Urgencia de un Programa Nacional de Ahorro de Energía

Ponencia al Debate sobre la Reforma Energética organizado por el Senado de la República.

23 de mayo 2008
Una verdadera reforma energética en México, con una visión a largo plazo, estratégica, no podrá alcanzarse sin poner en vigor, cuanto antes mejor, un Programa Nacional de Ahorro de Energía. Como va siendo cada vez más evidente, en un mundo en que cuesta mayor trabajo aprovechar los recursos naturales y en el que se manifiesta un deterioro creciente del medio ambiente, es imprescindible utilizar la energía de manera mucho más eficiente.

Ahorro de energía significa “utilizar la energía más inteligentemente”, como se ha definido en la Unión Europea, es decir, economizar en el consumo de energía, gastar menos energéticos para obtener los mismos resultados en iluminación, calefacción, transporte de personas y carga, operación de maquinaria y equipo, y hasta en la misma producción de energía.

Pero me parece que en este debate convocado por el Senado de la República no se está destacando el aspecto importantísimo de la eficiencia energética. Si, el Partido Verde presentó al inicio del debate la iniciativa que el 24 de abril habían introducido en el Congreso los legisladores ecologistas, pero que se concentra en el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía más que en el ahorro de la misma. Es fundamental que no se olvide este último aspecto.

Es más, Independientemente de si el debate sobre la reforma petrolera llega o no a resultados concretos, el ahorro de energía en México es una necesidad insoslayable cuando el precio por barril de petróleo alcanza ya en el mercado internacional los 135 dólares, con serios efectos sobre la economía mundial, y sin contar con las imprevisibles consecuencias si se llega a un precio de 200 dólares por barril, como ya están calculando algunos expertos.

Científicos y académicos mexicanos sí están dedicados al tema; igualmente, en algunos sectores productivos también se hacen esfuerzos de ahorro energético; Sin embargo, lo anterior no parece permear todavía suficientemente hacia las arduas discusiones actuales sobre la reforma energética.

Los números involucrados son de gran magnitud: “Es posible reducir en treinta por ciento el consumo energético nacional en las próximas dos décadas”[1], lo que estimo equivaldría a un 44 por ciento de la producción actual de petróleo crudo. Si además se lograra combinar el ahorro energético con una utilización creciente de energías renovables --solar, eólica, biomasa, de las mareas, la misma nuclear --como también recomiendan los científicos mexicanos-- se reduciría en una proporción aún mayor la presión de la demanda sobre el sector energético petrolero, que ahora aporta el 90 por ciento de la producción de energía primaria en el país (la hidroenergía, 2.7 %; carbón, 2.1 %; nuclear, 1.1 %), con todos los efectos favorables que ello tendría en la gestión y administración de Pemex y en el balance presupuestario del gobierno federal.

Por supuesto, los porcentajes amplios de ahorro de energía que es posible lograr, tendrían un efecto muy positivo en los esfuerzos para cumplir el objetivo de reducir significativamente las emisiones de carbono a la atmósfera y combatir el cambio climático, donde el gobierno de México ha tomado un papel muy activo con su propuesta de creación de un fondo internacional, el “Fondo Verde”, de 10 mil millones de dólares.

El ahorro de energía es una alternativa deseable al uso de biocombustibles, ahora que se constata que éstos, si son producidos a partir de cultivos alimentarios, como el maíz, incrementan los precios y abastecimiento de esos alimentos, o, si se producen a partir de especies vegetales “invasivas”, pastos y yerbas, podrían causar indeseables consecuencias ecológicas o económicas.

¿Es dable alcanzar tan ambiciosos objetivos? Me parece que sí, pero, como argumentan los expertos, se requerirían acciones que abarcan a todo el espectro social, desde las decisiones de gobierno, los esfuerzos de las empresas por hacer más eficiente su producción en términos de energía utilizada, los científicos en encontrar las maneras, métodos y aparatos para hacerlo, hasta la conciencia de la gente, orientada en mucho por una educación mucho mayor sobre eficiencia y ahorro energéticos.

Y no es cuestión de descubrir el hilo negro; desde la crisis petrolera de 1973, varios países realizaron trabajos muy serios de ahorro energético, que una subsiguiente etapa de petrolíferos relativamente baratos aminoró, pero que ahora se están retomando aceleradamente.

En México existen, en el papel, algunos referentes; por ejemplo, el Programa Sectorial de Energía 2007–2012 contiene objetivos, estrategias y líneas de acción orientados a:

“Promover el uso y producción eficientes de la energía”;

“Proponer políticas y mecanismos financieros para acelerar la adopción de tecnologías energéticamente eficientes por parte de los sectores público y privado”;

“Ampliar las acciones coordinadas entre los sectores público, social y privado, para el fomento del uso eficiente de la energía entre la población”;

“Impulsar la reducción del consumo de energía en el sector residencial y de edificaciones”.

Sin embargo, está faltando un mucho mayor énfasis en la acción pública para promover y conseguir estas metas. Está faltando un Programa Nacional de Ahorro de Energía que canalice mayores recursos financieros, administrativos y tecnológicos a estas tareas, que coordine políticas públicas, privadas y del sector social con dichos propósitos. Muy importante es que se involucre fuertemente a toda la población en el esfuerzo de eficiencia energética, mediante campañas exhaustivas de educación, de información y de acceso a los medios e instrumentos para conseguir el mayor ahorro en el uso de la energía.


Todo ello implica medidas concreta de política y es aquí donde entra la reforma energética, para aplicarlas debidamente en los diferentes segmentos del consumo de energéticos, del cual 42.5 por ciento corresponde al transporte, 28.6% al sector industrial, 19.2% al residencial, comercial y público, 4.3% a petroquímica de Petróleos Mexicanos, 2.8% al sector agropecuario, y 2.6 por ciento a otras ramas económicas[2].

Pero estamos muy fallos en la promoción de la eficiencia energética en el sector transporte, con un subsidio extraordinario del gobierno federal, que en el primer trimestre de 2008 se eleva a 55 mil millones de pesos. Muy recientemente se está dando nuevo impulso al transporte masivo urbano y suburbano en algunas partes del país, incluida esta capital, pero falta todavía mucho por hacer en este rubro. Está claro así que se requieren acciones especiales para transformar en uno más eficiente el modelo de transporte, que –sin visiones fundamentalistas de limitar el automóvil particular-- sí dé prioridad al desarrollo del transporte colectivo de personas, seguro y de buena calidad, al mismo tiempo que promueva mayor eficiencia en el transporte de carga, por ejemplo, con mayor utilización del ferrocarril, o los barcos de cabotaje en nuestros 11 mil kilómetros de costas.

En las ciudades, también, es necesario reducir al mínimo posible la movilidad de las personas entre sus viviendas y sus trabajos o centros de estudio, que no es precisamente lo que se lleva a cabo actualmente, pues se da una política de vivienda, que utiliza precios muy bajos del suelo en zonas muy alejadas para construir casas relativamente baratas, por lo que se han multiplicado los viajes de largas distancias del hogar al trabajo o lugares de estudio.

Otro aspecto muy importante es el ahorro y uso eficiente de la energía en los propios hogares. Las posibilidades de ahorro energético con un mejor diseño de aparatos para el hogar y máquinas industriales son amplísimas[3].

Habrá que profundizar los esfuerzos ya establecidos. Por ejemplo, fortalecer el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), un organismo público vigente, con objetivos muy concretos en el uso eficiente de la energía eléctrica, entre ellos: un programa de apoyo financiero para ahorrar electricidad en las casas; apoyo técnico y financiero para los mismos fines en la industria; reemplazo a gran escala de focos eléctricos convencionales por otros más eficientes; eficiencia energética para mejorar los sistemas de alumbrado, bombeo y servicios en municipios del país; programa piloto para la construcción de vivienda social sustentable; programas de incentivos para la eficiencia energética en lámparas, aire acondicionado, refrigeración motores eléctricos, iluminación comercial y de edificios.

Y existen experiencias internacionales muy importantes que aprovechar. Recientemente se ha destacado que México es “socio estratégico” de la Unión Europea. Bueno, pues en el ahorro de energía se tiene un campo amplio para desarrollar la cooperación bilateral con Europa.

El año pasado, la UE se decidió por una política integral en materia de energía y medio ambiente, con objetivos precisos para economizar energía y reducir la utilización de combustibles fósiles. Así, en una estructura económica ya bastante desarrollada, en donde es, por lo tanto, más difícil conseguir ahorros marginales de energía, la Comisión Europea adoptó un “Plan de Acción para la Eficacia Energética 2007-2012”, que entre sus objetivos tiene el de “suscitar y reforzar un comportamiento racional respecto al consumo de energía”, y que fija metas para reducir el consumo energético en 20% de aquí al año 2020 (a la vez que aumentar la proporción de energías renovables en el consumo, incluidos los biocombustibles, “a condición de que se disponga de biocarburantes de segunda generación que no provengan de cultivos alimentarios”). Con visión, proyectan también pasar a una “economía fundada sobre el hidrógeno”.

México necesita con urgencia también un Programa Nacional de Ahorro de Energía, y las experiencias y tecnologías disponibles en la cooperación internacional, por ejemplo de la Unión Europea, deberían ser promovidas. Además de en el sector residencial e industrial, atención especial hay que dar a la eficiencia energética en el sector de los transportes, con énfasis en el transporte público urbano e interurbano, el transporte ferroviario, sustitución de vehículos ineficientes, con responsabilidad especial en el sector gobierno, normas más estrictas en el consumo de combustible por kilómetro y por carga, mejorar los neumáticos de los vehículos para una menor resistencia al rodaje, transporte alternativos no motorizados.

Otra área importante de ahorro es reducir el desperdicio y las pérdidas en la propia producción y transporte de energía.

¡Ah, y la educación y la información! Programas específicos en las escuelas, en los medios de comunicación, en lugar de la propaganda gubernamental tan superflua, para sensibilizar a la gente sobre la cada vez mayor importancia que adquiere en el mundo la eficacia en el uso de energía.

Por todo ello, espero que el tema de la utilización inteligente de energía tome el lugar prioritario que le corresponde en este debate senatorial, pero sobre todo como programa de gobierno urgente.

[1] Según el experto Manuel Martínez Fernández” (Premio Nacional de Energía Renovable 2005)
[2] Claudio A. Estrada, director del Centro de Investigación en Energía de la UNAM, al participar en el Foro Universitario Perspectivas Energéticas de México en los Próximos 10 años, realizado en abril de 2007.
[3] En octubre de 2007 fue presentada una interesante “Guía Metodológica para el uso de tecnologías ahorradoras de energía y agua en las viviendas de interés social en México”, elaborada por el Instituto Nacional de Ecología, con la asesoría del experto del Instituto de Ingeniería de la UNAM David Morillón, y de otras instituciones.

México, socio estratégico

La Crónica. Lunes 19 de mayo de 2008

México y la Unión Europea han establecido, a partir de este mes, una “asociación estratégica”, a iniciativa de ese organismo de integración europea, que considera que “México es una de las potencias emergentes del mundo globalizado de hoy y además a nivel regional es un puente entre América Latina y América del Norte”, como dijo el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, al término de la reunión que sostuvo en Los Pinos con el presidente Felipe Calderón, el 12 de mayo.

“Socio estratégico” es una relación privilegiada que los europeos tienen con algunos países del mundo, con Estados Unidos, desde luego, y con China, Rusia, Japón y Canadá y las “potencias emergentes”: India, Brasil y Sudáfrica.

México, pues, resulta socio estratégico de dos de los “tres grandes” del nuevo mundo multipolar: Estados Unidos y la Unión Europea (siendo China el tercero), con lo que se va confirmando la activa inserción de nuestro país en la geopolítica del siglo XXI, conforme a una visión realista de las relaciones internacionales en la actualidad, que diversos analistas (1) consideran una etapa de transición, en la cual las tres superpotencias y sus cercanos aliados compiten fuertemente entre ellas en el mercado geopolítico (como dice Khanna), junto con las “potencias emergentes” de las que México forma ya parte, a pesar de las falencias que todavía afectan a nuestro país.

Se trata, ante todo, de la responsabilidad de México, como país de intereses múltiples en la escena mundial, para contribuir a la gobernanza global, a la conformación de un nuevo orden internacional basado en los mejores valores, libertad, derechos humanos, justicia, seguridad, lo que a su vez ha de reflejarse positivamente en el desarrollo interno. Esto fue subrayado también por el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, cuando dijo: “En conclusión, creo que México y la Unión Europea tienen por delante mucho trabajo, muchos puentes que tender entre las dos orillas del Atlántico, en beneficio de sus ciudadanos, de los dos continentes y también en beneficio del mundo; porque México y Europa compartimos los mismos valores, somos creyentes en el multilateralismo y juntos podemos dar una contribución para dar una respuesta más positiva a nivel global y ante objetivos globales también”.

Pero a la vez la disminución de la influencia estadunidense en América Latina (2) plantea a nuestro país varios retos de política exterior hacia la región, entre ellos el de desarrollar provechosos esquemas de cooperación bilateral con países latinoamericanos que mantienen una línea más o menos confrontacional con Estados Unidos (Venezuela, Ecuador, Cuba, Bolivia, Argentina), al tiempo que fortalecemos decisivamente una relación estratégica con Brasil, que astutamente sigue la línea más pragmática de verdadera potencia emergente, con proyección mundial.

La Quinta Cumbre de América Latina y el Caribe con la Unión Europea, que abrió este viernes en Lima, Perú, refleja estas contradicciones, que nuestro país ha de resolver. Los temas oficiales son los de combate a la pobreza y la desigualdad y la crisis alimentaria, así como el desarrollo sostenible, cambio climático y energía, por supuesto de gran trascendencia e interés común, pero que se ven opacados, por un lado, por el conflicto que enfrenta a Colombia con Ecuador y Venezuela, después del ataque del primer país al campamento de las FARC en Ecuador y, por otro, por las diferencias del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con los dirigentes de algunos países, en particular Alemania y España.

México, con la presencia del presidente Calderón en la Cumbre, habrá de abstraerse de esos conflictos, y más bien renovar los lazos de cooperación con Bolivia, con Argentina, con Cuba, con los cuales existen muchos nichos de oportunidad, al mismo tiempo que disminuir al mínimo las diferencias con Venezuela y Ecuador. Los designios de mayor alcance de nuestro país en esa reunión tendrán que ver con su papel a escala mundial: la cooperación internacional contra la pobreza en la región, los esfuerzos conjuntos contra el cambio climático, el apoyo de los países europeos al combate en México al narcotráfico y al crimen organizado y la reforma al Consejo de Seguridad de la ONU, así como la candidatura de nuestro país como miembro no permanente en el periodo 2009-2010… la alianza estratégica con Brasil.

Nuestras discusiones en la política interna, a veces demasiado agrias, tienden a ocultarnos la verdadera dimensión internacional de este país y su gente. Quizá es hora de revalorarnos a nosotros mismos.

(1) Por ejemplo, G. John Ikenberry The Rise of China and the Future of the West, Foreign Affairs, enero/febrero 2008, y Parag Khanna, Waving Goodbye to Hegemony, New York Times, 27 enero 2008.

(2) Ver el informe Relaciones Estados Unidos–América Latina: Una nueva dirección para una nueva realidad, escrito por un grupo de trabajo del Council on Foreign Relations, organismo estadunidense no partidario fundado en 1921; ver también artículo al respecto de David Brooks, La Jornada, 15 mayo 2008.

Inseguridad en América del Norte

La Crónica. Viernes 9 de Mayo de 2008
América del Norte, bueno al menos México y Estados Unidos, pues los datos de Canadá son más tolerables, están en un serio problema de inseguridad, y no por el terrorismo internacional o nacional sino simple y llanamente por el crimen común en las calles, sea organizado o no.
Según Bob Herbert, en artículo del New York Times (14 agosto 07), en los seis años transcurridos desde septiembre del 2001 hasta agosto 2007, habían sido asesinadas en Estados Unidos 100,000 personas, “un número increíble”. Citaba en su artículo la advertencia del jefe de la policía de Los Ángeles, Bill Bratton, sobre la “formación de una tormenta” de violencia criminal en ese país, con inquietantes incrementos en robos, asaltos a mano armada y asesinatos en los años recientes, y sobre la necesidad de traer de nuevo al debate nacional en ese país el problema del crimen.
De acuerdo a otro articulista del mismo diario (Adam Liptak, NYT, 29 febrero 08, 23 abril 08), que cita cifras del International Center for Prison Studies en el King’s College de Londres), por primera vez en la historia de Estados Unidos más del uno por ciento de los adultos en ese país están en prisión, lo que significa 2 millones 323 mil personas recluidas, en parte debido a que “los prisioneros son encarcelados más tiempo que en otras naciones”. Añade: “Los esfuerzos para combatir las drogas ilegales explican principalmente las largas sentencias de prisión”. Estados Unidos tiene casi 500,000 prisioneros por delitos relacionados con drogas.
En nuestro México, lo que hace tiempo parecía impensable hoy es una realidad: la inseguridad, la acción del crimen organizado, el cerco cada vez más amenazante a las corporaciones policiacas, la grave situación en las cárceles mexicanas, la corrupción en todos sus niveles, la disponibilidad creciente de sofisticadas armas de fuego, son todos factores que, junto con la desigualdad económica, comprometen la viabilidad de que México se consolide como un país estratégico en la escena internacional.
La cifra de ejecutados en el presente año se eleva a casi mil 400, entre los que también figuran agentes federales, estatales, municipales y militares. En lo que va del presente sexenio, del 1º de diciembre 2006 a la fecha son unos 3,200 los asesinatos relacionados con el crimen organizado, un 90 por ciento de hombres y 10 por ciento de mujeres. Desafortunadamente, también, se presentan ya crímenes realizados por adolescentes y, en contravención a los propios códigos criminales, crímenes contra niños y otros familiares no directamente relacionados con el hecho delictivo. Y no es tan sólo el crimen organizado, pues la cultura de la violencia absurda y los delitos contra la propiedad se extienden también entre la población en general.
La situación ha llegado a tal grado que el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, se enmendó a sí mismo la plana, al considerar que el crimen organizado está rebasando la capacidad de respuesta del Estado por lo que “sería suicida sacar al Ejército mexicano de las calles” (La Crónica, 7 mayo 08). Apenas en su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 22 de enero pasado, había urgido al gobierno a que “cuanto antes presente un calendario claro y detallado para que el Ejército regrese a los cuarteles”. Ahora adujo, con mucha razón: “Se nos han complicado las cosas; yo decía en su momento, que salga el Ejército. Pero ahorita con esto de la violencia pues sería así como suicida que lo poco que hay, que es el Ejército, pues todavía sacarlo de las calles. Es como si a un enfermo todavía le quisiéramos sacar sangre”. Abogó porque el gobierno federal aplique una estrategia más contundente, y planteó: “creo que lo que tenemos que hacer como país, es echar mano de esos cuatrocientos mil efectivos que hay de las diversas policías del país (que están desaprovechados en gran medida, no están capacitados ni bien armados ni bien pagados, había dicho), para que se pueda contener la violencia”.
En términos similares se expresó en otro foro el ex secretario de Seguridad Pública federal, Alejandro Gertz Manero, al señalar que el narcotráfico y narcomenudeo se han convertido en el azote de la seguridad nacional, y abogar por cambiar la estructura del sistema de seguridad y justicia.
Es que, a pesar de un altísimo grado de impunidad, pues los culpables de muchos crímenes quedan sin castigo, los casi 450 establecimientos penitenciarios que existen en el país (cinco federales, 330 estatales, 103 municipales y nueve del gobierno del Distrito Federal) están abarrotados por alrededor de un cuarto de millón de personas (Datos de 2006, en Elena Azaola / Marcelo Bergman. “El deterioro en las condiciones de vida en las cárceles mexicanas”. Nueva Sociedad, Núm. 208, marzo-abril de 2007), en una situación lo más cercana al infierno en la tierra, que a su vez convierte a las cárceles, por necesidad, en eficientes escuelas de nuevos y más violentos crímenes. Miguel Carbonell señala (El Universal 22 febrero 08): “Hay al menos dos razones por las que la sociedad mexicana en su conjunto debería estar muy preocupada por lo que sucede en las cárceles de nuestro país: 1) son extremadamente caras; y 2) no están cumpliendo con su función de readaptar o resocializar a los presos, sino que en muchos casos más bien forman parte de un engranaje de reclutamiento de miembros del crimen organizado”.
Esta atracción fatal del crimen organizado, en particular el narcotráfico, conjuntamente con la ineficiencia del sistema jurídico, penal y de la defensa pública, y también la corrupción, producen el peor de los resultados posibles: un altísimo nivel de impunidad junto con el atasco en los juicios y el hacinamiento en las cárceles. La sociedad mexicana tendría que estar discutiendo ya, de manera urgente, cómo resolver estos dilemas, con énfasis en el apoyo necesario a las autoridades estatales y locales.
El problema es norteamericano, y la Iniciativa Mérida es un mecanismo que la región intenta poner en operación para combatirlo. Ya es urgente que entre en operación, lo mismo que un compromiso mayor del gobierno de Estados Unidos para detener el contrabando de armas a México.
En enero pasado, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, consideró prioritaria para el Poder Legislativo la discusión de todo lo relativo a la seguridad nacional. El desvío artificial de la agenda política a una solo tema, el petrolero, importante pero no único, no ha permitido entrar en profundidad a la relevante cuestión, pero sí es urgente que la Nación preste la máxima atención a este grave flagelo que amenaza la viabilidad nacional.
Sí, a fines de febrero de este año, la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones que el Senado realizó en diciembre al proyecto de reforma constitucional en materia penal, que, según se vea, contiene avances o retrocesos con relación a la persecución y castigo de los delitos. Para entrar en vigor, la reforma está en la etapa de aprobación por los congresos locales, pero su ámbito no agota la discusión nacional necesaria sobre las mejores estrategias para disminuir la tasa de criminalidad, evitar que los crímenes queden impunes y castigar con firmeza pero sin sevicia a los delincuentes, haciendo todo lo posible por su reinserción positiva en la comunidad.

1º. de mayo: un “trabajo decente”

Cuando el Dr. Álvaro Castro Estrada, Subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social, hizo una presentación del proyecto de reforma laboral que esa dependencia había venido preparando, en ocasión del Seminario “Panorama Laboral 2007-2008”, en noviembre del año pasado, dijo: Estamos hablando de Trabajo Decente, que permita construir relaciones laborales basadas en la productividad y en una más equitativa distribución del producto del trabajo.
Pues sí, tener un “trabajo decente”, aunque suene un poco naive, es la aspiración primordial de todo trabajador, y se dice rápido y fácil, pero es un objetivo muy difícil de conseguir, aunque no imposible.
Este 1º. de mayo se celebró en el país la fecha emblemática del Día del Trabajo, que debiera ser uno de los más importantes del calendario cívico nacional, pero que ni siquiera es conmemorado apropiadamente por el menguado y dividido movimiento sindical, mientras que el gobierno federal se abstiene de participar activamente en la celebración. Pareciera que el trabajo, factor fundamental de la vida, la producción y el progreso, está situado muy bajo entre las prioridades nacionales.
Los sindicalistas mexicanos, como los que marcharon en diversos puntos de la ciudad de México, se fueron por las consignas generalistas, posiblemente políticamente correctas, pero inefectivas como línea de acción sindical: “la defensa del petróleo, la energía eléctrica y la soberanía alimentaría, y el rechazo a las reformas en materia energética y laboral”. Los líderes convocantes parecieron más bien interesados en defender el statu quo que preserva sus privilegios, su reelección indefinida y amañada y el control sobre sus agremiados, que enfrentar con imaginación la nueva dinámica laboral que transforma el mundo actual, a la vez que pulveriza al factor trabajo.
Del lado oficial, hubo solamente un mensaje del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, preocupado, a su vez, con no agitar demasiado las aguas para no abortar la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo que ya lleva su nombre y que circula entre los entendidos del tema, misma que sería resultado de un examen de un total de 196 iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo (175 en la Cámara de Diputados y 21 en la Cámara de Senadores). En palabras del subsecretario Castro Estrada: “Este ejercicio ha permitido identificar propuestas posibles y viables, que podrían enriquecer la denominada “Iniciativa de los sectores” (“Ley Abascal”, presentada en el 2002), además de otras que la Secretaría del Trabajo considera recomendables. Se ha procurado que las propuestas seleccionadas no impliquen temas altamente controvertidos que pudieran arriesgar el conjunto de las propuestas”.
El proyecto de “Ley Abascal” fue sujeto de fuertes críticas de una parte del movimiento sindical por “legalizar la fragmentación y precarización del trabajo, reafirmar el control del gobierno sobre sindicatos y contratos y reforzar el control de los dirigentes corporativos sobre los contratos” (Armando Rendón Corona, UAM Iztapalapa), pero no cabe duda que el inmovilismo legal está siendo en fuerte detrimento de las posibilidades de defensa del factor trabajo para disfrutar de un “trabajo decente”, como puede apreciarse fácilmente en los millones de trabajadores mexicanos que sufren contrataciones irregulares y laboran precariamente y sin protección laboral ni de seguridad social, inclusive en dependencias ejecutivas, legislativas y judiciales del gobierno federal, de los estatales y del Distrito Federal (que también practican, cómo no, ahorra dinero, el “outsourcing”). Los abusos sindicales y las relaciones sindicales simuladas están también a la orden del día.
Así es que, como en la reforma petrolera, y como también habrá de hacerse, pues ya resulta de gran urgencia, en la reforma antimonopolios, es necesario para el movimiento laboral en su más amplio sentido, el que representa el interés de todos los trabajadores no tan sólo de los líderes sindicales, entrar ya a la discusión pública, abierta y transparente de la iniciativa del gobierno en materia laboral, la “Reforma Lozano”, sin demonizarla de antemano, pues el compromiso inicial de todos es que se debe mantener sin cambio el artículo 123 constitucional en cuanto a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores: el derecho de huelga, la contratación colectiva y la libertad y autonomía sindical.
Pero, a la vez, otros compromisos deben ser también evidentes:
· Si la legislación laboral se va a adaptar a la nueva dinámica del trabajo “flexible”, donde las empresas necesitan contratar y despedir trabajadores de acuerdo a los movimientos de la demanda, para mantener la productividad, es obvio que sería contra el principio de justicia hacerlo con cargo al trabajador. Por lo tanto, se requieren mecanismos efectivos, que la sociedad garantice legalmente, de seguro de desempleo, de recapacitación, de mantenimiento de la antigüedad del trabajador en una “hoja de servicios general”, independientemente de la empresa que lo contrate, de protección continua de seguro médico cuando esté desempleado.
· Que la productividad de la producción se oriente también al mejoramiento continuo de los ingresos de los trabajadores.
· Reglamentación de la “tercerización” o “outsourcing”, para que en la realidad no signifique el escamoteo de los derechos normales del trabajador.
· Protección contra abusos en las contrataciones “a prueba”, para que no signifiquen, ni una trampa del empleador para negar un contrato definitivo al trabajador, ni las mañas de éste para exigir un contrato definitivo sin estar preparado para el puesto.
· La transparencia de la gestión sindical y de la rendición de cuentas del manejo de cuotas, de la elección directa y secreta de los líderes sindicales y el ejercicio democrático en sus funciones; demostrar su verdadera representatividad al exigir un contrato colectivo y el registro legal.
Estos y otros factores similares son esenciales para que el trabajador pueda tener un “trabajo decente”.