Focos de atención económica 2008

La Crónica. Lunes 7 de enero de 2008
Si fuéramos capaces de aprovechar las fortalezas que existen en la economía mexicana, impulsadas con medidas económicas adecuadas y un ambiente político de esfuerzos comunes y estabilidad, México podría aspirar a lograr en 2008 un crecimiento económico más consistente que el actualmente estimado de 3.6%*, y combatir así con mejores armas sus evidentes debilidades, entre éstas la desigual distribución del ingreso, que las protestas contra el TLC ponen en evidencia, o su sujeción a una recesión económica de Estados Unidos.
En la estrategia del gobierno federal se plantea conseguir un crecimiento económico sostenido de 5 por ciento sólo al finalizar el sexenio, una meta realmente conservadora ¿No podría México aspirar a alcanzar en 2008 el crecimiento de 6.8% que espera Argentina, o al menos el de 4.5% que espera Brasil?*
Reconozco que hay un cierto optimismo en esta aspiración, que contrasta con el pesimismo fundado de muchos, como lo reflejan, por ejemplo, Alan Arias o Rafael Cardona (Milenio y La Crónica de ayer). Para poder concretar aquél, el optimismo, en la esfera económica habría que dar especial atención a los mecanismos para contrarrestar la posible recesión estadunidense, con un mayor apoyo del mercado interno, incluso con un programa especial gubernamental de estímulos (como ya se sugiere en el propio Estados Unidos**). Esto implica el fortalecimiento del sector energético, y petrolero en particular, una inversión creciente en infraestructura productiva y en valorización del capital humano, una política industrial para incorporar mayor valor agregado nacional, especialmente por empresas medianas y pequeñas, y un control reforzado para evitar la especulación monopólica en servicios, comercio y las actividades financieras.
En la esfera política, se requeriría evitar las divisiones excesivas y los juegos pirotécnicos, como iniciativas de reforma extremas que alteren los esquemas básicos existentes con relación al sector energético, el laboral y el régimen de gobierno.
Aunque es todavía un escenario incierto, existe el temor de que la economía de Estados Unidos esté entrando en una recesión, después de que este viernes el gobierno de ese país hizo pública su estimación sobre pobres cifras de nuevos empleos en diciembre (18,000, frente a 115,000 en noviembre), con lo que la tasa de desocupación se elevó a 5 por ciento. Parecería así que los problemas que han afectado este año al sector hipotecario de alto riesgo y a la industria de la construcción se habrían extendido finalmente a toda la economía estadunidense.Esos temores, agudizados al entrar el año, causaron reacciones a la baja en las bolsas de valores del mundo, y en México, en los tres días hábiles de esta semana que termina, la bolsa de valores tuvo una fuerte pérdida de 4.65%, confirmación de ganancias decrecientes en los últimos meses de 2007.
Por supuesto, la recesión en Estados Unidos significaría una menor demanda de exportaciones mexicanas (que van en más del 70% a ese país) y una reducción de los flujos de turismo e inversiones norteamericanas y remesas de migrantes, todo lo cual afectaría sensiblemente el crecimiento económico en nuestro país.
En esta etapa, con una producción de 3 millones 94 mil barriles diarios y exportaciones de 1 millón 704 mil bd, el petróleo sigue siendo elemento crucial en la estabilidad económica de México: aporta 34,700 millones de dólares por exportaciones (2007) y el 40% del gasto gubernamental. Está en riesgo por la grave falla de haber utilizado a Pemex como recolector de impuestos del gobierno federal, sin haberle dejado los recursos necesarios para explorar nuevas reservas que sustituyeran a las que la explotación va agotando (las reservas han disminuido hasta un nivel equivalente a sólo 10 años de producción); tampoco para poner al día tecnológicamente sus operaciones ni para incrementar sus actividades de refinación (la importación de gasolinas es un 38 por ciento del consumo total).
Sin embargo, Pemex puede mantener su potencial si se manejan las políticas adecuadas, lo que no implica la necesidad de cambiar el marco normativo básico vigente, una vez que la reforma fiscal del año pasado, y sus adecuaciones en los años subsiguientes, mejore sensiblemente la estructura fiscal para que el gasto gubernamental descanse más en los impuestos y canalice mayores inversiones a proyectos de infraestructura.
Claro que sería insensato que los recursos adicionales obtenidos por la reforma fiscal fueran utilizados para anular las alzas de este año en gasolina y energía eléctrica, como propone el “secretario de hacienda pública del gobierno legítimo”, Mario Di Costanzo. Esos recursos tienen que usarse focalizadamente como estímulos para apoyar a los grupos sociales vulnerables o proyectos de infraestructura que generen nuevos impulsos económicos.
Parecería que con este esquema en mente, la Comisión de Energía del Senado iniciará en febrero las primeras iniciativas para fortalecer a Pemex, orientadas a dotarlo de autonomía de gestión (igual que a CFE), a estimular sus proyectos de exploración en aguas profundas del Golfo de México (en el “Hoyo de la Dona”), a emprender en serio los proyectos de una o dos refinerías (y el mejoramiento de las existentes), proyectos que requieren de 8 a 10 años de maduración, y a permitir la participación privada en algunas actividades, sin interferir con la letra y el espíritu del artículo 27 constitucional. En 2008 Pemex invertirá unos 200 mil millones de pesos en proyectos de producción y exploración, según informó en diciembre la paraestatal.
También, a fines de noviembre, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, detalló que la inversión presupuestaria del gobierno federal se incrementará 45.0 por ciento respecto a 2007, para alcanzar un nivel de 3.6 % del PIB, e hizo mención del énfasis en otros sectores estratégicos, como las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes), las telecomunicaciones, la construcción y la vivienda, el turismo y el sector rural.
Por supuesto, el sector rural, el campo mexicano, pero aquel más desprotegido, más atrasado tecnológicamente, atomizado, sujeto a los especuladores de tierras, presa de los acaparadores o compradores monopólicos de sus productos, de los agiotistas, todo ello con el fin de mejorar su gestión y reducir sus costos, incrementar sus rendimientos por hectárea, aumentar los ingresos por la venta de sus cosechas. Al mismo tiempo, se hará necesario establecer subsidios a grupos vulnerables de consumidores de los productos del campo cuyo precio mejora.
Una mejor educación y el impulso a las aplicaciones tecnológicas generalizadas es una necesidad impostergable para valorizar el trabajo de los mexicanos, pero ello será inútil si al mismo tiempo la ley laboral no da al trabajador la estabilidad de ocupación que le permita defenderse mejor en el mercado de trabajo. Como he comentado en otras ocasiones, la estabilidad de ocupación puede ser combinada exitosamente con la flexibilidad laboral que necesitan las empresas, siempre y cuando se cree un sistema global de seguridad médica y de retiro al que quede permanentemente inscrito el trabajador independientemente de la empresa en que labore.
En buena hora también, que se desarrollen y modernicen las Pymes, como dice la Cámara Nacional de la Industria de Transformación para “propiciar la integración de cadenas productivas con empresas maquiladoras y exportadoras, con el fin de agregar valor nacional a los productos”.
Pero será muy importante encontrar mecanismos innovadores para estimular el ahorro y la inversión internos, por ejemplo, la colocación directa de bonos gubernamentales entre los pequeños ahorradores, como planea la Secretaría de Hacienda, y que los bancos sean agentes más activos y responsables para lograr estos objetivos.
Eso implica cuidar la “burbuja financiera”: junto con reducir el énfasis en el crédito para consumo a través de tarjetas de crédito, es necesario que el sistema bancario agilice sus créditos a actividades productivas, a tasas de interés mucho menores a las que actualmente carga; al mismo tiempo, que otorgue rendimientos más redituables a los ahorradores.
Es necesario, también, que las autoridades financieras pongan coto efectivo a las llamadas “cajas de ahorro” y a las casas de empeño que han proliferado.
*Porcentajes estimados por Bursamétrica.
**Editorial del New York Times, 6ene08.