Inseguridad en América del Norte

La Crónica. Viernes 9 de Mayo de 2008
América del Norte, bueno al menos México y Estados Unidos, pues los datos de Canadá son más tolerables, están en un serio problema de inseguridad, y no por el terrorismo internacional o nacional sino simple y llanamente por el crimen común en las calles, sea organizado o no.
Según Bob Herbert, en artículo del New York Times (14 agosto 07), en los seis años transcurridos desde septiembre del 2001 hasta agosto 2007, habían sido asesinadas en Estados Unidos 100,000 personas, “un número increíble”. Citaba en su artículo la advertencia del jefe de la policía de Los Ángeles, Bill Bratton, sobre la “formación de una tormenta” de violencia criminal en ese país, con inquietantes incrementos en robos, asaltos a mano armada y asesinatos en los años recientes, y sobre la necesidad de traer de nuevo al debate nacional en ese país el problema del crimen.
De acuerdo a otro articulista del mismo diario (Adam Liptak, NYT, 29 febrero 08, 23 abril 08), que cita cifras del International Center for Prison Studies en el King’s College de Londres), por primera vez en la historia de Estados Unidos más del uno por ciento de los adultos en ese país están en prisión, lo que significa 2 millones 323 mil personas recluidas, en parte debido a que “los prisioneros son encarcelados más tiempo que en otras naciones”. Añade: “Los esfuerzos para combatir las drogas ilegales explican principalmente las largas sentencias de prisión”. Estados Unidos tiene casi 500,000 prisioneros por delitos relacionados con drogas.
En nuestro México, lo que hace tiempo parecía impensable hoy es una realidad: la inseguridad, la acción del crimen organizado, el cerco cada vez más amenazante a las corporaciones policiacas, la grave situación en las cárceles mexicanas, la corrupción en todos sus niveles, la disponibilidad creciente de sofisticadas armas de fuego, son todos factores que, junto con la desigualdad económica, comprometen la viabilidad de que México se consolide como un país estratégico en la escena internacional.
La cifra de ejecutados en el presente año se eleva a casi mil 400, entre los que también figuran agentes federales, estatales, municipales y militares. En lo que va del presente sexenio, del 1º de diciembre 2006 a la fecha son unos 3,200 los asesinatos relacionados con el crimen organizado, un 90 por ciento de hombres y 10 por ciento de mujeres. Desafortunadamente, también, se presentan ya crímenes realizados por adolescentes y, en contravención a los propios códigos criminales, crímenes contra niños y otros familiares no directamente relacionados con el hecho delictivo. Y no es tan sólo el crimen organizado, pues la cultura de la violencia absurda y los delitos contra la propiedad se extienden también entre la población en general.
La situación ha llegado a tal grado que el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, se enmendó a sí mismo la plana, al considerar que el crimen organizado está rebasando la capacidad de respuesta del Estado por lo que “sería suicida sacar al Ejército mexicano de las calles” (La Crónica, 7 mayo 08). Apenas en su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 22 de enero pasado, había urgido al gobierno a que “cuanto antes presente un calendario claro y detallado para que el Ejército regrese a los cuarteles”. Ahora adujo, con mucha razón: “Se nos han complicado las cosas; yo decía en su momento, que salga el Ejército. Pero ahorita con esto de la violencia pues sería así como suicida que lo poco que hay, que es el Ejército, pues todavía sacarlo de las calles. Es como si a un enfermo todavía le quisiéramos sacar sangre”. Abogó porque el gobierno federal aplique una estrategia más contundente, y planteó: “creo que lo que tenemos que hacer como país, es echar mano de esos cuatrocientos mil efectivos que hay de las diversas policías del país (que están desaprovechados en gran medida, no están capacitados ni bien armados ni bien pagados, había dicho), para que se pueda contener la violencia”.
En términos similares se expresó en otro foro el ex secretario de Seguridad Pública federal, Alejandro Gertz Manero, al señalar que el narcotráfico y narcomenudeo se han convertido en el azote de la seguridad nacional, y abogar por cambiar la estructura del sistema de seguridad y justicia.
Es que, a pesar de un altísimo grado de impunidad, pues los culpables de muchos crímenes quedan sin castigo, los casi 450 establecimientos penitenciarios que existen en el país (cinco federales, 330 estatales, 103 municipales y nueve del gobierno del Distrito Federal) están abarrotados por alrededor de un cuarto de millón de personas (Datos de 2006, en Elena Azaola / Marcelo Bergman. “El deterioro en las condiciones de vida en las cárceles mexicanas”. Nueva Sociedad, Núm. 208, marzo-abril de 2007), en una situación lo más cercana al infierno en la tierra, que a su vez convierte a las cárceles, por necesidad, en eficientes escuelas de nuevos y más violentos crímenes. Miguel Carbonell señala (El Universal 22 febrero 08): “Hay al menos dos razones por las que la sociedad mexicana en su conjunto debería estar muy preocupada por lo que sucede en las cárceles de nuestro país: 1) son extremadamente caras; y 2) no están cumpliendo con su función de readaptar o resocializar a los presos, sino que en muchos casos más bien forman parte de un engranaje de reclutamiento de miembros del crimen organizado”.
Esta atracción fatal del crimen organizado, en particular el narcotráfico, conjuntamente con la ineficiencia del sistema jurídico, penal y de la defensa pública, y también la corrupción, producen el peor de los resultados posibles: un altísimo nivel de impunidad junto con el atasco en los juicios y el hacinamiento en las cárceles. La sociedad mexicana tendría que estar discutiendo ya, de manera urgente, cómo resolver estos dilemas, con énfasis en el apoyo necesario a las autoridades estatales y locales.
El problema es norteamericano, y la Iniciativa Mérida es un mecanismo que la región intenta poner en operación para combatirlo. Ya es urgente que entre en operación, lo mismo que un compromiso mayor del gobierno de Estados Unidos para detener el contrabando de armas a México.
En enero pasado, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, consideró prioritaria para el Poder Legislativo la discusión de todo lo relativo a la seguridad nacional. El desvío artificial de la agenda política a una solo tema, el petrolero, importante pero no único, no ha permitido entrar en profundidad a la relevante cuestión, pero sí es urgente que la Nación preste la máxima atención a este grave flagelo que amenaza la viabilidad nacional.
Sí, a fines de febrero de este año, la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones que el Senado realizó en diciembre al proyecto de reforma constitucional en materia penal, que, según se vea, contiene avances o retrocesos con relación a la persecución y castigo de los delitos. Para entrar en vigor, la reforma está en la etapa de aprobación por los congresos locales, pero su ámbito no agota la discusión nacional necesaria sobre las mejores estrategias para disminuir la tasa de criminalidad, evitar que los crímenes queden impunes y castigar con firmeza pero sin sevicia a los delincuentes, haciendo todo lo posible por su reinserción positiva en la comunidad.