Iniciativa Mérida: el mal gusto de la simpleza

La Crónica. Viernes 30 de mayo de 2008
A riesgo de seguir “improvisando de manera tan alegre y acertada la simpleza con el mal gusto de la simpleza misma”, lo que me llevará a ser, en mi momento, “ridiculizado en el desván de lo rústico”, como me augura el lector Christian Laguna a propósito de mi aserto, en artículo anterior, acerca de la corresponsabilidad de Estados Unidos respecto a la lucha del gobierno mexicano contra el tráfico de narcóticos, he de decir que ha sido desafortunadamente errónea la forma como el Senado de Estados Unidos aprobó la semana pasada una ayuda a México de 350 millones de dólares para este año 2008 como parte de la Iniciativa Mérida (150 millones de dólares menos que la propuesta original del gobierno estadunidense de 500 millones, en un proyecto multianual que llegaría a mil 400 millones): atada a una certificación del gobierno estadunidense de que México inició reformas judiciales, y que las unidades policiales y militares apoyadas con recursos sean ajenas a violaciones de derechos humanos o corrupción.
Aunque la versión del Senado tendrá que conciliarse con la aprobada previamente por la Cámara de Representantes (que autorizó 400 millones, sin condiciones), queda claro que los senadores estadunidenses deberían haber tenido muy en cuenta que la Iniciativa Mérida, como programa de cooperación bilateral entre países soberanos, en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), establece claramente: “nuestras estrategias para la ampliación de la cooperación están basadas en el pleno respeto de la soberanía, jurisdicción territorial y marco legal de cada país, y están orientadas por los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida y reciprocidad”. Aun más, “la Iniciativa se construirá sobre la base de las estrategias internas vigentes y los esfuerzos en curso desarrollados por dependencias encargadas de la procuración de justicia en ambos países”.
Pero no, los senadores estadunidenses tratan de desconocer el esfuerzo sin precedentes que está realizando el gobierno mexicano, en sus diferentes niveles y poderes, para combatir el flagelo del narcotráfico y el crimen organizado, lucha en la cual se han comprometido ingentes recursos financieros, humanos, técnicos e incluso administrativos y de organización. La situación muy seria que no alcanzan a evaluar aquéllos es el monstruoso nivel a que ha llegado en nuestro país el tráfico y el consumo de enervantes y la violencia y delitos conexos, cuyas causas se encuentran en muchos casos del otro lado de la frontera, donde también se dan casos de corrupción de autoridades.
El problema es que algunos senadores estadunidenses, simplistamente, atendieron menos estos hechos evidentes de la difícil lucha frontal contra el crimen organizado y prestaron mayores oídos a cabilderos con información muy sesgada sobre la situación del respeto a los derechos humanos en México por parte de las fuerzas del orden. Como declaró a Reforma (28 de mayo de 2008) Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional: “Los colegas de Amnistía en EU han jugado un papel importante, con otras organizaciones no gubernamentales en Washington, para promocionar entre los congresistas un entendimiento de que cualquier asistencia debe ir acompañada de una salvaguarda, de condiciones de monitoreo, para asegurar que cualquier estrategia no llegue a ser utilizada para violaciones de los derechos humanos, y eso implica solicitar que las autoridades mexicanas tomen varias medidas para evitar eso”.
Por supuesto, sería necio negar que en México existen fuertes abusos y falta de respeto a los derechos humanos por parte de autoridades y fuerzas policíacas, fallas en la procuración de justicia, corrupción, un modelo actual de seguridad agotado, como dice Joel Ortega, secretario de Seguridad Pública de esta ciudad. Pero es sesgado presentar estos casos como una política de gobierno, sistemática, generalizada, y no reconocer el gran esfuerzo y voluntad de los mexicanos por una sociedad y gobierno más justos y respetuosos de los derechos de las personas, de no tolerar esas lacras, de castigar a los culpables, sean policías, militares, autoridades judiciales. México no es la Uganda de Amin.
Por eso, el gobierno federal hace bien en evaluar con cuidado un rechazo a la ayuda condicionada de 350 millones de dólares. Como dijo bien el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos (La Crónica, 24 de mayo): ¿por qué no decimos a los (norte)americanos que ese dinero lo destinen a sus fuerzas de intervención o a sus fuerzas de aplicación de la ley o de intercepción en nuestra frontera para que paren el flujo de armas?…Que fortalezcan la patrulla fronteriza, las Aduanas, y eso se va a ver reflejado en un beneficio automático de este combate, que se deje de alimentar a las organizaciones criminales con las armas”. Cuantimás que, como dijo el propio Santiago Vasconcelos, el apoyo monetario no estaba contemplado en el plan original de la Iniciativa Mérida: “La idea, en principio, era establecer canales de comunicación entre ambas autoridades, compartir plataformas tecnológicas, establecer puentes de audio, video, grabaciones, vigilancia electrónica, bancos de datos, desarrollo de servicios criminalísticos y de capacitación policial y administrativa”.
Decisiones como ésta de los senadores estadunidenses no hacen sino alimentar la tradicional desconfianza de muchos mexicanos respecto a las políticas de Estados Unidos hacia México. Tal actitud debería ser superada en ambas partes. México y Estados Unidos tienen enfrente tan grandes retos comunes, y no sólo respecto al narcotráfico y el crimen organizado, sino en la geopolítica mundial, que más nos valdrá establecer desde ya una auténtica cooperación entre países no iguales pero soberanos sí, para beneficio de nuestros respectivos pueblos.