable a un acuerdo migratorio para no alienarse a los electores republicanos más recalcitrantemente xenófobos. La Clinton y Obama también han debido ser prudentes en esta materia.
Entonces, sin que pretenda meterse en la política electoral de Estados Unidos, el viaje de Calderón tendrá que servir para contribuir a valorar aún más a la comunidad mexicana que vive y trabaja en ese país; para convencer a los estadunidenses que México y Estados Unidos, países orgullosamente soberanos, están de todas maneras estrechamente unidos, además de en la economía y la seguridad, en la defensa de valores comunes, entre ellos el respeto y la consideración a la persona que trabaja duro y honestamente, y que no Muro alguno debe ser levantado entre nuestros dos países.

Notas defeñas: de bicentenarios y túneles

La Crónica. Viernes 15 de febrero de 2008
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, parece estar siempre ejercitándose en un difícil equilibrio en la cuerda floja, porque piensa que su futuro político necesariamente depende de esa práctica. Al final del día, sexenal, quizá se dé cuenta de que más le habría valido una política directa, bien plantada y consistente para resolver de verdad los múltiples problemas de esta metrópoli, dejando el circo, los proyectos faraónicos, la faramalla o la pose a otros.
Me recuerda a su amigo, el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, a quien los electores estadunidenses de su partido no le perdonaron en las actuales elecciones primarias de ese país su falta de autenticidad, a pesar del glamour de que se rodeó después de los atentados del 11 de septiembre 2001.
Me explico: Ebrard ha sido mucho más congruente que sus antecesores en el cargo, al menos de los últimos 20 años, en la orientación de ciertas propuestas y acciones de gobierno adecuadas a las necesidades actuales de esta gran ciudad: impulso al transporte masivo, solución al problema del ambulantaje, fortalecimiento de la recaudación impositiva propia, combate a la delincuencia organizada, recuperación de espacios públicos, modernización de infraestructura urbana. Por supuesto, el inmenso rezago existente en éstas y otras áreas y la intrincada maraña de intereses creados no dejarán que fructifiquen fácilmente estas políticas, pero esa orientación es correcta y habría buenos resultados para la ciudad y sus habitantes si persistiera en ella.
Pero…y aquí es donde entra el equilibrista, Ebrard siente la necesidad de promover artificialmente su imagen (como lo están haciendo, por cierto, todos los políticos con aspiraciones en este país), lo que hace a costa del erario público, con medidas populistas o con alianzas dudosas y, peor aún, en contra de las políticas urbanas sensatas mencionadas arriba.
Así, contra toda eficacia ecológica y presupuestaria, gasta muchos millones de pesos en proyectos de imitación extralógica, como “playas” y pistas de hielo artificiales, en lugar de reforzar las actividades deportivas y de diversión pública permanentes, incluido el patinaje en pistas de cemento y la natación en verdaderas albercas, descentralizadamente, en los muchos espacios adecuados que la ciudad tiene o que se podrían habilitar para ello, con menores recursos. Igualmente, y con el pretexto de iniciar las celebraciones del bicentenario de la Independencia en este año 2008, impulsa proyectos faraónicos. Primero, contra toda su buena política de recuperación de espacios públicos, con una Torre del Bicentenario que se apropiaba grandes trechos del Bosque de Chapultepec, proyecto que, afortunadamente, fue desechado gracias a la presión de la opinión pública. Ahora, y en contradicción con su acertada política de impulso al transporte masivo, con un Circuito del Bicentenario y, lo último, el Megatúnel del Bicentenario (todavía no le llama así, pero no tardará.)
No es descalificable en sí la realización de obras emblemáticas para celebrar un aniversario importante, y los bicentenarios de la Independencia y la Revolución en verdad ameritarían una gran obra urbana simbólica. Pero, ¿una torre de oficinas, un anillo vial? Sería mucho más importante y representativo que el Centro Histórico de la ciudad, en sus varios perímetros, e incluso hasta Chapultepec y La Villa de Guadalupe, quedara auténticamente remozado para el 2010, con un Zócalo esplendoroso en el centro.
Por cierto, sé que no es políticamente correcto poner de ejemplo una iniciativa oaxaqueña, pero creo que sería formidable que la ciudad de México tuviera algo similar para el 2010. Se trata de un cuerpo colegiado, llamado “Unidad de Gestión”, integrado por funcionarios estatales y municipales, organizaciones sociales, comerciales y especialistas, y que tendrá la misión, a partir de este mes, de autorizar todas las iniciativas o acciones relacionadas con obra pública y patrimonio cultural en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca.
En nuestro DF están muy bien los proyectos de las varias líneas del Metrobús, la correspondiente modernización y ordenación de autobuses y taxis, así como la línea 12 del Metro, pero ¿es congruente con esta política que el Circuito Interior (el del Bicentenario) sea una vialidad confinada de 32 kilómetros? La ingeniería de tránsito moderna fácilmente explica que en una ciudad congestionada de vehículos como la nuestra, con cuellos de botella en prácticamente cada intersección y cada salida a provincia, está destinada al fracaso la solución, carísima, de puentes y distribuidores viales, porque si resuelven el problema en un cruce, de inmediato el cuello de botella se produce en el siguiente. (Por cierto, medio resuelven el problema, pues las “gazas” —carriles— son tan estrechos que van a quedar obsoletos rápidamente.) Los “ejes viales”, construidos hace 30 años fueron exitosos porque incrementaron la movilidad de los vehículos hacia todas las direcciones, y no se pretendió que fueran vialidades confinadas. Se requiere, pues, mayor movilidad y no confinamiento u obstáculos a aquélla, a los que son tan afectos nuestros funcionarios de tránsito.
Se desatiende, además, el otro aspecto de una solución de movilidad de vehículos más ágil: no se vislumbra ningún proyecto de control electrónico integral de semáforos que varíe su secuencia y sincronización de acuerdo al flujo vehicular en las diferentes horas del día, y en las diferentes zonas de la ciudad, y que diseñe también modalidades más eficientes de direccionamiento del tránsito.
Se informa que el Circuito del Bicentenario tendrá pavimento de concreto hidráulico en toda su extensión. Enhorabuena que las obras urbanas se hagan cada vez con mejor calidad, pero lo que resultaría incongruente es que el pavimento de miles de kilómetros de calles y avenidas de nuestra ciudad quede en el lamentable estado de recubrimiento actual, en tanto que sólo algunas vialidades principales tengan concreto o nuevo pavimento asfáltico, como pasa actualmente.
En esto último tiene el nuevo Contralor General del DF, Ricardo García Sáinz, una de sus tareas iniciales importantes: la calidad del programa de repavimentación deja que desear; por un lado, repavimentan principalmente vías primarias, aunque en realidad en muchas de ellas su pavimento estuviera relativamente en buenas condiciones (Calzada de Tlalpan, un ejemplo), y se dejan abandonadas a sus baches todas las demás calles o avenidas en todas las delegaciones. Item más: se hacen dos, tres repavimentaciones, una sobre otra, pero se dejan las coladeras del drenaje a su nivel original, y así es una tortura para conductores de vehículos pasar por los miles de baches-coladeras en calles y avenidas citadinas. Bueno, creo que en Reforma sí las dejaron a nivel.
Ebrard mismo anunció el lunes el proyecto del túnel para vehículos de Santa Fe al Auditorio Nacional en Reforma. Sí, hay un problema serio de acceso a esa moderna zona de la ciudad, pero ¿de dónde sale que la solución es un megatúnel, que pasaría por zonas minadas, que podría tener riesgos serios de sofocación por humos o eventuales incendios de vehículos, de canalización de aguas en tiempos de lluvias, cuyas obras afectarían el Bosque de Chapultepec? Como ya ha sido señalado, el proyecto tiene mucho en común con el segundo piso del Periférico: sus beneficios a un pequeño segmento de la población tendrían un altísimo costo.Si se quisieran soluciones verdaderas de acceso a Santa Fe, y de hecho a todas las localidades altas del poniente de la ciudad, habría que hacer obras similares al Puente de los Poetas, pero complementadas necesariamente con varios ramales de amplios ejes viales, sin topes, que bajen por las lomas de esa zona hacia Tacubaya, Mixcoac, Barranca del Muerto, San Ángel. La misma Constituyentes podría ser ampliada. Eso requeriría expropiaciones por causa de utilidad pública de muchas propiedades para formar los ejes viales, expropiaciones que si se realizaran a precios justos para los dueños, se combinaran con desarrollos habitacionales decentes para inquilinos desplazados, y políticas de mejoramiento urbano en toda la zona, serían bien aceptadas por sus habitantes, y el costo quizá sería similar al del megatúnel.
Claro, costaría un mayor esfuerzo de planeación y administración y los beneficiados no serían tan sólo las compañías constructoras sino toda la comunidad.¡Ah, pero se me olvidaba! Este sábado tendremos, ¡en el Zócalo, faltaba más!, partido de futbol “satírico”, “en defensa del petróleo mexicano”. Seguro hay goliza de los “Patriotas” a los “Traidores”.

Ahorro: no olvidar este aspecto de la reforma energética

La Crónica. Sábado 23 de febrero de 2008
Como va siendo cada vez más evidente, en un mundo en que cuesta mayor trabajo aprovechar los recursos naturales y en el que se manifiesta un deterioro creciente del medio ambiente, es imprescindible utilizar la energía de manera mucho más eficiente. Aun así, en el debate intenso actual sobre la reforma energética no se percibe que los principales actores que en él intervienen le estén dando la importancia que tiene. Es fundamental que no se olvide este aspecto.
Científicos y académicos mexicanos sí están dedicados al tema; en algunos sectores productivos también se hacen esfuerzos de ahorro energético; igualmente, en el Programa Sectorial de Energía 2007–2012 del gobierno federal, presentado en noviembre del 2007, se establecen objetivos, estrategias y líneas de acción para promover el uso y producción eficientes de energía, así como para fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables.
Sin embargo, lo anterior no parece permear todavía suficientemente hacia la clase política en sus arduas discusiones actuales sobre la reforma energética.Los números involucrados son de gran magnitud: “Es posible reducir en treinta por ciento el consumo energético nacional en las próximas dos décadas”, según el experto Manuel Martínez Fernández (Premio Nacional de Energía Renovable 2005), lo que estimo equivaldría a un 44 por ciento de la producción actual de petróleo crudo. Si además se lograra combinar el ahorro energético con una utilización creciente de energías renovables —solar, eólica, biomasa, de las mareas— como también recomiendan los científicos mexicanos, se disminuiría fuertemente la presión sobre el sector petrolero nacional, y también sobre el sector eléctrico, además de cumplir el objetivo de reducir significativamente las emisiones de carbono a la atmósfera.
¿Es dable alcanzar tan ambiciosos objetivos? Me parece que sí, pero, como argumentan los expertos, se requerirían acciones que abarcan a todo el espectro social, desde las decisiones de gobierno, los esfuerzos de las empresas por hacer más eficiente su producción en términos de energía utilizada, los científicos en encontrar las maneras, métodos y aparatos para hacerlo, hasta la conciencia de la gente, orientada en mucho por una educación mucho mayor sobre eficiencia y ahorro energéticos.
Todo ello implica medidas concretas de política y es aquí donde entra la reforma energética, para considerarlas debidamente en los diferentes segmentos del consumo. Claudio A. Estrada, director del Centro de Investigación en Energía de la UNAM, al participar en el Foro Universitario Perspectivas Energéticas de México en los Próximos 10 años, realizado en abril de 2007, señaló que corresponde el 42.5 por ciento de consumo de energéticos al transporte, 28.6% al sector industrial, 19.2% al residencial, comercial y público, 4.3% a petroquímica de Petróleos Mexicanos, 2.8% al sector agropecuario, y 2.6 por ciento a otras ramas económicas. Está claro así que se requieren acciones especiales para transformar en uno más eficiente el modelo de transporte, que —sin visiones fundamentalistas de limitar el automóvil particular—, sí dé prioridad al desarrollo del transporte colectivo de personas, seguro y de buena calidad, al mismo tiempo que promueva mayor eficiencia en el transporte de carga, por ejemplo, con mayor utilización del ferrocarril, o los barcos de cabotaje en nuestros 11 mil kilómetros de costas.
En las ciudades, también, es necesario reducir al mínimo posible la movilidad de las personas entre sus viviendas y sus trabajos o centros de estudio, que no es precisamente lo que se lleva a cabo actualmente, como ha descrito en estas páginas David Gutiérrez Fuentes (“Hacinamientos modernos”, 17ene08.) Incluso, en octubre pasado, al participar en un Foro Sobre Movilidad en la Ciudad de México, el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, criticó acertadamente “la política de vivienda, que fija precios muy bajos del suelo pero construye las casas en zonas más alejadas, por lo que los trabajadores viven cada vez más lejos”, y “la necesidad de viajes de largas distancias ha crecido de manera exponencial”. Propuso un cambio en esta estrategia.
Otro aspecto muy importante es el ahorro y uso eficiente de la energía en los propios hogares. En octubre también, fue presentada una interesante “Guía Metodológica para el uso de tecnologías ahorradoras de energía y agua en las viviendas de interés social en México”, elaborada por el Instituto Nacional de Ecología, con la asesoría del experto del Instituto de Ingeniería de la UNAM David Morillón, y de otras instituciones. Las posibilidades de ahorro energético con un mejor diseño de aparatos para el hogar y máquinas industriales son amplísimas.
Se puede apreciar, así, la gran importancia de que el tema sea adecuadamente incluido en la reforma energética. Las leyes y reglamentos no son la solución en sí de los problemas, como a veces estamos tentados a creer, pero indudablemente constituyen una orientación que la sociedad se da a sí misma para alcanzar objetivos deseables.

Elecciones EU. El futuro del muro

La Crónica. Viernes 29 de febrero de 2008
La presente etapa del proceso electoral en Estados Unidos, con primarias el martes 4 de marzo en Ohio y Texas (además de Rhode Island y Vermont), está denotando la compleja problemática comercio-migración-seguridad que enfrentan actualmente las relaciones México-Estados Unidos, que debiera ser entendida mejor por los electores norteamericanos para propiciar la convivencia productiva entre ambos países a que los duros datos de la geografía, la economía y la historia obligan.
El próximo gobierno norteamericano debería tener el mandato de derrumbar el vergonzoso muro fronterizo y llegar a un acuerdo migratorio integral con México. Esta semana, en el Partido Demócrata, donde prosigue la fiera lucha por la candidatura entre Hillary Clinton y Barack Obama, el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos (y Canadá), fue uno de los principales puntos de discusión en el debate que realizaron en Cleveland, Ohio, a tal punto que la Clinton, aunque dijo también que en algunas partes, como Nueva York o Texas, el acuerdo ha tenido éxito, volvió a amenazar que “en caso de llegar a la Casa Blanca, le diré a México y Canadá que nos saldremos del Tratado a menos que acepten renegociar los estándares ambientales y laborales”. Obama estuvo de acuerdo con esta visión al insistir que los tratados comerciales han funcionado para los grandes intereses corporativos, pero no para la clase trabajadora: “Creo que tendríamos que usar el martillo argumental de nuestra salida para asegurarnos que podemos renegociar para mejorar los estándares laborales y medioambientales del TLCAN”. (Bueno, no está de más hacer notar que se fueron por la tangente de “mejorar los estándares laborales y medioambientales”, un objetivo que sería también muy importante para México.).
Pero en El Paso, “No Pase”. La operación así irónicamente llamada —que endurecerá las penas contra migrantes que crucen sin documentos a Estados Unidos, principalmente contra los reincidentes, a los que se encarcelará— fue puesta en vigor por autoridades de ese país el lunes, en un tramo de “cero tolerancia” de 3 millas en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, una de las regiones fronterizas más estrechamente ligadas. “La puesta en marcha de la operación “No Pase” es lamentable y amerita un reclamo de todo el Estado mexicano, coincidieron los titulares de los poderes Legislativo y Judicial del estado de Chihuahua, así como la Iglesia católica en esta frontera y organismos defensores de los derechos de las personas”, informó el Diario de Ciudad Juárez.
Para Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, “existe la intención de extender el Programa “No Pase” tanto al resto del sector El Paso de la Patrulla Fronteriza, como al interior de Estados Unidos, con graves consecuencias sociales, ya que otorgará trato de criminales a los migrantes”, según reporta a su vez El Diario de El Paso, que recuerda que en Arizona la Patrulla Fronteriza implementa desde mediados de enero el Operativo “Streamline” de cero tolerancia contra la migración indocumentada.
Esta semana también, se reunieron en Los Cabos, Baja California Sur, los secretarios de Gobernación y Economía, Juan Camilo Mouriño y Eduardo Sojo, con los secretarios de Seguridad Interna de Estados Unidos, Michael Chertoff, y de Comercio, Carlos Gutiérrez, así como sus contrapartes de Canadá, para preparar la cumbre de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que se realizará en Nueva Orleáns el 21 y 22 de abril próximo. Pero el embajador de Estados Unidos en México, Antonio Garza, resaltó en declaraciones previas, además del objetivo de “facilitar los negocios de las compañías de América del Norte”, el de “asegurar que los tres países estén a salvo de terroristas”. Reconoció también que “el gobierno de Estados Unidos debe hacer más para reducir la demanda de drogas y detener el tráfico ilegal de armas a México”. Dijo todavía más el embajador: “Lo más importante es que los gobiernos de México y de Estados Unidos han superado los días de ‘echarse la culpa’ y lograr un frente común,… estamos trabajando conjuntamente como nunca antes y aceptando nuestras responsabilidades compartidas”.
Se hacen notables, así, las serias contradicciones que enfrenta actualmente nuestra frontera norte de 3 mil 200 kilómetros, por donde cruzan diariamente hacia un lado u otro más de un millón de personas y un comercio bilateral de bienes cuyo valor anual en 2007 alcanzó 364 mil millones de dólares (223 mil millones de exportaciones y 141 mil millones de compras); frontera donde se localizan unas 30 ciudades gemelas importantes mexicano estadunidenses, cuyos habitantes se relacionan y cooperan activamente en muchos aspectos de su vida diaria, prácticamente como parte de una misma comunidad, pero que igualmente es una de las fronteras más concurridas por el tráfico de estupefacientes, de armas y de personas… pero no de terroristas.
Pero, por temor a los terroristas, en esa frontera se construye un muro de mil 126 kilómetros de largo, un muro que por supuesto enfrenta oposición en las regiones fronterizas donde se construye, incluso de las propias autoridades municipales, pues se denuncia su invasión y partición de propiedades, su introducción de tensiones entre las comunidades a ambos lados de la frontera, sus efectos destructivos sobre el hábitat fronterizo. Se erige un “muro virtual” que involucra torres con cámaras, radares y detectores sofisticados, helicópteros, patrullajes, que convierten a la frontera en una zona militarizada.
Los precandidatos presidenciales se ven inmersos en estas contradicciones: puesto que tienen que satisfacer a los grupos de interés de sus partidos en los estados donde se van realizando las primarias; así, es entendible que Clinton y Obama hayan manifestado posiciones críticas al TLCAN en Ohio, donde la transformación industrial de Estados Unidos, que no el TLCAN, ha provocado que en esta década se hayan perdido más de 200 mil plazas laborales. En Texas, por el contrario, al menos en el sur, hay esperanzas de que el próximo presidente (a) de Estados Unidos sea “más fronterocéntrico”, como declaró a AFP el diputado local texano Aarón Peña, que apoya a la Clinton, y que el nuevo gobierno reduzca al mínimo o de plano eche atrás el proyecto del muro. Por ello, en el debate en ese estado Clinton y Obama dieron a entender que mejores métodos de vigilancia podrían ser solución más apropiada que la valla de acero, y cortejan activamente el voto mexicano-estadunidense con anuncios y mensajes en los medios, que en radio se entreveran con canciones rancheras mexicanas.
Por su parte, el virtual candidato republicano John McCain, de visita en San Antonio, Texas, el miércoles, al necesitar atraerse el ala más conservadora de su partido —que le critica fuertemente sus posiciones relativamente liberales en el Senado, en particular su propuesta de política migratoria, que contemplaba la regularización de indocumentados que residen y trabajan por largo tiempo en EU— respaldó la construcción del muro fronterizo, aunque con la salida de un acuerdo migratorio: “en lo que respecta a inmigración, la prioridad debe ser la seguridad de la frontera. Una vez alcanzado eso, otorgar permisos de trabajo para aquellos que desean laborar en Estados Unidos”.
Importante será que el electorado estadunidense y sus candidatos a la presidencia entiendan que hay que resolver estas contradicciones en concordancia con las realidades subyacentes y las mejores tradiciones políticas estadunidenses. La migración mexicana está constituyendo, de hecho, el mercado común de mano de obra de que adolece el libre movimiento de mercancías y de inversiones establecido por el TLCAN, así es que un acuerdo integral sobre migración con México, bilateral, y que luego incorpore a Canadá, sería el complemento al proceso de integración económica que el TLCAN ha traído consigo en estos 15 años.
En todo caso, se trata de un ajuste temporal; en otros 15 años, la acelerada transición demográfica de México y la propia transformación económica de nuestro país, cambiará drásticamente el panorama migratorio: disminuirán sensiblemente, si no es que desaparecerán, las corrientes migratorias de México al norte; se incrementarán las de pensionados y otros norteamericanos en busca de nuevas oportunidades de vida hacia el sur, y se mantendrá todavía un tiempo la absorción por México de trabajadores centroamericanos.
Es pues esencial terminar con el enfoque unilateral de Estados Unidos en materia de comercio-migración-seguridad, pues si prosiguiera, si se mantuviera el muro, si se insiste en criminalizar al migrante mexicano, se obligaría a México a buscar, también unilateralmente, otras soluciones apropiadas.

Ya “reformistas”, párenle

La Crónica. Domingo 9 de marzo de 2008
Con los intensos y necesarios debates sobre la reforma energética y sus protagonistas, y el efecto mediático de la participación de jóvenes mexicanos en las FARC colombianas, los “reformistas” profesionales se aplacaron momentáneamente —no tuvieron una reunión de evaluación el miércoles 5 de marzo—, pero dentro de poco irán por su resto. A poco más de un mes de concluir sus trabajos, y desestimando las críticas sobre derroche de recursos en la contratación de asesores, rentas de edificio y viajes y viáticos, los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión (CENCA), esperan todavía proponer más iniciativas de reforma: “nuevo formato de Informe Presidencial, mecanismos de fortalecimiento de las facultades del Congreso, la creación del Consejo Económico y Social que será el contrapeso de la Secretaría de Desarrollo Social, reformas para el fortalecimiento del desarrollo municipal propuestas por la Conago y al menos 30 modificaciones constitucionales en materia de garantías sociales —derechos humanos y educación—, así como modificaciones en materia de amparo”. (Agustín Basave, nuevo secretario técnico de ese organismo, Milenio, 17 febrero.)
En un descuido, también serían capaces de presentar, a pesar de opiniones mayoritarias en contra, la iniciativa de reforma del régimen de gobierno, para establecer la figura de “Jefe de Gabinete”, que compita con el Ejecutivo.Pero eso no es todo, nuevos reformadores aparecen por todos lados. En el Senado, legisladores del PAN insisten en abrir a debate la propuesta de la Iglesia católica de que sea reformada la Constitución a fin de permitir que los ministros de culto sean postulados a cargos de elección popular y que “se amplíen los derechos y libertades de las asociaciones religiosas”. La presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta (¡tan bien que iba!), se pronunció a favor: “Que puedan votar y ser votados, sí. Y ministros de cualquier tipo de iglesia. Este es un país libre, democrático”, dijo.
¡Y aún hay más! Según un artículo de Jorge Luis Sierra en El Universal, del 29 de febrero último, acerca del cual no he visto ningún desmentido todavía, “el gobierno de Felipe Calderón podría estar tentando el terreno para promover una reforma militar que integre a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina en una sola dependencia encargada de los asuntos militares del país. De acuerdo con fuentes militares, en el centro de las discusiones están asuntos que van desde el nombre de la futura secretaría hasta la posibilidad de nombrar a un civil como secretario de la Defensa”.
Es para quedarse pasmado. Entre reformistas y fundamentalistas de la prohibición estamos fritos. ¿Qué no hay asuntos mucho más urgentes que las reformas en el papel o sobre temas impresionistas? ¿Por qué ese afán de desestabilizar el andamiaje institucional, con el disfraz de modernización, en lugar de aprovechar en forma más eficiente lo existente para que funcione todo mejor?
Los reformistas a ultranza son agitadores profesionales: continuamente necesitan estar agitando las aguas políticas del país porque así prosperan mejor sus ambiciones, en lugar de preocuparse con el día día de los inmensos retos y problemas que enfrenta una sociedad compleja como la mexicana.
En las fuerzas armadas ya quieren cambiar uno de los mejores arreglos institucionales con que cuenta México: dos titulares profesionales, del Ejército y la Armada, cada uno en su ámbito específico, coordinados siempre cuando es necesario. ¿Un civil arriba de ellos?, ¿se premiaría así su lealtad cuando en la etapa moderna de México nunca han desafiado el poder civil constituido?El clero católico en la política. Como si los conspicuos miembros de la jerarquía de la iglesia, los que presumiblemente serían votados, fueran modelos de conducta pastoral, de elevado comportamiento público, y no hombres mundanos, diletantes, snobs. Los miembros del clero, los curas que genuinamente quieren velar por la salud espiritual de sus feligreses no necesitan para ello entrometerse en la lucha política, materialista y brutal. Como declaró el obispo de la región central de Tamaulipas, Antonio González Sánchez, “para el Derecho Canónico la política partidista es el campo propio de los laicos” (La Crónica, 4mar08).
¿Quieren verdaderas reformas? Mucho se han repetido los pendientes de la democracia en este país. Esperemos que la sensatez política no permita que sea prorrogado el mandato de la CENCA después de su término el 13 de abril, que el gobierno archive, si es que de veras examinaba, la propuesta de crear una sola secretaría de asuntos militares, y que el Congreso haga a un lado de una buena vez la reforma clerical, y que todos los congresistas se pongan a trabajar en legislaciones verdaderamente importantes para la democracia, la justicia y la inclusión social:
Asegurar los procedimientos democráticos y la transparencia en la operación de los partidos políticos.Asegurar los procedimientos democráticos dentro de los sindicatos y la transparencia en el manejo tanto de los recursos públicos que reciben como también en cuanto a cuotas de afiliados e ingresos de negocios sindicales.
Sanciones efectivas a las prácticas monopólicas de empresas.
Candidaturas independientes. Aquí, qué bueno, el Senado examina a partir de esta semana el dictamen que corregirá la recién aprobada reforma electoral, y eliminará los candados que impiden las candidaturas ciudadanas.Racionalización y modernización, esa sí, de las formas de trabajo, organización y toma de decisiones por los legisladores del Congreso de la Unión.
Auténtico federalismo, de inicio con la descentralización de algunas fuentes de impuestos.Medidas mucho más efectivas contra la corrupción pública y privada y fin de la impunidad al respecto.
Reforma penal para aliviar el hacinamiento y la corrupción en las cárceles mexicanas, que dan lugar a los peores tratos que se puedan imaginar a los seres humanos que tienen la desgracia de caer allí, como nos describen las historias tristes recientes en La Crónica.

Pemex a los 70: desenmarañar el debate petrolero

La Crónica. Viernes 14 de marzo de 2008.
Sobre la “reforma energética” inciden tantas variables: de la política, la economía, la técnica y la administración, tanto del ámbito interno como del entorno mundial, que se está corriendo el riesgo de no salir de la maraña, de producir un híbrido de reforma que no satisfaga ni a tirios ni a troyanos y de que se aborte la revitalización de la industria, imperativa al cumplirse 70 años de la expropiación petrolera y de la creación de Pemex, sobre todo para no poner en riesgo el desarrollo económico de México a largo plazo.La discusión política se concentra ahora en el ataque, desde el “gobierno legítimo”, al presunto tráfico de influencias o conflicto de intereses en que habría incurrido Juan Camilo Mouriño, el ahora secretario de Gobernación. Por supuesto, éste está en la obligación de aclarar, a satisfacción de las autoridades judiciales y de la opinión pública, que no cometió ninguna falta legal o ética.Pero ahí no acaba el problema político, pues el gobierno ha caído en el garlito de la polarización, con su empecinamiento, rayano en la obsesión, de presentar la reforma energética como una lucha contra “los enemigos del progreso de México”: “lo que quieren es disminuir al gobierno, quieren debilitarlo, apuestan por el fracaso del país y hacen todo lo posible para que a México le vaya mal”, expresó el secretario Mouriño en su entrevista televisada. Muy simplistamente también, el gobierno reduce el núcleo de la discusión a la participación extranjera en la explotación del “tesoro” de petróleo en aguas profundas del Golfo de México, sin entrar a examinar todas las otras facetas que están en la palestra acerca de una nueva dinámica en la industria petrolera. Peor aún, y creo que por primera vez esto sucede en México así tan abiertamente, el gobierno se ha embarcado en una campaña absurda para convencer a la gente, como si la reforma energética no fuera un asunto de política pública sino de venta de la verdad absoluta, con métodos de la peor técnica propagandista, desde el video que no era de su autoría hasta diálogos subliminales pagados en programas televisivos de diversión o gacetillas en artículos varios (con un costo de 130 millones de pesos.)Esto, en lucha abierta con las igualmente sesgadas versiones del “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador, quien, con objetivos básicamente políticos, califica a su vez de “traidores a la patria” a los promotores de la reforma. Ahora bien, aunque está claro que el proyecto gubernamental NO es la privatización de Pemex ni la modificación en este sentido de la Constitución, también deberían despejarse los cuestionamientos válidos de políticos que se han unido a las críticas a la reforma, como Francisco Rojas, Manuel Bartlett, David Ibarra, de que “por debajo del agua” el proyecto buscaría canalizar la renta petrolera al aprovechamiento privado y no al interés público, mediante las innumerables formas en que esto puede hacerse: “alianzas estratégicas”, contratos de riesgo, rentas o comisiones exorbitantes por el uso de plataformas, buques, tecnología; descuido de las cadenas productivas, de manera tal que Pemex siga exportando básicamente petróleo crudo, mientras compra petroquímicos y gasolinas de mucho mayor valor agregado. Esto no significaría descartar la participación privada en importantes segmentos de esas cadenas productivas, pero, eso sí, con mucho control del “contratismo”, de la corrupción. Examinar también privilegios indebidos a trabajadores de confianza y sindicalizados de Pemex y, sobre todo, a la cúpula sindical. Al trabajador sindicalizado es al primero al que debiera interesarle la transparencia en sus beneficios y prestaciones y la productividad de Pemex, ya que se está viendo, a pesar de que la planta laboral de trabajadores y empleados de confianza sigue creciendo (son 142 mil en 2006), más y más actividades petroleras son realizadas por personal fuera de la paraestatal, tercerización en condiciones laborales no precisamente las mejores.A pesar de ingresos extraordinarios por los altos precios internacionales del crudo, con lo que Pemex ha dispuesto en los últimos ocho años de unos 900 mil millones de pesos para inversiones (90 por ciento en exploración y producción y 10 por ciento en refinación), se descuidó terriblemente la inversión productiva, además de darse una ineficiencia administrativa notable, con resultados predecibles: baja en las reservas probadas, sobreexplotación de yacimientos, decrecimiento de la producción (3.082 millones de barriles diarios en 2007, contra 3.383 millones en 2004) y de las exportaciones de crudo (compensadas coyunturalmente en los ingresos por los altos precios del aceite), importaciones cuantiosísimas de gasolinas y gas natural o licuado, envejecimiento de instalaciones; cesión de operaciones a terceros. Esto indica que la administración de la paraestatal tiene que ser también sujeta a un serio escrutinio para aumentar su eficiencia, evaluar sus rendimientos, disminuir fugas y corruptelas.La situación sería peor de no haberse utilizado para aumentar inversiones el mecanismo de Pidiregas—Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto—, en realidad, deuda con inversionistas para el desarrollo de proyectos, que Pemex repaga con los ingresos generados por los mismos. El problema es que se ha tenido que apoyar demasiado en este mecanismo, de forma tal que los vencimientos para el año 2009 por este concepto son de más de 125 mil millones de pesos, con un incremento acelerado. Pemex registra también un pasivo laboral de casi 500 mil millones de pesos. Al comparar activos y pasivos, algunos analistas concluyen que la paraestatal está quebrada, lo que obviamente no se aplica, aunque para beneficiar su calificación crediticia sería conveniente ya una reevaluación de sus activos.Pero Pemex recibe cada año en sus cofres miles de millones de pesos, por sus ventas internas y externas de petrolíferos, más de 1.3 billones de pesos en 2007 ¿A dónde van estos cuantiosos recursos? Alrededor de un 42 % a costos de operación; 3% (sin Pidiregas) a intereses de la deuda y, por impuestos y derechos al gobierno, 51% (casi 600 mil millones de pesos en 2006 y 676 mil millones en 2007.) Esto representa un tercio de los ingresos gubernamentales, y queda planteado así otro de los dilemas básicos: si la reforma fiscal no produce ingresos suficientes al gobierno no podrá haber reforma energética. Algunos critican que parte de los excedentes petroleros se asignen a los estados de la República, pero no puede ser de otra manera, cuando el centralismo fiscal que padecemos hace que el 94.8% de toda la recaudación impositiva vaya a la Secretaría de Hacienda, y sólo 3.4% a los estados (a municipios, 1.8%.) El gobierno debería estar dispuesto también a discutir su propuesta casi unívoca de que es urgente explotar los yacimientos de aguas profundas en el Hoyo de Dona con participación privada extranjera. Muchos expertos opinan, primero, que Pemex podría comprar de entrada la tecnología (y luego crearla por sí mismo, con nuevo énfasis en su de-sarrollo tecnológico), sin necesariamente comprometer en contratos de riesgo las reservas de la zona; segundo, que todavía existen en México amplios territorios geológicamente no explorados susceptibles de almacenar hidrocarburos; lo mismo en aguas someras de la región marina, lo que aumentaría fácilmente las reservas probadas a 30 años, en lugar de los nueve actuales. También, que en yacimientos ya explotados es económicamente conveniente aplicar métodos de recuperación secundaria o mejorada, para extraer amplias disponibilidades de petróleos residuales. Entonces, habría que programar la mejor combinación de estas opciones y obtener una sinergia entre ellas Por cierto, el gobernador de Tabasco, Andrés Granier, ha hecho una interesante propuesta: “que las entidades federativas productoras puedan explotar los pozos abandonados por Pemex, o marginales, en su territorio” (Excélsior, 13mar08.)Luego, como ya he sugerido en artículo anterior, es indispensable incorporar a la discusión un Programa Nacional de Ahorro de Energía, en transporte, industrias, hogares, gobierno, que podría disminuir en un breve lapso la demanda de energía hasta en un tercio de sus niveles actuales, y, junto con el desarrollo de fuentes nuevas y renovables, aligerar la presión en la producción en esta etapa difícil de la transformación de la industria energética nacional.