La Crónica. Martes 22 de abril de 2008
El conflicto que se vive en el Congreso de la Unión desde que legisladores del PRD, del Partido del Trabajo y de Convergencia, integrados en el Frente Amplio Progresista (FAP), tomaron sus tribunas el 10 de abril, muestra que sin proponérselo quizá, e incitados por Andrés Manuel López Obrador y el líder del FAP, Porfirio Muñoz Ledo, dichos parlamentarios están poniendo en seria evidencia sus propias tareas legislativas y comprometiendo las bases del sistema político de representación que nos rige.
Esto a la vez resalta la imperiosa necesidad, no de abandonar, pero sí de revolucionar la democracia representativa hacia una democracia más participativa.
Recordemos que en la imposibilidad de que el pueblo se gobierne mediante la democracia directa reuniéndose en asamblea y tomando directamente las decisiones políticas, elige periódicamente a sus representantes, que se supone están plenamente capacitados de adoptar responsablemente las decisiones públicas inherentes al desarrollo de una sociedad compleja como la nuestra.
Pero no, los legisladores del FAP se autodescalifican y tratan de obligar a un ejercicio de democracia directa (pero dirigida por su corriente —5 y 5—), con un “debate público” interminable sobre la reforma petrolera, que lleve a un final feliz en que el Congreso simplemente estampe su firma en las conclusiones alcanzadas. Si esto va a ser así, ¿por qué no aplicarlo en todas las decisiones públicas que haya que adoptar, establecemos debates públicos ad hoc en cada caso y prescindimos de una buena vez del Congreso?
Hagamos caso omiso en este momento de matices importantes: si se configura o no un “golpe de Estado”; si en realidad AMLO sólo busca atizar diversos conflictos y discusiones públicas (la cuesta de enero, el TLCAN, Mouriño, la reforma petrolera) para mantener vivas sus expectativas políticas; la proclividad al protagonismo estéril de algunos personajes, y tratemos de entender el movimiento del FAP y de las fuerzas políticas e intelectuales que lo apoyan como una preocupación para que la democracia representativa sea más participativa.
Sí, en la nueva legislación petrolera, y en muchas otras (la electoral que ya pasó, y las pendientes: la laboral, la de telecomunicaciones, de carreteras, de medios, sobre monopolios, etc.), existe una necesidad de una mucho mayor participación de los diversos grupos sociales y de interés, organizaciones civiles o sociales, empresariales, o campesinas y sindicales que configuran la sociedad mexicana (las iglesias no, pues su poder es espiritual), para que no todo quede en decisiones interesadas de los pequeños cenáculos de los partidos políticos, tan poco transparentes, en los intereses de los poderes fácticos ni en las maniobras que se llegan a realizar en el propio Congreso, que necesita también, ya, su propia reforma.
Todo eso está muy bien; son aspiraciones válidas de una sociedad progresista. Pero una condición sine qua non es que todo ello se busque mediante el estricto respecto a la institucionalidad establecida, a la ley del lugar, a las reglas que la colectividad se ha dado. Lo otro es la revolución, que también puede ser válida pero que tiene sus propios métodos y sus propias condiciones (entre ellas la muy importante de saber medir la fuerza relativa entre los contendientes).
Por eso el FAP cojea fuertemente, ya que basa su lucha en un ilusorio pero inefectivo desafío al orden establecido, en el desconocimiento al gobierno de Calderón y el surrealista apoyo al “legítimo” de AMLO. Por eso diría que el ala más fuerte del PRD, no la más vociferante, pero sí la de visión más clara, está tratando de poner un hasta aquí a dichos métodos de lucha “revolucionarios”, como argumentó extensamente Jesús Ortega, en su artículo de Excélsior del 10 de abril (“Las causas de la crisis en el PRD”).
Muy bien, queremos una democracia participativa, pues hagámosla a partir de la ley, una opción que en el México actual está claramente a nuestro alcance pues no vivimos una dictadura y las instituciones de un gobierno democrático se han venido afinando en todo este tiempo —aunque nunca serán ideales—.
Por supuesto, la democracia participativa, o cualquier democracia, no es anarquizante, y la gobernabilidad del sistema es también de gran importancia para todos, pues el desorden y la anarquía conspiran contra el bien común. Además, tendremos que partir de la base: los comités vecinales, las organizaciones civiles, los sindicatos, los partidos, todos los participantes en el debate nacional que se propone, tienen que tener convicciones democráticas y comportarse consecuentemente; sus decisiones deben ser adoptadas transparentemente y de acuerdo a los estatutos, sin maniobras cupulares. No caben los sesgos políticos de los análisis científicos. La democracia participativa no admite que se coarte el derecho de todos los ciudadanos a presentarse como candidatos independientes a puestos de elección popular y sí puede adoptar formas modernas de las figuras del referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular.
Pero todo esto conseguido mediante la ley y no en abierto desafío a la misma.
Sin embargo, desafortunadamente estas condiciones de la democracia participativa no están dadas todavía para el debate público que se propone sobre la reforma petrolera, por lo que es muy probable que el mismo desemboque improductivamente, después de meses, en una mayor polarización y tensión sociales. En este caso, quizá sería mejor que se retirara la iniciativa de reforma, en espera de una ocasión más propicia.
El conflicto que se vive en el Congreso de la Unión desde que legisladores del PRD, del Partido del Trabajo y de Convergencia, integrados en el Frente Amplio Progresista (FAP), tomaron sus tribunas el 10 de abril, muestra que sin proponérselo quizá, e incitados por Andrés Manuel López Obrador y el líder del FAP, Porfirio Muñoz Ledo, dichos parlamentarios están poniendo en seria evidencia sus propias tareas legislativas y comprometiendo las bases del sistema político de representación que nos rige.
Esto a la vez resalta la imperiosa necesidad, no de abandonar, pero sí de revolucionar la democracia representativa hacia una democracia más participativa.
Recordemos que en la imposibilidad de que el pueblo se gobierne mediante la democracia directa reuniéndose en asamblea y tomando directamente las decisiones políticas, elige periódicamente a sus representantes, que se supone están plenamente capacitados de adoptar responsablemente las decisiones públicas inherentes al desarrollo de una sociedad compleja como la nuestra.
Pero no, los legisladores del FAP se autodescalifican y tratan de obligar a un ejercicio de democracia directa (pero dirigida por su corriente —5 y 5—), con un “debate público” interminable sobre la reforma petrolera, que lleve a un final feliz en que el Congreso simplemente estampe su firma en las conclusiones alcanzadas. Si esto va a ser así, ¿por qué no aplicarlo en todas las decisiones públicas que haya que adoptar, establecemos debates públicos ad hoc en cada caso y prescindimos de una buena vez del Congreso?
Hagamos caso omiso en este momento de matices importantes: si se configura o no un “golpe de Estado”; si en realidad AMLO sólo busca atizar diversos conflictos y discusiones públicas (la cuesta de enero, el TLCAN, Mouriño, la reforma petrolera) para mantener vivas sus expectativas políticas; la proclividad al protagonismo estéril de algunos personajes, y tratemos de entender el movimiento del FAP y de las fuerzas políticas e intelectuales que lo apoyan como una preocupación para que la democracia representativa sea más participativa.
Sí, en la nueva legislación petrolera, y en muchas otras (la electoral que ya pasó, y las pendientes: la laboral, la de telecomunicaciones, de carreteras, de medios, sobre monopolios, etc.), existe una necesidad de una mucho mayor participación de los diversos grupos sociales y de interés, organizaciones civiles o sociales, empresariales, o campesinas y sindicales que configuran la sociedad mexicana (las iglesias no, pues su poder es espiritual), para que no todo quede en decisiones interesadas de los pequeños cenáculos de los partidos políticos, tan poco transparentes, en los intereses de los poderes fácticos ni en las maniobras que se llegan a realizar en el propio Congreso, que necesita también, ya, su propia reforma.
Todo eso está muy bien; son aspiraciones válidas de una sociedad progresista. Pero una condición sine qua non es que todo ello se busque mediante el estricto respecto a la institucionalidad establecida, a la ley del lugar, a las reglas que la colectividad se ha dado. Lo otro es la revolución, que también puede ser válida pero que tiene sus propios métodos y sus propias condiciones (entre ellas la muy importante de saber medir la fuerza relativa entre los contendientes).
Por eso el FAP cojea fuertemente, ya que basa su lucha en un ilusorio pero inefectivo desafío al orden establecido, en el desconocimiento al gobierno de Calderón y el surrealista apoyo al “legítimo” de AMLO. Por eso diría que el ala más fuerte del PRD, no la más vociferante, pero sí la de visión más clara, está tratando de poner un hasta aquí a dichos métodos de lucha “revolucionarios”, como argumentó extensamente Jesús Ortega, en su artículo de Excélsior del 10 de abril (“Las causas de la crisis en el PRD”).
Muy bien, queremos una democracia participativa, pues hagámosla a partir de la ley, una opción que en el México actual está claramente a nuestro alcance pues no vivimos una dictadura y las instituciones de un gobierno democrático se han venido afinando en todo este tiempo —aunque nunca serán ideales—.
Por supuesto, la democracia participativa, o cualquier democracia, no es anarquizante, y la gobernabilidad del sistema es también de gran importancia para todos, pues el desorden y la anarquía conspiran contra el bien común. Además, tendremos que partir de la base: los comités vecinales, las organizaciones civiles, los sindicatos, los partidos, todos los participantes en el debate nacional que se propone, tienen que tener convicciones democráticas y comportarse consecuentemente; sus decisiones deben ser adoptadas transparentemente y de acuerdo a los estatutos, sin maniobras cupulares. No caben los sesgos políticos de los análisis científicos. La democracia participativa no admite que se coarte el derecho de todos los ciudadanos a presentarse como candidatos independientes a puestos de elección popular y sí puede adoptar formas modernas de las figuras del referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular.
Pero todo esto conseguido mediante la ley y no en abierto desafío a la misma.
Sin embargo, desafortunadamente estas condiciones de la democracia participativa no están dadas todavía para el debate público que se propone sobre la reforma petrolera, por lo que es muy probable que el mismo desemboque improductivamente, después de meses, en una mayor polarización y tensión sociales. En este caso, quizá sería mejor que se retirara la iniciativa de reforma, en espera de una ocasión más propicia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario