Pemex a los 70: desenmarañar el debate petrolero

La Crónica. Viernes 14 de marzo de 2008.
Sobre la “reforma energética” inciden tantas variables: de la política, la economía, la técnica y la administración, tanto del ámbito interno como del entorno mundial, que se está corriendo el riesgo de no salir de la maraña, de producir un híbrido de reforma que no satisfaga ni a tirios ni a troyanos y de que se aborte la revitalización de la industria, imperativa al cumplirse 70 años de la expropiación petrolera y de la creación de Pemex, sobre todo para no poner en riesgo el desarrollo económico de México a largo plazo.La discusión política se concentra ahora en el ataque, desde el “gobierno legítimo”, al presunto tráfico de influencias o conflicto de intereses en que habría incurrido Juan Camilo Mouriño, el ahora secretario de Gobernación. Por supuesto, éste está en la obligación de aclarar, a satisfacción de las autoridades judiciales y de la opinión pública, que no cometió ninguna falta legal o ética.Pero ahí no acaba el problema político, pues el gobierno ha caído en el garlito de la polarización, con su empecinamiento, rayano en la obsesión, de presentar la reforma energética como una lucha contra “los enemigos del progreso de México”: “lo que quieren es disminuir al gobierno, quieren debilitarlo, apuestan por el fracaso del país y hacen todo lo posible para que a México le vaya mal”, expresó el secretario Mouriño en su entrevista televisada. Muy simplistamente también, el gobierno reduce el núcleo de la discusión a la participación extranjera en la explotación del “tesoro” de petróleo en aguas profundas del Golfo de México, sin entrar a examinar todas las otras facetas que están en la palestra acerca de una nueva dinámica en la industria petrolera. Peor aún, y creo que por primera vez esto sucede en México así tan abiertamente, el gobierno se ha embarcado en una campaña absurda para convencer a la gente, como si la reforma energética no fuera un asunto de política pública sino de venta de la verdad absoluta, con métodos de la peor técnica propagandista, desde el video que no era de su autoría hasta diálogos subliminales pagados en programas televisivos de diversión o gacetillas en artículos varios (con un costo de 130 millones de pesos.)Esto, en lucha abierta con las igualmente sesgadas versiones del “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador, quien, con objetivos básicamente políticos, califica a su vez de “traidores a la patria” a los promotores de la reforma. Ahora bien, aunque está claro que el proyecto gubernamental NO es la privatización de Pemex ni la modificación en este sentido de la Constitución, también deberían despejarse los cuestionamientos válidos de políticos que se han unido a las críticas a la reforma, como Francisco Rojas, Manuel Bartlett, David Ibarra, de que “por debajo del agua” el proyecto buscaría canalizar la renta petrolera al aprovechamiento privado y no al interés público, mediante las innumerables formas en que esto puede hacerse: “alianzas estratégicas”, contratos de riesgo, rentas o comisiones exorbitantes por el uso de plataformas, buques, tecnología; descuido de las cadenas productivas, de manera tal que Pemex siga exportando básicamente petróleo crudo, mientras compra petroquímicos y gasolinas de mucho mayor valor agregado. Esto no significaría descartar la participación privada en importantes segmentos de esas cadenas productivas, pero, eso sí, con mucho control del “contratismo”, de la corrupción. Examinar también privilegios indebidos a trabajadores de confianza y sindicalizados de Pemex y, sobre todo, a la cúpula sindical. Al trabajador sindicalizado es al primero al que debiera interesarle la transparencia en sus beneficios y prestaciones y la productividad de Pemex, ya que se está viendo, a pesar de que la planta laboral de trabajadores y empleados de confianza sigue creciendo (son 142 mil en 2006), más y más actividades petroleras son realizadas por personal fuera de la paraestatal, tercerización en condiciones laborales no precisamente las mejores.A pesar de ingresos extraordinarios por los altos precios internacionales del crudo, con lo que Pemex ha dispuesto en los últimos ocho años de unos 900 mil millones de pesos para inversiones (90 por ciento en exploración y producción y 10 por ciento en refinación), se descuidó terriblemente la inversión productiva, además de darse una ineficiencia administrativa notable, con resultados predecibles: baja en las reservas probadas, sobreexplotación de yacimientos, decrecimiento de la producción (3.082 millones de barriles diarios en 2007, contra 3.383 millones en 2004) y de las exportaciones de crudo (compensadas coyunturalmente en los ingresos por los altos precios del aceite), importaciones cuantiosísimas de gasolinas y gas natural o licuado, envejecimiento de instalaciones; cesión de operaciones a terceros. Esto indica que la administración de la paraestatal tiene que ser también sujeta a un serio escrutinio para aumentar su eficiencia, evaluar sus rendimientos, disminuir fugas y corruptelas.La situación sería peor de no haberse utilizado para aumentar inversiones el mecanismo de Pidiregas—Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto—, en realidad, deuda con inversionistas para el desarrollo de proyectos, que Pemex repaga con los ingresos generados por los mismos. El problema es que se ha tenido que apoyar demasiado en este mecanismo, de forma tal que los vencimientos para el año 2009 por este concepto son de más de 125 mil millones de pesos, con un incremento acelerado. Pemex registra también un pasivo laboral de casi 500 mil millones de pesos. Al comparar activos y pasivos, algunos analistas concluyen que la paraestatal está quebrada, lo que obviamente no se aplica, aunque para beneficiar su calificación crediticia sería conveniente ya una reevaluación de sus activos.Pero Pemex recibe cada año en sus cofres miles de millones de pesos, por sus ventas internas y externas de petrolíferos, más de 1.3 billones de pesos en 2007 ¿A dónde van estos cuantiosos recursos? Alrededor de un 42 % a costos de operación; 3% (sin Pidiregas) a intereses de la deuda y, por impuestos y derechos al gobierno, 51% (casi 600 mil millones de pesos en 2006 y 676 mil millones en 2007.) Esto representa un tercio de los ingresos gubernamentales, y queda planteado así otro de los dilemas básicos: si la reforma fiscal no produce ingresos suficientes al gobierno no podrá haber reforma energética. Algunos critican que parte de los excedentes petroleros se asignen a los estados de la República, pero no puede ser de otra manera, cuando el centralismo fiscal que padecemos hace que el 94.8% de toda la recaudación impositiva vaya a la Secretaría de Hacienda, y sólo 3.4% a los estados (a municipios, 1.8%.) El gobierno debería estar dispuesto también a discutir su propuesta casi unívoca de que es urgente explotar los yacimientos de aguas profundas en el Hoyo de Dona con participación privada extranjera. Muchos expertos opinan, primero, que Pemex podría comprar de entrada la tecnología (y luego crearla por sí mismo, con nuevo énfasis en su de-sarrollo tecnológico), sin necesariamente comprometer en contratos de riesgo las reservas de la zona; segundo, que todavía existen en México amplios territorios geológicamente no explorados susceptibles de almacenar hidrocarburos; lo mismo en aguas someras de la región marina, lo que aumentaría fácilmente las reservas probadas a 30 años, en lugar de los nueve actuales. También, que en yacimientos ya explotados es económicamente conveniente aplicar métodos de recuperación secundaria o mejorada, para extraer amplias disponibilidades de petróleos residuales. Entonces, habría que programar la mejor combinación de estas opciones y obtener una sinergia entre ellas Por cierto, el gobernador de Tabasco, Andrés Granier, ha hecho una interesante propuesta: “que las entidades federativas productoras puedan explotar los pozos abandonados por Pemex, o marginales, en su territorio” (Excélsior, 13mar08.)Luego, como ya he sugerido en artículo anterior, es indispensable incorporar a la discusión un Programa Nacional de Ahorro de Energía, en transporte, industrias, hogares, gobierno, que podría disminuir en un breve lapso la demanda de energía hasta en un tercio de sus niveles actuales, y, junto con el desarrollo de fuentes nuevas y renovables, aligerar la presión en la producción en esta etapa difícil de la transformación de la industria energética nacional.